Porfirio Antonio Lucero Zavala

Expediente 1116/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1116/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
14/01/2021

Partes del expediente

  • Porfirio Antonio Lucero Zavala

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, catorce de enero de dos mil veintiuno. Vista la comunicación que remite el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con residencia en Tepic, Nayarit, mediante la cual rinde informe en relación a la suspensión de plano decretada en este juicio; agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, en razón de que veintinueve de diciembre de dos mil veinte se ordenó su archivo definitivo.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe relativo a la suspensión de plano rendidos por el Director y el Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste" con residencia en Tepic, Nayarit; con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, con ese informe dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, catorce de diciembre de dos mil veinte. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada en este juicio la audiencia constitucional para este día. No obstante, a efecto de garantizar la protección en el juicio de los intereses de la sucesión, y se proteja la masa hereditaria de Mario Deniss López Padilla, así como los derechos de los herederos, en proveído de once de noviembre pasado se ordenó dar vista a la parte tercera interesada para que informe si realizó la denuncia ante autoridad correspondiente, para que se lleve a cabo la designación de albacea de la de la sucesión a bienes de la víctima del delito, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, requiérase por última ocasión a la parte tercera interesada para que en el término de tres días legalmente computado, informe si realizó la denuncia ante autoridad correspondiente, para que se lleve a cabo la designación de albacea de la de la sucesión a bienes de Mario Deniss López Padilla. Por otra parte, requiérase al Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos de Homicidio Doloso de la Región Centro del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad, para que informe si tiene conocimiento de otra persona que pudiera denunciar ante autoridad competente para que se lleve a cabo la designación de albacea de la de la sucesión a bienes de Mario Deniss López Padilla. Apercibidas que de no hacer lo aquí solicitado, se le impondrá a la omisa multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 en relación con el diverso 259 ambos de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, con sustento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS DIEZ MINUTOS DE VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, nueve de diciembre de dos mil veinte. Quejosos. Luis Gerardo Flores López, Guillermo Flores Herrera, Porfirio Antonio Lucero Zavala y Jerónimo Inda Vargas. II. Formación del expediente. Recibido el escrito de demanda signado por el Luis Gerardo Flores López, Guillermo Flores Herrera, Porfirio Antonio Lucero Zavala y Jerónimo Inda Vargas, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste con sede en Tepic, Nayarit, y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el número 1116/2020, y fórmese el sumario físico respectivo; de igual forma, en acatamiento a lo dispuesto en el ordinal 3 de la ley de la materia, se ordena la apertura del expediente electrónico, el cual deberá corresponder íntegramente con el impreso. Suspensión de plano. No obstante que, como se verá en apartado posterior, este Juzgado carece de competencia en razón del territorio para conocer de la demanda presentada, con base en lo previsto por el numeral 48 de la Ley de Amparo, debido a que, del estudio integral a la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados a las responsables consiste en falta de atención médica por parte de las autoridades del Centro de Readaptación Social Número 4 Noroeste con sede en Tepic, Nayarit, en el que se encuentran internos. En virtud de lo anterior y dado que la falta de atención médica que refieren los quejosos podría implicar riesgo para su vida, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que las responsables Director y Titular del Área Médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste con sede en Tepic, Nayarit, giren las respectivas instrucciones, gestiones o lleven a cabo cualquier acto necesario para que se proporcione a los quejosos Luis Gerardo Flores López, Guillermo Flores Herrera, Porfirio Antonio Lucero Zavala y Jerónimo Inda Vargas, la atención médica y medicamentos que requieran para el debido tratamiento del o los padecimientos de que se duelen, en el entendido que deberá ser sometido de forma inmediata a la valoración de un especialista que esté en aptitud de recetar y suministrar aquellos medicamentos que realmente necesite para su eficaz tratamiento; lo anterior, deberá hacerse bajo las medidas terapéuticas adecuadas y bajo la estricta responsabilidad del médico o médicos tratantes. Ello es así, ya que la falta de atención médica y/o de medicamentos puede causar menoscabo a la salud de los quejosos, con lo que se puede poner en riesgo su vida, por lo que, en aplicación del principio pro persona se considera adecuado proveer en los términos ya citados. En el entendido que la suspensión de plano se concede en los términos precisados, virtud que los que los promoventes no especifican los padecimientos de los cuales se duelen, por lo que las autoridades penitenciaras deberán proporcionar la atención médica correspondiente a cada uno de ellos. En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables para que acaten de inmediato la suspensión de plano concedida y, dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, contadas a partir de que tengan conocimiento del presente acuerdo, informen el cumplimiento que hayan efectuado en relación a la medida cautelar otorgada, apercibidas que de hacer caso omiso, se les impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del ordinal 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se hace constar que las autoridades citadas como responsables fueron señaladas en el escrito de amparo presentado en esta misma data por los quejosos, contra los mismos actos reclamados, por lo que la omisión de haber señalado autoridades responsables en el escrito de amparo que da origen a este sumario queda subsanada con la diversa demanda, sólo para efectos de la concesión de la suspensión de plano, no así para los demás requerimientos que en su caso llegue a formular el Juez de Distrito que conozca del presente asunto. Lo anterior se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo. Solicitud de colaboración. Toda vez que los quejosos Luis Gerardo Flores López, Guillermo Flores Herrera, Porfirio Antonio Lucero Zavala y Jerónimo Inda Vargas se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste con sede en Tepic, Nayarit, gírese atento exhorto, vía correo electrónico, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal el Estado de Nayarit, en turno, con residencia en Tepic, para efecto que en auxilio en las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al funcionario correspondiente se constituya en las instalaciones del centro penitenciario anteriormente señalado, para que dé fe judicial de la integridad física de los quejos y les notifique el presente proveído. De igual manera, dada la gravedad de los actos materia de reclamo, solicítese a la autoridad exhortada para que en auxilio de este Juzgado de Distrito notifique el oficio correspondiente a las responsables Director y Titular del Área Médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste con sede en Tepic, Nayarit, que para tal efecto se le remiten a fin de notificar la suspensión de plano decretada y solicitarles su informe respectivo, solicitando al Juzgado de Distrito. Infórmese tanto al Juzgado de Distrito al cual se le solicita su auxilio, así como a las autoridades responsables, que podrán remitir lo encomendado, así como el respectivo informe relativo a la suspensión de plano a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, al número de fax 01 (667) 846-57-92 ó a la dirección de correo electrónico 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. No obstante las medidas tomadas, se estima oportuno proveer en relación a la demanda presentada. IV. Incompetencia. Ahora, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en la falta de atención médica por parte de autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste con sede en Tepic, Nayarit, en el que se encuentran recluidos. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que carece de legal competencia en razón de territorio para conocer de la demanda de amparo en estudio, ya que el acto tendrá o tienen ejecución en la ciudad de Tepic, Nayarit, cuya jurisdicción está a cargo de los Juzgados de Distrito de esa entidad federativa. En relación con la anterior, el artículo 37 de la Ley de Amparo contempla tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por su parte, el artículo 4 Constitucional, así como los diversos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señalan que las autoridades penitenciarias tienen la obligación de brindar atención médica a quienes se encuentren privadas de la libertad; por lo que al presentarse demanda de amparo en contra de la omisión de brindar el servicio médico a los internos, debe tener conocimiento el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio en el que se encuentre el centro penitenciario donde se halle recluso el promovente de amparo. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes seis de diciembre de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2021191, y de contenido: OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo. Por tanto, sobre el particular se actualiza la primera de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, la omisión de proporcionar atención médica a los quejosos que se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", es un acto del que es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Tepic, Nayarit, conforme lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En esa intelección, es evidente que surge una causa de incompetencia para este órgano de control constitucional para conocer de los actos reclamados por los quejosos, acorde a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, pues se reclama la omisión de brindar atención médica en un Centro de Readaptación Social con residencia en Tepic, Nayarit, de ahí que es competente por razón de territorio, el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno de esa entidad. Por lo expuesto, con fundamento en el numeral 48 de la ley de la materia y la jurisprudencia de la Primera Sala invocada, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, y declina a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno con sede en Tepic, Nayarit. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y remítase vía mensajería acelerada la demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en Tepic, Nayarit, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito que corresponda y provea lo que estime procedente. Se instruye a la Secretaría encargada del trámite para que vigile que el envío de los autos sea hecho con la debida pdiligencia. Solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ante José Alejandro Bringas Aquino, Secretario que autoriza y da fe.

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