Porfirio Ángel Osorio Solís
Expediente 1268/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1268/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/09/2021
Partes del expediente
- Porfirio Ángel Osorio Solís
- Porfirio Ángel Osorio Solís y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de ejecutoria dictada en el toca de revisión R.A.-****/2021, que dejó intocado el sobreseimiento decretado, la negativa de amparo y confirmó la sentencia sujeta a revisión que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por tanto, dese a conocer su llegada a las partes, los cuales se encontraban en revisión y acúsese el recibo correspondiente del oficio, testimonio, expediente y un anexo, glósense al juicio que se recibe las constancias originales del expedientillo de antecedentes que obra en el juzgado y anótese lo procedente en el libro de gobierno. En ese orden, realícense las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que, en el ámbito de sus competencias, dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que reciban el oficio por el cual se les notifique el presente proveído, remitan las constancias que demuestren el cumplimiento de la sentencia, que se concedió para los siguientes efectos... Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se apercibe a las autoridades responsables requeridas, que de hacer caso omiso a lo aquí establecido o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, se les impondrá, a cada una, multa de doscientas unidades de medida y actualización. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para que continúe con el trámite correspondiente a la inejecución de sentencia, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y consignación ante un juez federal. Finalmente, remítase al Directores Contenciosos adscritos a la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la copia certificada que anexó como sustentó el informe justificado, sin que haya lugar a que acuse de recibo dado que se trata de copia.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo del Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de Puebla, por medio del cual, manifiesta remitir constancias en vía de alcance a su oficio ***, las cuales le fueron requeridas en auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, mismas que se glosan para los efectos legales pertinentes; sin que haya lugar a devolver las constancias remitidas en el oficio que se indica, toda vez que en ellas se advierten constancias de la determinación jurídico administrativa ***/2018 de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho. Con dichas constancias dese vista a las partes para los efectos que determina el artículo 117 de la Ley de Amparo.
- Principal
...Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por los quejosos ****, **** y ****, por el cual, dan cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintitrés de agosto del año en curso, pues bajo protesta de decir verdad dieron contestación a los puntos requeridos en dicho proveído; en tales condiciones, en tiempo se tiene por desahogada dicha prevención, para los efectos legales procedentes. II. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la citada demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda y ocursos aclaratorios, se tiene que los quejosos reclaman lo siguiente... III. Se desecha demanda de amparo. Establecido lo anterior, a consideración de la suscrita, respecto del especificado acto reclamado, se considera que la demanda de amparo origen de este juicio, es notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que se deseche de plano... De conformidad con el precepto legal en cita, para que la demanda de amparo se torne improcedente, se deben reunir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; en el caso, por autoridades administrativas; b) Dicho acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra éste algún juicio, recurso o medio de defensa legal; c) Que a través de dicho medio de defensa legal, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; d) La norma que regula el recurso, juicio o medio de defensa legal, permita suspender los efectos del acto reclamado; e) Para la procedencia de la suspensión, el mencionado recurso, juicio o medio de defensa legal, no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido; y, f) Por último, que no exista excepción al principio de definitividad. En el caso, como se dijo anteriormente, los quejosos reclamaron en la demanda de amparo y ocursos aclaratorios, la emisión del oficio ****, de veintitrés de julio de dos mi veintiuno, emitido por la Directora de Atención a Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Función Pública, por el cual, en contestación al escrito que presentaron ante su dependencia los quejosos el doce de julio del año en curso, se les hizo saber que de la lectura a los hechos y pruebas que ofrecieron en dicho escrito, se trata de un conflicto de naturaleza laboral, declarándose incompetente para conocer del mismo, pues a su decir, no se encuentra facultada para conocer o incidir en procedimientos jurisdiccionales, entre los que se encuentran los laborales, dejando a salvo los derechos de los promoventes para que los hagan valer ante las autoridades que estimen pertinentes. En ese orden, se puede concluir que la demanda de amparo es improcedente, al acreditarse el requisito señalado en el inciso a), debido a que el acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; esto es, por la Directora de Atención a Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Función Pública. El requisito indicado en el inciso b), también se cumple, ya que debe ser revisado de oficio, conforme a las leyes que los rijan, a través del juicio, recurso o medio de defensa legal; pues contra aquél procede el procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, según lo dispone su artículo 4, Apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Dicho numeral dispone... En ese sentido, es evidente que también el requisito señalado en el inciso c), se acredita, pues como se precisó anteriormente, a través del procedimiento contencioso administrativo del que conoce el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, la resolución contenida en el oficio que se reclama, puede ser modificada, revocada o nulificada. Luego, en cuanto al inciso d), consistente en que la norma que regula el recurso, juicio o medio de defensa legal, permita suspender los efectos del acto reclamado; también se colma, habida cuenta que en el Título Segundo, Capítulo VIII denominado de las medidas cautelares, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, se tiene que en su artículo 50, párrafo segundo, en relación con el 55, se prevé la suspensión de la ejecución de los actos reclamados. Por consiguiente, el inciso e), en que se precisó que para la procedencia de la suspensión, el mencionado recurso, juicio o medio de defensa legal, no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido; es evidente que se cumple; para corroborar esta consideración, es necesario realizar un comparativo... De ello, se puede advertir que el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla es de contenido esencialmente igual al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, de conformidad... Por último, el inciso f), se colma, debido a que, en el caso, no existe excepción al principio de definitividad. Es así, debido a que los propios quejosos presentaron un escrito ante la responsable cuya contestación tildan de inconstitucional; además, tampoco se puede considerar que el acto reclamado sea de imposible reparación, pues en este supuesto, no opera la excepción al principio de definitividad, ya que ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Esto es, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables en caso de que el interesado renuncie a ellos. Entonces, no basta que el acto reclamado sea de imposible reparación, pues existe la obligación de la quejosa en agotar el medio ordinario de defensa, en el caso, el procedimiento contencioso administrativo, que resulta ser el eficaz para modificar o revocar la resolución impugnada... En otro aspecto, no se reclaman únicamente violaciones directas a la Constitución Federal, sino también a un ordenamiento secundario. En efecto, si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; empero, esa situación sólo acontece cuando se plantean exclusivamente ese tipo de violaciones, no así cuando el estudio de constitucionalidad del acto reclamado, depende del análisis previo de su aspecto de legalidad. En ese sentido, si el estudio de constitucionalidad del acto reclamado depende del análisis previo de su aspecto de legalidad, evidentemente no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque entonces sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de sus derechos reconocidos en la Carta Magna, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo el quejoso puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución o acto impugnado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, es sólo determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria al resolver el recurso o juicio, y en forma mediata competerá al Juez de Distrito. Sin que se pase por alto, que la autoridad ordinaria no pueda analizar la constitucionalidad del acto controvertido, porque al fallarse el recurso ordinario, si estimara fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido quedaría sin efecto y resultaría por tanto innecesario que se estudiara su aspecto de constitucionalidad. Sostener un criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente la acción constitucional. Además, tampoco el recurso o medio de defensa para combatir los actos reclamados, se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; sino que, como se indicó anteriormente, el procedimiento contencioso administrativo que el quejoso tiene a su alcance para combatir los actos reclamados, se encuentra previsto en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla... En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, por lo que resulta improcedente la demanda de amparo indirecto origen de este juicio, ante lo cual, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 61, fracción XX, de la misma legislación, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expedites que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto; aunado a que desde el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en que entró el vigor la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad, tiene competencia para conocer de los actos reclamados analizados en la demanda, lo cual redunda en el acceso a la justicia a que tiene derecho la peticionaria del amparo.
- Principal
. Agréguese el oficio y anexo de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el cual remite copia certificada del proveído de veintisiete de agosto último, dictado en el conflicto laboral *** de su índice, del que se advierte acordó la imposibilidad para emplazar a la diversa demandada *** por lo que requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días, proporcionará el domicilio correcto de dicha empresa, apercibiéndola que en caso de omitir hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda contra ésta; gestiones realizadas a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, mismas que se consideran como vías de cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. Ahora bien, atendiendo a que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la ciudad de Puebla, para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la notificación que haya practicado a la parte actora respecto del proveído de veintisiete de agosto del año en curso, o en su caso remita copia certificada del acuerdo que recayó al desahogo o no del requerimiento formulado a la parte actora. En el entendido que de no informar y remitir las constancias conducentes, o de no manifestar la imposibilidad legal que tenga para ello, se le hará efectivo el apercibimiento con el cual se le previno en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte y se procederá el trámite correspondiente a la inejecución de sentencia, el cual puede culminar con la separación de su puesto y consignación...
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