Porfiria del Carmen Becerra Solis
Expediente 39/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 39/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/04/2018
Partes del expediente
- Porfiria del Carmen Becerra Solis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro del presente juicio de amparo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En caso de no obrar constancia de emplazamiento el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, deberá inmediatamente dictar un acuerdo en el que ordene el emplazamiento de la parte demandada en el juicio 527/2011. Asimismo, el Actuario adscrito a dicho Tribunal, deberá practicar las diligencias necesarias para lograr tal emplazamiento dentro del plazo que establece el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, y remita las constancias que lo acredite, siempre y cuando no haya acontecido. Asimismo, mediante oficio recibido el trece de marzo de dos mil dieciocho, las autoridades responsables dieron cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con tal documento, mismo que se le notificó el veintidós del mes y año en cita. Asimismo, mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, la parte quejosa dio contestación a la vista que se le dio mediante auto de catorce del mes y año en curso. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por los Magistrados y Jefe de actuarios del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se les requirió remitieron copias certificadas del auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral D-527/2011, del emplazamiento de la parte demanda (Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado de Puebla y Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Consejería Jurídica del Gobernador) y notificación a las partes. Por otra parte, visto el escrito de la parte quejosa presentado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en el que da contestación a la vista que se le dio mediante auto de catorce de marzo del año en curso y manifiesta que no se tenga por cumplida la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo, pues la autoridad responsable no se pronunció respecto al emplazamiento de la parte demandada Gobierno del Estado de Puebla y no ha señalado fecha para el desahogo de la audiencia de ley. Al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, pues de las constancias que al efecto remitió la responsable se advierte que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, esto es, el emplazamiento a la parte demandada Gobierno del Estado de Puebla, lo hizo a través de la Consejería Jurídica del Gobernador, como se advierte del oficio remitido el trece de marzo de dos mil dieciocho (foja 55), asimismo, por lo que hace a la manifestación de que no se ha señalado fecha para el desahogo de la audiencia de ley, dígase que no fue parte de los efectos de la concesión del amparo; de ahí que con tales actuaciones se estime cumplido el fallo protectriz. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la cultura jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda para su guarda definitiva, el cual será susceptible de depuración, en el entendido de que, este asunto se tramito sin incidente de suspensión.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de Jesús Alfredo Ramos Hernández, autorizado de la quejosa Porfiria del Carmen Becerra Solís, por medio del cual da contestación a la vista que se le dio por auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho, reservándose el acuerdo correspondiente en el momento en que se determine que la ejecutoria dictada en el presente juicio está o no cumplida.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de los Magistrados y Jefe de actuarios del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remiten copia certificada del auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral D-527/2011, en el que remite el emplazamiento de la parte demanda y notificación a las partes; en esas condiciones, se le tiene dando cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que concedió la protección constitucional, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días dé cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando quinto de la sentencia dictada el quince de febrero de dos mil dieciocho, En caso de no obrar constancia de emplazamiento el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, deberá inmediatamente dictar un acuerdo en el que ordene el emplazamiento de la parte demandada en el juicio 527/2011. Asimismo, el Actuario adscrito a dicho Tribunal, deberá practicar las diligencias necesarias para lograr tal emplazamiento dentro del plazo que establece el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, y remita las constancias que lo acredite, siempre y cuando no haya acontecido." Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de ********************, atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de febrero de dos mil dieciocho, y se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se informa a la responsable que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, Asimismo, se comunica a la responsable requerida que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo.
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