Pompilio Garza Luevano
Expediente 1079/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 40 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1079/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Pompilio Garza Luevano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
- Incidental
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no otorgó dentro del término concedido, la garantía solicitada para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva del acto reclamado. Efectivo apercibimiento. Por tanto, al no haber dado cumplimiento a la medida establecida en la interlocutoria respectiva, es inconcuso que ha dejado de surtir efectos la medida otorgada, por lo que deberá notificarse dicha circunstancia a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, el hecho de que la parte quejosa haya inobservado los requisitos impuestos en el auto correspondiente, no significa que haya precluido el derecho a hacerlo, sino únicamente que la autoridad responsable tiene expedita su jurisdicción para la ejecución del acto reclamado. Lo anterior con apoyo en la tesis XV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 1182, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Enero de 1998, Materia Común, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN. NO DEBE DEJARSE SIN EFECTOS POR NO EXHIBIRSE LA GARANTÍA. El hecho de que la parte quejosa no exhiba la garantía que se le fije en la resolución respectiva para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, legalmente no trae como consecuencia que se declare que ésta dejó de surtir sus efectos, sino que en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo, la citada omisión únicamente permite que la autoridad responsable, transcurrido el plazo concedido para la exhibición de la garantía, esté expedita para ejecutar el acto reclamado, debiéndose destacar que no tienen el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues al darse el primero de los casos, deja de tener vigencia la suspensión concedida, y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse cumplido con la condición que para ello se impuso; empero, tales efectos son susceptibles de volverse a surtir si se cumple con esa exigencia antes de que la ejecución de los actos se lleve a cabo; de tal manera que de acordarse que se deja sin efectos la suspensión decretada, de hecho se revocaría la resolución en que se había concedido.". Asimismo, lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada XIX.1o.P.T.7 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, Novena Época, visible a fojas 3206 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, octubre de 2010, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA QUE LA MEDIDA CONCEDIDA DEJA DE SURTIR SUS EFECTOS POR INCUMPLIMIENTO DEL INTERESADO A LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD, ELLO NO IMPLICA QUE EXISTA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE DICHA PROVIDENCIA CAUTELAR. Si se concede al quejoso la suspensión del acto reclamado -de manera provisional o definitiva- y el Juez de Distrito señala que el interesado deberá cumplir ciertos requisitos de efectividad de la providencia concedida, entonces el hecho de que se incumpla con este segundo aspecto y ello traiga como consecuencia que deje de surtir efectos la medida suspensional, no significa que exista una revocación o modificación de la suspensión, sino únicamente una declaración de que ésta no puede surtir efecto alguno y que, por ello, las autoridades quedan en posibilidad de actuar conforme a sus atribuciones en contra del quejoso; lo anterior, porque dichos autos en ningún momento son revocatorios o modificatorios de la suspensión concedida, la cual permanece incólume; en estos supuestos lo que en realidad ocurre es que, como el quejoso no cumplió la obligación impuesta para que surtiera efectos la suspensión, entonces su comportamiento debe ser observado por la Justicia Federal con cierta susceptibilidad ante la potencial utilización de la suspensión como estrategia que aprovecha los efectos de la medida cautelar; por ello, en tales hipótesis lo que se presenta es que, sin revocar la medida de suspensión decretada, el Juez prudentemente declara que ésta deja de surtir sus efectos; no debe confundirse el otorgamiento de la suspensión con el diverso tema del análisis de efectividad de las medidas, pues en este segundo aspecto, si el quejoso compareciera a probar que cumplió las obligaciones impuestas para la efectividad de la providencia, entonces el Juez de Distrito podría ordenar que se restableciera el surtimiento de efectos de la suspensión que, en ningún momento, fue tocada y se encuentra firmemente concedida, al menos hasta el momento en que la sentencia se pronuncie en el amparo principal y cause ejecutoria, pues mientras la suspensión provisional tiene una existencia comprendida entre su otorgamiento y la resolución firme del fallo sobre la suspensión definitiva, esta última tiene existencia procesal desde su decreto y hasta que la sentencia del juicio en lo principal cause ejecutoria, en el entendido de que si el sentido de dicho fallo fuera concesorio de la protección federal, entonces la suspensión se sustituiría como medio de protección constitucional por la sentencia de amparo misma, y si la ejecutoria fuera en sentido denegatorio del amparo, entonces, acreditada la constitucionalidad de los actos reclamados, la suspensión carecería en sí misma de justificación." Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se desprende que mediante la Circular 28/2023, emitida el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés por el Secretario Ejecutivo del Peno del Consejo de la Judicatura Federal, entre otras cosas, se declaró como inhábiles los días del diecinueve al veinticuatro de octubre del presente año, así como de manera retroactiva los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre de esta anualidad, en el entendido que subsistirá la validez de aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieran celebrado. Diferimiento. En consecuencia, a fin de salvaguardar la seguridad y generar certidumbre a los usuarios del sistema de justicia federal, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para el veinticuatro de octubre del año en curso, y en su lugar se programan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se declaró como día inhábil el diecisiete de octubre del año en curso; asimismo, del estado de autos se advierte que la audiencia constitucional en el presente juicio se encontraba programada para las once horas con diez minutos de la referida data, sin que se pudiera llevar a cabo la misma, por la declaración del día inhábil. Diferimiento. En tal virtud y a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
Quedan 36 actuaciones en este expediente
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