Pompilio Edín Sánchez López y Otros.
Expediente 717/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/09/2017
Partes del expediente
- Pompilio Edín Sánchez López y Otros.
- Pompilio Edín Sánchez López
- Ovidio León Espinosa y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, once de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la comunicación oficial del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el que remite copia certificada de la resolución interlocutoria de liquidación de laudo, de treinta de junio del año en curso, dictada en el expediente ***, de su índice, promovido por *** en contra de la ***. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados la omisión de dictar la resolución interlocutoria de liquidación de laudo y emitir el acuerdo respecto a la promoción presentada el tres de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente número ***. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTICULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". De la interpretación del artículo en cita, se desprende que cuando de las constancias de autos aparezca de manera clara que no existe el acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1o. fracción I y 75, los cuales establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad...". El artículo 1o., fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En ese contexto, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que cuando se trate de actos de carácter positivo deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. Por tanto, este órgano de control constitucional estima que al reclamarse por los quejosos la omisión de dictar la resolución interlocutoria de liquidación de laudo y emitir el acuerdo respecto a la promoción presentada el tres de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente número ****, éstas resultan ser inexistentes, pues con fechas treinta de junio y tres de julio, ambos de dos mil diecisiete, se resolvió el incidente de liquidación de laudo por la junta responsable, y se proveyó en relación al escrito presentado por los quejosos, respectivamente. Determinaciones que fueron pronunciadas con anterioridad a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, que a saber lo fue el tres de julio de dos mil diecisiete, según se advierte del sello y papeleta puestas por la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, residentes en Cintalapa de Figueroa, que obra en autos a foja uno, circunstancia que es clara y evidente de que, cuando se promovió el juicio de amparo, no existían los actos reclamados en el mismo, surtiéndose por ende la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, ello es así, porque la causa de sobreseimiento es notoria e indudable y manifiesta. Luego, al haberse acreditado que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA ESTE JUICIO. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. No obsta a lo anterior, el hecho de que con esta data se esté agregando el informe justificado y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, agente del Ministerio Público Federal adscrita; y por oficio a la autoridad responsable y terceros interesados. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza, licenciada Laura Elena Romero Luna, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la comunicación oficial del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el que remite copia certificada de la resolución interlocutoria de liquidación de laudo, de treinta de junio del año en curso, dictada en el expediente ***, de su índice, promovido por *** en contra de la ***. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados la omisión de dictar la resolución interlocutoria de liquidación de laudo y emitir el acuerdo respecto a la promoción presentada el tres de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente número ***. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTICULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". De la interpretación del artículo en cita, se desprende que cuando de las constancias de autos aparezca de manera clara que no existe el acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1o. fracción I y 75, los cuales establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad...". El artículo 1o., fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En ese contexto, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que cuando se trate de actos de carácter positivo deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. Por tanto, este órgano de control constitucional estima que al reclamarse por los quejosos la omisión de dictar la resolución interlocutoria de liquidación de laudo y emitir el acuerdo respecto a la promoción presentada el tres de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente número ****, éstas resultan ser inexistentes, pues con fechas treinta de junio y tres de julio, ambos de dos mil diecisiete, se resolvió el incidente de liquidación de laudo por la junta responsable, y se proveyó en relación al escrito presentado por los quejosos, respectivamente. Determinaciones que fueron pronunciadas con anterioridad a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, que a saber lo fue el tres de julio de dos mil diecisiete, según se advierte del sello y papeleta puestas por la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, residentes en Cintalapa de Figueroa, que obra en autos a foja uno, circunstancia que es clara y evidente de que, cuando se promovió el juicio de amparo, no existían los actos reclamados en el mismo, surtiéndose por ende la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, ello es así, porque la causa de sobreseimiento es notoria e indudable y manifiesta. Luego, al haberse acreditado que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA ESTE JUICIO. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. No obsta a lo anterior, el hecho de que con esta data se esté agregando el informe justificado y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, agente del Ministerio Público Federal adscrita; y por oficio a la autoridad responsable y terceros interesados. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza, licenciada Laura Elena Romero Luna, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que no ha transcurrido el término concedido a la autoridad responsable Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante proveído de cinco de julio del año en curso, para que rinda su informe justificado. Lo anterior debido a que mediante oficio 5503/17, la Secretaria General de Acuerdos y Conflictos Colectivos y Secretaria del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, informó a este Órgano de Control Constitucional que se autorizó el primer periodo vacacional, comprendido del catorce de julio al dos de agosto del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.
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