Policarpio Asencio Clemente
Expediente 445/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 445/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Policarpio Asencio Clemente
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído, HA CAUSADO ESTADO; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con apoyo en el diverso 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, y no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado. Notifíquese. ***
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el alegato número 228/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que mediante proveído de veintidós de mayo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa, por lo que deberá estarse a lo ahí resuelto.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de abril de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ***, a través del cual desahoga la prevención que le fue realizada en proveído de veintitrés de abril del año en curso. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa señaló en su demanda como autoridad responsable entre otra, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, al que le reclamó de manera literal lo siguiente: ".la omisión de certificar el término que le dio a la demandada para dar contestación a la demanda instaurada en su contra, dentro del expediente número *** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, término que le dio mediante auto de radicación de ocho de noviembre de 2017." Respecto a la procedencia del juicio de garantías, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 5, fracción I, primer párrafo de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". Como se ve, es un acto futuro e incierto, entendiéndose el primero no sólo el que deriva de forma directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutará en breve, sino también todo aquel acto que en forma razonable pueda estimarse como consecuencia lógica del acto existente o que se trate de un acto derivado de éste en forma tal, que la realización de aquél esté condicionada a la existencia legal de éste. Mientras que por acto futuro e incierto, debe entenderse como aquél cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejosa, o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. Por tanto, al ser la omisión del Tribunal responsable de certificar el término que le dio al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalá, Guerrero, en el auto de radicación de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, para dar contestación a la demanda laboral, un acto futuro e incierto, su actualización dependerá cuando sea emplazada dicha parte procesal; por tanto, el promovente no encuadra dentro de la hipótesis prevista en el citado artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado debe producir una afectación real y actual en su esfera jurídica, lo que no acontece en el presente asunto, dado que a la fecha de la presentación de la demanda (veinte de abril de dos mil dieciocho), no se advierte que se tenga la constancia de emplazamiento del Ayuntamiento demandado, para que le haga el computo a fin de que de contestación a la demanda instaurada en su contra. Cobra aplicación al caso la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 173, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "INTERESES JURÍDICOS, CUANDO SE AFECTAN LOS. Como el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, procede aceptar que, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir en sus bienes jurídicos no afectan real y objetivamente a éstos, entonces no puede decirse que exista un agravio en términos jurídicos. Luego, si las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, es obvio que para que puedan ser estimadas en el amparo, es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. De no ser así, sería difícil que se surtiera, en la práctica, la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues bastaría la mera afirmación del promovente del juicio de garantías, no corroborada por prueba alguna, de que la autoridad le irroga molestias en sus derechos, y ciertamente no es eso lo que tutela la fracción V del artículo 73 citado". Apoya también dicha consideración la tesis aislada sustentada por la Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 762, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC, que señala: "ACTOS RECLAMADOS INDETERMINADOS Y FUTUROS, AMPARO IMPROCEDENTE. Tratándose de actos indeterminados y futuros, no es posible apreciar el interés jurídico que por ellos pueda resultar afectado en perjuicio del quejoso, y por tal motivo debe sobreseerse en el juicio de garantías con relación a dichos actos, de conformidad con los artículos 73, fracción VI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Atento a lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su propio numeral 107 fracción V interpretado a contrario sensu; por tanto, se DESECHA PARCIALMENTE la demanda de amparo promovida por Policarpo Asencio Clemente, únicamente por cuanto hace a dicha autoridad por el acto que se le atribuye. Precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda por cuanto hace a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Coyuca de Catalán, Guerrero y por el acto que se le atribuye. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni se advierte que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a este órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe al quejoso que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, y al principio de la celeridad procesal. Respecto a tener como tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, no ha lugar a llamarlo a juicio, en virtud de que de los hechos de la demanda de garantías, se advierte que no ha sido emplazado a juicio en el expediente laboral 496/2017, dado que no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica, y en consecuencia, no tiene derechos que defender, por lo que es innecesario emplazarlo a esta instancia constitucional. Tiene aplicación al caso en lo conducente la tesis 2a./J. 67/2009, sustentada por la Segunda Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003)" De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional Así lo acordó y firma el licenciado Jacinto Figueroa Salmorán, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por la licenciada Elizabeth Miriam García Bailón, Secretaria que autoriza y da fe.
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