Pok León Masías
Expediente 1179/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Pok León Masías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
se ordena el archivo del presente incidente de suspension, En virtud de lo anterior, se autoriza la devolución del billete N 919008, valioso por la cantidad de $1,000.00 pesos M.N (son mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibido por el abogado defensor del quejoso Pok León Masias, para garantizar la suspensión definitiva concedida el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, debidamente endosado a favor del citado quejoso, previa razón de recibo; para tal efecto, se señalan las once horas con cuarenta y nueve minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós; hecho lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro ocho, denominado "Certificados de depósitos"
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con veintinueve minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1179/2021; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al siguiente día hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Sagrario Guadalupe Castillo Peralta, abogada defensora de Pok León Masías, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, con sede en esta ciudad. El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, previa prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó la separación de autos, respecto al diverso acto -orden de aprehensión- que reclama de la autoridad señalada como responsable, el impetrante de garantías; por lo que el presente juicio únicamente versará respecto de los actos indicados en los incisos a), b) y d), del escrito de aclaración de demanda, los cuales hizo consistir en: auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se determinó desechar el incidente de nulidad de actuaciones, promovido dentro de la causa penal 01766/2019, derivado del número único de caso SON/HER/PGE/2016/012/15837; la inobservancia del debido proceso por el hecho de admitir la judicialización; y, la violación e inobservancia de lo normado en los artículos 1, 10, 11, 12, 13, 14, 68, 97, 98, 101, 264, 316, 317, 346 y demás relativos y aplicables del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente. Finalmente, previo a diversos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 20/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga el similar 3/2013, por tratarse de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos que se suscitaron dentro del ámbito territorial en el que este juzgado ejerce jurisdicción. III. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados el siguiente: El auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que tuvo por desechado el incidente de nulidad de actuaciones, promovido dentro de la causa penal 1766/2019. No pasa inadvertida para este juzgador la circunstancia de que el solicitante del amparo reclama como diversos actos reclamados destacados los siguientes: b) la inobservancia del debido proceso por el hecho de admitir la judicialización; y, d) la violación e inobservancia de lo normado en los artículos 1, 10, 11, 12, 13, 14, 68, 97, 98, 101, 264, 316, 317, 346 y demás relativos y aplicables del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, no es dable tenerlos como tal, en virtud que dicha inconformidad la hace valer como violación cometida en dicha carpeta de investigación; de ahí que no deban considerarse como tal, pues se trata en realidad, de conceptos de violación; tan es así que lo aborda como tal en el apartado denominado conceptos de violación de su escrito de demanda. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia I.3o.A.J/26 (8ª.), cuyo rubro dispone: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION." IV. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado, por así declararlo al rendir su informe justificado, la autoridad responsable juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno; certeza que se corrobora con las constancias que remitió, de las cuales se advierte el acto impugnado. Actuaciones a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que se tratan de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que la ley le asigna. V. Causa de improcedencia actualizada La improcedencia es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional está imposibilitado para analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, en términos del artículo 61 de la Ley de Amparo. Respecto de dicho acto, se estima que, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, dado que no se agotó el medio ordinario de defensa, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, misma que expresa lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Del precepto en comento, la improcedencia del juicio deviene cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Que por virtud de ese medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Así, una vez contrastados el acto materia de la litis, con el precepto legal trascrito, es manifiesto que se actualizan los supuestos que se enuncian. En principio porque, como se desprende de las manifestaciones vertidas por el quejoso, el acto reclamado es atribuido a una autoridad jurisdiccional, a saber, el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno. En cuanto a la segunda hipótesis, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el recurso de revocación es el medio de impugnación idóneo para combatir: El auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que tuvo por desechado el incidente de nulidad de actuaciones, promovido dentro de la causa penal 1766/2019. En efecto, los artículos 465 y 466 del ordenamiento legal invocado, estatuyen lo que se transcribe: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. "Artículo 466. Trámite. El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." (Lo subrayado no es de origen) De igual modo, por exclusión, se transcriben los artículos 467 y 468 de la citada legislación nacional, los cuales disponen: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." "Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de enjuiciamiento: I. Las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso" Bajo ese tenor, conforme al artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el acto reclamado es susceptible de combatirse a través del recurso de revocación, toda vez que no se encuentra inserto en ninguna de las hipótesis, de procedencia del recurso de apelación previstas en los artículos 467 y 468 del código nacional en comento, ni existe prohibición especial en el mencionado cuerpo normativo para impugnar dichas determinaciones. Aunado a lo anterior, de la interpretación literal del artículo de referencia 465, se desprende que procede el recurso de revocación, contra cualquier resolución de mero trámite que se resuelva sin sustanciación y en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial. Al respecto, es importante mencionar que las expresiones "de mero trámite" y "sin sustanciación", previstas por el precepto legal mencionado, ya fueron definidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 298/2015, en la que concluyó que, la primera, se refiere a aquellas que no implican un importante y trascendente juicio de valoración, porque son cuestiones que impulsan el proceso, que no trastocan la litis o el fondo del asunto; y, las segundas, se trata de aquellas resoluciones emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones: "(.) 34. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido en esta ejecutoria y que se sustenta en las siguientes consideraciones: 35. Por cuestión de metodología, conviene transcribir el contenido del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación "El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. "El objeto de este recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." 36. De la disposición transcrita se desprende que, para la procedencia del recurso de revocación en el nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, la determinación impugnada debe cumplir con dos requisitos; el primero, que atañe a cuestiones de mero trámite, es decir, aquellas que no resuelven el fondo del asunto y, el segundo, que sean resueltas sin sustanciación. 37. Respecto del primer requisito, el cual si bien no fue tema de interpretación en las resoluciones de los órganos colegiados contendientes en esta contradicción, por una secuencia lógica normativa, debe decirse que las actuaciones de mero trámite son aquellas que no implican un importante y trascendente juicio de valoración, son cuestiones que impulsan el proceso, sin embargo, no trastocan la litis o el fondo del asunto, porque siempre se refiere al desenvolvimiento del proceso y no a la decisión del litigio.(7) 38. Ahora bien, el punto de partida precisamente es dilucidar el alcance y significado que tiene el segundo requisito, esto es, que debe ser una determinación resuelta "sin sustanciación", a fin de determinar la procedencia del medio de impugnación, para ello resulta preciso destacar lo que ha establecido la doctrina jurídica al respecto. 39. En este orden de ideas, resulta oportuno definir qué se entiende gramaticalmente por la palabra sustanciación, para ello la Real Academia de la Lengua Española indica que es la acción y efecto de sustanciar y, por sustanciar, refiere a la acción de tramitar un asunto o un juicio hasta que quede resuelto en una sentencia.(8) 40. La sustanciación de los recursos judiciales, indica Ovalle Favela, es la etapa en la que, una vez que se determinó la admisibilidad y efectos del recurso, se otorga a las partes la oportunidad de intervención para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto de los agravios formulados por su contraparte, excepcionalmente en esta etapa de sustanciación se podrán practicar pruebas y formular alegatos. Una vez concluida, se procederá al dictado de la resolución.(9) 41. Por su parte, el autor José Daniel Hidalgo Murillo define a la sustanciación como la obligación de la prudencia, virtud particular de los Jueces y precisa que no es dable confundir sustanciación con debate, ni principio de contradicción con sustanciación, porque cuando la autoridad da audiencia a la otra parte, no produce con ella una sustanciación, dado que únicamente protege el principio de contradicción; en ese sentido, apunta que la sustanciación no supone que haya precedido debate entre las partes, en atención a que la sustanciación es la facultad que tiene el tribunal para resolver.(10) 42. Asimismo, para Alcalá-Zamora la sustanciación es sinónimo de tramitación,(11) que no es más que las etapas procesales mediante las cuales el tribunal desenvuelve el asunto. 43. En esa tesitura, la palabra sustanciación doctrinalmente supone la función jurisdiccional para llevar a cabo un proceso en sus etapas; de modo que, desde el punto de vista doctrinal, una determinación resuelta sin sustanciación es aquella que no sigue un procedimiento específico, es decir, que se resuelve sin estar precedida de etapas procesales. 44. Hasta aquí, podemos concluir que sustanciación indica la forma de resolver del tribunal, alude a la forma en que resuelve las cuestiones, ya sea de plano en la misma pieza de autos, sin una tramitación especial y de inmediato, o bien, con sustanciación en particular, como lo constituyen, por ejemplo, los incidentes. 45. Ahora bien, desde el supuesto legal, esto es, desde la apreciación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la sustanciación tiene un enfoque concreto y para su delimitación debemos remitirnos a la exposición de motivos expedida el cuatro de abril de dos mil trece, misma que en su parte medular, regulada en el punto trece, referente a los recursos que indica textualmente lo siguiente: "... El de revocación. Para decisiones de mero trámite, tomadas dentro o fuera de la audiencia; sin que en el primer supuesto haya precedido debate."(12) 46. De lo anterior se advierte que el recurso de revocación es procedente contra determinaciones de mero trámite; sin embargo, en la propuesta legislativa se hizo la precisión que dichas resoluciones, además del primer supuesto <mero trámite>, no debían estar precedidas por debate entre las partes, si se dictaban dentro de audiencia. 47. Ahora bien, el legislador, en el texto vigente de la disposición legal que regula el recurso de revocación, finalmente sustituyó el segundo supuesto de procedencia <no deben estar precedidas por debate entre las partes>, como inicialmente se planteó en la exposición de motivos, por el concepto "sin sustanciación"; de manera que en una interpretación teleológica del precepto normativo, el cual busca descubrir la finalidad y objetivo que originó su creación, es dable otorgar significado al concepto de sustanciación de la hipótesis normativa. 48. En ese contexto, una resolución sin sustanciación se refiere a que se trate de determinaciones de mero trámite emitidas de plano, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un trámite específico a seguir previo a la emisión de su determinación, esto es, no contempla la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestar o contradecir la petición de la solicitante y, por tanto, el juzgador resuelve lo pedido de plano. 49. En ese sentido, cabe destacar que si bien el principio de contradicción que rige el procedimiento en el sistema de justicia penal adversarial y oral, sustenta la intervención de las partes, no en todas las actuaciones judiciales o diligencias se otorga audiencia a los contendientes, debido a la trascendencia de la actuación, o bien, pueden existir actuaciones o acuerdos entre ellas que no lo ameriten. 50. Dicho lo anterior, se podría concluir que, ante un enfoque teleológico normativo, buscando el fin del objeto del medio de impugnación bajo la luz de la voluntad del legislador, es inconcuso que la sustanciación a que refiere la disposición 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales implica que se trate de resoluciones emitidas de plano, por no existir en la norma procesal, una tramitación especial para su dictado; de manera que no se puede limitar únicamente a la falta de debate entre las partes contendientes, sino a la falta de un trámite específico previamente establecido. 51. De tal modo que, si en la exposición de motivos del Código Nacional de Procedimientos Penales se propuso en la regulación del recurso de revocación, una revisión de los aspectos legales que pudieran haber sido inobservados o aplicados erróneamente por el juzgador, para producir la anulación del vicio, sin que la decisión del recurso modifique el fondo del asunto, se concluye que dicho medio de impugnación es procedente contra resoluciones que atañan a una cuestión de mero trámite, emitidas sin previamente seguir una tramitación especial. (.)" Ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, agosto de 2020, Tomo III, página 2760, registro 2022001, de rubro y texto: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Por tanto, la determinación reclamada es de aquellas que atañe a cuestiones inherentes al proceso, mas no al fondo del asunto; y, que, fue resuelta de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Es así, pues para desechar el incidente de nulidad de actuaciones, la autoridad responsable no notificó a la parte contraria, ni le otorgó un plazo para contestar o contradecir la solicitud de su oponente; entonces, es indudable que contra el acto aquí combatido procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, si con motivo de la interposición del recurso de revocación el juez de control responsable, debe analizar la legalidad del acto en cuestión; indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique las determinaciones de la autoridad que se reclama; situación que satisface el último de los presupuestos que se mencionan en los incisos precedentes. En congruencia con lo anterior, debe atenderse a que el juicio de amparo es un mecanismo judicial de control constitucional, cuyo objeto es restituir a los gobernados, en sus derechos fundamentales transgredidos que se vean conculcados con motivo de los actos de autoridad, en relación con los perjuicios que generen en su esfera individual, razón por la cual, el legislador ha establecido como principio que rige su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso se llegue a pronunciar, pueda concretarse y trascender sólo al quejoso, circunstancia que no se puede materializar cuando existen recursos ordinarios previstos como un mecanismo de defensa contra los actos de autoridad. Explica esta consideración, la tesis I.6º.C. J/37, visible en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, novena época, al indicar: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No obstante lo anterior, de las manifestaciones vertidas por el quejoso en su escrito de demanda, se desprende que acudió directamente a promover la presente instancia constitucional sin que previamente haya interpuesto el recurso de revocación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra del acto reclamado. De lo que se sigue que si el quejoso acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal contra el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la que el juez responsable desechó el incidente de nulidad de actuaciones, dentro de la causa penal 1766/2019, pero no agotó el recurso de revocación, que de conformidad con el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye el medio de defensa ordinario, eficaz e idóneo para analizar la legalidad del auto combatido, es evidente que el acto aquí reclamado no es definitivo. Decisión. En consecuencia, al no haberse agotado el recurso de revocación previsto en el ordinal 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, lo procedente es sobreseer en el juicio, con apoyo en lo previsto por el numeral 63, fracción V del mismo ordenamiento. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: VII. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sagrario Guadalupe Castillo Peralta, abogada defensora de Pok León Masías, por las razones expuestas en los considerandos V y VI del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Se remiten constancias. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio suscrito por el actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; y en atención a su petición, mediante oficio remítase copia certificada de las constancias que solicita. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a la parte tercero interesada AZUCENA ELVIRA BECERRA HURTADO, el contenido de los autos de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, veinticinco de febrero y diez de marzo de dos mil veintidós que dicen:Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por la parte quejosa, mediante el cual cumple la prevención señalada en autos. 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Sagrario Guadalupe Castillo Peralta, abogada defensora de Pok León Masías, en contra de los actos reclamados al juez Oral de lo Penal uno del Distrito Judicial con residencia en Hermosillo, Sonora. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con veintinueve minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 4. Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, lo que deberá hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dichos informes copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar sus informes o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a la autoridad responsable. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse cierto el acto que se le reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a la autoridad. Requiérasele a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comunique si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos combatidos, así lo haga saber a este juzgado; apercibidas que de no hacerlo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización. 7. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. 10. Emplazamiento. Una vez que obren los informes justificados se proveerá lo conducente a la existencia de tercero interesado. 11. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 12. Incidente de suspensión. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión, por haber sido solicitado por la parte quejosa. 13. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 14. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 15. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña, sin perjuicio de hacer relación de ellas al dictarse la sentencia respectiva. 16. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 17. Comunicación a las responsables de cuales resoluciones se le notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, cuyo rubro se cita "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio), y las restante se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 18. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 19. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 20. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal1, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 21. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 22. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; y, personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por oficio a la responsable, y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Informe respecto del procedimiento de investigación de domicilio. Agréguese a los autos el oficio remitido por el representante legal de CFE Suministrador de Servicios Básicos por medio del cual informa que después de una búsqueda si encontró registro en sus archivos. Ahora, por ser el momento procesal oportuno y al advertirse de autos que las instituciones desahogaron el requerimiento en relación con los domicilios de la tercera interesada Azucena Elvira Becerra Hurtado; en consecuencia, se da por concluido el procedimiento de investigación, en la que las dependencias proporcionaron de la parte tercera interesada los siguientes domicilios: Nombre de tercero interesado Domicilio Azucena Elvira Becerra Hurtado Vázquez Coronado 37, colonia Los Arcos, Hermosillo, Sonora, C.P. 83250 Avenida Paricutin 503, colonia Las privada Las lomas, Hermosillo, Sonora, C.P. 83293 AV. Paseo Guayacán No. Exterior 27, fraccionamiento Villas del Meditarráneo, C.P. 83240 Calle Francisco Vázquez de Coronado, número 37, colonia Los Arcos, C.P. 83250 Paseo Guayacan 27, real del Llano Real del llano 27, real del llano. Emplazamiento. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, fracción b) de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial adscrito para que en términos del numeral 26, inciso b), del citado cuerpo de leyes, a fin de que se constituya en los domicilios antes señalados de la parte tercera interesada Azucena Elvira Becerra Hurtado y la emplace a juicio, debiéndole correr traslado con copia simple del escrito de demanda y auto admisorio; así como, del presente proveído. Asimismo, se le deberá hacer de su conocimiento el número del juicio en que se actúa y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional - nueve horas con cuarenta y nueve minutos del once de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la quejosa y por lista a la autoridad. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.Auto. Hermosillo, Sonora, diez de marzo de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no obra constancia del emplazamiento a la parte tercera interesada Azucena Elvira Becerra Hurtado, a quien se le tuvo por reconocido el carácter de tercera interesada, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción III b) de la ley de la materia; en tal virtud, se comisiona al actuario judicial adscrito para que en términos del numeral 26, inciso b), del citado cuerpo de leyes, se constituya en el domicilio señalado en autos, a efecto de llevar a cabo el correcto emplazamiento a la parte tercera interesada. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con veintinueve minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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