Pok León Macías
Expediente 986/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Pok León Macías
- Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Se acepta competencia. Glósese al sumario el oficio de cuenta que remitió la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que ese órgano revisor se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo promovido por *** contra actos del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, de esta ciudad y otra autoridad, registrando el mismo con el número estadístico****de ese índice. Archivo y valoración del expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos seis meses, toda vez que éste órgano se declaró legalmente incompetente, máxime que este juicio no representa relevancia documental. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y regístrese como corresponda. Incompetencia por razón de grado. Ahora bien, de un estudio integral efectuado al escrito de demanda, se advierte que la parte solicitante de amparo reclama, esencialmente: La sentencia de trece de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal 26/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, que resolvió el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva condenatoria de dos de marzo de dos mil veintitrés, del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, de esta ciudad. Ahora bien, en el caso, el suscrito juzgador estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, toda vez que, el acto reclamado lo constituye una sentencia definitiva, la cual es impugnable en la vía de amparo directo Lo anterior es así, pues los artículos 33, fracción II, 47 y 170 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: . II. Los tribunales colegiados de circuito; Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Atendiendo a la Ley de Amparo, específicamente en el contenido de sus artículos 34 y 170, fracción I, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal, son la sentencia definitiva, laudos y la resolución que pone fin al juicio, la primera (sentencia definitiva); son aquellos fallos que se dan después de sustanciada la demanda, deciden el juicio en lo principal y lo dan por terminado. En consecuencia, en el presente caso y dada la naturaleza del acto que se impugna, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107 fracción V, constitucionales; así como 34, 47 y 170, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, considera que carece de competencia legal por razón de grado para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En efecto, como se dijo, la resolución de trece de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal 26/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, es una sentencia definitiva. Esto es, lo da por concluido; de ahí que al no existir medio alguno de defensa ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada adquiere el carácter de definitiva, surtiéndose con ello, la hipótesis prevista en el referido numeral 47 de la ley de la materia, resultando ser legalmente competente para conocer del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en turno. Sirve de apoyo, por los motivos que la informan, la jurisprudencia P./J.6/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Tomo I, abril de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Asimismo, robustece lo anterior la tesis I.9o.P.266 P (10a.), del a décima época, con número de registro 2021515, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2675, de rubro y texto literal siguiente: "SENTENCIA DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DECIDE EN DEFINITIVA SOBRE LA ACREDITACIÓN DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL, AUN CUANDO NO CONTENGA PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES Y REPARACIÓN DEL DAÑO. El artículo 170 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo directo procede, entre otros supuestos, contra sentencias definitivas. De acuerdo con la interpretación auténtica contenida en el segundo párrafo de su fracción I, las sentencias definitivas son aquellas que deciden el juicio en lo principal. A ese respecto, en materia penal la cuestión principal esencialmente consiste en dilucidar la existencia de un hecho que la ley punitiva tipifica como delito, así como la responsabilidad penal del procesado en su comisión. De ese modo, si en el marco del sistema procesal penal acusatorio, el acto reclamado es una sentencia dictada por un tribunal de alzada que revocó el fallo absolutorio dictado en primera instancia y consideró acreditados el delito y la responsabilidad penal del quejoso en su comisión, deviene incontrovertible que se trata de una resolución jurisdiccional que decide el juicio en lo principal, y al haber sido dictada por una autoridad de segunda instancia, no admite medio ordinario de defensa alguno por virtud del cual esa determinación sea susceptible de ser modificada o revocada. Por tanto, la circunstancia de que el acto reclamado no contenga pronunciamiento respecto a la individualización de las sanciones y reparación del daño, no le priva del carácter de sentencia definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, en razón de que dichos aspectos tienen carácter accesorio del tópico principal y, en todo caso, su falta de pronunciamiento es un vicio que atañe al estudio de fondo del asunto." Es aplicable al caso interpretada a contrario sentido, la jurisprudencia 1a./J. 130/2004, del a novena época, con número de registro 179124, de la Primera Sala consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, Marzo de 2005, página 13, de rubro y texto literal siguiente: "AMPARO DIRECTO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN LA QUE SE IMPONE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SIN DISFRUTE INMEDIATO DE CONDENA CONDICIONAL, Y SE DECLARA IRRECURRIBLE, PERO EN SU CONTRA PROCEDE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El artículo 388 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua establece como regla que son irrecurribles las resoluciones dictadas en procedimientos seguidos por delito sancionado con pena básica máxima de cuatro años de prisión; sin embargo, en el propio código se prevén algunas excepciones, como la contenida en el inciso b) del citado artículo, respecto de las sentencias que impongan prisión sin disfrute inmediato de la condena condicional; o como la establecida en su artículo 399, fracción I, que señala que procede la apelación en ambos efectos, cuando se trata de sentencias definitivas que impongan pena de prisión sin concesión inmediata de la condena condicional. En ese tenor, si el acto reclamado en amparo directo consiste en la sentencia de primera instancia dictada en una causa penal, que impone al quejoso una pena privativa de libertad, sin otorgarle de inmediato el disfrute de la condena condicional, restringiendo dicho beneficio a que el sentenciado pague o garantice la reparación del daño en un lapso determinado, o bien no lo conceda, es inconcuso que el juicio de garantías deviene improcedente, pues la sentencia reclamada sí es recurrible en apelación al actualizarse la hipótesis contenida en el inciso b) del referido artículo 388, por lo que al no cumplir el deber jurídico de agotar y sustanciar el medio ordinario de defensa procedente, antes de acudir al juicio de amparo, soslayando el principio de definitividad que lo rige, tal omisión irremediablemente conduce a su sobreseimiento, ya que desde el punto de vista estrictamente jurídico, si se prevé un medio de defensa y éste no es agotado, y tampoco existe excepción legal o jurisprudencial, no puede considerarse jurídicamente dicha resolución como definitiva." En efecto, el acto reclamado en el presente asunto constituye la resolución definitiva; puesto que precisamente se resolvió un recurso de apelación en contra de una sentencia condenatoria hecho valer por el promovente de amparo, y en tal sentido, resulta para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo ante Tribunales de Circuito, una sentencia definitiva, debiendo hacerse su substanciación de conformidad con las reglas previstas para ese tipo de asuntos. Por las razones apuntadas con antelación, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, carece de competencia legal por razón de grado, ordenando se remitan los autos originales del presente juicio de amparo y nueve copias de la demanda al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en la materia y circuito citados, con el objeto de comunicarle la presente resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente la tesis 2a./J.41/2018 (10a), con número de registro 2016973, página 1450, Tomo II, mayo 2018, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto indican "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES. En términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, es decir, se establezca el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Si por el contrario, con la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra procede el juicio de amparo indirecto, pues al continuar por alguna circunstancia el juicio, se hará necesario allegarse de pruebas para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, lo que justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio y no un juicio que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia. Ahora bien, conforme a dichas concepciones, se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin declinar la competencia respectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de las disposiciones señaladas, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo da por concluido." Solicitándole de la manera más atenta al órgano colegiado que conozca del asunto, informe si acepta o no la competencia propuesta. 3. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 4. Autorizados. En cuanto a la persona que menciona en su demanda, se autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 5. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. En ese sentido, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico y número telefónico que señala en su demanda, para cuestiones no procesales. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 7. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte promovente y por oficio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en turno. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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