Placido Francisco Camacho Garcia

Expediente 860/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
860/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Placido Francisco Camacho Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente al quejoso y a su defensora.

  2. Principal

    Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el oficio registrado con el número de folio 13751. Conste.Tijuana, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Designación Asesor. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, a través del cual el Coordinador de Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, designa a los licenciadas Mirna Alicia Briceño Gómez y Ana Elizabeth Montaño Dueñas, Defensores Públicos adscritos a esa coordinación a su cargo, a fin de brindarle al quejoso Placido Francisco Camacho García, la orientación pertinente. Vista Defensores. Con fundamento en los artículos 1o. y 14 constitucionales y en términos de los artículos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo a los Defensores Públicos en mención, principalmente con la prevención de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, haciéndoles del conocimiento el requerimiento efectuado al quejoso, así como los apercibimientos decretados en el mismo. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J.43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registrada bajo el número 2020495, publicada el veintitrés de agosto pasado, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Autorizados. Asimismo, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones de los asesores jurídicos señalados a las personas que se precisan en el oficio de cuenta. Señalamiento de domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de los citados asesores jurídicos el indicado en el oficio que se atiende. Con motivo que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que la notificación del presente proveído se realice personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, así como a las asesoras jurídicas Mirna Alicia Briceño Gómez y Ana Elizabeth Montaño Dueñas.

  3. Principal

    Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Se hace efectivo apercibimiento. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días que se otorgó al quejoso ********************, mediante proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés para que nombrara un defensor que lo represente en este juicio; sin que lo hubiera hecho. Designación de defensor. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en cita; por lo que, a fin de salvaguardar los derechos del peticionario del amparo, y no dejarlo en estado de indefensión, en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador de Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, anexando copia simple de la demanda y de la determinación de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, con la finalidad que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso ******************** un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presente en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.43/2019 (con número de registro electrónico 2020495) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 1301 del Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Apercibida que de no hacer lo antes descrito, o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá multa de $5,187.00 pesos (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional), esto es, cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese y personalmente al quejoso ********************.

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