Placido Chan Uitz
Expediente 742/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Placido Chan Uitz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA III.- CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en la que sobreseyó fuera de audiencia, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Finalmente, se ordena al Secretario realice la certificación correspondiente de coincidencia del expediente físico y su correspondiente expediente electrónico, previo al envío físico de este expediente al archivo de este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
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MESA III.- Vista la cuenta que antecede, para conocimiento de las partes, agréguese a éstos autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Dos de al Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con el que cumple con el requerimiento ordenado en auto de tres de mayo de este año. Ahora bien, de las referidas constancias se advierte que se actualiza una causal de improcedencia que produce el sobreseimiento de este juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, por las razones que a continuación se exponen. INTRODUCCIÓN. PLACIDO CHAN IUITZ, por conducto de su apoderado Mauricio André Aguilar Espadas, reclama de la Junta Especial Número Dos de al Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de dictar laudo, en autos del juicio de origen 1014/2019. HECHOS. Del informe justificado, y sus anexos que en copias certificadas remitió la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: El proyecto de laudo de once de abril de dos mil veintidós, en el juicio de origen 1014/2019. El auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, en el que se elevó a categoría de laudo dicho proyecto. CONTEXTO LEGAL. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la quejosa en el goce de sus derechos humanos violados. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS. Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, la suscrita estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que hace improcedente el presente juicio de amparo indirecto, esto es, han cesado los efectos del citado acto reclamado que la parte quejosa atribuye a la autoridad responsable. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dictar laudo autos del juicio de origen 1014/2019. Ahora bien, del informe justificado y de las constancias remitidos por la Junta responsable, se aprecia que se dictó proyecto de laudo el once de abril de dos mil veintidós, y el veintidós de abril de dos mil veintidós, se elevó a categoría de laudo dicho proyecto, en el juicio de origen 1014/2019. De lo anteriormente reseñado, puede inferirse que si la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de dictar laudo y con el informe justificado se advierte que se realizó lo anterior; en tal virtud, resulta incuestionable que el acto omisivo que se le reclama ha cesado en sus efectos, actualizándose en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la citada causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal, que produjo el resultado de una sentencia concesora, en la medida en que ya ha sido emitido el acto omisivo que la parte quejosa reclamó, pues ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, en virtud de que la abstención imputada a la responsable, ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada la señalada en el artículo 17 Constitucional. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha cual está fijada para las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS; por tanto déjese sin efectos la misma. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.
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MESA V.- POR CONSENTIDA EJECUTORIA: Vista la cuenta y la certificación que antecede, de las que se advierte que ha fenecido el término de quince días, para interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, en contra de la determinación de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la sentencia concesora de amparo dictada en este asunto, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto el aludido recurso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto y 214 "a contrario sensu" de la Ley de Amparo vigente, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE. ACUERDO DE DEPURACIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, se procederá a su depuración, para su posterior traslado a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación al ser un juicio que amparó a la parte quejosa, y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Asimismo, se ordena a la Secretaria realice la certificación correspondiente de coincidencia del expediente físico y su correspondiente expediente electrónico, previo al envió físico de este expediente al archivo de este Juzgado. Finalmente, a fin de cumplimentar lo señalado en al párrafo anterior, se ordena al Actuario Judicial, en caso de contar con la constancia de notificación del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno a las autoridades responsables foráneas Dirección General de Registro y Control Documental y al Director en Jefe, ambos del Registro Agrario Nacional con residencia en la Ciudad de México, las integre tanto a estos autos, como al expediente electrónico, de no ser así, realice la notificación aludida. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III.- Vista la cuenta que antecede, para conocimiento de las partes, agréguese a éstos autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Dos de al Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que corresponden al juicio laboral 1015/2019, no así al juicio de origen 1014/2019 relacionado con este juicio de amparo. En tal virtud, se advierte que de conformidad con el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, en vigor, se podría actualizar alguna causal de improcedencia, y para estar en aptitud de acordar lo que en derecho proceda, requiérase a la Junta Especial Número Dos de al Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes contados a partir de la legal notificación de este proveído, remita copia certificada del proyecto de laudo y auto en el cual se elevó a categoría de laudo dicho proyecto, en el juicio de origen 1014/2019; apercibido que de no cumplir con lo anterior, a la omisa, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cincuenta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 fracción I, 238 y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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