Pj Contadores Públicos, S.C.
Expediente 1947/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 35 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1947/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Pj Contadores Públicos, S.C.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual Kennedy León Torrez, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que estima violatorios del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1947/2022-6. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA en sus términos. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Atendiendo a lo estipulado en el artículo 52 Bis, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo 1 Artículo 52 Bis. Para efectos del presente Capítulo, se deberá atender a lo siguiente: [.] III. Cuando las personas envíen documentos a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como correo electrónico sin el uso de firma electrónica, el área competente deberá requerirlas para que los remitan nuevamente, dentro del plazo de tres días hábiles firmados de esa manera o para que manifiesten bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentran imposibilitadas para firmar electrónicamente. En caso de incumplimiento del requerimiento se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. En el supuesto de la imposibilidad para plasmar la firma electrónica, la autoridad u órgano competente deberá determinar si: a) Existen elementos suficientes para tener por acreditada la autenticidad del escrito; b) Puede dársele trámite sin necesidad de contar con la firma electrónica; c) Es necesario el cotejo con los documentos físicos y firmados autógrafamente, en cuyo caso podrá ordenarse que se lleve a cabo; y d) El trámite respectivo debe suspenderse hasta que se cuente con los documentos presentados en físico y con firma autógrafa. Tratándose de particulares, cuando exista duda sobre su identidad, se podrá solicitar que en el medio electrónico o solución digital respectivo se acompañe copia legible de alguna identificación oficial. de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados; lo anterior, haciendo uso de la firma electrónica, mediante FIREL, e.firma, y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídanse informe justificado a las autoridades señaladas como responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a También podrá programarse una videoconferencia para solicitar más información y realizar el cotejo respectivo. una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables de las penas en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades que en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. Se le hace saber a las autoridades responsables jurisdiccionales que el plazo de quince días para que rindan o actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, aun cuando sean periodos vacacionales, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2024510, publicada en la página 12, Tomo I, de Abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE". AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Ahora, no puede reconocérsele la calidad de terceros interesados a las personas morales, que señaló el quejoso en su escrito de demanda, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, porque aun cuando sean su contraparte en el juicio natural, no tienen interés jurídico en que subsista el acto reclamado, en virtud de que se trata de una dilación procesal. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente de mérito ofreciendo como pruebas en el presente asunto, la presuncional legal y humana, así como las documentales que anexa a su demanda de amparo consistente en copia simple de la credencial para votar a nombre del quejoso y de la audiencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, celebrada en el expediente laboral 449/2017, del índice de la responsable; probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, en cuanto a la prueba consistente en la instrumental de actuaciones que integran el expediente laboral 449/2017 e informe justificado que deberán remitir las autoridades responsables, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto éstas hagan lo propio. COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 22, párrafo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se le hace del conocimiento a las partes, que las constancias que integran el presente expediente e incluyen evidencia criptográfica les da la característica de inalterables, por tanto, de requerir copia certificada del presente asunto, deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea, haciendo uso de la FIREL o la e.firma, e imprimir la actuación que considere necesaria para su propósito, sin necesidad de requerir certificación alguna, dado que la evidencia criptográfica es suficiente y se considera copia certificada electrónicamente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y toda vez que del contenido de la demanda se desprende que la parte quejosa tiene el carácter de actor en el juicio laboral de donde deviene el acto reclamado, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su demanda, por así haberlo solicitado; pues solo el segundo párrafo del citado numeral, exige que se acredite la calidad de licenciado en derecho en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes mediante la utilización de la firma electrónica, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, en términos del artículo 3°, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se les indica a las partes que deberán transitar al esquema de "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea. DESIGNACIÓN DE JUEZA DE DISTRITO Por otra parte, como se advierte de la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Asimismo, con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Amparo, el cual indica que las partes podrán recusar al juzgador que resolverá el expediente, en caso de que exista causa fundada para ello (contenida en el diverso numeral 51 de la citada normatividad), para que aquéllas conozcan la existencia de la causal, deben igualmente tener conocimiento que la citada juzgadora resolverá en definitiva este juicio de amparo; hágase del conocimiento de las partes, la designación de la nueva titular, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten si tienen algún impedimento en que la citada Juzgadora continúe teniendo conocimiento de este juicio, en el entendido de que en caso de no hacer manifestación alguna, se continuará con el trámite de este asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro 164217, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, de julio de 2010, Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Finalmente, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Notifíquese.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívese el presente cuaderno incidental. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada; sin embargo, mediante ejecutoria de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete en el incidente de revisión 164/2017 (fojas 152 a 170), del índice del entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo circuito, revocó la citada resolución y negó la concesión de la misma, por tanto, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del presente incidente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1947/2016-3, promovido por **********contra los actos que reclama del Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Tabasco "1", con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por razón de turno conoció de la demanda el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, que por auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis la registró con el número 1885/2016 y se declaró legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda, ello, por advertir que el domicilio fiscal de la quejosa en encuentra ubicado en el Estado de Tabasco y que es allí donde en todo caso, se cumplimentarían las obligaciones fiscales de la moral contribuyente; por lo que ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en turno, para el conocimiento del asunto. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, este Juzgado, recibió la demanda de amparo, la registro con el número 1947/2016 y determinó avocarse a su conocimiento, asimismo requirió al apoderado de la moral quejosa a fin de que acreditara la personalidad con la que se ostentó. Por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, previo cumplimiento al requerimiento mencionado, el juzgado de origen admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio al agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete y señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. CUARTO. SENTENCIA, RECURSO DE REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO. Seguidamente, una vez integrado el asunto, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, en auxilio de este Juzgado, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, dictó sentencia, en la que sobreseyó el amparo a la parte quejosa. Contra esa determinación, la parte quejosa PJ CONTADORES PÚBLICOS SOCIEDAD CIVIL, interpuso recurso de revisión; mismo que este Juzgado admitió en proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, por lo que fue remitido al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito. Posteriormente, en ejecutoria de treinta de agosto de dos mil veintidós, se resolvió el recurso de revisión laboral 354/2017, del registro del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito. Como consecuencia, el tribunal de alzada, ordenó la reposición del procedimiento del presente juicio, promovido por PJ CONTADORES PÚBLICOS SOCIEDAD CIVIL. De lo anterior la alzada, precisó que los efectos de la reposición del procedimiento, a fin de que se ordenará la reposición la notificación en forma personal a la quejosa del informe justificado rendido por la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, y la requiera mediante dicha notificación personal para el efecto de que en caso de así creerlo conveniente, esté en posibilidad de ampliar su demanda de amparo dentro del término de quince días; hecho lo cual, continúe con el procedimiento en el juicio de amparo como en derecho corresponda. Hecho lo anterior, este Juzgado en proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente la sentencia de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, y repuso el procedimiento, por lo que ordenó notificar personalmente a la parte quejosa PJ CONTADORES PÚBLICOS SOCIEDAD CIVIL, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente al en que reciba la notificación del presente amparo en contra de la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el seis de enero de dos mil diecisiete, y anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el seis de enero de dos mil diecisiete; asimismo, se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Lo anterior, se notificó a la parte quejosa el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. En proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, mediante certificación secretarial se hizo constar que el término de quince días otorgado a la parte quejosa para ampliar su demanda, transcurrió del veintiuno de septiembre al once de octubre de este año; como consecuencia, se tuvo por no ampliada la demanda, y se ordenó continuar el trámite de este juicio únicamente con lo precisado en su demanda de amparo. Acto seguido, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La modificación al Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en la Segunda Sección del Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil dieciséis. La expedición del documento "Contabilidad Electrónica. Anexo Técnico". Efectos y consecuencias de los actos anteriores. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por así haberlo reconocido el Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "1" de la Administración General Jurídica al rendir el informe de ley, tiene aplicación en el caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Además, la existencia de la normativa reclamada, constituye un hecho notorio que no está sujeto a prueba, en razón de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2 segundo párrafo de la Ley de Amparo. Sirve de sustento, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 65/2000, que con el número 56, está publicada en la Actualización 2001 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, jurisprudencia SCJN, página 73, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADO FEDERAL. No se estudiará el fondo del asunto porque se actualiza una causa de improcedencia, cuestión de estudio preferente por ser de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo. Quien resuelve considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de la norma reclamada como a continuación se verá: El aludido numeral dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008-SS, determinó: La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la situación jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia no es sólo la paralización del acto, sino también la ociosidad de examinar su constitucionalidad si ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de una sentencia protectora. La improcedencia está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que la garantía exija. La causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola transgredido, la cesación no deje huella alguna. Este criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, titulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Esta causa de improcedencia ha sido interpretada por el Máximo Tribunal del País, en el sentido de que su actualización requiere no sólo que la autoridad revoque o deje insubsistente el acto reclamado, sino además, que todos sus efectos desaparezcan o se destruyan en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Tratándose de amparo contra leyes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al revolver el amparo en revisión 204/2012 estableció que a efecto de verificar si se actualiza la citada causa de improcedencia, es necesario constatar si se trata de normas prohibitivas o de aquellas que generan una obligación y, en este último supuesto, si produjeron consecuencias durante el periodo en que estuvieron vigentes. Ello en atención a que las normas prohibitivas sólo prevalecían durante la vigencia de la ley, de modo que al derogarse cesaban sus efectos prohibitivos, permitiendo que el gobernado actuara. Pero que tratándose de normas positivas (que imponen una obligación de hacer o permitir que se haga), la derogación de la ley no siempre liberaba a los destinatarios de las consecuencias que hubieran derivado de su observancia o inobservancia por el periodo que estuvieron vigentes, salvo que por disposición expresa de una norma transitoria se impidiera la aplicación de la ley derogada incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedaba destruida la ley desde su promulgación. Además, si en el juicio de amparo indirecto se reclamaba como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reformaba o derogaba eliminando la prohibición u obligación, se destruían de manera total e incondicional sus efectos, siempre y cuando se demostrara que la que generaba una obligación no produjo durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la parte quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones durante el periodo que estuvo vigente. Dichas consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 6/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XIX, Abril 2013, Tomo 2, Décima Época, página 1107, de rubro: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA." En el caso, se reclama la Cuarta Resolución que reforma o modifica la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil dieciséis, específicamente, la modificación al Anexo 24, publicada en la Segunda Sección del Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, que establece el envío de la contabilidad electrónica es una obligación de los contribuyentes conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y las reglas 2.8.1.6., 2.8.1.7. y 2.8.1.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis. En dicho Anexo se hace referencia a la descripción de la información que deben contener los archivos de contabilidad electrónica. Precisa que la referencia técnica en materia informática para la construcción de los archivos digitales XML que contienen la información mencionada en citado anexo, se encuentra contenida en el documento técnico, que deberán utilizar los entes especialistas en informática y telecomunicaciones que realicen la construcción de cada uno de los archivos a enviar a través del Buzón Tributario o el portal de trámites. Cuya vigencia comenzó a partir del uno de noviembre de dos mil dieciséis, en atención al artículo primero transitorio que estableció: "Primero. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF, salvo la modificación al Anexo 24 que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2016." Sin embargo, conviene señalar que el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete y el seis de enero de dos mil diecisiete el anexo 24. En el mismo se precisó, de igual manera que en la anterior resolución miscelánea, que el envío de la contabilidad electrónica es una obligación de los contribuyentes conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción IV, y la reglas 2.8.1.6., 2.8.1.7. y 2.8.1.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete, y que en el anexo 24 se hace referencia a la descripción de la información que deben contener los archivos de contabilidad electrónica. Y que la referencia técnica en materia informática para la construcción de los archivos digitales XML que contienen la información mencionada en el anexo en cita, se encuentra contenida en el documento técnico, el cual forma parte de dicho anexo, y que es localizable en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria www.sat.gob.mx. De la comparativa a las aludidas resoluciones misceláneas y anexo 24, permite advertir que la reclamada, dos mil dieciséis, quedó sin efecto por virtud de la emisión de la relativa al dos mil diecisiete. Por lo que al haber reclamado el acto de manera autoaplicativa, la emisión de la nueva resolución miscelánea y anexo, hace que en las mismas se encuentren las nuevas obligaciones legales, sin que se advierta acto de aplicación alguno que haya concretado la obligación contenida en el anexo ya derogado, de modo que ya se destruyó de forma total e incondicional el anexo del que se duele la parte quejosa. Lo cual, permite concluir que la segunda resolución mencionada, derogó a la primera, misma que constituye el acto recamado en este juicio, de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que la modificación al anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, así como el documento que contiene la referencia técnica de informática para la construcción de los archivos digitales XML, que contempla la modificación al anexo aludido, perdió vigencia al publicarse el diverso Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete. Se invoca, por las razones que la sustentan la jurisprudencia 2a./J. 136/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 696, de rubro y texto: CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. AL HABER CESADO LOS EFECTOS DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS CONTENIDAS EN LAS DIVERSAS RESOLUCIONES MODIFICATORIAS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, QUE CONSTITUYE LA REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. Conforme a las reglas I.2.8.6, I.2.8.7. y I.2.8.8 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014, se precisan, respectivamente: a) La información contable que los contribuyentes deben enviar a través del buzón tributario, a saber, catálogo de cuentas, balanza de comprobación e información relativa a las pólizas que hayan generado; b) La época en que deberán realizarlo; y c) La obligación de proporcionar el acuse respectivo cuando la autoridad fiscal les requiera la información relativa a sus pólizas, en ejercicio de sus facultades de comprobación o como requisito para la atención de solicitudes de devolución y compensación; todo ello, en la inteligencia de que en su artículo décimo tercero transitorio se precisaron fechas específicas para el envío de la precitada información, en el caso de las personas morales. Ahora, esas disposiciones se modificaron y adicionaron a través de la Tercera y Quinta Resoluciones de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, tanto en lo relativo al contenido de la información contable que debe enviarse a la autoridad hacendaria, como en lo concerniente a la época en que debe realizarse y, posteriormente, se derogaron mediante la Séptima Resolución de Modificaciones a la citada resolución miscelánea, publicada en el indicado medio de difusión oficial el 18 de diciembre de 2014 emitiéndose, en consecuencia, las reglas I.2.8.1.6 a I.2.8.1.9 que, conjuntamente con los resolutivos tercero y cuarto de la propia resolución modificatoria, entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2015, de acuerdo con su artículo segundo transitorio. No obstante, las citadas reglas y resolutivos de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, se derogaron implícitamente al entrar en vigor la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014, ya que en sus reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.9 y 2.8.1.17, se reguló: a) La información que se debe enviar a la autoridad hacendaria a través del buzón tributario; b) La periodicidad para hacerlo; c) La obligación de proporcionar información requerida por la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación o para atender solicitudes de devolución o compensación; y d) Las particulares que deben observarse en relación con los papeles de trabajo y los asientos de los registros contables. Lo anterior, permite advertir que las reglas de las diversas resoluciones modificatorias a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 en torno a la obligación de llevar contabilidad electrónica y entregarla a la autoridad hacendaria, no surtieron efecto alguno durante su vigencia, en tanto su observancia se fue postergando para finalmente quedar derogadas con la entrada en vigor de las reglas respectivas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, hecha excepción de los resolutivos tercero y cuarto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, cuya vigencia se extendió a 2015, por disposición del resolutivo cuarto de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea para 2015 publicada en el aludido medio de difusión oficial el 3 de marzo de 2015. En consecuencia, en virtud de que las disposiciones administrativas de referencia contenidas en las diversas resoluciones modificatorias de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 cesaron en sus efectos -con la excepción destacada-, en torno a ellas se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo". Por lo expuesto, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada, respecto de los actos reclamados en esta instancia constitucional. Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Al decretarse el sobreseimiento, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". No se inadvierte que el Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "1" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria al rendir informe justificado, hizo valer diversas causa de improcedencia; sin embargo, con independencia de la preferencia que tengan unas frente a otras, lo cierto es que basta la actualización de sólo una de ellas para sobreseer en el juicio de amparo. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, Novena Época, Materia Común, página 414, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA". SEXTO.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo 1947/2016, promovido por **********, por conducto de su apoderado Jorge Raúl Jiménez Jiménez, respecto de los actos reclamados al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, precisados en el considerando SEGUNDO, en término de lo dispuesto en el diverso QUINTO de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista; la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de quince días concedido a la parte quejoso PJ CONTADORES PÚBLICOS, S.C., para que manifestara a este órgano de control constitucional si era su deseo ampliar la demanda en contra de la Resolución Miscelánea para el dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de dos mil diecisiete y anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el seis de enero de dos mil diecisiete, ya feneció, sin que a la fecha haya hecho lo propio; en consecuencia, se continúa el trámite de este asunto únicamente con lo precisado en su demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
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