Pioquinto Rodríguez Delgado
Expediente 1056/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1056/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Pioquinto Rodríguez Delgado
- Jorge Adrián Cabrera Sarabia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con un escrito registrado bajo el número 3663. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por la tercero interesada Alma Cecilia Aguilera González; en atención a su contenido, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos, expídasele copia simple de las resoluciones que solicita, autorizando para recibirlas a las personas que menciona. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*
- Principal
El siete de febrero de dos mil dieciocho, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo transcurrió del uno al seis de febrero del año en curso. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales. De igual forma, se hace constar que se tramitó incidente de suspensión; y que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. Mediante ejecutoria de tres de enero de dos mil dieciocho (foja 50), este juzgado concedió el amparo solicitado, para el efecto de que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas: Dejara insubsistente la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca apelación 154/2017; Emitiera otra en la que, con plenitud de jurisdicción y de manera fundada y motivada, resolviera lo conducente sobre el recurso de apelación de origen, en su caso, justificara por qué lo manifestado por el presidente del tribunal de enjuiciamiento natural implica que se hizo saber a los apelantes que el fallo o sentencia que se dictarían sería en sentido condenatorio, con independencia del desahogo de las pruebas materia del proceso. De lo anterior se sigue que el efecto principal de la concesión de amparo se integró por el hecho de que se dejara sin efecto la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el toca apelación penal 154/2017 y en su lugar, emitiera otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolviera lo conducente sobre el recurso de apelación, en particular, por qué el presidente del tribunal de enjuiciamiento natural implica que se hizo saber a los apelantes que el fallo o sentencia que se dictaría sería en sentido condenatorio. En cumplimiento de la ejecutoria anterior, mediante oficio 77 recibido el veintinueve de enero de la presente anualidad, el presidente de la Segunda Sala Penal, con sede en esta ciudad (foja 106) remitió copia certificada de la resolución de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, mediante la cual en lo conducente: Dejó sin efecto la resolución emitida el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete dictada dentro del Toca A.P.O. 154/2017; Dejó insubsistente la sentencia apelada de nueve de junio de dos mil diecisiete por el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, en la causa penal 165/2015 y decretó la reposición del procedimiento total, quedando nulo lo actuado a partir de la audiencia de debate de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en la que inició el juicio oral y, en su lugar se ordenó se conforme un nuevo tribunal de juicio oral distinto al que dictó la sentencia condenatoria de nueve de junio de dos mil diecisiete; En particular, en lo referente a que justificara por qué lo manifestado por el presidente del tribunal de enjuiciamiento natural implica que se hizo saber a los apelantes que el fallo o sentencia que se dictarían sería en sentido condenatorio, con independencia del desahogo de las pruebas materia del proceso, manifestó: "En el caso en particular, como ya dijimos los apelantes se quejan de que se les violó el principio de presunción de inocencia, toda vez que el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento les indicó en audiencia que el fallo y la sentencia sería en sentido condenatorio. En el audio y video de la audiencia celebrada el día quince de mayo de dos mil diecisiete, se desprende que en el minuto 23:28 al 25:08 el Presidente del Tribunal expresó de manera textual lo siguiente: ".es importante precisar que en el auto de apertura no se describieron de manera literal todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, pero que sí fueron ofrecidas y admitidas por la defensa pública es decir, del auto de apertura se sobreentiende que todas las pruebas que le fueron admitidas al Ministerio Público fueron 37, son las mismas pruebas y otras pruebas a la defensa pública, y la defensa particular, la fiscalía tiene algo que decir, (Ministerio Público) nada su Señoría (Defensa Pública), nada su Señoría, bien por lo tanto, atendiendo a los órganos de prueba que se encuentran contenidos en el Auto de Apertura, es sobre los cuales el Tribunal regirá su convicción y desahogo y los resultados que ofrezcan casa uno de ellos, son los que servirán de base para emitir en su momento un fallo y una sentencia condenatoria, bueno sin más preámbulo porque así nos lo exige el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se les concede el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que exponga sus alegatos de apertura.". Como se aprecia, la frase utilizada por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, esto es, que en su momento se iba emitir un fallo y una sentencia condenatoria, implica que les afirmó a los acusados desde la primera audiencia de juicio que iban a ser condenados, porque en ningún momento se refirió el fallo condenatorio como una posibilidad que podría ocurrir, ya que al utilizar la conjunción "y" dio por hecho que de esa forma sería el resultado del juicio. Independientemente del desahogo de pruebas o el resultado de ellas ya tenía una idea preconcebida del resultado, porque no es necesario que les informe que penas alcanzarían por los delitos que estaban siendo acusados los apelantes, para entender que eran culpables, simplemente por haberles dicho que iban a tener una sentencia condenatoria, ya no les estaba dando el trato como inocentes, toda vez, que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ningún momento faculta al Tribunal de Enjuiciamiento, mucho menos al Presidente, a que adelante el sentido del fallo, ya que éste debe de pronunciarse hasta una vez concluida la deliberación del asunto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 401 del ordenamiento legal citado. Además no pasa desapercibido para esta Sala que el Juez Presidente en el minuto 9:53 al 10:26 de la audiencia celebrada el quince de mayo de dos mil diecisiete, les hizo saber lo siguiente: "Es importante dirigirme a todos porque esta audiencia como lo señalé con anterioridad es la audiencia más importante y es importante por muchas razones, son tres hechos o tres delitos que están enfrentando o enfrentarán en esta audiencia de juicio y también es importante dejar en claro que por las penas que establecen para cada uno de los delios, penas importantísimas, pues esto implicaría que una sentencia condenatoria modificaría su vida de manera total, por eso es importante este juicio y además porque el estado ha decidido presentar una acusación en su contra y pretende justificar su teoría del caso y alcanzar las penas que ha solicitado al tribunal, las cuales en su momento conoceremos a que aspira estrictamente el Estado a través del agente del ministerio público.". Como puede apreciarse, el Presidente del Tribunal, ya denotaba su idea de un fallo condenatorio, ya que no tenía por qué decirles que las penas de los delitos que se les imputaban eran importantísimas, ya que al tener una sentencia condenatoria modificaría su vida, lo que denota su firme convicción del sentido del fallo condenatorio, porque no había necesidad de soslayarles la gravedad de las penas. Y mucho menos, comunicarles en esa misma audiencia que no permitiría una inadecuado comportamiento, ni que se alterara el orden público en la audiencia, y que para guardar ese orden hizo saber los siguiente: ". para guardar ese orden hemos decidido que en el interior de la sala, en las afueras de la sala inclusive en la circunferencia del juzgado de control donde se está llevando a cabo esta audiencia haya extrema vigilancia de personal de las fuerzas del orden con las que cuenta el estado, inclusive puede ingresar armado para lograr restablecer el orden que se haya perdido en la audiencia." Es cierto que el artículo 53 del Código Nacional de Procedimientos Penales, indica que el Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de hacer respetar la disciplina en las audiencia, ya que sea imponiendo las medidas de apremio que establece la ley, pero en ningún momento lo faculta para dirigirse a las partes y al público que se encontraba en la audiencia, que para resguardar el supuesto de orden, en el exterior de la sala e inclusive en la circunferencia del juzgado de control existía una extrema vigilancia de las fuerzas del Estado, menos que podrían entrar armados para guardar el orden, ya que al imponerse este cuerpo colegiado del audio y video de la audiencia se aprecia que en la sala sólo se encontraban los diez imputados con sus respectivos defensores, Ministerio Público, custodios y dos personas en el público, con ello, se entiende que no había necesidad de exponerles a todos esas acciones de seguridad y principalmente a los imputados. Ya que el principio de presunción de inocencia, presume que toda persona es inocente hasta que se dicte sentencia condenatoria, principio que el Juez no respetó con la forma en que se condujo hacia los imputados y sobre todo con el trato que les dio en la primera audiencia de juicio. Como se ha dicho todo imputado goza de derechos tendientes a resguardar su persona, dignidad, libertad, honra y buen nombre, para garantizar su calidad como sujeto en la investigación y no de objeto de la misma. Es verdad, que le dijo a los acusados que el fallo sería en sentido condenatorio, y aún no se desahogaban las pruebas, pues apenas se iba a dar pauta al alegato de apertura por parte del Ministerio Público, esto implica que ya se había vulnerado el principio de presunción de inocencia, en la vertiente de trato procesal, lo que se entiende que el desahogo y el resultado ya era irrelevante para el presidente del Tribunal, porque incluso les hizo saber en otra parte de la audiencia que al quedar justificada la teoría del caso del Ministerio Público alcanzaría las penas que pidiera el Estado a través del Ministerio Público. Entonces ya no era un Tribunal imparcial porque el propio Presidente no garantizó ni respectó los derechos que les confiere el artículo 20 apartado B fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los apelantes, porque él mismo los violentó. No debemos olvidar, que los principios del sistema acusatorio, exige que todo juez en su calidad de árbitro y garante de los derechos fundamentales de los imputados y víctimas, intervengan sólo cuando la presunción de inocencia sea violada durante el desarrollo el (sic) proceso. En el presente asunto, el propio Tribunal las transgredió, al anunciar el fallo, en el momento que no era el correcto y darles un trato a los imputados por culpables. La Corte Interamericana, estableció en el caso García y Montiel Flores VS. México que: "el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. La presunción de inocencia se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado culpable una decisión judicial relacionada con él refleja la opinión que es culpable. De lo anterior se advierte, que todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar resultados de un juicio, por ejemplo: absteniéndose de hacer comentario público en que se declare la culpabilidad del acusado, sin haber un desarrollo y valorado las pruebas que en el juicio se desahogaron. Con lo anterior, se entiende que los Juzgadores no deben de realizar intencionalmente ningún comentario que pueda esperarse razonablemente que afecte al resultado del tal proceso. Así tampoco debe haber ningún comentario público o de cualquier otra forma, que pueda afectar al juicio justo de una persona o asunto. " (fojas 111 vuelta, 112, 113 y 114). De lo expuesto se sigue que la autoridad responsable dejó sin efecto la resolución relativa al acto reclamado de catorce de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el toca penal 154/2017, dejó insubsistente la sentencia apelada dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Zacatecas, en la causa penal 165/2015, y con plenitud de jurisdicción resolvió lo conducente sobre el recurso de apelación, y justificó con el argumento mínimo las razones que determinaron la decisión, respecto de la existencia de la determinación que prejuzgó sobre el sentido en que se resolvería la causa penal natural, como se asienta en lo transcrito. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruíz Martínez Lasso, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: El siete de febrero de dos mil dieciocho, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo transcurrió del uno al seis de febrero del año en curso. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales. De igual forma, se hace constar que se tramitó incidente de suspensión; y que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. Mediante ejecutoria de tres de enero de dos mil dieciocho (foja 50), este juzgado concedió el amparo solicitado, para el efecto de que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas: Dejara insubsistente la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca apelación 154/2017; Emitiera otra en la que, con plenitud de jurisdicción y de manera fundada y motivada, resolviera lo conducente sobre el recurso de apelación de origen, en su caso, justificara por qué lo manifestado por el presidente del tribunal de enjuiciamiento natural implica que se hizo saber a los apelantes que el fallo o sentencia que se dictarían sería en sentido condenatorio, con independencia del desahogo de las pruebas materia del proceso. De lo anterior se sigue que el efecto principal de la concesión de amparo se integró por el hecho de que se dejara sin efecto la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el toca apelación penal 154/2017 y en su lugar, emitiera otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolviera lo conducente sobre el recurso de apelación, en particular, por qué el presidente del tribunal de enjuiciamiento natural implica que se hizo saber a los apelantes que el fallo o sentencia que se dictaría sería en sentido condenatorio. En cumplimiento de la ejecutoria anterior, mediante oficio 77 recibido el veintinueve de enero de la presente anualidad, el presidente de la Segunda Sala Penal, con sede en esta ciudad (foja 106) remitió copia certificada de la resolución de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, mediante la cual en lo conducente: Dejó sin efecto la resolución emitida el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete dictada dentro del Toca A.P.O. 154/2017; Dejó insubsistente la sentencia apelada de nueve de junio de dos mil diecisiete por el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, en la causa penal 165/2015 y decretó la reposición del procedimiento total, quedando nulo lo actuado a partir de la audiencia de debate de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en la que inició el juicio oral y, en su lugar se ordenó se conforme un nuevo tribunal de juicio oral distinto al que dictó la sentencia condenatoria de nueve de junio de dos mil diecisiete; En particular, en lo referente a que justificara por qué lo manifestado por el presidente del tribunal de enjuiciamiento natural implica que se hizo saber a los apelantes que el fallo o sentencia que se dictarían sería en sentido condenatorio, con independencia del desahogo de las pruebas materia del proceso, manifestó: "En el caso en particular, como ya dijimos los apelantes se quejan de que se les violó el principio de presunción de inocencia, toda vez que el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento les indicó en audiencia que el fallo y la sentencia sería en sentido condenatorio. En el audio y video de la audiencia celebrada el día quince de mayo de dos mil diecisiete, se desprende que en el minuto 23:28 al 25:08 el Presidente del Tribunal expresó de manera textual lo siguiente: ".es importante precisar que en el auto de apertura no se describieron de manera literal todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, pero que sí fueron ofrecidas y admitidas por la defensa pública es decir, del auto de apertura se sobreentiende que todas las pruebas que le fueron admitidas al Ministerio Público fueron 37, son las mismas pruebas y otras pruebas a la defensa pública, y la defensa particular, la fiscalía tiene algo que decir, (Ministerio Público) nada su Señoría (Defensa Pública), nada su Señoría, bien por lo tanto, atendiendo a los órganos de prueba que se encuentran contenidos en el Auto de Apertura, es sobre los cuales el Tribunal regirá su convicción y desahogo y los resultados que ofrezcan casa uno de ellos, son los que servirán de base para emitir en su momento un fallo y una sentencia condenatoria, bueno sin más preámbulo porque así nos lo exige el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se les concede el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que exponga sus alegatos de apertura.". Como se aprecia, la frase utilizada por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, esto es, que en su momento se iba emitir un fallo y una sentencia condenatoria, implica que les afirmó a los acusados desde la primera audiencia de juicio que iban a ser condenados, porque en ningún momento se refirió el fallo condenatorio como una posibilidad que podría ocurrir, ya que al utilizar la conjunción "y" dio por hecho que de esa forma sería el resultado del juicio. Independientemente del desahogo de pruebas o el resultado de ellas ya tenía una idea preconcebida del resultado, porque no es necesario que les informe que penas alcanzarían por los delitos que estaban siendo acusados los apelantes, para entender que eran culpables, simplemente por haberles dicho que iban a tener una sentencia condenatoria, ya no les estaba dando el trato como inocentes, toda vez, que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ningún momento faculta al Tribunal de Enjuiciamiento, mucho menos al Presidente, a que adelante el sentido del fallo, ya que éste debe de pronunciarse hasta una vez concluida la deliberación del asunto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 401 del ordenamiento legal citado. Además no pasa desapercibido para esta Sala que el Juez Presidente en el minuto 9:53 al 10:26 de la audiencia celebrada el quince de mayo de dos mil diecisiete, les hizo saber lo siguiente: "Es importante dirigirme a todos porque esta audiencia como lo señalé con anterioridad es la audiencia más importante y es importante por muchas razones, son tres hechos o tres delitos que están enfrentando o enfrentarán en esta audiencia de juicio y también es importante dejar en claro que por las penas que establecen para cada uno de los delios, penas importantísimas, pues esto implicaría que una sentencia condenatoria modificaría su vida de manera total, por eso es importante este juicio y además porque el estado ha decidido presentar una acusación en su contra y pretende justificar su teoría del caso y alcanzar las penas que ha solicitado al tribunal, las cuales en su momento conoceremos a que aspira estrictamente el Estado a través del agente del ministerio público.". Como puede apreciarse, el Presidente del Tribunal, ya denotaba su idea de un fallo condenatorio, ya que no tenía por qué decirles que las penas de los delitos que se les imputaban eran importantísimas, ya que al tener una sentencia condenatoria modificaría su vida, lo que denota su firme convicción del sentido del fallo condenatorio, porque no había necesidad de soslayarles la gravedad de las penas. Y mucho menos, comunicarles en esa misma audiencia que no permitiría una inadecuado comportamiento, ni que se alterara el orden público en la audiencia, y que para guardar ese orden hizo saber los siguiente: ". para guardar ese orden hemos decidido que en el interior de la sala, en las afueras de la sala inclusive en la circunferencia del juzgado de control donde se está llevando a cabo esta audiencia haya extrema vigilancia de personal de las fuerzas del orden con las que cuenta el estado, inclusive puede ingresar armado para lograr restablecer el orden que se haya perdido en la audiencia." Es cierto que el artículo 53 del Código Nacional de Procedimientos Penales, indica que el Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de hacer respetar la disciplina en las audiencia, ya que sea imponiendo las medidas de apremio que establece la ley, pero en ningún momento lo faculta para dirigirse a las partes y al público que se encontraba en la audiencia, que para resguardar el supuesto de orden, en el exterior de la sala e inclusive en la circunferencia del juzgado de control existía una extrema vigilancia de las fuerzas del Estado, menos que podrían entrar armados para guardar el orden, ya que al imponerse este cuerpo colegiado del audio y video de la audiencia se aprecia que en la sala sólo se encontraban los diez imputados con sus respectivos defensores, Ministerio Público, custodios y dos personas en el público, con ello, se entiende que no había necesidad de exponerles a todos esas acciones de seguridad y principalmente a los imputados. Ya que el principio de presunción de inocencia, presume que toda persona es inocente hasta que se dicte sentencia condenatoria, principio que el Juez no respetó con la forma en que se condujo hacia los imputados y sobre todo con el trato que les dio en la primera audiencia de juicio. Como se ha dicho todo imputado goza de derechos tendientes a resguardar su persona, dignidad, libertad, honra y buen nombre, para garantizar su calidad como sujeto en la investigación y no de objeto de la misma. Es verdad, que le dijo a los acusados que el fallo sería en sentido condenatorio, y aún no se desahogaban las pruebas, pues apenas se iba a dar pauta al alegato de apertura por parte del Ministerio Público, esto implica que ya se había vulnerado el principio de presunción de inocencia, en la vertiente de trato procesal, lo que se entiende que el desahogo y el resultado ya era irrelevante para el presidente del Tribunal, porque incluso les hizo saber en otra parte de la audiencia que al quedar justificada la teoría del caso del Ministerio Público alcanzaría las penas que pidiera el Estado a través del Ministerio Público. Entonces ya no era un Tribunal imparcial porque el propio Presidente no garantizó ni respectó los derechos que les confiere el artículo 20 apartado B fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los apelantes, porque él mismo los violentó. No debemos olvidar, que los principios del sistema acusatorio, exige que todo juez en su calidad de árbitro y garante de los derechos fundamentales de los imputados y víctimas, intervengan sólo cuando la presunción de inocencia sea violada durante el desarrollo el (sic) proceso. En el presente asunto, el propio Tribunal las transgredió, al anunciar el fallo, en el momento que no era el correcto y darles un trato a los imputados por culpables. La Corte Interamericana, estableció en el caso García y Montiel Flores VS. México que: "el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. La presunción de inocencia se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado culpable una decisión judicial relacionada con él refleja la opinión que es culpable. De lo anterior se advierte, que todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar resultados de un juicio, por ejemplo: absteniéndose de hacer comentario público en que se declare la culpabilidad del acusado, sin haber un desarrollo y valorado las pruebas que en el juicio se desahogaron. Con lo anterior, se entiende que los Juzgadores no deben de realizar intencionalmente ningún comentario que pueda esperarse razonablemente que afecte al resultado del tal proceso. Así tampoco debe haber ningún comentario público o de cualquier otra forma, que pueda afectar al juicio justo de una persona o asunto. " (fojas 111 vuelta, 112, 113 y 114). De lo expuesto se sigue que la autoridad responsable dejó sin efecto la resolución relativa al acto reclamado de catorce de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el toca penal 154/2017, dejó insubsistente la sentencia apelada dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Zacatecas, en la causa penal 165/2015, y con plenitud de jurisdicción resolvió lo conducente sobre el recurso de apelación, y justificó con el argumento mínimo las razones que determinaron la decisión, respecto de la existencia de la determinación que prejuzgó sobre el sentido en que se resolvería la causa penal natural, como se asienta en lo transcrito. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruíz Martínez Lasso, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*
- Principal
El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio registrado bajo el número 1620, con anexo.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Segunda Sala Penal, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y para acreditar lo anterior remite copia certificada de la resolución de veintiséis de enero de la presente anualidad dictada dentro del toca penal A.P.O. 154/2017; por tanto, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y a la tercero interesada para que dentro del término de tres días manifiesten lo que en su derecho corresponda; apercibidas que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante José de Jesús Martínez Torres, secretario que autoriza. Doy fe. Jessy*
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