Pioquinto Rafael Leonel
Expediente 334/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Pioquinto Rafael Leonel
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos y la certificación secretarial, se desprende que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que ese auto ha quedado firme. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Por otra parte, se precisa que el presente expediente es susceptible de ser destruido y no es de relevancia documental; asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo firmada electrónicamente por quien se ostenta como apoderado de la parte quejosa, contra actos de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, su Presidente y el Actuario adscrito, presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, recibida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, el veinte de febrero del año en curso. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 334/2017-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En este sentido, es conveniente destacar que la parte quejosa en el capítulo respectivo de la demanda de acto reclamado, señala que éste lo constituye la omisión de aplicar lo dispuesto en el artículo 813 fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, en el acuerdo de nueve de enero de dos mil diecisiete, en relación a la admisión de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, así como la omisión aplicar lo dispuesto en los numerales 19, 685 y 723 del mismo ordenamiento y expedirle copias gratuitas. A su vez, en el apartado siete denominado "leyes aplicadas inexactamente", el promovente aduce que las autoridades señaladas como responsables, no han emitido acuerdo alguno respecto de la promoción presentada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Además, de lo expresado en los antecedentes siete y doce, así al ofrecer la prueba ofertada con el numeral cuatro, se advierte que en el caso el impetrante se duele de la determinación que recayó al escrito de catorce de noviembre, presentado el trece de diciembre, ambas datas de dos mil dieciséis, registrado con el folio 72,852, en el cual solicitó la expedición de copias certificadas de todo lo actuado en el juicio natural, en forma gratuita. En este contexto, del análisis integral del libelo de garantías, particularmente, de lo expresado en los antecedentes siete, once y doce, así como en los conceptos de violación y el apartado denominado "leyes aplicadas inexactamente", se advierte que el impetrante reclama lo siguiente: 1. El auto dictado el nueve de enero de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 1838/2015, del índice de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el cual se admitió la prueba testimonial ofrecida por la demandada Inmuebles Administrativos, Sociedad Anónima de Capital Variable; además, se determinó no expedir al quejoso de forma gratuita copias certificadas de todo lo actuado en ese asunto. 2. La omisión de acordar la promoción presentada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, dirigida al citado juicio natural. Así, respecto del acuerdo reclamado, este Juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última porción normativa aplicada a contrario sensu. Lo anterior obedece a que el citado acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzcan efectos de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Ahora bien, en un juicio los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del juicio del que se derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en alguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede remediar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, el acuerdo reclamado en estudio por su naturaleza no es irreparable, porque constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, al existir la posibilidad legal de que la resolución por medio de la cual se ponga fin al juicio natural sea favorable a la parte quejosa, pues en este caso los efectos intraprocesales que ha generado esa actuación, en cuanto a la admisión de la prueba testimonial ofrecida en el juicio natural por la contraparte de la impetrante, desaparecerían. En efecto, la resolución reclamada, en lo interesante admitió la prueba testimonial ofrecida por la demandada y negó la expedición de las copias certificadas gratuitas solicitadas por el impetrante en el juicio natural; por ende, es indudable que no produce efectos de sustantivo, amén de que esa determinación no priva en forma actual el ejercicio de un derecho, pues únicamente lesiona bienes jurídicos cuya fuente proviene de reglas adjetivas o procesales, esto es, la afectación que produce es de naturaleza meramente formal, la cual no puede ser sujeta al análisis constitucional inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Por tanto, si uno de los actos reclamados en el presente juicio, lo constituye el auto dictado el nueve de enero de dos mil diecisiete, por la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en lo relativo a la admisión de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, así como la negativa de expedir en forma gratuita las copias certificadas solicitadas por el impetrante, es indudable que no constituye un acto dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque esa determinación no priva del derecho de defensa a las partes. Por tanto, al tener efectos procesales la determinación reclamada, en lo relativo a la admisión de la prueba testimonial ofrecida por la contraparte del ahora quejoso en el juicio natural, podrá impugnarse a través del juicio de amparo directo que, en su caso, se haga valer en contra de la resolución culminatoria que en ese asunto se llegue a dictar, en el supuesto de que la violación alegada trascienda a su resultado, conforme a lo dispuesto por el artículo 172, fracción VII, de la Ley de Amparo. En tal guisa, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, pues es requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que la afectación de esos derechos sea material y debe traducirse o reflejarse en una mutación o cambio en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual en la especie no acontece. Ahora, si bien los perjuicios -a decir del impetrante- le irroga la determinación expresada en el acuerdo reclamado, en cuanto a no expedirle, en forma gratuita, las copias certificadas de todo lo actuado en el proceso de origen, no pueden quedar reparados con el dictado de un laudo favorable a sus intereses, del impetrante, pues se trata de una cuestión autónoma que por su naturaleza no es analizable como violación al procedimiento en el amparo directo; el suscrito considera que esa circunstancia es insuficiente para concluir que -por exclusión- es procedente el análisis de control constitucional en la vía indirecta. Sobre todo, porque para ello es necesario satisfacer ciertas exigencias que la Ley de la Materia prevé, pues el amparo biinstancial, contra actos dentro de juicio, está limitado por la fracción V, del artículo 107, del citado ordenamiento, la cual dispone que solamente procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, aquéllos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos establecidos en la Constitución y en los Tratados en la Materia en los cuales el Estado Mexicano es parte, hipótesis que no se actualiza por el hecho de que la expedición de las copias en cuestión no se otorgue en forma gratuita, de ahí que en cuanto a este aspecto también se actualiza la causa de improcedencia invocada en la presente resolución. Conforme a lo anterior, en cuanto al segundo de los actos reclamados, consistente en la omisión de acordar la promoción presentada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, se colige que no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, pues únicamente tiene como consecuencia una infracción a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, concretamente, al no acordar ese ocurso dentro de los plazos y términos que fija la ley; sin embargo, ello no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última porción normativa aplicada en sentido contrario, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. En diverso contexto, por el momento únicamente se tienen por autorizadas a las personas nombradas en el proemio, en términos del segundo párrafo, del artículo 24, de la Ley de la Materia, hasta en tanto el promovente exhiba documento original o certificado con el cual acredite fehacientemente la personalidad con cual se ostenta. En atención a la solicitud del promovente en cuanto a que las notificaciones con motivo de las actuaciones del presente expediente, se le efectúen vía electrónica; se instruye a la oficial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice el registro correspondiente, a fin de que el ocursante pueda consultar el expediente electrónico relativo al presente juicio, así como presentar promociones vía electrónica, quien cuenta con el usuario que se indica. En este sentido, se le hace saber que conforme al precepto 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se tendrán por realizadas una vez que acceda al expediente electrónico respectivo, y se consulte el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la fracción III, del artículo 31 de la Ley de Amparo. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales.
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