Pioquinto Damían Huato

Expediente 1247/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1247/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
31/01/2019

Partes del expediente

  • Pioquinto Damían Huato
  • Pioquinto Damían Huato y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    . Visto el oficio y anexo de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad capital, mediante el cual remite copia certificada del testimonio pronunciado en el recurso de queja civil 173/2018, interpuesto por el quejoso Pioquinto Damián Huato. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "PRIMERO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja. SEGUNDO. Se CONFIRMA el acuerdo recurrido." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica y tomando en consideración la certificación de cuenta se advierte que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad capital, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional admitió el recurso de queja civil interpuesto por el quejoso Pioquinto Damián Huato, en contra del auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, al que le fuera asignado el número de queja civil 173/2018, relativo al juicio de amparo 1247/2018, del índice de este órgano jurisdiccional. Notifíquese Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta presentado por el quejoso Pioquinto Damián Huato, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, téngase por interponiendo recurso de queja en contra del proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio (fojas 22 a 25). En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito original de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno con residencia en esta ciudad capital; y ríndase informe justificado manifestando que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio de amparo 1247/2018, se desechó la demanda de amparo promovida por Pioquinto Damián Huato por propio derecho. Para acreditar lo anterior se remiten copias certificadas de las constancias relativas, solicitando el acuse de recibo correspondiente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de demanda presentado por Pioquinto Damián Huato por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Los Bravo. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1247/2018, y fórmese expediente. Ahora bien, de la lectura del escrito de su demanda, se aprecia la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, sobre de la cual el que suscribe considera procedente desechar la demanda de amparo presentada con base a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone la facultad de los juzgadores para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Ahora bien, analizada la demanda de amparo en su integridad, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud del acto reclamado de la autoridad responsable, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo anterior se advierte, que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que tratándose de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que conforme a la legislación reglamentaria actual, no existe margen de interpretación que permita considerar como susceptibles de reclamarse en amparo indirecto los actos cuya afectación no trascienda el plano meramente procesal pues, al definir lo que debe entenderse por actos en juicio con efectos de imposible reparación, el legislador estableció que era necesario que los mismos "afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la procedencia del amparo indirecto en contra de violaciones cometidas dentro de un juicio es excepcional, en tanto que los actos susceptibles de combatirse son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la propiedad, posesión, mas no contra actos de índole intraprocesal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la citada contradicción de tesis, sostuvo que los actos dentro de juicio, que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales, no pueden ser considerados de imposible reparación, toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales. Sentado lo anterior, el acto que reclama el quejoso en el presente juicio es el siguiente (foja 4): "1) La ilegal determinación judicial por la que la responsable "obvia" la publicación DEL AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, en autos del procedimiento 474/2009-3 del índice del Juzgado Primero de primera instancia del Distrito Judicial de los Bravo, de esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a efecto de manejar con sigilo el incidente de ejecución de sentencia la ejecución forzosa de la sentencia ejecutoriada pronunciada en el resumido expediente, VIOLANDO con ello EL DEBIDO PROCESO, EL PRINCIPIO A LA PUBLICIDAD E IGUALDAD PROCESAL que por derecho les asiste por equivalencia a las partes en todo procedimiento contradictorio. Ocultando a su conveniencia tal circunstancia VIOLANDO LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO porque soy parte en dicho juicio-, violentando con ello mis derechos humanos a una impartición de justicia justa, equitativa y de igualdad, con respecto al debido proceso, violentando en juicio las formalidades esenciales del procedimiento consagradas en nuestra Carta Magna y las demás consecuencias jurídicas inherentes a este acto reclamado." En ese orden de ideas, el suscrito juzgador estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia mencionada, dado que el quejoso reclama el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario civil 474/2009-3 en el cual se precisó que no ha sido posible llevar a cabo la ejecución forzosa de la sentencia dictada en el juicio de origen, ello debido a que han sido obstaculizadas las diligencias por grupos de personas que de manera violenta que se agrupan para evitar la desocupación y entrega del bien a que fue condenada la parte demandada aquí quejosa. Por lo cual ordenó enviar oficio al Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Publica del Gobierno del Estado de Guerrero, para que en auxilio judicial de las labores proporcione suficientes policías para que resguarden la seguridad de la licenciada Lorena Hernández Pérez, Secretaria Actuaria Adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad capital, para que se lleve a cabo la diligencia de desocupación y entrega el bien inmueble materia del juicio a que fue condenado Pioquinto Damián Huato. Además, precisó que como ha existido oposición por parte de un grupo de personas que se encuentran esperando a la secretaria actuaría en el interior del inmueble, lo que adujo permite presumir que se tiene conocimiento previo de la citada diligencia y para seguridad y debido desarrollo de la misma, con fundamento en el artículo 10 del Código Procesal Civil del Estado, estimó obviar la publicación del presente proveído a efecto de manejar con sigilo lo antes ordenado. En ese orden, se insiste que en el caso concreto se se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo dado que el hecho de que la autoridad responsable solicite el auxilio de la fuerza pública para que se lleve a cabo la diligencia de desocupación y entrega el bien no le afecta derechos sustantivos del quejoso. Aunado a lo anterior, no se soslaya la obviedad de publicar el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, que aquí pretende impugnar, dado que al haber tenido conocimiento el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, como lo manifiesta, estuvo en posibilidad de interponer el recurso de reconsideración en el juicio de origen. En las relatadas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Quevedo Reyes y Víctor Manuel Martínez Hernández, en virtud de tener registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente como su autorizado a José Cruz Santamaría Chamú para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no contar con su registro de cédula profesional en el aludido sistema, de igual forma a Elvia Esteban Martínez, por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese; y personalmente al quejoso

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