Pio V Fernando Ramírez Ramírez
Expediente 59/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 38 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 59/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 17/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Pio V Fernando Ramírez Ramírez
- Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
- Mireya Carrasco Águila
- Edgar Hernández Zavala
- Junta Especial número Cuarenta y Seis de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de haberse archivado este asunto.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de uno de junio de dos mil diecisiete, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 3/2013, 18/2011 y 65/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; del oficio STCCNO/234/2015, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y punto de acuerdo C.CAR 30/2015, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, dictó sentencia en el amparo directo 59/2017, en la que concedió a Pio V Fernando Ramírez Ramírez, la protección constitucional para los siguientes efectos: "deje insubsistente el laudo reclamado y ordene la reposición del procedimiento, a efecto de que: 1. En relación con las prestaciones relativas al reconocimiento de invalidez e incapacidad parcial permanente: A) Requiera a los patrones con los que el actor desarrolló su relación laboral, la información relativa a los periodos en que el trabajador actor, aquí quejoso, laboró para cada uno, así como los salarios que percibió. B) Dicte las providencias necesarias y requiera a las empresas en que afirmó haber laborado el actor, como terceros ajenos al juicio, con fundamento en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, para que de ser cierto lo apuntado por él, aporten al juicio los documentos necesarios que acrediten la categoría y actividades que dijo haber desempeñado, utilizando, en su caso, los medios de apremio que establece la ley; 2. Por lo que hace a la prestación consistente en reconocimiento de estado de incapacidad parcial permanente: A) Requiera al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que le envíen toda la documentación e información que tengan disponible, relativa a la forma en que las empresas realizan sus funciones, esto es, todo aquello que pueda servir como elemento de prueba para acreditar el grado de siniestralidad, la clasificación de la empresa, accidentes y enfermedades de trabajo y medio ambiente laboral, para que tome una decisión fundada y motivada respecto de las prestaciones reclamadas; y. B) Hecho que sea lo anterior, con citación a las partes, con fundamento en el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, ordene a los peritos médicos designados por las partes, para que en complemento a los dictámenes médicos que rindan, auxiliados por un especialista en medio ambiente y en la rama que corresponda, que al efecto nombren las partes, de manera conjunta se constituyan en el lugar o lugares donde el accionante prestó sus servicios, con el objeto de constatar las condiciones ambientales en que el actor desarrollaba sus actividades laborales e inserten el resultado de esas visitas armadas al dictamen que al efecto rindan y, sólo en caso de existir discrepancias en la nueva opinión, designe a un especialista tercero en discordia a efecto de que emita su dictamen por sí, o bien, auxiliado de uno o varios especialistas en medio ambiente y en la rama que corresponda, en los términos anotados; una vez hecho lo anterior, continúe con el procedimiento hasta dictar nuevo laudo conforme a derecho" (fojas 66 y 67). Este Órgano Colegiado, por auto de catorce de junio de dos mil diecisiete, tuvo por recibido el oficio T.C. 3º-AUX 2ª R. 1272/2017, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el que remitió el amparo directo 59/2017, con la sentencia dictada en el mismo, así como el expediente 567/2013; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 116). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes (foja 209), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 213). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. De las constancias remitidas por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el laudo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis (foja 138 vuelta); asimismo tácitamente repuso el procedimiento, pues determinó lo siguiente: 1. Requirió a la parte actora para que en el término de tres días proporcionara el domicilio correcto y preciso de las empresas en las que dijo haber laborado, así como, los patrones con los que desarrolló su relación laboral. Giró oficio al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tlaxcala, para que en el término de tres días, remitieran toda la documentación e información que tuvieran disponible, relativa a la forma en que las empresas Bicileyca, Cervezas Modelo del Altiplano y Olivetti, todas Sociedades Anónimas de Capital Variable, realizan sus funciones y todo aquello que pudiera servir como elemento de prueba para acreditar el grado de siniestralidad, la clasificación de la empresa, accidentes y enfermedades de trabajo y medio ambiente laboral. Igualmente requirió a las partes en el juicio de origen para que en el propio término de tres días nombraran perito en materia de medio ambiente. 2. En auto de seis de julio de dos mil diecisiete (foja 145), la Junta responsable, requirió al representante de las empresas Bicileyca, Cervezas Modelo del Altiplano y Plásticos Sebastián, todas Sociedades Anónimas de Capital Variable, para que en el término de ley proporcionaran la documentación e información referente a la categoría, actividades y funciones que desempeñaba el actor. Giró oficio al Titular de la Secretaría de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que designe perito en medio ambiente a favor de la parte actora. 3. En auto de siete de marzo de dos mil ocho (foja 182), la responsable, concedió el término de tres días a la parte actora para que presente su cuestionario para que se lleve a cabo la pericial en medio ambiente. 4. El dieciséis de abril siguiente la Junta responsable, declaró de imposible desahogo y como consecuencia desierta la prueba pericial en medio ambiente ofrecida por la parte actora, en virtud de que ésta no dio cumplimiento al requerimiento que antecede (foja 196). 5. Una vez que las empresas mencionadas con antelación, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en Tlaxcala y el Instituto Mexicano del Seguro Social, proporcionaron la información requerida (fojas 145, 151, 152, 173, 183 y 190); el veinticuatro siguiente la Junta Federal, dictó un nuevo laudo (fojas 202 a 207), en el que realizó lo siguiente: A) El actor no acreditó su acción y el demandado Instituto acreditó sus excepciones y defensas. B) Absolvió al demandado de otorgar y pagarle a Pio V Fernando Ramírez Ramírez una pensión mensual de incapacidad parcial permanente, así como de aquellas prestaciones en dinero y en especie concomitantes a la misma. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
TODA VEZ QUE DE LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL DE CUENTA SE DESPRENDE QUE HA TRASCURRIDO EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS CONCEDIDO A LAS PARTES, PARA QUE MANIFESTARAN LO QUE A SU INTERES CONVINIERA EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE A LA EJECUTORIA DE AMPARO DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, PROCEDASE A DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, MEDIANTE EL CUAL EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO REMÍTE COPIA CERTIFICADA DEL LAUDO, DESE VISTA A LAS PARTES PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE DÍEZ DÍAS MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA.
Quedan 34 actuaciones en este expediente
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