Pío Sánchez Montiel

Expediente 562/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
562/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/08/2019

Partes del expediente

  • Pío Sánchez Montiel

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL OFICIO DEL SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTDO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN TAL VIRTUD, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL Y ACUERDO CITADO.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto; el oficio 619/2019, de la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 5206/2019, mediante el cual remite original y cuatro copias de la demanda de amparo promovida por Pio Sánchez Montiel, por propio derecho, constancias de emplazamiento a la parte tercera interesada constantes de seis fojas, el oficio 1554/2019, suscrito por la Jueza Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, el diverso oficio 620/2019, signado por la autoridad hoy oficiante, mediante los cuales las autoridades responsables rinden sus informes justificados, el oficio 2614 por duplicado, del Juez Sexagésimo Cuarto de lo Civil con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite el exhorto 521/2019, el toca civil 305/2018 y el expediente 107/2017; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio el suscrito estima carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo Pio Sánchez Montiel, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- COMO AUTORIDAD ORDENADORA La Primera Sala Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo,(.)." "IV.- ACTO RECLAMADO: La resolución dictada con fecha 11 de Abril del año 2019 dentro del Toca Civil Numero 105/2019, derivada del Juicio Ordinario Civil Numero 107/2017 (.)" Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que María Avalos Godínez, demandó en la vía ordinaria civil al hoy quejoso Pio Sánchez Montiel, radicándose dicho asunto en el Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, con el número de expediente 107/2017. Seguido el juicio por sus respectivos trámites, el juez de origen, el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, emitió una sentencia donde se absolvió al demandado, hoy quejoso, Pio Sánchez Montiel. Inconforme con dicha resolución, María Avalos Godínez, interpuso recurso de apelación, del cual por razón de turno tocó conocer a la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, la cual el once de abril del año actual, en los autos del toca civil 305/2018 de su índice, resolvió dejar insubsistente la sentencia definitiva dictada el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez citado, en el juicio ordinario civil, promovido por María Avalos Godínez, contra Pio Sánchez Montiel, y ordenó la reposición del procedimiento a efecto de emplazar a Josefina Montiel Arenas, toda vez que existió litisconsorcio pasivo necesario y no se integró debidamente la relación jurídico procesal de las partes derivada del mismo, procediendo a reparar de oficio lo conducente, y por tanto, requiriendo a la parte actora en el juicio de origen María Avalos Godínez, para que amplíe su demanda en contra de Josefina Montiel Arenas, a quien se reitera, resulta ser litisconsorte pasivo necesario, a fin de que comparezca al juicio a dilucidar lo que a sus intereses convenga. Luego, en contra de la resolución antes indicada, el hoy impetrante de garantías Pio Sánchez Montiel, promueve demanda de amparo en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "(.) El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas (.)". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil 305/2018 de su índice, misma que dejo insubsistente la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en el expediente 107/2017 y ordenó reponer el procedimiento a efecto de emplazar a Josefina Montiel Arenas, toda vez que existió litisconsorcio pasivo necesario y no se integró debidamente la relación jurídico procesal de las partes derivada del mismo, procediendo a reparar de oficio lo conducente, y por tanto, requiriendo a la parte actora en el juicio de origen María Avalos Godínez, para que amplíe su demanda en contra de Josefina Montiel Arenas, a quien se reitera, resulta ser litisconsorte pasivo necesario, a fin de que comparezca al juicio a dilucidar lo que a sus intereses convenga; en consecuencia, dicha resolución no es de las que ponen fin al juicio o que tengan el carácter de ser definitivas, máxime que el procedimiento en cuestión no se integró debidamente la relación jurídico procesal de las partes ordenándose dejar insubsistente la sentencia de origen y reponer el procedimiento. De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de amparo, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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