Pio Molina Arrioja

Expediente 32/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
32/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/02/2021

Partes del expediente

  • Pio Molina Arrioja
  • Todas las Partes

Actuaciones

  1. Principal

    .. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido... Notifíquese y háganse las anotaciones correspondientes...

  2. Principal

    . Visto lo de cuenta, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 32/2021-V, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO De la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Pio Molina Arrioja, Arturo Molina Cruz, Abraham González Martínez e Isabel Lara Cristino se desprende que reclama lo siguiente: "La negativa de solicitar el procedimiento abreviado de los suscritos, dentro de la carpeta de investigación número SUB-UIPJ/DXVIII/F1/296/2020 mismo que fue emitido mediante acuerdo de fecha 8 de enero del año 2021 y notificado vía electrónica en fecha 13 de diciembre del año 2021 (sic)." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de protección de derechos fundamentales y sus anexos, se advierte que carece de firma electrónica de los promoventes; por tanto, se estima jurídicamente que en ese escrito no existe voluntad expresa de ejercitar la acción constitucional y, por ello, no se colma el requisito de iniciativa o instancia de parte agraviada, exigido para entablar el juicio de amparo. En ese sentido, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Entonces, se analizan las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales... De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado o representante legal. De igual forma, las promociones podrán ser presentadas de forma electrónica, utilizando la firma electrónica, ésta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese tenor, es requisito indispensable de procedencia que en la demanda presentada vía electrónica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo; asimismo, se deberá agregar la firma electrónica vigente de quien o quienes promueven, ya que éste es un requisito establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por el cual se obligan las personas... Así, el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de parte afectada por el acto reclamado, es decir, cuando el quejoso no se encuentra identificado, dado que no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, toda vez que es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante el desconocimiento del agraviado y la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho o, en su caso, una vez que se haya substanciado el procedimiento se emita una sentencia definitiva en la que se resuelva una situación jurídica determinada respecto de quien no expresó su voluntad, por tanto, no es posible ni lógica ni jurídicamente que una resolución de tal naturaleza surta efectos respecto de un ente desconocido. Lo anterior se pone de manifiesto cuando la solicitante del amparo no agrega su firma electrónica vigente (evidencia criptográfica) en la demanda presentada vía electrónica, pues si éstos, en el caso, son la expresión de voluntad de la gobernada para demandar el amparo y protección de la justicia federal, consecuentemente, ante la falta de esa expresión de voluntad no es procedente el juicio de amparo, dado que resultaría inconducente o improcedente el análisis de violaciones de garantías en abstracto, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. En el caso, se tiene que en el escrito de demanda presentado vía electrónica no se presentó mediante la firma electrónica vigente correspondiente de la parte quejosa Pio Molina Arrioja, Arturo Molina Cruz, Abraham González Martínez e Isabel Lara Cristino, pues la misma fue firmada en forma electrónica por persona diversa, esto es, por Jesús Corzo Reyes; por tanto, no se satisface el principio de instancia de parte agraviada... Sin que en el caso, nos encontremos en el caso de excepción previsto por el citado criterio jurisprudencial, pues se insiste, la parte quejosa reclama la negativa de solicitar el procedimiento abreviado a su favor, dentro de la carpeta de investigación que se les instruye, no así alguno de los actos previstos en el numeral 15 de la ley de la materia.... Notifíquese vía electrónica a los promoventes...

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