Ping Lai Figueroa Wong
Expediente 1132/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1132/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ping Lai Figueroa Wong
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no se encuentra integrada la prueba pericial en materia de contabilidad. En estas circunstancias, lo que procede es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 182/2021-VIII, promovido por José Mauricio Núñez Martínez, por propio derecho, contra actos de Compañía Mexicana de Exploraciones, sociedad anónima de capital variable (COMESA); y, ... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73 a 79, 124 y 217, de la Ley de Amparo, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E. ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a por José Mauricio Núñez Martínez, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe.
- Principal
En Ciudad de México, a las DOCE HORAS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 1085/2020- IV, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, licenciado FRANCISCO JAVIER REBOLLEDO PEÑA, asistido por el Secretario, Francisco De Paz Becerril que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de garantías, que dio origen al presente asunto, promovida por Super Marcas, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su administrador único, Luis Francisco Molleda Cámara, auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda, por su notoria y manifiesta improcedencia, en relación con los actos reclamados al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el refrendo y publicación de las disposiciones reclamadas; admitiéndose por el resto de los actos reclamados y autoridades responsables; informes justificados, las pruebas, constancias de notificación a las partes, y proveídos que acordaron lo conducente. Asimismo, el Secretario da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos, y CERTIFICA: que venció el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto emitido el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó parciamente la demanda de garantías, en razón de que el mencionado auto se notificó electrónicamente a la peticionaria de garantías, el dos de diciembre de dos mil veinte, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 31 fracción III, de la Ley de Amparo, dicha notificación surtió efectos ese mismo y el aludido plazo transcurrió del tres al nueve de diciembre de dos mil veinte, previo descuento de los días cinco y seis de diciembre de dos mil veinte, por haber sido días inhábiles de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado el auto que desechó parcialmente la demanda de amparo. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias, para los efectos legales procedentes. En período probatorio: El Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por las partes. El Juez cuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo ,así como tampoco el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito presentó el pedimento que a su representación social compete. El Juez acuerda: Se declara desierto este periodo. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponde. VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1085/2020-IV, promovido por Super Marcas, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su administrador único, Luis Francisco Molleda Cámara, contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de otras autoridades; y, RESULTANDO. PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, recibido en este juzgado el diecinueve siguiente, Super Marcas, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su administrador único, Luis Francisco Molleda Cámara, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Banco Santander México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. Director de la Sucursal 7657, del Banco Santander México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. ACTOS RECLAMADOS. 1. Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a) El acuerdo de bloqueo 145/2020 y la introducción de la quejosa en la lista de personas bloqueadas a que se hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, emitido indirectamente sobre sus cuentas 1) CUENTA SANTANDER PYME 65-50574551-3 en el BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO... b) El oficio 110/F/B/7819/2020, mediante el cual ordenó el bloqueo, congelamiento, aseguramiento y/o cualquier otra medida de restricción sobre las cuentas de la quejosa, y la suspensión de realizar cualquier acto, operación o servicio con las instituciones financieras del país. 2. Del BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Y DIRECTOR DE LA SUCURSAL 7657 DEL BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, reclamo: a) La ejecución del acuerdo de bloqueo 145/2020 emitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y todas sus consecuencias legales que restringen el acceso a las cuentas de la quejosa. b) Los oficios mediante los cuales ordenaron el bloqueo, aseguramiento o cualquier otra medida restrictiva sin importar su denominación o naturaleza, de las cuentas de la quejosa 1) CUENTA SANTANDER PYME 65-50574551-3, en dicha institución financiera, en el numerario en su interior y los frutos que estas generen; así como su ejecución material. Asimismo, mediante escrito aclaratorio la quejosa señaló: "Al respecto manifiesto que, si es mi deseo en representación de la quejosa, señalar como reclamado el artículo 115 de la Ley de instituciones de Crédito, [.] AUTORIDADES RESPONSABLES EN CALIDAD DE ORDENADORAS Y EJECUTORAS: 1.-EN CALIDAD DE ORDENADORA Y/O EJECUTORA SEÑALO AL C. TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO [.]. 2. EN CALIDAD DE ORDENADORA Y/O EJECUTORA SEÑALO AL C. DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS LEGALES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, [.]. 3. EN CALDAD DE ORDENADORA Y/O EJECUTORASEÑALO AL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 4.- y 5.- EN CALIDAD DE ORDENADORA Y/O EJECUTORA SEÑALO AL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS INTEGRADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA CÁMARA DE SENADORES. 6.- EN CALIDAD DE ORDENADORA Y/O EJECUTORA SEÑALO AL C. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 7.-EN CALIDAD DE ORDENADORA Y/O EJECUTORA SEÑALO AL C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. 8.- EN CALIDAD DE ORDENADORA Y/O EJECUTORA SEÑALO AL C. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: 1.- Del TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS LEGALES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, reclamo: a) El primer acto de aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, particularmente sus párrafos novenos, décimo, undécimo y duodécimo, adicionados el diez de enero de dos mil catorce. 2.- Del C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, reclamo: a) La iniciativa, sanción y promulgación de la ley que dio lugar el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, particularmente sus párrafos novenos, décimo, undécimo y duodécimo, adicionados el diez de enero de dos mil catorce. 3.- Del CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS INTEGRADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y CÁMARA DE SENADORES, reclamo: a) La discusión, aprobación de la iniciativa de ley que dio lugar al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, particularmente sus párrafos novenos, décimo, undécimo y duodécimo, adicionados el diez de enero de dos mil catorce. 4.-Del C. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, reclamo: a) El refrendo del decreto de ley que dio lugar al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, particularmente sus párrafos novenos, decimo, undécimo y duodécimo, adicionados el diez de enero de dos mil catorce. 5.-Del C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, reclamo: a) La publicación del decreto de ley que dio lugar al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, particularmente sus párrafos novenos, decimo, undécimo y duodécimo, adicionados el diez de enero de dos mil catorce. 6.-C. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, reclamo: a) La publicación del decreto de ley que dio lugar al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, particularmente sus párrafos novenos, decimo, undécimo y duodécimo, adicionados el diez de enero de dos mil catorce. SEGUNDO. La quejosa aduce que se violan en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 17, 20, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Previa aclaración de la demanda, la cual se radicó con el número 1085/2020-IV, en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se desechó por su notoria y manifiesta improcedencia en relación con los actos reclamados al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el refrendo y publicación de las disposiciones reclamadas; admitiéndose por el resto de los actos reclamados y autoridades responsables; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, inciso b), de la Constitución Federal; 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama una Ley Federal, como motivo del que se dice su primer acto de aplicación, ejecutado en la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, definió la obligación consistente en que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de establecer con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En la jurisprudencia mencionada es de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (No. Registro: 900,169, Novena Época Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo I, Página: 207) La jurisprudencia establece que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Por lo anterior, del análisis integral de la demanda, se colige que los actos reclamados son: -La discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Instituciones de Crédito, particularmente el artículo 115, párrafos noveno, décimo, undécimo y duodécimo. -El acuerdo 145/2020, por el que se designan personas para ser incluidas en la lista de personas bloqueadas. -El oficio 110/F/B/7819/2020 de fecha siete de octubre de dos mil veinte y su ejecución. TERCERO. No son ciertos los actos de ejecución reclamados al BANCO SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO y al DIRECTOR DE LA SUCURSAL 7657 DEL BANCO SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, pues al rendir su informe justificado así lo señaló la apoderada legal de la dicha institución bancaria, señalando que en ningún momento se ha recibido instrucción u oficio alguno emitido por alguna autoridad competente y por consiguiente de que hubiera existido embargo, bloqueo o aseguramiento; y, que lo que ocurrió es que esa institución canceló la cuenta bancaria 65505745513, a nombre de Súper Marcas, sociedad anónima de capital variable, derivado de una determinación interna, a fin de mitigar riesgos y en razón a lo acordado en el Contrato Individual de Prestación Servicios Bancarios Financieros Múltiples capítulo uno "Disposiciones Comunes a los anteriores capítulos Sección Décima X, Disposiciones Comunes a los Anteriores Clausulados, 1.9. Cancelación"; pues el Banco estará facultado para cancelar la cuenta, previa comunicación al cliente, por cualquiera de las siguientes causales: b) Cuando como resultado de una revisión posterior a la apertura de la Cuenta y/o depósitos de los que se trate, se determine que los documentos relativos a la identificación del CLIENTE no cumplen con las especificaciones que señalan las autoridades competentes, el Banco procederá a la cancelación de la cuenta. Asimismo, adjuntó el comprobante de aviso de cancelación con folio doscientos tres mil trescientos tres, de quince de septiembre de dos mil veinte, de Adolfo Prieto seiscientos doce, del Valle Norte, Benito Juárez, Ciudad de México. Además, señaló que, a la fecha de cancelación, siete de octubre de dos mil veinte, la cuenta presentó un saldo de $1'872,595.18. (un millón ochocientos setenta y dos mil quinientos noventa y cinco pesos 18/100 moneda nacional); fondos que mediante escrito recibido en este juzgado el trece de agosto de dos mil veintiuno, al que adjuntó copia certificada del cheque de caja 0000503, acreditó haber entregado a la quejosa por conducto de Sonia Romualdo Garcia. Además, cabe significar que en auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, notificado electrónicamente el dieciséis siguiente, se dio vista a la quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que haya hecho manifestación alguna. No deja de advertirse que por la naturaleza de las autoridades aquí indicadas podrían en cualquier momento recibir instrucciones de ejecutar los actos reclamados; sin embargo, no podría concretarse tal ejecución al no existir cuenta alguna activa de la quejosa en esa institución crediticia. En esas condiciones, procede tener como no ciertos los actos de ejecución que se reclaman a las autoridades arriba indicadas y sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 310, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. (Sexta Época. Registro: 917818. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común. Tesis: 284. Página: 236.) CUARTO. Son ciertos los actos reclamados en el ámbito de su respectiva competencia a las autoridades responsables Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Instituciones de Crédito, particularmente el artículo 115, párrafos noveno, décimo, undécimo y duodécimo, toda vez que su existencia no está sujeta a prueba por constituir un hecho notorio, al tratarse de una norma de observancia general, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta, Tomo XII, Agosto de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que es de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." También son ciertos los actos reclamados al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la emisión del Acuerdo 145/2020; así como el oficio 110/F/B/7819/2020, en tanto que al rendir su informe justificado señaló que emitió el acuerdo aludido, por medio del cual se incorporó a la lista de personas bloqueadas a diversas personas, entre ellas, al representante legal de la quejosa, solicitando a las entidades financieras la suspensión de forma inmediata de la realización de actos, operaciones y servicios con lo clientes o usuarios incluidos en la lista, imposibilitando que pudieran abrir nuevas cuentas, cancelar las vigentes, así como impedir la disposición de los recursos que contengan, incluyendo los casos en que las personas designadas apareciera como representantes legales y apoderados; instrucción que reconoció se materializó con el oficio reclamado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del Acuerdo 145/2020 y del oficio 110/F/B/7819/2020, que obran en autos, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Precisado lo anterior, de oficio se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.] En términos del numeral transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando a pesar de la subsistencia jurídica del acto reclamado, éste no surte efecto legal o material por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. De este modo, para que se actualice la causa de improcedencia de que se trata, es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1) Que el acto reclamado subsista. 2) Que no pueda surtir efecto legal o material alguno. 3) Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del mismo. En razón de lo anterior, mediante proveído de seis de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente expediente, se tuvo por recibido escrito de la apoderada legal del BANCO SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, señalando que esa institución canceló la cuenta bancaria 65505745513, a nombre de Súper Marcas, sociedad anónima de capital variable, derivado de una determinación interna, a fin de mitigar riesgos y en razón a lo acordado en el Contrato Individual de Prestación Servicios Bancarios Financieros Múltiples capítulo uno "Disposiciones Comunes a los anteriores capítulos Sección Décima X, Disposiciones Comunes a los Anteriores Clausulados, 1.9. Cancelación"; pues el Banco estará facultado para cancelar la cuenta, previa comunicación al cliente, por cualquiera de las siguientes causales: b) Cuando como resultado de una revisión posterior a la apertura de la Cuenta y/o depósitos de los que se trate, se determine que los documentos relativos a la identificación del CLIENTE no cumplen con las especificaciones que señalan las autoridades competentes, el Banco procederá a la cancelación de la cuenta. Asimismo, adjuntó el comprobante de aviso de cancelación con folio doscientos tres mil trescientos tres, de quince de septiembre de dos mil veinte, de Adolfo Prieto seiscientos doce, del Valle Norte, Benito Juárez, Ciudad de México. También, señaló que a la fecha de cancelación, siete de octubre de dos mil veinte, la cuenta presentó un saldo de $1'872,595.18. (un millón ochocientos setenta y dos mil quinientos noventa y cinco pesos 18/100 moneda nacional); fondos que mediante escrito recibido en este juzgado el trece de agosto de dos mil veintiuno, al que adjuntó copia certificada del cheque de caja 0000503, acreditó se entregaron a la quejosa por conducto de Sonia Romualdo García. Con lo anterior, se dio vista a la peticionaria del amparo, en auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, notificado electrónicamente el dieciséis siguiente, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Asimismo, en acuerdo previo de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a la quejosa para que en el plazo de tres días computados legalmente informara a este juzgado sí ya acudió a la referida sucursal a recoger el cheque de caja que la apoderada del banco responsable informó estaba a su disposición con motivo de la referida cancelación, apercibida que de ser omisa se entenderá que ya acudió a la sucursal referida y recibió el cheque que contiene la cantidad que reportó su cuenta el día de su cancelación; acuerdo que se le notificó electrónicamente el cinco de agosto de dos mil veintiuno, sin que realizara manifestación al respecto; por lo tanto, se entiende ha recibido el cheque librado a su favor con los fondos de la cuenta cancelada. En ese contexto, es conveniente verificar si se actualizan los supuestos delimitados para tener por acreditada la causa de improcedencia referida. En primer lugar, en relación con que el acto reclamado subsista, se advierte que la orden dirigida a las entidades financieras de que suspendieran de forma inmediata la realización de actos, operaciones y servicios con los clientes o usuarios incluidos a la lista de personas boqueadas, contenida en el Acuerdo 145/2020 y ejecutada por oficio 110/F/B/7819/2020, subsiste, pues no obra en autos constancia alguna de la que se advierta que se hubiera dejado sin efectos, por lo que se satisface el supuesto enunciado como inciso 1) en párrafos anteriores. Respecto del inciso 2), a saber, que no pueda surtir efecto legal o material alguno, se advierte que, de concederse el amparo, sus efectos no podrían llevarse a cabo, esto es, ordenar que se deje sin efectos la orden de congelamiento de las cuentas bancarias que por esta vía defiende la quejosa, y se le permita disponer de ellas, en tanto que al haber sido canceladas tales cuentas, las autoridades responsables se encontrarían imposibilitadas para dar cumplimiento, por lo que se concluye, también se satisface el supuesto enunciado bajo el inciso 2). Finalmente, en relación con el inciso 3), consistente en la imposibilidad de que surta efecto legal o material se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del mismo, en ese sentido, se insiste, el hecho de que las cuentas bancarias referidas hayan sido canceladas, implica que éstas han dejado de existir, razón por la que también se satisface el supuesto enunciado en párrafos precedentes con el inciso 3). Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. (Registro: 173858, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189) En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la misma ley, respecto del acuerdo 145/2020 y oficio 110/F/B/7819/2020. En mérito de la conclusión alcanzada, se hace extensivo el sobreseimiento anterior, respecto de los actos consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Instituciones de Crédito, particularmente el artículo 115, párrafos noveno, décimo, undécimo y duodécimo, reclamados, pues no puede desvincularse el estudio de la Ley, del que concierne a su aplicación, pues el acuerdo y oficio reclamado se reclamaron como actos de aplicación de la citada Ley. Es aplicable, por los principios que la rige, la jurisprudencia que expresa: "LEYES O REGLAMENTOS. AMPARO PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación."(Registro: 237263, Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 205-216, Tercera Parte, página 175) Así como la tesis número P.XVII/99, que dispone: "LEYES AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." (Registro: 191311, Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235) Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73 a 78, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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