Pilar Patricia Ruz Palomeque

Expediente 1430/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1430/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Pilar Patricia Ruz Palomeque

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en sus dos primeros puntos resolutivos SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 1430/2022-I-B, promovido por PILAR *************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en el Buzón Judicial el seis de junio de dos mil veintidós; recibido, el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el siete siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció PILAR PATRICIA RUIZ PALOMEQUE a solicitar la protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el actuario de su adscripción, ambas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Mediante proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. Prevención para ampliación de demanda. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós (foja 42), se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como nuevas autoridades responsables a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de los Estado de Coahuila y Nuevo León, con sede en Torreón y Monterrey, respectivamente; lo anterior, ya que del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advirtió su participación. CUARTO. Demanda por no ampliada. Mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós (foja 46), se tuvo por no ampliada la demanda de amparo; ya que la parte quejosa no desahogó la prevención a que se hizo referencia en el antecedente tercero, no obstante estar debidamente notificada y haber transcurrido el término que se le señaló para tal efecto. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente en: De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta capital. La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, en el juicio reclamatorio laboral 337/2020. Del actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. La omisión de emplazar a las demandadas: Ribarb Group, Sociedad Anónima de Capital Variable, Préstamos Felices en 15 Minutos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, Metro Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Entidad No Regulada y/o Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, al juicio de origen. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje (número promoción 15310), pues aun y cuando manifestó al rendir su informe, que sí era cierto, de las documentales que exhibe con apoyo a éste, la cual tiene eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desvirtúa esa manifestación. En efecto, por lo que se refiere al acto reclamado, relativo a la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, en el juicio reclamatorio laboral 337/2020, de las constancias que remitió la Junta responsable por conducto de su Presidente, se advierte que mediante audiencia de catorce de marzo de dos mil veintidós, la junta responsable acordó como nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por tanto, a la fecha en que la parte quejosa presentó la demanda, es decir, el seis de junio de dos mil veintidós, no existía el acto de omisión que ahora reclama, ya que la junta responsable mediante audiencia de catorce de marzo de dos mil veintidós, señaló como nueva fecha y hora las once horas de siete de septiembre del presente año, para que tuviera lugar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 337/2020. De ahí que resulta clara su inexistencia. Por otra parte, tampoco es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad (número de promoción 15285), únicamente respecto a la omisión de emplazar a las demandadas: Préstamos Felices en 15 Minutos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, Metro Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Entidad No Regulada y/o Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, al juicio de origen, aun cuando haya aceptado su certeza al momento de rendir su informe con justificación. Ello porque de las constancia remitidas del juicio laboral se advierte que en fecha dieciséis de junio de dos mil veintidós, la junta responsable giró exhortos a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en los Estados de Torreón, Coahuila y Nuevo León, para notificar personalmente a los demandados Préstamos Felices en 15 Minutos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada y Metro Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Entidad No Regulada y/o Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, al juicio de origen. Por ende, no es posible atribuirle al actuario responsable, la omisión de emplazar a tales demandados, pues, en todo caso, dicha omisión sería imputable a los actuarios adscritos a dichas Juntas, empero el quejoso no las señaló como responsables, pues a pesar de haberle requerido para ello, omitió hacer manifestación al respecto; de ahí que resulta inexistente dicho acto respecto a la omisión de emplazamiento al juicio laboral, por lo que hace a dichos demandados. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, únicamente respecto de la omisión de emplazar a la parte demandada Ribarb Group, Sociedad Anónima de Capital Variable, al juicio laboral 337/2020 que se le reclama, pues así se desprende de su informe justificado, así como de las constancias del juicio laboral de origen. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada Ribarb Group, Sociedad Anónima de Capital Variable, al juicio laboral 337/2020; por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que remitió el Presidente de la Junta responsable adjuntas a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio conforme a los ordinales 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se advierte que en fecha treinta de junio de dos mil veintidós, se realizó la diligencia de emplazamiento de la demandada Ribarb Group, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el expediente de origen; aunque se advierta la imposibilidad de emplazar a la antes mencionada, derivado de que no tiene su domicilio en el proporcionado para tal efecto; lo cierto es, que la autoridad responsable llevó a cabo dicha diligencia, aunque la misma tuvo un resultado infructuoso. Por tanto, indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte amparista la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Por lo que, dichas diligencias acontecieron durante la sustanciación del presente juicio de amparo, ya que la parte quejosa presentó la demanda constitucional el seis de junio de dos mil veintidós, y el treinta de junio siguiente, se realizó la diligencia de emplazamiento a la parte demandada Ribarb Group, Sociedad Anónima de Capital Variable, al juicio de origen; lo que actualiza a plenitud la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos de los actos reclamados. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por PILAR PATRICIA RUIZ PALOMEQUE, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y su actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por PILAR PATRICIA RUIZ PALOMEQUE, contra el acto que reclama del actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. TERCERO. En relación con la publicación de datos personales, estese a lo señalado en el considerando sexto de este fallo. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja que refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós; mediante el cual, se tuvo por no ampliada la demanda que dio origen a este asunto. En tal virtud, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para todos los efectos legales que correspondan. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentre transcurriendo el término para interponer el recurso de queja, que establecen los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de fecha treinta de agosto del año en curso, donde se tuvo por no ampliada la demanda de amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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