Pilar Díaz Pérez
Expediente 564/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pilar Díaz Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 564/2020; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. PILAR DÍAZ PÉREZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, consistente en la violación al derecho de impartición de justicia, al no ceñirse a los términos establecidos en la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado, el cual estimó violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, este juzgado de Distrito admitió la demanda de mérito, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, emplazó a la parte tercera interesada, y la audiencia constitucional la celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La dilación en que ha incurrido la responsable en el juicio 17/2020, para emplazar a las demandadas, y emitir el auto correspondiente respecto a su contestación. TERCERO. El magistrado titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias anexas al mismo, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, pues de las constancias que obran en autos, permiten conocer que la quejosa mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veinte ante la responsable, demandó al Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, Secretario de Administración y Fiscal General del Estado, recayendo a dicho ocurso el auto de catorce de agosto de dos mil veinte, en el cual se admitió la misma y se ordenó emplazar a las autoridades demandadas, quienes quedaron notificadas de dicho proveído el dos de octubre de dos mil veinte. Ahora, conforme al informe justificado se advierte la responsable hace del conocimiento que la radicación de la demanda se dio el catorce de agosto de dos mil veinte, con motivo de la suspensión de labores generada por la contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19, lo que se toma como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden, si bien la presentación de la demanda de la quejosa fue el veinticuatro de enero de dos mil veinte, también lo es, que el trámite del juicio natural se encuentra substanciando conforme a las condiciones que se viven a nivel mundial con motivo de la contingencia sanitaria por el virus COVID-19, destacando que las autoridades demandadas ya fueron emplazadas, por lo que se está en espera de la contestación correspondiente. Luego, al haber ocurrido tales circunstancias con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de septiembre de dos mil veinte), ello conduce a establecer cesaron los efectos del acto reclamado, y conduce a sobreseer en el juicio con fundamento en el precepto 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Sin que obste la circunstancia alegada por la quejosa en el sentido de que existe una demora en el desarrollo del juicio natural, pues la junta no se apega a lo establecido en la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, así como emitir la sentencia correspondiente; pues debe tomarse en cuenta que el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional (en el caso la dilación para emplazar a las demandadas, y emitir el auto correspondiente respecto a su contestación), es improcedente, dado que se trata de actos futuros, inciertos e indeterminados. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible a página 835, Libro 13, Diciembre 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo 564/2020, promovido por PILAR DÍAZ PÉREZ. SEGUNDO. Se faculta al actuario correspondiente firmar los oficios que deriven de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte en proveído de dieciséis de octubre del año en curso, se agregó el informe justificado de la autoridad responsable Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, por lo que a la fecha no ha transcurrido el término de ocho días con la vista a las partes a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto, se difiere y se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director General de la Oficina de Pensiones; visto su contenido, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y nombrando como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas a que alude. Asimismo, se le tiene manifestando que niega el acto reclamado por la quejosa y que no es parte en el expediente 17/2020 radicado ante la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, lo que se ordena tomar en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.
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