Pilar Berenice Pedraza Saavedra
Expediente 593/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Otros.
- Pilar Berenice Pedraza Saavedra
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. SE DA CUENTA CON ESCRITO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de esta ciudad, mediante el cual solicita acuse de recibo del diverso 3966/2020, de veintidós de octubre pasado; atento a ello, acúsese recibo del mismo e infórmese que el oficio en cita fue recibido vía interconexión el nueve de noviembre pasado, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil veinte. TRIBUNAL DE ALZADA REMITE INFORMACIÓN. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que en proveído de veintidós de octubre del año en curso, ese Tribunal de Alzada desechó por extemporáneo el recurso hecho valer por la aquí quejosa, en auto de diecinueve de los actuales. Lo anterior, este órgano jurisdiccional toma de conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veinte. INTERPONE QUEJA Visto el escrito signado por la quejosa Pilar Berenice Pedraza Saavedra, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintiocho de septiembre del año en curso; a través del cual se desechó la demanda de garantías que originó el presente cuadernillo; atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, que es cierto el acto reclamado, toda vez que en el proveído recurrido se desechó por su notoria improcedencia la demanda de garantías promovida por la quejosa Pilar Berenice Pedraza Saavedra, contra actos del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con sede en esta ciudad y otras autoridades. Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito original y copia del mismo de los agravios, remítase copia certificada del presente cuadernillo de amparo en que se actúa, lo anterior a efecto de que esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente juicio, el auto recurrido consiste en el que se tiene por desechada la demanda de garantías promovida por la quejosa de mérito, por lo que no existen partes en el juicio. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos Generales 18/2020 y 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Lo anterior, en el entendido de que el presente acuerdo, así como el oficio dirigido al Tribunal Colegiado correspondiente, será firmado electrónicamente en atención a lo dispuesto por los Acuerdos Generales antes aludidos. Notifíquese y Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
MEDIANT LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO:Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veinte. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Pilar Berenice Pedraza Saavedra, por propio derecho, contra actos del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el Estado de Michoacán, y otras autoridades, se provee lo siguiente: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente, señala como acto reclamado: "IV.-ACTO RECLAMADO.- ÚNICO. El acto que les reclamo a las autoridades responsables, es el NO admitirme ingresar como alumna de nuevo ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas "Dr. IGNACIO CHAVEZ", y poder continuar así ejerciendo mi derecho humano a la Educación". ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA. Establecido lo anterior, el suscrito procede a realizar el análisis de la demanda de amparo generadora del expediente en que se actúa. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción, II, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De los numerales transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley o el acto que se reclama, no es emitido por una autoridad o ente público, y que se considera como tal para efectos del juicio de amparo, a aquella que dicta, promulga, pública, ordena ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Ahora bien, es pertinente destacar que la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que es autoridad para efectos del amparo, todo aquél ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página ciento dieciocho, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Como se establece de la transcrita tesis, se ha estimado que una autoridad para efectos del juicio de amparo, es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Por tanto, dicha Sala consideró que las características de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. El concepto de autoridad para efectos del amparo excluye a los actos de particulares; por tanto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente contra actos de particulares; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación que enuncia la teoría general del derecho. Ahora bien, de acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; esto es, en igualdad ante la ley, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios y es dentro de este tipo de relaciones donde se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral; siendo su nota distintiva el hecho de que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, por estar ambas en el mismo nivel. En cambio, los vínculos de supra a subordinación son los habidos entre gobernantes y gobernados, porque los primeros actúan en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; tales nexos se rigen por el derecho público, donde se establecen los procedimientos para resolver los conflictos que se presenten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, tenemos al juicio de amparo. Además, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De igual manera, las relaciones de supraordinación son las que se generan entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano superior; esto es, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, verbigracia, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Como corolario de lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas y habrá de examinarse si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente del Estado de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente del Estado de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales -positivos, negativos u omisivos- a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan el ámbito legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas y en virtud de lo anterior, en la actualidad, cualquier acto que satisfaga estos requisitos podrá ser considerado como acto de autoridad, con independencia de que quien lo emita tenga ese carácter formalmente hablando o no. Esto es lo que posibilita que los actos de los particulares puedan ser considerados como de autoridad y, precisamente, por ese tipo de actos serán equivalentes a los de autoridad al ser la fuente de su ejercicio una ley o una norma general (reglamentos, normas oficiales, miscelánea fiscal, etcétera). Ahora, en el caso, este Juzgador observa que el acto reclamado no puede ser considerado como de autoridad; y, en consecuencia, El Rector, la Directora de Control Escolar, Director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez y Coordinador de la Comisión Especial para analizar los mecanismos de ingresos de la Universidad Dr. Arturo Valencia Ortiz, todos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no actuaron como autoridad, porque no han emitido un acto unilateral, que cree, modifique o extinga una situación jurídica, de forma obligatoria y con fundamento en una norma general. Lo anterior, en razón de que el proceso de selección de aspirantes para ingresar a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas "Dr. IGNACIO CHAVEZ, no modifica la situación jurídica de la quejosa como aspirante, porque como bien lo refiere la propia quejosa el primero de septiembre del año en curso, en la página de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se publicaron los resultados de los exámenes (CENEVAL) de dicha licenciatura por medio de "LISTAS", a través de las cuales refiere que no fue admitida para ingresar a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, por lo que dicha situación no la incorpora con la condición de alumna, hecho por el que obtendría otro tipo de derechos. Es así que la educación en México se encuentra segmentada en dos bloques, la obligatoria que con base en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende el preescolar, primaria, secundaria y media superior (preparatoria o bachillerato), lo que se advierte de la interpretación nominal del artículo en comento, que señala: "Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias". En tanto que la educación básica y la media superior son obligatorias, el Estado se encuentra constreñido a impartirla de manera gratuita, y establecer materialmente hablando, los espacios necesarios para impartirla de forma tal que a ninguna persona se le pueda negar el acceso a este servicio público. Respecto de los niveles educativos, el artículo 29, fracción III, de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, señala: "CAPÍTULO VII TIPOS, NIVELES Y MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN Artículo 29. El Sistema comprende los tipos, niveles y modalidades siguientes: [.] III. El tipo superior comprende los niveles de técnico superior con todos sus servicios, licenciatura con los servicios de normal, universitaria y tecnológica, y el posgrado con sus servicios de especialidad, maestría y doctorado. Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades". La educación superior, por su parte, no forma parte de la obligatoria, de ahí que en principio constituye una prerrogativa para las personas que decidan incluir en su proyecto de vida, continuar los estudios en ese nivel, y para que puedan alcanzar tales propósitos el estado tiene la obligación de organizar el sistema escolar en ese nivel de manera que se otorguen facilidades a las personas para que puedan continuar con este tipo de estudios, pues ello acarrea beneficios sociales compartidos en cuanto constituye una herramienta que dignifica a la persona y democratiza al Estado, personas mejor educadas generan mejores sociedades. Sin embargo, la decisión de continuar con los estudios en el nivel superior, además de ser de carácter personalísimo, se encuentra sujeto a varios requisitos principalmente a que se cumplan los perfiles que los educandos deben tener para cursar una carrera en el nivel superior de educación, de ahí la existencia de los procedimientos de selección aspirantes para cada carrera que es ofertada en las escuelas y universidades públicas en donde el Estado imparte educación superior. En ese orden, la presentación y aprobación en su caso de un examen de selección sólo incorpora al aspirante una expectativa de derecho, que no es correlativa a una obligación por parte del Estado de brindarle la educación superior a la que aspira, lo anterior, porque la capacidad de impartir educación en este nivel, por no formar parte de la educación obligatoria, está sujeta a la disponibilidad de la oferta educativa la que generalmente se controla a través de los exámenes de selección los que una vez aprobados sólo incorporan a los candidatos la respectiva para ser considerados como probables alumnos de la institución educativa, sin que tal carácter lo adquieran hasta que se concluya con el proceso de inscripción. Así, la determinación de la no admisión como alumna de nuevo ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas "Dr. IGNACIO CHAVEZ", por parte de los directivos encargados de llevar a cabo el examen de selección CENEVAL, no constituye un acto de autoridad porque no crea, modifica o extingue alguna situación jurídica, ni impide que se genere alguna como consecuencia del proceso de selección para la admisión a dicha carrera, pues sólo podrá considerarse como alumno el o la aspirante que cumpliendo con los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la Universidad, siendo hasta entonces cuando se incorporan a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que en ella se exponen, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, NO TIENE TAL CARÁCTER LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CUANDO REALIZA EXAMEN DE ADMISIÓN. Si bien es cierto que resulta ser un acto unilateral, la realización del examen de admisión de la Universidad Autónoma de Baja California, para el ingreso a esa casa de estudios, ello nace en virtud de la potestad de que está investido dicho organismo al impartir la enseñanza superior, y como tal, cuenta con plena autonomía para la admisión de estudiantes, toda vez que el Reglamento General de Inscripciones contiene las bases correspondientes y además, no crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los solicitantes, pues éstos sólo son aspirantes a ingresar a dicha universidad y por ello no gozan de derecho alguno protegido por la Constitución, la cual sólo establece en su artículo 3o., como obligatoria la impartición de educación primaria y secundaria". Asimismo, resultan aplicables también, por las razones que en ellas se exponen, la tesis de texto y rubro siguientes: Época: Décima Época Registro: 2013297 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.III.A. J/23 A (10a.) Página: 1515 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. SU RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A UN MENOR DE EDAD POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2005, DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 180/2005, de rubro: "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo, en lo medular, que la Universidad mencionada, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, goza de independencia para determinar los términos y las condiciones en que desarrollará sus servicios y los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y que, en términos del artículo 20 de su Ley Orgánica, se considera alumno al aspirante que cumpla con los requisitos de ingreso establecidos por la normativa aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la Universidad, siendo hasta ese momento en que se incorporan a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica. Pues bien, ese criterio jurisprudencial resulta aplicable aun tratándose de menores de edad que pretenden ingresar en el sistema de educación media superior y no aprobaron el examen de ingreso correspondiente, pese a la incorporación del nuevo paradigma constitucional en materia de derechos humanos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, ya que esas cuestiones no cambian el hecho de que los aspirantes no han incorporado a su esfera jurídica los derechos y las obligaciones relacionados con dicha casa de estudios, sino que únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos que establece la Universidad de Guadalajara en uso de su propia autonomía, como lo son los contenidos de los numerales 14, 15 y 16 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la casa de estudios referida; y en concreto a los que el último de ellos señala en el sentido de que esa selección de aspirantes atiende a la capacidad en planta física, recursos humanos y presupuesto en la Universidad, lo cual incluso es acorde con el deber constitucional del Estado de garantizar una educación de calidad. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. Contradicción de tesis 10/2014. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, auxiliado en el dictado de la sentencia por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, en apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 29 de agosto de 2016. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Rogelio Camarena Cortés, Filemón Haro Solís, José Manuel Mojica Hernández, Roberto Charcas León y Jorge Humberto Benítez Pimienta. Ponente: Filemón Haro Solís. Secretario: J. Ricardo Jiménez Leal. Criterios contendientes: El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 243/2013, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el entonces Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), al resolver el amparo en revisión 579/2013 (expediente de origen 168/2013). Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 180/2005 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 1261. Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Novena Época Registro: 176075 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 180/2005 Página: 1261 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La mencionada Universidad es, de acuerdo al artículo 1o. de su Ley Orgánica, "... un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior..."; por tanto, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Federal, goza de independencia para determinar por sí sola, los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que preste, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que la habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que le permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos. Ahora bien, en términos del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se considerará alumno al aspirante que cumpliendo con los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la Universidad, siendo hasta entonces cuando se incorporan a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica. En consecuencia, la denegación de la Universidad de Guadalajara para admitir a una persona como alumno, por no haber aprobado el examen correspondiente, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues los aspirantes, en términos del artículo 10 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la Universidad de Guadalajara, únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en el propio Reglamento; de ahí que no exista entre la citada Institución educativa y el aspirante, relación de supra a subordinación, ya que éste no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios. Contradicción de tesis 37/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 18 de noviembre de 2005. Mayoría de tres votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Juan Díaz Romero. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera. Tesis de jurisprudencia 180/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de diciembre de dos mil cinco. Época: Décima Época Registro: 2017394 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 56, Julio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2018 (10a.) Página: 647 UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Contradicción de tesis 408/2017. Entre las sustentadas por el Pleno del Decimoquinto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 16 de mayo de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. Tesis y criterio contendientes: Tesis PC.XV. J/14 A (10a.), de título y subtítulo: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER UNA UNIVERSIDAD PRIVADA CUANDO IMPIDE QUE SUS ALUMNOS REALICEN SUS EVALUACIONES MENSUALES Y SE REINSCRIBAN AL SIGUIENTE SEMESTRE ESCOLAR ANTE LA FALTA DE PAGO DE COLEGIATURAS.", aprobada por el Pleno del Decimoquinto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo II, noviembre de 2015, página 1574, Tesis XXVII.3o.33 A (10a.) y XXVII.3o.32 A (10a.), de títulos y subtítulos: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. LA NEGATIVA DE APLICAR A SUS ALUMNOS EXÁMENES PARCIALES Y FINALES, CUANDO EL DERECHO A PRESENTARLOS SE ENCUENTRE ESTABLECIDO EN SU NORMATIVA INTERNA, ES UN ACTO DE PARTICULAR EQUIVALENTE A LOS DE AUTORIDAD, IMPUGNABLE EN EL AMPARO INDIRECTO." y "UNIVERSIDADES PRIVADAS. LA OBLIGACIÓN IMPUESTA A SUS ALUMNOS DE USAR UNA PULSERA, BRAZALETE U OTRO DISTINTIVO ANÁLOGO, PARA DIFERENCIAR A QUIENES HAN PAGADO LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTAN, ES UN ACTO DE PARTICULAR EQUIVALENTE A LOS DE AUTORIDAD, IMPUGNABLE EN EL AMPARO INDIRECTO.", aprobadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Tomo IV, octubre de 2017, páginas 2669 y 2670, respectivamente, y El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el amparo en revisión 407/2016 (cuaderno auxiliar 764/2016). Tesis de jurisprudencia 65/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de junio de dos mil dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 06 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de julio de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. No pasa inadvertido para este Juzgador, que por reforma a la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, promulgada por decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el seis de agosto de dos mil diez, en esta entidad federativa se amplió el parámetro de regularidad constitucional en materia educativa al señalarse en el artículo 138 lo siguiente: "Artículo 138. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado y sus Municipios están obligados a impartir educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Toda educación que el Estado imparta será gratuita". Sin embargo, tal obligatoriedad no se traduce en que todos los aspirantes deban ingresar a la institución de educación superior elegida, sino que, el Estado deberá garantizar la existencia de oferta educativa en el nivel superior para todos los habitantes del estado. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Pilar Berenice Pedraza Saavedra; por propio derecho, contra actos del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad y otras autoridades. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a los quejosos autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que refiere en su escrito de cuenta, con la plenitud de facultades que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el registro electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de las cédulas profesionales que acreditan que JESÚS GUZMÁN DURÁN y ROBERTO BOISO CABALLERO, se encuentran autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.*lsm.
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