Pilar Aurora Ríos Muñoz
Expediente 154/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 26 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 10/06/2019
Partes del expediente
- Pilar Aurora Ríos Muñoz
- Congreso del Estado de Baja California, con domicilio en Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el día de la fecha se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, ordenando el archivo de aquél expediente; en consecuencia, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos Décimo Primero, Vigésimo, fracción II y último párrafo, y Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que en virtud de que en el presente expediente por auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión provisional, por resolución de diez de abril de dos mil dieciocho, por una parte se negó y por la otra se concedió la suspensión definitiva y por resolución interlocutoria de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se negó la suspensión definitiva solicitada a la parte quejosa, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración, motivo por el cual, el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL TRECE DE JUNIO ACTUAL, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL QUE DICE: "..Ensenada, Baja California, diez de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieren realizado manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por una parte se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo impetrado y por otro lado, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Pilar Aurora Ríos Muñoz, para efecto de que las autoridades responsables Director General y Titular del Departamento de Nóminas, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, realizaran lo siguiente: "[.] 1. Las autoridades responsables Director General y Titular del Departamento de Nóminas, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, se abstengan de realizar descuentos subsecuentes al monto de la pensión de la quejosa por concepto de "reserva técnica (76)", previsto en el artículo 16, último párrafo, de la Ley del Instituto abrogada. 2. Realicen la devolución del descuento por concepto de "reserva técnica (76)", efectuado el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, así como los subsecuentes. [.]" Determinación que fue recurrida por la autorizada de la parte quejosa Pilar Aurora Ríos Muñoz y por las autoridades responsables Director General y Jefe del Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California; sin embargo, mediante ejecutoria dictada el cuatro de abril de dos mil diecinueve, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, en el amparo en revisión 325/2018-I, de su índice, resolvió en los términos siguientes: "[.] PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Pilar Autora Ríos Muñoz, respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero, quinto y sexto, de la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Pilar Autora Ríos Muñoz, contra la aplicación de los descuentos previstos en los artículo 16, último párrafo y 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, en términos de los señalado en la parte considerativa de la presente ejecutoria. [.]" En lo que respecto al tercer punto resolutivo de la referida ejecutoria, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Pilar Aurora Ríos Muñoz, para efecto de que la autoridad responsable Director General y Jefe del Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, realizara lo siguiente: "[.] 1) Dejen de aplicar en perjuicio de la quejosa el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16, así como el diverso precepto 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, conforme a las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 555/2018, al que se ha hecho alusión en el presente análisis; y, II) Devuelvan las cantidades que se hubieran descontado de la quejosa, respecto a su petición con motivo de la aplicación del último párrafo del artículo 16 y del numeral 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, en el entendido de que sólo deben devolver los descuentos efectuados a partir del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. [.]" La ejecutoria en mención se recibió mediante auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, por lo que en ese mismo acuerdo, se requirió a las autoridades responsables Director General y Jefe del Departamento de Nóminas del Instituto de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, el cumplimiento al fallo protector. En proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo al delegado de la autoridad responsable, remitiendo copia certificada del oficio SGPES/826/2019 de nueve de mayo de dos mil diecinueve, signado por el Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual informó que no se le aplicará a Pilar Aurora Ríos Muñoz, el contenido del último párrafo del artículo 16 y 25 de la ley que rige al referido instituto, publicado en el Diario Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta; además, en dicho comunicado consta el desglose de las cantidades descontadas a la quejosa, por los conceptos de reserva técnica y servicio médico, a partir del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Luego, por oficio registrado con folio 4693, signado por la delegada de la autoridad responsable, remitió copia certificada de los cheques 0085085, por la cantidad de $**, y 0016570, por la cantidad de ***, ambos expedidos a favor de Pilar Aurora Ríos Muñoz, con firma de recibo de la quejosa, respectivamente, de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por concepto de devolución de los descuentos efectuados con motivo de la aplicación de los citados preceptos normativos. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a las partes con las constancias de referencia, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hubieran realizado manifestación alguna, por lo que de conformidad con el numeral antes citado, este órgano jurisdiccional procede a examinar el cumplimiento dado al fallo protector. En las relatadas condiciones, este juzgador federal determina que las autoridades responsables Director General y Jefe del Departamento de Nóminas del Instituto de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, han dado cumplimiento al fallo protector, ya que demostraron que no se le aplicara a la quejosa Pilar Aurora Ríos Muñoz, el contenido del último párrafo del artículo 16 y 25 de la ley que rige al referido Instituto, publicada en el Periódico Oficial del estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta; y que le fueron devueltas las cantidades de los descuentos efectuados a partir del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General 1/2009. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto decimotercero del Acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "DEPURABLE" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado. Por otra parte, devuélvanse a la autoridad responsable Director General del Instituto de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, las copias certificadas que remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales obran en dos tomos por cuerda separada. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL VEINTIOCHO DE MAYO ACTUAL, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL QUE DICE: "..Ensenada, Baja California veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la delegada de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, respecto del fallo protector dictado en el presente asunto y remite copia certificada de las constancias respectivas a fin de acreditarlo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, corriéndoles traslado con copia certificada de las constancias relativas y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable."Asimismo, se le informa que queda a su disposición en la secretaría de este juzgado, copia del oficio signado por la Delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y anexos consistentes en copias dos cheques números 00885085 y 0016570, que las autoridades responsables señalan fueron recibidos por la parte quejosa
- Principal
Visto, agréguese a los autos el telegrama de cuenta, remitido por el Delegado de las autoridades responsables Javier Meza López, en su carácter de Director General y Sara Ruiz Vigil, en su carácter de Jefe del Departamento de Nominas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que el seis de mayo de dos mil diecinueve, recibieron los oficios 7764/2019 y 7806/2019; sin que sea el caso tomar mayor providencia al respecto, en virtud de que, a fojas 431 y 432 de autos, obran los acuses respectivos, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. En otro tenor, agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio signado por la delegada de la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por el cual informa que se notificó a la quejosa el oficio **19, mediante el cual hace de su conocimiento que se le realizará el pago de servicio médico y reserva técnica, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. De igual forma, informa que el ocho de mayo del presente año, que recibió el oficio **, mediante el cual la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales, informa el historial de pago de la quejosa, de manera desglosada y pormenorizada, en la cual aparecen los montos descontados por los conceptos de Reserva Técnica y Seguro de Enfermedades no profesionales y de maternidad, a partir del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, y para acreditarlo anexó el documento en original. Por otra parte, requiérase a Javier Meza López, en su carácter de Director General y Sara Ruiz Vigil, en su carácter de Jefe del Departamento de Nominas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que una vez que la quejosa comparezca a recibir el cheque de referencia, lo informe de inmediato a este Juzgado y remita las constancias con las que acredite lo anterior; lo anterior, con el objeto de estar en aptitud de determinar lo conducente al momento de realizar la determinación relativa al cumplimiento del fallo protector. En el entendido de que deberán remitir a este juzgado copia certificada de las constancias con las que acrediten lo anterior por duplicado, a fin de correrle traslado con ello a la parte quejosa. Apercibidos que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedores a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo..Por otra parte, se hace del conocimiento a las autoridades responsables, que el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo
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