Pilar Amalia Ramos Almerco

Expediente 1654/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1654/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • Pilar Amalia Ramos Almerco
  • Pilar Amalia Ramos Almerco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, seis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho. Así como que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente por haberse concedido la suspensión de plano, es conservable, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General.

  2. Principal

    El diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Jueza con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste.Mexicali, Baja California, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente las constancias remitidas por la autoridad responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el trece de octubre de dos mil veintidós, se emitió "Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas", a nombre de los quejosos Pilar Amalia Ramos Almerco, Alcides Lázaro Dávila Rodríguez, Juan Oscar Pinedo Pinche, Brandon Saúl López Ramos y Brian Jair López Ramos; por tanto, ha sobrevenido la causal prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, al haberse actualizado un cambio de situación jurídica que implica que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento de origen, como a continuación se verá. El precepto invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese sentido, conforme a la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página doscientos diecinueve, tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 199808, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama, en esencia, su detención y alojamiento en la estación migratoria de esta ciudad y, como consecuencia de ello, su incomunicación y posible deportación, expulsión, proscripción y traslado a diversa estación migratoria. Luego, si bien es cierto en autos está acreditado que los quejosos fueron detenidos por autoridades migratorias y alojados temporalmente en la estación migratoria de esta ciudad; también es cierto que de las documentales remitidas por la autoridad responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, consistentes en copias certificadas del "Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas", a nombre de los quejosos Pilar Amalia Ramos Almerco, Alcides Lázaro Dávila Rodríguez, Juan Oscar Pinedo Pinche, Brandon Saúl López Ramos y Brian Jair López Ramos, previamente valoradas, se desprende que el trece de octubre de dos mil veintidós se otorgó a la parte quejosa un documento que le permitió salir de la estación migratoria y continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer en esas instalaciones. Asimismo, del pronunciamiento respectivo no se advierte que se haya ordenado el retorno asistido o la deportación de la parte quejosa a su lugar de origen. Por tanto, es claro que, con motivo de la determinación de trece de octubre de dos mil veintidós, ha quedado irreparablemente consumada la violación aducida por la parte quejosa generada con motivo de la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias, de manera que no se podría resolver sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la situación jurídica generada por aquella determinación. En efecto, en el caso se reúnen los presupuestos necesarios para estimar actualizado el cambio de situación jurídica, debido a que los actos reclamados emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, a saber, los expedientes correspondientes a los procedimientos administrativos migratorios: 1. EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXL/6519/PRESENTADOS/11-10-2022, 2. EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXL/6522/PRESENTADOS/11-10-2022, 3. EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXL/6524/PRESENTADOS/11-10-2022, 4. EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXL/6521/PRESENTADOS/11-10-2022, 5. EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXL/6520/PRESENTADOS/11-10-2022. Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el trece de octubre de dos mil veintidós, se permitió a los quejosos continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer alojados en la estación migratoria, de modo que se modificó la situación en que se ubicaban los quejosos respecto de la forma en que llevará el procedimiento administrativo migratorio. Entonces, tomando en consideración que las violaciones que se aducen en este juicio de amparo derivan de la detención y el alojamiento en la estación migratoria, es claro que no podría decidirse sobre dichas cuestiones sin afectar la nueva situación jurídica, precisamente, porque la determinación de trece de octubre de dos mil veintidós sustituyó la decisión preliminar en la que -entre otras cuestiones- se ordenó la presentación de la parte quejosa y su alojamiento en la estación migratoria durante el trámite administrativo correspondiente y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones aquí reclamadas. Finalmente, se estima que entre la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias y la determinación de trece de octubre de dos mil veintidós, existe autonomía. Ello es así, ya que no concurre entre ellos una relación causa-efecto, pues la última determinación se emitió al actualizarse la hipótesis del artículo 102 de la Ley de Migración, en la que se valoraron las circunstancias particulares de la parte quejosa para establecer si era posible o no proseguir su procedimiento administrativo migratorio sin necesidad de permanecer alojada en las instalaciones de la autoridad responsable, de modo que esta última decisión puede subsistir, con independencia de que el acto materia de este juicio de amparo resulte o no inconstitucional. En tales condiciones, al estar demostrado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, respecto de los actos reclamados por los quejosos Pilar Amalia Ramos Almerco, Alcides Lázaro Dávila Rodríguez, Juan Oscar Pinedo Pinche, Brandon Saúl López Ramos y Brian Jair López Ramos. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, de la certificación de cuenta, así como de las constancias que integran el expediente electrónico 1578/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, se advierte que por lo que hace a los actos reclamados por el diverso quejoso Geordy Jean Pierre Salazar Reyna, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda relativa, como se explica enseguida. El precepto invocado dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Del numeral transcrito se obtiene que el juicio de amparo será improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de otro juicio de amparo y para que se actualice tal hipótesis, es preciso que ambos juicios, hayan sido promovidos por el mismo quejoso y por los mismos actos reclamados, aun cuando se aleguen diversas violaciones constitucionales. Precisado lo anterior, se advierte que el juicio de amparo 1578/2022 fue promovido por Juan Carlos Briones Acosta y Martín Hernández Núñez a favor del aquí quejoso Geordy Jean Pierre Salazar Reyna, en el que se reclamó la detención, deportación, expulsión o repatriación asistida, así como la garantía fijada para obtener su libertad, negativa de otorgarle oficio de salida y traslado a diversa estación migratoria, derivado del procedimiento administrativo migratorio EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXL/6328/PRESENTADOS/03-10-2022, tramitado ante el Instituto Nacional de Migración de esta ciudad y que el diecisiete de octubre de dos mil veintidós se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado los actos reclamados, determinación que quedó firme el diez de noviembre de dos mil veintidós. Luego, en este juicio los actos impugnados por Geordy Jean Pierre Salazar Reyna consisten en la detención, deportación, expulsión o repatriación asistida, así como la garantía fijada para obtener su libertad, negativa de otorgarle oficio de salida y traslado a diversa estación migratoria, derivados del procedimiento administrativo migratorio EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXL/6328/PRESENTADOS/03-10-2022. Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que este juicio y el diverso 1578/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, fueron promovidos por el mismo quejoso, contra los mismos actos reclamados, a las mismas autoridades responsables y que en el procedimiento constitucional primigenio el diecisiete de octubre de dos mil veintidós se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y esa determinación quedó firme el diez de noviembre de dos mil veintidós, lo que pone de manifiesto que los actos aquí impugnados fueron materia de aquél juicio de amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI de la Ley de Amparo. En ese contexto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Briones Acosta y Martín Hernández Núñez a favor del aquí quejoso Geordy Jean Pierre Salazar Reyna.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta firmado del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue habilitado el acceso y consulta del expediente electrónico ******************** de su índice.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que de la revisión efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se obtuvo que el aquí quejoso ******************** promovió el diverso juicio de amparo 1578/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; por tanto, a fin de obtener información sobre el paradero del antes mencionado y lograr su localización, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese de la manera más atenta al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que, de no tener inconveniente legal alguno, autorice la vinculación del expediente electrónico de referencia a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de consultar las constancias que lo integran.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · 8,097 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano