Piedad Vasquez Rodriguez

Expediente 392/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
392/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Piedad Vasquez Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, acusa recibo del diverso 8771/2021 de este índice e informa que aceptó la competencia declinada y admitió a trámite la demanda de amparo que dio origen a este asunto. De lo que se toma nota, para los efectos legales consiguientes, sin mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de veinticuatro del mes actual, se ordenó el archivo definitivo de este asunto como concluido, con base en la información reflejada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte lo siguiente: Que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, registró en su estadística el juicio de amparo 274/2021, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por PIEDAD VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, contra actos de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de su titular el Secretario de Bienestar, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. Que por acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y admitió a trámite la aludida demanda. Por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción I, inciso a) del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y atendiendo a que en el presente juicio este órgano jurisdiccional declinó competencia legal a favor de diverso juzgado, el expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por PIEDAD VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, contra actos de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de su titular el Secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 392/2021. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Incompetencia legal. Cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. Es aplicable al tema, la tesis2 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Así, los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis de los preceptos transcritos, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa constituye más bien un matiz de la hipótesis precedente, ya que sobre el referido criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso que antecede, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el competente será el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese contexto, en la especie, se advierte que la promovente PIEDAD VÁSQUEZ RODRÍGUEZ reclama en esta instancia: "1. La violación a mis DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES al bienestar general, la salud, alimentación, vivienda, vestido, medicinas, a los cuales podía acceder mediante la pensión de adultos del PROGRAMA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES que me ha sido negada desde el mes de octubre del año 2019 a la fecha, sin justa causa o debido proceso. 2. La violación reiterada a mi derecho constitucional a recibir una pensión para adultos mayores contenido en el artículo 4º Constitucional, que se traducen en la omisión de entrega de los apoyos económicos del PROGRAMA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES que dejé de percibir y que me fueron suspendidos sin justa causa o debido proceso. 3. Violación a mi derecho de petición y a recibir una respuesta oportuna y adecuada por parte de las instituciones públicas." Además de los antecedentes que expresa se advierte lo siguiente: ".TERCERO.- Fui inscrita por mis familiares al programa federal de apoyo a adultos mayores, y he recibiendo los apoyos que el Gobierno Federal otorga en forma de pensión por conducto de la Secretaría de BIENESTAR Federal, apoyo económico que recibo en forma bimestral y que me ayuda a sobrevivir dado que por mi edad y enfermedades (diabetes) no puedo trabajar y no tengo un ingreso fijo y permanente como sueldo o salario con el cual me pueda sustentar, la pensión de adultos mayores es mi principal forma de subsistencia". (.) DECIMO SEGUNDO: No obstante el oficio DPOSR/0030/2021 menciona que me notificarían sobre la procedencia de mi solicitud, a la fecha no se me ha informado nada, por esa razón el día 2 DE ABRIL DE 2021 acudí nuevamente con un familiar al Centro Integrador de Juchitán de Zaragoza para preguntar ¿Que había pasado?, a lo cual una servidora de la nación de me dijo que "no me entregaría mi apoyo porque tenía que haber ido antes de iniciar el mes de abril porque las campañas electorales no pueden entregar apoyos, y que supuestamente habían hablado por teléfono para avisarme sin poder localizarme, por tal motivo no me podían entregar nada ya que se había reintegrado el dinero." Lo resaltado no es de origen. Ahora bien, cabe mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete, estableció que, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, pues para que ésta se configure en el ámbito jurídico, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y alguien haya incumplido con esa obligación. Luego, el Máximo Tribunal del País acotó que en nuestro sistema jurídico es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los gobernados a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Dentro de esta última clasificación, se identificaron tres tipos de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: administrativas, judiciales y legislativas. Lo anterior, generó la tesis 1ª. XVII/2018 (1ª.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de marzo de 2018, en la página 1092, Libro 52, Tomo I, marzo de 2018, Décima Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simpe inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión. Es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones" En el caso concreto, es evidente que los actos reclamados, tendrán ejecución en Juchitán, Oaxaca, ya que es en aquél lugar, donde se le ha pagado la pensión y apoyo a la quejosa, cuya falta u omisión de pago reclama, ya que dichas omisiones tienen efectos positivos; esto es, que en su caso, tendrían ejecución en el lugar donde se encuentra la quejosa tan esa así, que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la autoridad responsable la fue a buscar a su domicilio para hacerle del conocimiento que debía cobrar su apoyo; es decir, en Juchitán, Oaxaca. Sin que sea óbice que la parte quejosa reclame actos de carácter omisivo, los cuales naturalmente no tienen ejecución material; sin embargo, atendiendo a la naturaleza propia de las omisiones reclamadas, y tal como se expuso en el párrafo que antecede, los referidos actos tienen implícitos efectos positivos, tanto jurídicos como materiales; esto es, que en su caso, la autoridad responsable lleve a cabo la solicitud de reactivación de sus apoyos, dicho pago se hará en el lugar donde habita la quejosa; pues es ahí donde la autoridad llevaría a cabo tales acciones; de ahí que, tales omisiones tenga efectos positivos. De lo expuesto, se advierte que se surte la hipótesis señalada en el inciso a), que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución material por parte de una autoridad diversa. Ello, toda vez que las omisiones reclamadas tendrán ejecución en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pues es el lugar en el que radica la aquí promovente, de lo que se colige que la competencia para conocer del presente juicio, por razón de territorio, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Salina Cruz, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XIII, relativo al Decimotercer Circuito que en lo que interesa, establece: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." En esa tesitura, en virtud de que en la especie el acto omisivo tiene efectos positivos que se ejecutarán en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, es incuestionable que la competencia para conocer de la presente demanda por razón de territorio corresponde a los Juzgados de Distrito en Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; por lo tanto, este juzgado declara carecer de competencia legal para el conocimiento del presente asunto. Similar criterio sostuvo el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial C.C.A 27/2019, de su índice. Con fundamento en el citado artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda de amparo y anexos, con la boleta de turno, más cinco copias de la misma, al Juez de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, quien resulta competente, solicitándole el acuse de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones el que indica. Por otra parte, en atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Aarón Sánchez Hernández y Gerardo Martínez Ortega, mientras que, únicamente para recibir notificaciones y acuerdos a las diversas personas que refiere, por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 y 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene señalando los números telefónicos y las cuentas de correo electrónico que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2021 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro aspecto, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección . Se hace del conocimiento de la parte promovente, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de la parte promovente, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firmen los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO)

  4. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por PIEDAD VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, contra actos de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de su titular el Secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 392/2021. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Incompetencia legal. Cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. Es aplicable al tema, la tesis2 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Así, los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis de los preceptos transcritos, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa constituye más bien un matiz de la hipótesis precedente, ya que sobre el referido criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso que antecede, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el competente será el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese contexto, en la especie, se advierte que la promovente PIEDAD VÁSQUEZ RODRÍGUEZ reclama en esta instancia: "1. La violación a mis DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES al bienestar general, la salud, alimentación, vivienda, vestido, medicinas, a los cuales podía acceder mediante la pensión de adultos del PROGRAMA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES que me ha sido negada desde el mes de octubre del año 2019 a la fecha, sin justa causa o debido proceso. 2. La violación reiterada a mi derecho constitucional a recibir una pensión para adultos mayores contenido en el artículo 4º Constitucional, que se traducen en la omisión de entrega de los apoyos económicos del PROGRAMA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES que dejé de percibir y que me fueron suspendidos sin justa causa o debido proceso. 3. Violación a mi derecho de petición y a recibir una respuesta oportuna y adecuada por parte de las instituciones públicas." Además de los antecedentes que expresa se advierte lo siguiente: ".TERCERO.- Fui inscrita por mis familiares al programa federal de apoyo a adultos mayores, y he recibiendo los apoyos que el Gobierno Federal otorga en forma de pensión por conducto de la Secretaría de BIENESTAR Federal, apoyo económico que recibo en forma bimestral y que me ayuda a sobrevivir dado que por mi edad y enfermedades (diabetes) no puedo trabajar y no tengo un ingreso fijo y permanente como sueldo o salario con el cual me pueda sustentar, la pensión de adultos mayores es mi principal forma de subsistencia". (.) DECIMO SEGUNDO: No obstante el oficio DPOSR/0030/2021 menciona que me notificarían sobre la procedencia de mi solicitud, a la fecha no se me ha informado nada, por esa razón el día 2 DE ABRIL DE 2021 acudí nuevamente con un familiar al Centro Integrador de Juchitán de Zaragoza para preguntar ¿Que había pasado?, a lo cual una servidora de la nación de me dijo que "no me entregaría mi apoyo porque tenía que haber ido antes de iniciar el mes de abril porque las campañas electorales no pueden entregar apoyos, y que supuestamente habían hablado por teléfono para avisarme sin poder localizarme, por tal motivo no me podían entregar nada ya que se había reintegrado el dinero." Lo resaltado no es de origen. Ahora bien, cabe mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete, estableció que, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, pues para que ésta se configure en el ámbito jurídico, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y alguien haya incumplido con esa obligación. Luego, el Máximo Tribunal del País acotó que en nuestro sistema jurídico es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los gobernados a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Dentro de esta última clasificación, se identificaron tres tipos de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: administrativas, judiciales y legislativas. Lo anterior, generó la tesis 1ª. XVII/2018 (1ª.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de marzo de 2018, en la página 1092, Libro 52, Tomo I, marzo de 2018, Décima Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simpe inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión. Es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones" En el caso concreto, es evidente que los actos reclamados, tendrán ejecución en Juchitán, Oaxaca, ya que es en aquél lugar, donde se le ha pagado la pensión y apoyo a la quejosa, cuya falta u omisión de pago reclama, ya que dichas omisiones tienen efectos positivos; esto es, que en su caso, tendrían ejecución en el lugar donde se encuentra la quejosa tan esa así, que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la autoridad responsable la fue a buscar a su domicilio para hacerle del conocimiento que debía cobrar su apoyo; es decir, en Juchitán, Oaxaca. Sin que sea óbice que la parte quejosa reclame actos de carácter omisivo, los cuales naturalmente no tienen ejecución material; sin embargo, atendiendo a la naturaleza propia de las omisiones reclamadas, y tal como se expuso en el párrafo que antecede, los referidos actos tienen implícitos efectos positivos, tanto jurídicos como materiales; esto es, que en su caso, la autoridad responsable lleve a cabo la solicitud de reactivación de sus apoyos, dicho pago se hará en el lugar donde habita la quejosa; pues es ahí donde la autoridad llevaría a cabo tales acciones; de ahí que, tales omisiones tenga efectos positivos. De lo expuesto, se advierte que se surte la hipótesis señalada en el inciso a), que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución material por parte de una autoridad diversa. Ello, toda vez que las omisiones reclamadas tendrán ejecución en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pues es el lugar en el que radica la aquí promovente, de lo que se colige que la competencia para conocer del presente juicio, por razón de territorio, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Salina Cruz, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XIII, relativo al Decimotercer Circuito que en lo que interesa, establece: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." En esa tesitura, en virtud de que en la especie el acto omisivo tiene efectos positivos que se ejecutarán en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, es incuestionable que la competencia para conocer de la presente demanda por razón de territorio corresponde a los Juzgados de Distrito en Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; por lo tanto, este juzgado declara carecer de competencia legal para el conocimiento del presente asunto. Similar criterio sostuvo el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial C.C.A 27/2019, de su índice. Con fundamento en el citado artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda de amparo y anexos, con la boleta de turno, más cinco copias de la misma, al Juez de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, quien resulta competente, solicitándole el acuse de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones el que indica. Por otra parte, en atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Aarón Sánchez Hernández y Gerardo Martínez Ortega, mientras que, únicamente para recibir notificaciones y acuerdos a las diversas personas que refiere, por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 y 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene señalando los números telefónicos y las cuentas de correo electrónico que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2021 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro aspecto, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección . Se hace del conocimiento de la parte promovente, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de la parte promovente, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firmen los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. EL PRESENTE ACUERDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO, EN TERMINOS DE LA LEY DE AMPARO

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