Piedad Reyes Rodriguez

Expediente 168/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
168/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Piedad Reyes Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 152/2022 orden 159/202, del índice de este juzgado federal, en el que se solicitó notificar a la parte quejosa el proveído de dieciocho de febrero pasado, lo cual aconteció por medio de la lista publicada por el homólogo el veintitrés de septiembre del año en curso. De lo anterior, se toma conocimiento, sin que haya necesidad de acusar recibo, ya que se genera de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y dese de baja la comunicación de referencia del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. JUZGADO OCTAVO EXP. 168/2022

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida Piedad Reyes Rodríguez, por propio derecho, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco y otra autoridad. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 168/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Estudio de la demanda. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por Piedad Reyes Rodríguez, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho dispositivo legal, contiene reglas de competencia basadas en la posibilidad de ejecución material del acto reclamado, de tal suerte que si éste es susceptible de ser ejecutado, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción haya de efectuarse tal ejecución, es decir, para fijar la competencia del juez de distrito, debe tomarse en cuenta el lugar en donde se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Pues del análisis del citado numeral se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que a saber son: La primera regla, se encuentra contenida en el primer párrafo del senalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto que es de aquellos que después de su emisión por su índole requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda regla constituye un matiz, ya que, sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión, en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que hayan prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el último párrafo del precepto en comento se establece la última regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. En este caso, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclame (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de este ámbito territorial de jurisdicción del juez federal, para que este sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Ahora, como ha quedado precisado en líneas precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; hipótesis que en el caso que se analiza se surte; de ahí deriva la incompetencia de esta autoridad jurisdiccional, dado que dentro del territorio en que ejerce jurisdicción se desprende que no tendrá ejecución el acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo presentada por Piedad Reyes Rodríguez, se desprende que senala en síntesis como actos reclamados en síntesis el emplazamiento, notificación o llamamiento a juicio de la quejosa, así como todo lo actuado en el expediente 506/2017. Ahora bien, de lo manifestado por la parte quejosa, así como del anexo a su escrito inicial de demanda, se advierte que el domicilio de la quejosa se encuentra ubicado en Calle Avenida Cinco de Mayo S/N Plaza los Ángeles, Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México, y, por ende, dicho acto se ejecutará en el lugar donde se encuentra el domicilio de la misma. Por lo cual, es inconcuso, que en ese lugar, es en dónde se podrá ejecutar el acto reclamado; por tanto, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de las quejosas, aun cuando este acto sea de carácter negativo, porque tiene efectos positivos, con principios de ejecución material en dicho lugar. Por tanto, es patente senalar que los actos reclamados no conllevan ejecución en la jurisdicción de este juzgado, pues atendiendo a la naturaleza de éstos sus efectos se trasladan directamente al domicilio en donde se encuentra ubicado el domicilio de la quejosa Calle Avenida Cinco de Mayo S/N Plaza los Ángeles, Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México, es decir, la ejecución de los actos reclamados ocurren en Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México. Por ello, es evidente que se actualiza el supuesto jurídico que previene el artículo 37, primer párrafo de la Ley de Amparo y este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente para conocer de dicha demanda de amparo, en cuanto a que la competencia se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida. Es aplicable la tesis número I.1o.A.44 A, de la Novena Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, del Tomo XIV, del mes de agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir senalar o no a la autoridad ejecutora." De igual forma, orienta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, página 84, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, tenga ejecución material." Bajo ese orden de ideas, debe estimarse que de la interpretación armónica del artículo 37 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se colige que es competente para conocer del presente juicio, el juez de distrito en cuya jurisdicción se deba ejecutarse el acto reclamado. En tales condiciones, se ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, solicitando atentamente al juzgado federal que, de no tener inconveniente alguno, informe si acepta o no la competencia declinada, conforme con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia; asimismo, acuse el recibo de estilo. Del cuaderno de antecedentes. Fórmese cuadernillo de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. Acceso y consulta al expediente electrónico De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que senala el usuario "5608061", que se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, como lo solicita se le autoriza tener acceso y consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 34 a 41 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por lo anterior, la oficial judicial A, deberá realizar las gestiones correspondientes. Sin perjuicio, de que sí es su deseo de que a través del citado usuario se le realicen las notificaciones de carácter personal, deberá realizar la solicitud correspondiente. De igual manera, sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico que proporciona, ya que esta no es una forma prevista en la Ley de Amparo, ni en los Acuerdos General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que senala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, senale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Sin embargo, por única ocasión, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción y se constituya en el domicilio ubicado en: Calle Avenida Cinco de Mayo S/N Plaza los Ángeles, Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México, y notifique la presente determinación a la quejosa Piedad Reyes Rodríguez. Al respecto, a fin de llevar a cabo la referida diligencia, con fundamento en el artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, envíese la comunicación oficial al juez exhortado a través del Sistema Integral de Seguimiento Expedientes, misma que deberá ser dirigida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. Solicitando al homólogo federal, que una vez que se encuentre diligenciado el exhorto en comento, remita por la misma vía electrónica a este órgano jurisdiccional, a la brevedad posible, únicamente el auto por el que radique dicho exhorto, la diligencia encomendada, así como el oficio por el cual ordene su devolución. Sin que resulte necesario que el órgano jurisdiccional a quien se le encomienda la diligencia en cita, acuse recibo toda vez que al realizar el envío electrónico del exhorto, el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes generará la papeleta de turno y este juzgado de distrito tendrá conocimiento del órgano al que le corresponderá conocer del mismo. Sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico y teléfono que proporciona, ya que estos no son una forma prevista en la Ley de Amparo, ni en los Acuerdos General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizada para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la profesionista que refiere en su ocurso, hasta en tanto, registre su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo octavo, artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del penúltimo párrafo, del artículo mencionado. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, también se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese.

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