PIEDAD PETRONA RAMÍREZ MARTÍNEZ y Otros.

Expediente 506/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
506/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • PIEDAD PETRONA RAMÍREZ MARTÍNEZ y Otros.
  • Piedad Petrona Ramírez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Declaración de causa estado Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el quince de junio de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 8, fracción I, 9, 12, 14, 20, fracción I, y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del precitado Acuerdo. Destrucción del expediente Este expediente, resulta DESTRUIBLE porque se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez transcurrido dicho plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, procédase a su destrucción. Anotación en la carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Por otra parte, se tiene informando a la autoridad responsable que, en el control computacional que se lleva en ese juzgado, de oficios y promociones, no se advierte la existencia de alguna resolución en materia de amparo, contra el acto reclamado por la parte quejosa. Pruebas de la responsable Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad en comento, un legajo de copias certificadas deducidas del expediente 38/2020, de su estadística. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, lo siguiente. La omisión de acordar su escrito presentado ante la oficialía de partes de la autoridad responsable el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente 38/2020, así como la omisión de notificar a las partes el acuerdo recaído a dicho escrito. Bajo esa tesitura, en el informe en cuestión, se advierte que la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, pues aduce que al momento de la presentación de la presente demanda, ya se había contestado el escrito de la quejosa presentado el ocho de febrero del año en curso, mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés dictado en el expediente ***/2020, de su índice, y que tal determinación le fue notificada a la referida parte procesal el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Lo que demuestra con las copias certificadas relativas al expediente***/2020, de su índice, mismas que en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por ser documentales públicas, se les confiere valor probatorio pleno, de las que se advierte lo siguiente: Así, mediante acuerdo de diecisiete de abril del año en curso, la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, emitió el acuerdo en el que se acordó el escrito presentado por la quejosa el ocho de febrero del año en curso, pronunciándose respecto al pago de la pensión alimenticia decretada a favor de las menores de iniciales ************. Determinación que se notificó a la parte quejosa, por conducto de su autorizado ********, mediante cédula electrónica a través del usuario *****, el diecinueve de mayo del año en curso, según razón actuarial levantada en esa propia fecha. Establecido lo anterior, considerando que la demanda de amparo fue presentada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés y turnada en la misma fecha, como se advierte del sello de recepción asentado por la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, es evidente que al momento de presentarse la demanda de amparo la omisión reclamada no existía, pues se advierte que el acuerdo por el cual la autoridad responsable acordó el escrito de ocho de febrero de dos mil veintitrés, fue emitido el diecisiete de abril siguiente y que dicha determinación, fue notificada el diecinueve de mayo del actual a la parte quejosa, por conducto de su autorizado. Por lo cual, al momento de la presentación de la demanda de amparo era inexistente la omisión reclamada. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 99/2018 (10a.), visible en la página 926, Libro 59, octubre de 2018, Tomo I, Décima época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. Sirve de sustento a lo anterior la tesis XIII.1o.P.T.4 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, registro digital 2020347, de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, materia común, del apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia cause agravio a la parte quejosa ni la prive de defensa, pues ni aun celebrándose esta, la parte quejosa podría desvirtuar con prueba alguna las causales de improcedencia analizadas, que se tornan de forma notoria, manifiesta e indudable; razones por las cuales el resultado del fallo sería en el mismo sentido. En consecuencia, ante la inexistencia de las omisiones reclamadas a la autoridad responsable, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por ello, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR LISTA: MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Por otra parte, se tiene informando a la autoridad responsable que, en el control computacional que se lleva en ese juzgado, de oficios y promociones, no se advierte la existencia de alguna resolución en materia de amparo, contra el acto reclamado por la parte quejosa. Pruebas de la responsable Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad en comento, un legajo de copias certificadas deducidas del expediente 38/2020, de su estadística. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, lo siguiente. La omisión de acordar su escrito presentado ante la oficialía de partes de la autoridad responsable el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente 38/2020, así como la omisión de notificar a las partes el acuerdo recaído a dicho escrito. Bajo esa tesitura, en el informe en cuestión, se advierte que la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, pues aduce que al momento de la presentación de la presente demanda, ya se había contestado el escrito de la quejosa presentado el ocho de febrero del año en curso, mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés dictado en el expediente ***/2020, de su índice, y que tal determinación le fue notificada a la referida parte procesal el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Lo que demuestra con las copias certificadas relativas al expediente***/2020, de su índice, mismas que en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por ser documentales públicas, se les confiere valor probatorio pleno, de las que se advierte lo siguiente: Así, mediante acuerdo de diecisiete de abril del año en curso, la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, emitió el acuerdo en el que se acordó el escrito presentado por la quejosa el ocho de febrero del año en curso, pronunciándose respecto al pago de la pensión alimenticia decretada a favor de las menores de iniciales ************. Determinación que se notificó a la parte quejosa, por conducto de su autorizado ********, mediante cédula electrónica a través del usuario *****, el diecinueve de mayo del año en curso, según razón actuarial levantada en esa propia fecha. Establecido lo anterior, considerando que la demanda de amparo fue presentada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés y turnada en la misma fecha, como se advierte del sello de recepción asentado por la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, es evidente que al momento de presentarse la demanda de amparo la omisión reclamada no existía, pues se advierte que el acuerdo por el cual la autoridad responsable acordó el escrito de ocho de febrero de dos mil veintitrés, fue emitido el diecisiete de abril siguiente y que dicha determinación, fue notificada el diecinueve de mayo del actual a la parte quejosa, por conducto de su autorizado. Por lo cual, al momento de la presentación de la demanda de amparo era inexistente la omisión reclamada. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 99/2018 (10a.), visible en la página 926, Libro 59, octubre de 2018, Tomo I, Décima época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. Sirve de sustento a lo anterior la tesis XIII.1o.P.T.4 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, registro digital 2020347, de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, materia común, del apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia cause agravio a la parte quejosa ni la prive de defensa, pues ni aun celebrándose esta, la parte quejosa podría desvirtuar con prueba alguna las causales de improcedencia analizadas, que se tornan de forma notoria, manifiesta e indudable; razones por las cuales el resultado del fallo sería en el mismo sentido. En consecuencia, ante la inexistencia de las omisiones reclamadas a la autoridad responsable, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por ello, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario para emplazar a juicio al tercero interesado ***, toda vez que al constituirse en el domicilio ubicado en***************** Oaxaca, fue atendido por quien dijo ser el dueño del inmueble, sin acreditarlo, de aproximadamente treinta y cinco años de edad, complexión regular, estatura aproximada de un metro con sesenta centímetros, tez morena, cabello negro y corto, quien le manifestó que se encontraba en el domicilio correcto, toda vez que sus comprobantes fiscales tienen dicho domicilio, pero que el citado tercero interesado no vive en ese lugar. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 108, fracción II, 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días, siguiente a su legal notificación, que establece el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2º, proporcione el domicilio actual y exacto del tercero interesado ***, indicando además, características concretas de la ubicación de la residencia que proporcione, a efecto de emplazarlo a juicio; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido dentro del plazo concedido, se ordenará la investigación de su domicilio y de no encontrarlo se practicará tal emplazamiento por medio de edictos a su costa, de conformidad con el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 35/2017 (10 a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1060, del Tomo I, Materia Común, Abril de 2017, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2014065, que al rubro dice: "TERCERO INTERESADO. EL DESCONOCIMIENTO DE SU DOMICILIO, PARA EFECTOS DE SU PRIMERA NOTIFICACIÓN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO, IMPLICA LA OBLIGACIÓN DE REQUERIR A AQUELLAS AUTORIDADES QUE, AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR, PUDIERAN TENER UN DATO CIERTO SOBRE AQUÉL, CON INDEPENDENCIA DE SU NATURALEZA." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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