Piedad Pelayo Zavalza
Expediente 2274/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2274/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/09/2023
Partes del expediente
- Piedad Pelayo Zavalza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
. Tepic, Nayarit, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio remitido vía interconexión por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, mediante el cual acompaña las constancias relativas al juicio de amparo ******************** de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 tercer párrafo de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos el documento de mérito y anexo que adjunta, asimismo, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Josué Jesús Gaona Ortiz, que autoriza y da fe. Julia Esther
- Principal
. TEPIC, NAYARIT, DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio enviado vía electrónica por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representante legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, a través del cual, de acuerdo a sus atribuciones como autoridad promulgadora rinde informe en cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo. En consecuencia, con sustento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el oficio de cuenta; en la inteligencia de que se estará a la espera del total cumplimiento a la sentencia protectora del amparo por parte de las diversas autoridades responsables. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe. William
- Principal
. TEPIC, NAYARIT, OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio de cuenta, por el cual, la autoridad responsable Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, por conducto del Consejero Jurídico del Gobernador y representante de dicho Comité, con sede en esta ciudad, hace manifestaciones sobre las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, en las cuales, precisó que la Dirección General del Fondo de Pensiones, entre otras cosas puso a disposición de la parte quejosa siete ligas de descarga, a través de internet, que contiene los archivos digitales con la información solicitada mediante la petición realizada por la parte quejosa, que fue objeto de la concesión del amparo; asimismo, indicó que, podía acudir ante la propia autoridad para que le fuera expedida de manera impresa la información solicitada. En consecuencia, agréguese dichos libelos, para los efectos legales a que haya lugar; luego, este órgano jurisdiccional ORDENA RESERVAR EL ACUERDO RESPECTIVO, hasta en tanto se tenga noticia del cumplimiento al requerimiento realizado a la autoridad responsable en el diverso juicio de amparo ********************, tal como se proveyó en auto de treinta de agosto actual. Señalamiento de domicilio, autorizados y correo electrónico. Finalmente, en relación al señalamiento de la oficiante de domicilio para oír y recibir notificaciones, correo electrónico y autorizados para ello; al respecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado mediante proveído de ********************, por el cual se proveyó lo propio. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Josué Jesús Gaona Ortiz, que autoriza y da fe. ARMIDA HM
- Principal
. Tepic, Nayarit, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Apertura de incidente. Tramítese por cuerda separada en un solo cuaderno físico el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1449/2022, promovido por Esteban Martínez Galindo, Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración de la persona moral "Asociación Estatal de Trabajadores de la Educación, Jubilados y Pensionados de Nayarit, Asociación Civil", contra actos de la Sala Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, ello en atención a que el expediente electrónico hará las veces del duplicado, de conformidad con el artículo 264 del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Informe Previo. Con apoyo en los dispositivos 138, fracción III, 140, primer párrafo y 142, primer párrafo de la ley de la materia, pídase informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al en que reciba el oficio respectivo, en el cual, deberá concretarse a expresar si es o no cierto el acto reclamado que se le atribuye, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permita a este Juzgado Federal establecer el monto de las garantías correspondientes que puedan fijarse; al efecto, envíesele copia simple de la demanda. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de no rendir su informe previo en forma oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 142 del ordenamiento legal en cita, se presumirá la certeza del acto que se le reclama. Audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, en términos de lo dispuesto por el arábigo 138, fracción II de la Ley de Amparo. Suspensión provisional. Respecto a las consecuencias del acto reclamado consistente en la sentencia de catorce de julio de dos mil veintidós, emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, en autos del Toca Civil 149/2022, a través de la cual declaró procedente la excepción de falta de personalidad, opuesta por la parte actora incidentista Ana María Ibarra Tovar, en contra de María Engracia Hernández Navarro, como apoderada legal de la Asociación Estatal de Trabajadores de la Educación, Jubilados y Pensionados de Nayarit, Asociación Civil", en lo referente a la personalidad de María Engracia Hernández Navarro, por su propio derecho, declaró que deberá de continuar con el juicio de origen hasta emitir la sentencia. Por tanto, con fundamento en lo previsto en los preceptos 128, fracciones I y II y 147 del ordenamiento legal en cita SE CONCEDE a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que, sin perjuicio de que se continúe con el procedimiento, no se emita sentencia definitiva; en la inteligencia, que si lo anterior fue realizado, el efecto es para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentren y no se sigan ejecutando; ya que de no concederse la medida cautelar, se causarían daños de difícil reparación; lo anterior, hasta en tanto la responsable tenga conocimiento de lo que se dicta al momento de resolver en definitiva este incidente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia seiscientos ocho, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible la página quinientos cincuenta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete al dos mil, cuyo texto y rubro es: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos.". Se dice lo anterior, en virtud de que la parte quejosa acreditó indiciariamente su interés suspensional con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad. Sustenta a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 1ª./J. 4/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos quince, Tomo XXIX, Abril de dos mil nueve, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien.". Máxime que al ponderar la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social que prevé el dispositivo 138 de la Ley de Amparo, la parte quejosa satisfizo los extremos previstos en la ley en cita, para que le sea concedida la suspensión en comento; ello aunado a que tiene interés en la subsistencia de la materia del acto reclamado. El anterior criterio quedó plasmado en la jurisprudencia P.J. 15/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dieciséis, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.". De igual forma, resulta aplicable el criterio que se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos quince, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida.". Garantía. En esa tesitura, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 132 y 136 de la Ley de Amparo, la suspensión concedida surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no otorga dentro del término de cinco días, siguientes al en que sea notificada del presente proveído, una garantía por la suma de ********************, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionen a la parte tercera interesada, en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio principal de donde emana este incidente. En cuanto a que la suspensión provisional surte efectos de inmediato, obedece a que de no ser así, se dejaría en estado de indefensión a la parte quejosa, puesto que la autoridad responsable estaría en posibilidades de ejecutar el acto reclamado con los consiguientes perjuicios para la parte agraviada. Cobra aplicación, la tesis de Jurisprudencia 43/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XIII, correspondiente al mes de Abril del año dos mil uno, página doscientos sesenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.- De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 125, 130 y 139 de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, y a la garantía que el quejoso debe otorgar en los casos en que aquéllas sean procedentes, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, y atendiendo a la naturaleza, objeto, requisitos de procedencia y efectividad de la medida cautelar de que se trata, así como al principio general de derecho que se refiere a que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, se arriba a la conclusión de que respecto a la suspensión provisional que se puede decretar con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, tomando el Juez de Distrito las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero, y a virtud de la cual se ordena mantener las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, surte sus efectos, al igual que ésta, inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada, porque de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es la de evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación. Además, debe tomarse en cuenta que ante el reciente conocimiento de los actos reclamados, el quejoso está menos prevenido que cuando se trata de la suspensión definitiva, y si ésta surte sus efectos desde luego, aun cuando no se exhiba la garantía exigida, lo mismo debe considerarse, por mayoría de razón, tratándose de la suspensión provisional, sin que ello implique que de no exhibirse garantía deje de surtir efectos dicha suspensión.". En la inteligencia de que esta medida cautelar no surtirá efecto legal alguno, sí la autoridad responsable actúa dentro del juicio de origen del que deriva el acto reclamado, en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo dictada por diverso órgano de control constitucional, aunque se trate de un acto nuevo y distinto para la parte quejosa, ya que hay interés público en que no se entorpezca el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, que tienden a restablecer el orden constitucional violado. Pues, la majestad de las sentencias constitucionales hace que resulte un peligro menor la negativa de la suspensión contra un acto que, según todas las apariencias y elementos del incidente, tiende a respetar una ejecutoria de amparo. Tercera interesada. Lo anterior, hágase del conocimiento a las terceras interesadas ******************** por tanto, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción, a efecto de que notifique el presente proveído a la citada parte procesal, en los domicilios que se señalaron en el escrito inicial de demanda. Copias. Con fundamento en el arábigo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de la copia certificada de esta determinación, a su costa previa toma de razón y recibo que de su entrega deje en autos el promovente o cualquiera de los autorizados que precisa en el libelo de demanda. Notificaciones a las autoridades. Las notificaciones a las autoridades responsables y con carácter de terceras interesadas, respecto de acuerdos de trámite que no sean trascendentales, serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado federal. Habilitación de días y horas hábiles. Desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario José Javier Ruiz Martínez, que autoriza y da fe. urg.
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