Piedad Landa Morales y Otros.

Expediente 80/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
80/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
04/03/2016

Partes del expediente

  • Piedad Landa Morales y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE PIEDAD LANDA MORALES, EL ACUERDO DE DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE DICE: Del estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciséis (fojas 29 a 32), a fin de que cumpliera con la prevención que le fuera formulada en dicho proveído, sin que lo hiciera; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. No es óbice a lo anterior, el hecho de que mediante diverso proveído de veintiséis de enero del año en curso (foja 34), se haya requerido a la promovente para que en el término de tres días legalmente computado ratificara su escrito de desistimiento de la presente demanda de amparo (foja 33), ello, debido a que como ha quedado precisado en el párrafo que antecede, ésta se tuvo por no presentada.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PROMOVENTE PIEDAD LANDA MORALES, EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS DIECISÉIS, QUE DICE: Agréguese el escrito signado por la parte quejosa; mediante el cual manifiesta que desiste de la demanda de amparo; sin embargo, para estar en condiciones de acordar lo procedente, ordénese su ratificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, requiérase a la promovente para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que quede legalmente notificada de este acuerdo comparezca ante este órgano jurisdiccional, sito en Avenida Culturas Veracruzanas, número ciento veinte, Edificio B, primer piso, colonia Reserva Territorial, en esta ciudad, con documento idóneo, a ratificar el escrito de mérito; apercibida que, de no hacerlo, se continuará con el procedimiento en este asunto. En ese mismo sentido, de ser el caso, que el Actuario Judicial de la adscripción, entienda la diligencia de notificación que se ordena con la parte quejosa, se faculta para que en el acto recabe y haga constar si es su voluntad desistir de este juicio de amparo; ello con estricta observancia a las formalidades legales conducentes. Sirve de apoyo la tesis de rubro siguiente: Registro No. 174481 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Agosto de 2006 Página: 295 Tesis: 2a./J. 119/2006 Jurisprudencia Materia(s): Común "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO."

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE PIEDAD LANDA MORALES, EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE DICE: Analizada la demanda de amparo que promueve Piedad Landa Morales, quien se ostenta Oficial Administrativo adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia, residente en Coatepec, Veracruz, contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno correspondiente con el número de juicio 80/2016. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 108, fracción I, 110, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.)" "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán las copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. (.). (.) Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. (.) Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley". De los artículos y fracciones trascritas, se advierte la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad; se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo; o bien, no se exhiban las copias para el traslado de las partes a que se refiere el artículo 110 de la misma Ley. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, en su fracción I, dispone que la demanda de amparo, entre otros requisitos, debe contener el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. Asimismo, el artículo 6° de la Ley de Amparo en vigor, determina: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" Así, se tiene que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecta el acto reclamado, quien podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. HECHOS En el caso, del estudio integral del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado lo hace consistir la parte quejosa en: ? El acuerdo emitido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante oficio número 000643, de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, en el que acordó el cambio de adscripción de la quejosa como Oficial Administrativo del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, al Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en esta ciudad, a partir del veinte de enero del año en curso. Asimismo, del preámbulo de la demanda, se advierte que Piedad Landa Morales, se ostenta Oficial Administrativo adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia, residente en Coatepec, Veracruz; sin embargo, omitió anexar constancia legal alguna con la que acredite la personalidad con la que promueve. CONCLUSIÓN Por tanto, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es irregular, debido a que la promovente omitió anexar constancia legal alguna con la que acredite la personalidad con la que promueve. II. REQUERIMIENTO En consecuencia, a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la directa promovente para que por escrito y dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado, cumpla con lo siguiente: a) Exhiba documento o constancia certificada con la cual acredite la personalidad con la que se ostenta, es decir, de Oficial Administrativo adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia, residente en Coatepec, Veracruz. b) Del escrito mediante el cual desahogue el requerimiento contenido en este acuerdo, deberá acompañar las copias que resulten necesarias para cada una de las partes. Asimismo, se hace saber a la promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: Registro No. 200084 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Julio de 1996 Página: 48 Tesis: P. /J. 43/96 Jurisprudencia Materia(s): Común "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". "Registro No. 174745 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Julio de 2006 Página: 348 Tesis: 2a./J. 88/2006 Jurisprudencia Materia(s): Común "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Hágase saber a la promovente el delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." (.) III. APERCIBIMIENTO Apercíbase a la promovente de la demanda de amparo que, de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en los términos precisados en el apartado anterior, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizada a Ignacio García Meneses, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. V. LEY DE TRANSPARENCIA. Se comunica a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6º del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica.

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