Piedad Heras Ortega

Expediente 357/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
357/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Piedad Heras Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Incorpórese a los autos el oficio signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, visto su contenido, agréguese para que obre como legalmente corresponda, atento a que por auto de nueve de junio reciente, se le tuvo acusando de recibo el diverso juicio de amparo 306/2022 de su índice y comunicando que no insiste en declinar la competencia territorial planteada. Notifíquese en términos de ley

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil veintitrés. incorpórese a los autos el oficio signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, visto su contenido, téngasele comunicando lo acordado por auto de dos de junio de dos mil veintitrés, dentro del diverso juicio de amparo 306/2022 de su índice, así como acusando de recibo el original de dicho sumario. De igual modo, se tiene al juzgado oficiante comunicando que no insiste en declinar la competencia territorial planteada, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, acúsese de recibo y, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Ahora bien, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues se determinó la incompetencia; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que la fecha probable de su DESTRUCCIÓN será el NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, incorpórese a los autos el oficio 24860/2023, de once de mayo de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual, remite los autos del juicio de amparo 357/2023 del índice de este órgano federal, así como del diverso 306/2022 de su índice, formato con la impresión electrónica que aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, acúsese de recibo correspondiente. Asimismo, el juzgado oficiante, manifiesta que en atención a lo determinado por el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Ciudad de México, mediante testimonio de ejecutoria pronunciado el tres de mayo de dos mil veintitrés, dentro del conflicto competencial C.C.A.- 8/2023, es decir, donde resolvió: PRIMERO. No existe conflicto competencial en el presente caso, hasta este momento procesal. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a fin de que se pronuncie en relación con el extravío de los autos y la reposición de las constancias respectivas, en términos de lo dispuesto por los artículos 70, 71 y 72 de la Ley de Amparo, y una vez realizado lo anterior, de insistir en su incompetencia, proceda en los términos precisados en esta ejecutoria Al respecto, el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, aduce que en acatamiento a lo determinado por el tribunal de alzada insiste en declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordenar remitir los autos del juicio de amparo 306/2022 promovido por Piedad Heras Ortega de su índice, a este juzgado federal, al aducir que por razón de territorio no le compete el conocimiento de dicha demanda de amparo. Asimismo, manifestó que la cuenta bancaria cuyo bloqueo se reclama fue aperturada en .la sucursal ubicada en la calle Nicolás Bravo número tres, código postal 73310, colonia Centro de la Ciudad de Zacatlán, Estado de Puebla. Sin embargo, de la lectura de las constancias que fueron adjuntadas a la demanda de amparo promovida por ................., obra entre otras, el estado de cuenta bancaria 0105928826, de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, donde se aprecia lo siguiente: SUCURSAL 774 CENTRO PYME TLAXCALA DIRECCIÓN AV. JUAREZ 54 COL CENTRO MEX TL PLAZA TLAXCALA TELÉFONO 6552547 Como a continuación se inserta: Así, se desprende que por razón de territorio, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, no es el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Piedad Heras Ortega. Lo anterior, atiende a que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el sólo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, le ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencia no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: f)Competencia por territorio; g) Competencia por materia; h) Competencia por grado; i) Competencia auxiliar; y, j) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito geográfico en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A manera de ejemplo, se puede decir que la Suprema corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General número 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución o trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante quien se hubiere presentado la demanda; que es competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material de la resolución, con su sólo dictado viole algún derecho fundamental, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia LEY DE AMPARO. REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber:4. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 5. Cuando el acto tenga ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo; y, 6. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, por analogía la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades Al respecto, la promovente de amparo Piedad Heras Ortega, reclama el auto que ordena bloquear o restringir la cuenta bancaria a nombre de la impetrante, es decir, la cuenta bancaria 0105928826, Libreton 2.0, de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, así como su ejecución. Ahora, si bien la parte quejosa en su demanda de amparo manifestó que la cuenta bancaria cuyo bloqueo se reclama fue aperturada en .la sucursal ubicada en la calle Nicolás Bravo número tres, código postal 73310, colonia Centro de la Ciudad de Zacatlán, en el Estado de Puebla. Lo cierto es, que del estado de cuenta que agregó la impetrante de amparo en su ocurso inicial de demanda, se aprecia lo siguiente: SUCURSAL 774 CENTRO PYME TLAXCALA DIRECCIÓN AV. JUAREZ 54 COL CENTRO MEX TL PLAZA TLAXCALA TELÉFONO 6552547 Como a continuación se inserta: Por tanto, este juzgado federal no acepta la competencia legal para conocer de la demanda promovida por Piedad Heras Ortega, contra actos del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, por razón de territorio, pues la cuenta bancaria corresponde a la jurisdicción del Estado de Tlaxcala y no de Puebla. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 2ª./J.74/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 369, del tomo XXXIV, julio de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro son los siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. Así también, por identidad de razones, la tesis publicada en la página 719, segunda parte de la compilación 1917-1988, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son los siguientes: COMPETENCIA, CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRA EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe de fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, porque la autoridad responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado; sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la indicada responsable resida en territorio de otro juez de distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste Atento a lo anterior, se concluye que la competencia para conocer del presente asunto recae en el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde habrá de actualizarse algún acto de ejecución, en el caso la cuenta bancaria corresponde a la jurisdicción del Estado de Tlaxcala y no al Estado de Puebla. Es aplicable al caso, la tesis número 3ª. XVIII/92 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, Tomo IX, marzo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro y texto los siguientes "COMPETENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCIÓN CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN DONDE SE DA TAL EJECUCIÓN. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto Por ende, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, previa copia que del oficio y anexos quede agregada en el presente expediente, remítanse los autos originales al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la demanda de amparo de que se trata acompañándole los autos del presente juicio constitucional, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese en términos de ley

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda los autos que integran el presente juicio, se advierte que, a la fecha en que se actúa no se ha logrado el cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, se señala el treinta de mayo de dos mil veintitrés, para verificar las gestiones que la(s) autoridad(es) responsable(s) ha(n) realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

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