PGC. Investiments S.A. P.I de C.V.

Expediente 16/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
16/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • PGC. Investiments S.A. P.I de C.V.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 3080/2021 del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, hágase del conocimiento de su titular que mediante auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo promovida por .. a quien por auto de dos de marzo actual se le tuvo interponiendo queja en contra; asimismo, para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al trámite del juicio de amparo, remítasele copia certificada de las constancias que obran en el juicio. Cúmplase.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito presentado por ... autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, con fundamento en 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja en contra del acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, por el que se desecha por improcedente la demanda de amparo; siendo cierto el acto impugnado. Por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, el original y copia del escrito del recurso en comento y copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio en que se actúa; lo anterior, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. Notifíquese.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de veintiocho de enero del año en curso, que en lo conducente dice: "Vista el escrito de demanda presentada por ****, en su carácter de apoderado legal de *** contra actos del encargado de la Ventanilla Única de Atención de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República y de otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 16/2021 e intégrense los respectivos expedientes. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se acuerda: DESECHAMIENTO Del contenido íntegro de la demanda, se observa que en lo que interesa lo siguiente: El ocho de enero de dos mil once, ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía General de la República, denunció a la moral **, por hechos constitutivos del delito de captación ilegal de recursos del público previsto y sancionado por el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito, por realizar captación de recursos en contravención a lo dispuesto por los numerales 2 y 103 de esa misma ley. Al temer que con los recursos obtenidos, la persona moral imputada, en conjunto con más de 5 personas (entre físicas y morales), ha estado ejecutando operaciones financieras, a través de la celebración de contratos de crédito, captando recursos en perjuicio de sus acreedores, sin tener la solvencia posterior para hacer frente a sus obligaciones, el once de enero de dos mil veintiuno, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, presentó denuncia por los delitos de encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, previstos y sancionados en los artículos 164, 400 y 400 Bis del Código Penal Federal, de delincuencia organizada previsto y sancionado en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y/o de cualesquier otro cuya tipicidad se desprenda de los hechos señalados. Lo anterior, ya que dice, presumiblemente, las personas imputadas, realizan el lavado de dinero sobre el objeto de uno o varios delitos, mediante la colocación de dichos recursos en diversas inversiones, tanto nacional como en el extranjero, que generan un beneficio propio o en favor de terceros o en un peor escenario, dichas personas únicamente obtienen los fondos señalados y los desvían para su uso personal en perjuicio de sus acreedores. Específicamente, establece la participación de 3 o más personas, entre ellas, ****, que se han organizado con fines de permanencia para constituir la persona jurídica denominada ***, empresa dedicada a la captación Ilícita de recursos, delito previsto en el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito, para posteriormente, con esos recursos, incurrir en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, constituyendo así por medio de la citada persona jurídica, el delito de delincuencia organizada señalado en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El quince de enero de dos mil veintiuno, le fue notificado el oficio FGR/SEIDO/VUA/24/2021 de trece de enero de ese mismo año, por el que el encargado de la Ventanilla Única de Atención de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, remite al titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, las constancias de su denuncia la de once de enero de dos mil veintiuno por resultar competente para su investigación, ya que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, decidió que no era de su interés llevarla a cabo porque no se desprendía la participación indiciaria de tres o más personas organizas de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tuvieran como fin o resultado cometer alguno o algunos delitos como miembros de la delincuencia organizada, así como porque los hechos denunciados se encuentran previstos en el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito. Con motivo de lo anterior, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, se radicó la carpeta de investigación ****, ratificándose su denuncia el diecisiete de enero pasado. En ese contexto, la parte quejosa reclama, como violatorios de sus derechos fundamentales, los siguientes actos: El oficio FGR/SEIDO/VUA/24/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual el encargado de la Ventanilla Única de Atención de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada remite la denuncia que presentó el once de enero de ese mismo año al titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, por considerar que ésta última es competente para integrar la carpeta de investigación correspondiente y no existir interés de conocer de los hechos con apariencia de los delitos señalados. La decisión del titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de no investigar y no conocer de su denuncia por falta de interés. Como se observa, la parte quejosa se duele de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada declinara competencia para conocer de su denuncia en favor de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. En ese orden, se estima que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I, de la propia ley de la materia, ya que la decisión que en el fondo cuestiona no le genera una afectación real y actual a su esfera jurídica, es decir, no menoscaba interés jurídico alguno. Se explica: El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo expresamente prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; sin embargo, los actos de autoridad susceptibles de impugnarse, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta, porque es en este momento cuando se produce, en todo caso, la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de esa Ley de Amparo, y surten todas sus consecuencias. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En el caso concreto, se advierte que tal supuesto se materializó, pues a decir de la parte quejosa, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, específicamente en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, con las constancias que fueron remitidas por incompetencia desde la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, se radicó la carpeta de investigación ****, ratificando su denuncia el diecisiete de enero pasado. Empero, ¿lo anterior genera una afectación a la esfera de derechos de la parte quejosa? La respuesta es NO. En su demanda de amparo, refiere que los actos reclamados violan en su perjuicio las garantías de acceso a la justicia, defensa, legalidad y debido proceso contenidas en los artículos 1º 14, 16 y 20, apartado C, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pretendiendo con lo anterior, por tanto, equipararse a víctima u ofendido de los delitos que denunció, pero de momento no lo es. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su numeral 108, conforme con la Constitución Federal, considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva; mientras que, por ofendido, a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. En ese orden, a decir de su propio relato, bajo protesta de decir verdad, se tiene que denunció los delitos de asociación delictuosa, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos y sancionados respectivamente en los artículos 164, 400 y 400 Bis del Código Penal Federal, de delincuencia organizada, previsto y sancionado en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y/o de cualesquier otro cuya tipicidad se desprenda de los hechos señalados, ¿cuáles?, que tres o mas personas se han organizado con fines de permanencia para constituir la persona jurídica denominada **** empresa dedicada a la captación Ilícita de recursos delito previsto en el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito, para posteriormente incurrir en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante su colocación en diversas inversiones, tanto nacional como extranjeras, que les generan un beneficio o en favor de terceros, o en un peor escenario, los desvían para su uso personal. Tratándose de los delitos denunciados, los bienes jurídicos tutelados resultan ser de carácter abstracto o de interés público general, como en el caso los son de acuerdo a la narrativa de hechos: la seguridad pública, la paz y tranquilidad social, la administración pública, la estabilidad y el sano desarrollo de la economía nacional; y, su descripción típica, encuadrada a la materia de denuncia, no permite considerar además la concurrencia de potenciales víctimas u ofendidos, individualizables y concretos. Por lo que, la parte quejosa no acredita algún interés jurídico, ni el interés legítimo indispensable al menos, para instar el juicio de amparo, ya que al no evidenciar que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por las conductas delictivas o bien ser titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal, de momento no tiene el carácter de víctima u ofendida de los delitos; de ahí que, la decisión que en el fondo cuestiona, esto es, que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada declinara competencia para conocer de la denuncia precisamente respecto de esos delitos, no le genera una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pues la condición para accesar a la acción constitucional es acreditar alguno de esos extremos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.41/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 5, de rubro y texto siguientes: ACCIÓN PENAL. EL DENUNCIANTE QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO, NI DEMUESTRA QUE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, UNA PÉRDIDA FINANCIERA O EL MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, NO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DICTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. De conformidad con la jurisprudencia 58/2006 emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen legitimación activa para interponer amparo por el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta, todas aquellas personas que hayan sufrido un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como delitos. Por tanto, en el supuesto de que una persona que, como denunciante, sólo dio noticia de la comisión de un delito a la autoridad correspondiente, pero no concurren en él las calidades de víctima u ofendido del hecho considerado delictivo y no demuestra que sufrió un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, no cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que confirma el no ejercicio de la acción penal dictado por el Ministerio Público. Es cierto, jurisprudencialmente se ha reconocido legitimación activa para promover el juicio de amparo contra decisiones ministeriales, a todas aquellas personas que no siendo víctimas u ofendidos, acrediten alguno de los siguientes supuestos: a) hayan sufrido un daño físico, b) una pérdida financiera o, c) el menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como delitos. Sin embargo, lo anterior tampoco se actualiza en el caso, pues la denuncia que presentó el once de enero de dos mil once, por delitos de asociación delictuosa, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, descansa en una premisa abstracta, de interés público general, ¿cuál? que más de tres personas se han organizado y con fines de permanencia, para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo daño o afectación lo reciente en todo caso el sistema financiero y la hacienda pública, pero bajo ningún supuesto puede individualizarse sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, pues se estarían realizando categorizaciones amplias, genéricas o culturales, que no son propias de la dogmática y técnica jurídico penales. Sustenta lo anterior, por las razones que se sostienen, la tesis II.2o.P.86 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3515, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO PARA INSTAR EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL SI SE TRATA DE DELITOS QUE TUTELAN BIENES JURÍDICOS ABSTRACTOS NO INDIVIDUALIZABLES. LA SOLA OSTENTACIÓN DEL QUEJOSO DE MANERA GENÉRICA COMO DENUNCIANTE, CIUDADANO, CONNACIONAL O INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD O DE ALGÚN GRUPO O SECTOR DE ELLA, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLO. Si se trata de delitos cuyo bien jurídico tutelado resulta ser de carácter abstracto o de interés público general, como por ejemplo, la salud pública, la debida administración o ejercicio de la función de autoridad, el erario, la ecología o los bienes nacionales, y no se está en algún supuesto de excepción específica en el que la propia descripción del tipo penal permita considerar además la concurrencia de potenciales víctimas u ofendidos, individualizables y concretos, la sola ostentación genérica como denunciante, ciudadano, connacional o integrante de la comunidad o de algún grupo o sector de ella, no es suficiente para estimar acreditado el interés jurídico ni el interés legítimo indispensable al menos, para instar en materia penal el juicio de amparo, ya que en ésta, el carácter de víctima u ofendido deriva estrictamente de las concepciones propias de la dogmática y técnica jurídico penales, plasmadas en los ordenamientos punitivos aplicables y no de categorizaciones amplias, genéricas o culturales, como las de corte político, sociológico, ideológico o coloquial. No obsta que en la demanda de amparo la parte quejosa aduzca que: 1. ****, uno de los denunciados, a través de engaños, la convenció para que en el transcurso de dos años le aportara *** con la promesa de rendimientos, celebrando incluso un convenio de reconocimiento de adeudo, sin embargo a la fecha únicamente le ha entregado menos del 4% de la inversión inicial y desde hace más de veintidós meses no ha habido una sola aportación ya sea a intereses o capital, temiendo que esto se hubiere tratado de un esquema fraudulento para obtener recursos en beneficio propio o de terceros. 2. *** o quien resulte responsable, omitió hacer las reservas de cuentas por cobrar a las que contractualmente se encontraba obligado y ha dispuesto de todas y cada una de las cantidades depositadas en las cuentas bancarias de la empresa ***, posiblemente actualizándose una conducta constitutiva del delito de abuso de confianza, además de que teme que dolosa y voluntariamente se haya colocado en un estado de insolvencia, con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo con respecto a sus acreedores. 3. ****, la moral *** y quien resulte responsable, mediante oferta, ha captado recursos del público, ofreciendo rendimientos, sin realizar las provisiones necesarias para responder por la inversión y sus rendimientos. Lo anterior es así, pues en todo caso, tales situaciones pudieran derivar en la actualización de ilícitos diversos, tan es así que la propia quejosa informa haber hecho las denuncias correspondientes, pero no son circunstancias que al concurrir la hagan potencial víctima u ofendida de los delitos de asociación delictuosa, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que denunció, ni siquiera de manera indirecta, pues de haber resentido alguna perdida financiera, esta obedecería a delitos primarios, con los que precisamente pretender justificar la realización de operaciones con recursos obtenidos, dice, de manera ilícita. En ese sentido, la decisión reclamada no afecta la esfera jurídica de la aquí justiciable, porque únicamente tiene el carácter de denunciante de los delitos materia de la denuncia de once de enero de dos mil veinte y sobre la que descansa la materia de su reclamo; y, por ende, no tiene interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto en contra de la decisión aquí reclamada. Consecuentemente, es notoria y manifiesta la causa de improcedencia en estudio y, de ahí que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DE LA PARTE PROMOVENTE Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en la demanda; así como por autorizadas a las personas que precisa en los términos solicitados. Como lo solicita, se le autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico del juicio en que se actúa a través del usuario que proporciona **. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN. Se exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar de manera clara la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberá solicitarse la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, para que se propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES. Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos correspondientes. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

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