Petronilo Ucán Chí

Expediente 1073/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1073/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Petronilo Ucán Chí

Actuaciones

  1. Principal

    II. Toda vez que ha transcurrido el término sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de cinco de diciembre del año en curso, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente juicio como asunto concluido. Se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    II. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual, comunica el auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el que el citado órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Petronilo Ucan Chi en los autos del juicio de amparo directo 656/2019 de su índice, por las razones expuestas. Remítanse por la vía electrónica el oficio de acuse, al órgano jurisdiccional oficiante a través de su Oficialía de Partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Imprímase el acuse de envío y glósese sin mayor acuerdo a los presentes autos como constancia de la remisión electrónica del oficio relativo para los efectos conducentes. Toda vez que dicho cuerpo colegiado, mediante proveído dictado el veintiuno de noviembre del año en curso, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata; comuníquese lo anterior al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, para los fines conducentes. Para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, quien resuelve estima que en el caso se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Al ser tramitado originalmente como amparo directo ante el Tribunal de Alzada antes citado, y previa solicitud de incompetencia, el presente órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del presente asunto, por lo que de una revisión de las constancias remitidas, se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que al rendir su informe de ley, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, y en atención a lo que dicta el artículo 178, fracción I de la Ley de Amparo, certificó que en autos del juicio laboral DIT-011/2010, obra el proveído de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, que la parte quejosa reclama, mismo que le fue notificado el ocho de julio de dos mil diecinueve, y tuvo conocimiento del acto aquí reclamado. El término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del diez de julio al veinte de agosto del presente año, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente el en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es el ocho de julio de dos mil diecinueve; como se dijo, el plazo para presentar la demanda comenzó a transcurrir el nueve de julio pasado y feneció el doce de agosto del presente año. Como el proveído de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve y su ejecución, que la parte quejosa reclama, no son un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, a taques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y si el impetrante presentó la demanda que se estudia hasta el dieciocho de octubre del año en curso, es inconcuso que lo hizo con posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos jurídicamente inexistentes a la fecha de presentación de demanda o bien aquellos futuros de realización incierta. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión concreta verificada en la etapa de ejecución del laudo, tanto el análisis de la procedencia del juicio de amparo, como la eventual concesión de la protección Constitucional, debían ceñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos futuros de incierta realización, pues al requerir impulso del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. En la especie, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de dar el debido cumplimiento al auto de ejecución de requerimiento de pago de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, mismo que en diligencia de nueve de julio del año en curso, fue requerido al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, parte demandada en el juicio de origen, y en el acto de la misma se le apercibió que en caso de no dar cumplimiento al pago, se procedería a imponerle una multa por la cantidad de $3,000,00 (Tres mil pesos moneda nacional), mismo apercibimiento que se hizo efectivo mediante proveído de once de julio del año en curso, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, lo que se corrobora con las constancias que obran en los autos del expediente del juicio laboral DIT-011/2010. Se precisa que en el procedimiento de ejecución de los laudos regulado por la Ley Federal del Trabajo, corresponde a las autoridades jurisdiccionales respectivas dictar las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, para ello, requieren necesariamente del impulso procesal de la parte que obtuvo; por tanto, la hipótesis contenida en la tesis jurisprudencial previamente relacionada tiene su génesis en la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es indispensable la intervención del ejecutante para el inicio y prosecución de dicha etapa. En ese escenario, se arriba a la conclusión que el reclamo de la parte quejosa se encuentra dentro de la etapa de ejecución del juicio laboral de origen, y constituye un reclamo genérico que conduce a desechar la demanda. Es así, dado que se está en presencia de un acto futuro y de realización incierta al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues como se estableció, la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, etapa en la que si bien cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, la ejecución de laudo, una vez trascurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, en términos de su numeral 8, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, pues no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. Lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. En el mismo orden, téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona y autorizando en términos amplios a quien indica. Se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales.

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