Petronilo Rosado Chay

Expediente 1499/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1499/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
20/12/2017

Partes del expediente

  • Petronilo Rosado Chay
  • Alba del Rocio Cetina Chan

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de seis de diciembre del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Petronilo Rosado Chay, Alba del Rocío Cetina Chan y Amado Centeno Uh, contra el acto que reclama del Delegado Estatal en Yucatán de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte el quejoso impugna de las responsables, la resolución de veinte de octubre de la presente anualidad, así como el oficio DEY/6411/2017 relativo al no ejercicio de la acción penal derivado de la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-COE/58B/2016. Ahora bien, debe decirse que constituyen un hecho notorio para este Juzgador, los expedientes tramitados en este órgano de control constitucional; por tanto, se invoca como tal, el juicio de amparo 1316/2016-VII, promovido por los propios quejosos. Constancias de las que se desprende que en la ejecutoria emitida en dicho juicio de amparo, se concedió a los propios quejosos, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamaron de las mismas autoridades señaladas como responsables, y que hicieron consistir en el oficio 1775/2016 relativo al no ejercicio de la acción penal, contra quien resulte responsable por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo, fracción I, de la de Ley de Amparo, así como en la resolución de treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, en el que se declaró el no ejercicio de la acción penal derivado de la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-COE/58B/2016. La protección constitucional fue otorgada para el efecto de que la responsable deje sin efectos la determinación reclamada y, en su lugar, dicte una nueva en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que estime procedente, en relación con la consulta de no ejercicio de la acción penal planteada en la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-COE/58B/2016, tomando en consideración todos y cada uno de los argumentos planteados por la parte denunciante, aquí quejosos, en su ocurso de inconformidad de dos de agosto de dos mil dieciséis. Lo anterior, fundando y motivando la determinación que al efecto emita. Ello, conforme a los lineamientos trazados a lo largo de esta resolución, y en restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de tal trasgresión. En cumplimiento a dicho fallo protector, por resolución de veinte de octubre de dos mil diecisiete, se decretó el no ejercicio de la acción penal en autos de la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-COE/58B/2016, con folio DYNE/126/2016 y oficio SDY/297/2016; la que fue comunicada a este juzgado mediante el oficio DEY/6411/2017, signado por el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República (acto también reclamado en este juicio). De dicha determinación, y oficio se dio vista a los quejosos, mediante auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, el cual fue notificado por medio del aviso correspondiente, el treinta de octubre de dos mil diecisiete. Haciendo notar que, el siete de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo al autorizado de la parte quejosa realizando diversas manifestaciones en relación con el no ejercicio de la acción penal. A fin de acreditar lo anterior, se ordena glosar a este expediente, copia certificada de las constancias a que se hizo alusión con antelación. Sentado lo anterior, este Juzgador Federal advierte que respecto de los precitados actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 1316/2016 del índice de este órgano de control constitucional, se advierte que los propios quejosos, a través de la notificación correspondiente, al menos desde el treinta de octubre de dos mil diecisiete, tuvieron conocimiento de los actos reclamados que pretenden combatir con el presente juicio de amparo, en virtud de que fueron emitidos precisamente en cumplimiento al fallo protector otorgado en el diverso expediente 1316/2016. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados consistentes en la resolución de veinte de octubre de dos mil diecisiete, así como el oficio DEY/6411/2017, relativo al no ejercicio de la acción penal derivado de la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-COE/58B/2016, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de las constancias que integran el juicio de amparo 1316/2016-VII, del índice de este órgano de control constitucional, se desprende que tuvo conocimiento de la resolución que determinó el no ejercicio de la acción penal y el oficio, que por esta vía impugna, al menos desde el treinta de octubre de dos mil diecisiete, en que se le notificó la vista del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo dictada en aquel juicio de amparo; el plazo para presentar su demanda de amparo comenzó a correr y contarse al día siguiente, por lo que es inconcuso que a la fecha en que, mediante su demanda de amparo, señaló como acto reclamado la resolución de veinte de octubre de dos mil diecisiete, así como el oficio DEY/6411/2017 relativo al no ejercicio de la acción penal derivado de la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-COE/58B/2016, que lo es el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, según aparece de la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, tuvo conocimiento de los actos reclamados al menos desde el treinta de octubre de dos mil diecisiete, en tanto que presentó su escrito de demanda hasta el cuatro de diciembre de la presente anualidad, es notorio que resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de amparo; y como autorizados para tal efecto a Pedro Raquel López Chulim, en términos amplios que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Petronilo Rosado Chay, Alba del Rocío Cetina Chan y Amado Centeno Uh, contra el acto que reclama del Delegado Estatal en Yucatán de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte el quejoso impugna de las responsables, la resolución de veinte de octubre de la presente anualidad, así como el oficio DEY/6411/2017 relativo al no ejercicio de la acción penal derivado de la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-COE/58B/2016. Ahora bien, debe decirse que constituyen un hecho notorio para este Juzgador, los expedientes tramitados en este órgano de control constitucional; por tanto, se invoca como tal, el juicio de amparo 1316/2016-VII, promovido por los propios quejosos. Constancias de las que se desprende que en la ejecutoria emitida en dicho juicio de amparo, se concedió a los propios quejosos, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamaron de las mismas autoridades señaladas como responsables, y que hicieron consistir en el oficio 1775/2016 relativo al no ejercicio de la acción penal, contra quien resulte responsable por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo, fracción I, de la de Ley de Amparo, así como en la resolución de treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, en el que se declaró el no ejercicio de la acción penal derivado de la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-COE/58B/2016. La protección constitucional fue otorgada para el efecto de que la responsable deje sin efectos la determinación reclamada y, en su lugar, dicte una nueva en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que estime procedente, en relación con la consulta de no ejercicio de la acción penal planteada en la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-COE/58B/2016, tomando en consideración todos y cada uno de los argumentos planteados por la parte denunciante, aquí quejosos, en su ocurso de inconformidad de dos de agosto de dos mil dieciséis. Lo anterior, fundando y motivando la determinación que al efecto emita. Ello, conforme a los lineamientos trazados a lo largo de esta resolución, y en restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de tal trasgresión. En cumplimiento a dicho fallo protector, por resolución de veinte de octubre de dos mil diecisiete, se decretó el no ejercicio de la acción penal en autos de la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-COE/58B/2016, con folio DYNE/126/2016 y oficio SDY/297/2016; la que fue comunicada a este juzgado mediante el oficio DEY/6411/2017, signado por el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República (acto también reclamado en este juicio). De dicha determinación, y oficio se dio vista a los quejosos, mediante auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, el cual fue notificado por medio del aviso correspondiente, el treinta de octubre de dos mil diecisiete. Haciendo notar que, el siete de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo al autorizado de la parte quejosa realizando diversas manifestaciones en relación con el no ejercicio de la acción penal. A fin de acreditar lo anterior, se ordena glosar a este expediente, copia certificada de las constancias a que se hizo alusión con antelación. Sentado lo anterior, este Juzgador Federal advierte que respecto de los precitados actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 1316/2016 del índice de este órgano de control constitucional, se advierte que los propios quejosos, a través de la notificación correspondiente, al menos desde el treinta de octubre de dos mil diecisiete, tuvieron conocimiento de los actos reclamados que pretenden combatir con el presente juicio de amparo, en virtud de que fueron emitidos precisamente en cumplimiento al fallo protector otorgado en el diverso expediente 1316/2016. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados consistentes en la resolución de veinte de octubre de dos mil diecisiete, así como el oficio DEY/6411/2017, relativo al no ejercicio de la acción penal derivado de la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-COE/58B/2016, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de las constancias que integran el juicio de amparo 1316/2016-VII, del índice de este órgano de control constitucional, se desprende que tuvo conocimiento de la resolución que determinó el no ejercicio de la acción penal y el oficio, que por esta vía impugna, al menos desde el treinta de octubre de dos mil diecisiete, en que se le notificó la vista del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo dictada en aquel juicio de amparo; el plazo para presentar su demanda de amparo comenzó a correr y contarse al día siguiente, por lo que es inconcuso que a la fecha en que, mediante su demanda de amparo, señaló como acto reclamado la resolución de veinte de octubre de dos mil diecisiete, así como el oficio DEY/6411/2017 relativo al no ejercicio de la acción penal derivado de la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-COE/58B/2016, que lo es el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, según aparece de la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, tuvo conocimiento de los actos reclamados al menos desde el treinta de octubre de dos mil diecisiete, en tanto que presentó su escrito de demanda hasta el cuatro de diciembre de la presente anualidad, es notorio que resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de amparo; y como autorizados para tal efecto a Pedro Raquel López Chulim, en términos amplios que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano