Petronila Mercado Avila
Expediente 1340/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 31 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1340/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Petronila Mercado Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
SE AGREGA RATIFICACION DE DESISTIMIENTO DE RECURSO, SE TIENE POR CONSENTIDO AUTO Y SE ORDENA ARCHIVO DEFINITIVO DEL ASUNTO...
- Principal
SE AGREGA ESCRITO DE LA PARTE QUEJOSA, SE ORDENA RATIFICARLO...
- Principal
SE TIENE POR INTERPUESTO RECURSO DE INCONFORMIDAD...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al TERCERO INTERESADO MARGARITA GARZÓN MUNGUÍA, EL AUTO DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, que en lo conducente dice: "Visto el estado de autos, con base en las constancias que obran en el expediente, se determinará si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo. Los actos reclamados por la parte quejosa, consistieron en lo siguiente: ". "ACTOS RECLAMADOS: 1.- De la primera de las autoridades señaladas como responsables se reclama la inconstitucionalidad del artículo 226 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora. 2.- De la segunda de las autoridades señaladas como responsables se reclama la promulgación y publicación de la ley que se atribuye al Congreso del Estado de Sonora. 3.- De la tercera de las autoridades señaladas como responsables se reclama el refrendo del decreto promulgatorio que se atribuye al Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 4.- De la cuarta de las autoridades señaladas como responsables se reclama como acto concreto de aplicación del precepto tildado de anticonstitucional y por vicios propios la confirmación de la resolución de no ejercicio de la acción penal, dictada por el Agente Primero Investigador del Ministerio Público Especializado en Delitos Ocasionados por el Tránsito de Vehículos de esta ciudad de Hermosillo Sonora, en la averiguación previa 412/2014." De igual forma al sobrevenir una ampliación de demanda, se reclamó, además: "- La resolución de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa penal 412/2014." Finalmente, conforme el artículo 74, fracción I, de la legislación que aplica al juicio, se precisaron los reclamos como: a) Del Congreso, Gobernadora y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Sonora, la emisión, promulgación y orden de publicación del artículo 226 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora. b) Del Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, la confirmación de la resolución de no ejercicio de la acción Penal. c) Del Agente Primero Investigador del Ministerio Público Especializado en Delitos Ocasionados por el Tránsito de Vehículos, la resolución de no ejercicio de la acción penal, dictada en la averiguación previa 412/2014. En sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se resolvió: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Petronila Mercado Ávila, respecto de los actos reclamados al Secretario de Gobierno del Estado de Sonora y Agente Primero Investigador del Ministerio Público Especializado en Delitos Ocasionado por el Tránsito de Vehículos, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa Petronila Mercado Ávila, contra los actos que reclama de las autoridades Congreso y Gobernadora, ambos del Estado de Sonora, y del Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, consistente en la emisión, promulgación y orden de publicación del artículo 226 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora; así como su acto de aplicación, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el considerado séptimo de la presente resolución. La parte tercero interesada y el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en representación del Fiscal General de Justicia, interpusieron recurso de revisión, los cuales se remitieron adjuntos al expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, y le tocó conocer del medio impugnativo al Primer Colegiado de dichas materias. Consecuentemente, el trece de mayo de dos mil veinte, el aludido Tribunal Colegiado dictó resolución en el amparo en revisión, en la cual resolvió: PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, por las consideraciones expuestas en el quinto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Queda intocado el sobreseimiento decretado en el resolutivo primero, que se rige por el considerando séptimo de la resolución recurrida, respecto de los actos reclamados al Agente Primero Investigador del Ministerio Público Especializado en Delitos Ocasionados por el Tránsito de Vehículos de la Procuraduría de Justicia Estatal y al Secretario de Gobierno del Estado de Sonora. TERCERO. En la materia de la revisión, se modifica la resolución recurrida. CUARTO. Para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Petronila Mercado Ávila contra los actos reclamados al Congreso, Gobernadora y Fiscal General, todos del Estado de Sonora. Efectos que se precisaron como: a) Deje insubsistente la resolución emitida el diez de octubre de dos mil diecisiete, en la que confirmó el no ejercicio de la acción penal. b) Dicte otra en la que, sin aplicar el contenido del artículo 226 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, valore el dictamen en materia de tránsito terrestre emitido por los peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, como dato-indicio, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a derecho corresponda. Posteriormente, por oficio registrado 8785, recibido el trece de octubre de la presente anualidad, la Fiscal General del Estado Sonora con sede en esta ciudad, exhibió copia certificada de la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, relativa a la resolución confirmatoria de no ejercicio de acción penal del diez de octubre de dos mil diecisiete. Con ello, a través del proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, se otorgó vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo este Órgano Jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por la autoridad. Ahora, el oficio de la responsable que informa el cumplimiento a la ejecutoria 861/2018, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, contiene el anexo consistente en la resolución de nueve de octubre del dos mil veinte que confirma el no ejercicio de la acción penal decretado en la averiguación previa 412/2014. Ante tal situación, se tiene que el primer lineamiento fue acatado en razón que en el resolutivo segundo se dejó insubsistente la resolución de diez de octubre de dos mil diecisiete que calificara el no ejercicio de la acción penal decretado en la averiguación previa 412/2014. Luego, en acatamiento al diverso punto del fallo constitucional, en las consideraciones señaladas con el número cuatro la fiscal entró en materia, para lo cual analizó los datos fácticos y jurídicos que en la disciplina de la rama penal se conocen como indicios, luego en lo esencial en el punto dieciséis analizó el dictamen de tránsito terrestre, efectuando la trascripción de estilo, enseguida le otorgó el valor probatorio de simple indicio, posteriormente en los párrafos relativos al análisis del cuerpo del delito reiteró la valoración que fue estimada bajo el contexto de la prueba presuncional, pero como se indicó en la ejecutoria, sin arribar a la aplicación de las hipótesis del artículo 226 de la legislación procesal penal de Sonora, razón por la cual se tiene por cumplida la ejecutoria. La conclusión anterior, a la que se arribó con apoyo en la fracción tercera, del numeral 196 de la Ley de Amparo, tiene sustento sin que pasen desapercibidas las aseveraciones que en la contestación que se hiciera con motivo de la vista del cumplimiento a la parte quejosa, en virtud que refiere que la responsable invocó Jurisprudencia cuya temporalidad de vigencia, es posterior a la resolución que constituyó el acto reclamado, empero, en la especie el análisis se ciñó con seguimiento a los puntos que se especificaron para cumplir con los efectos, de tal manera que al margen de que la responsable invocó Tesis diversas para apoyar sus consideraciones, lo medular fue que no acudió a la hipótesis del artículo 226 del Código Procesal Penal de Sonora catalogado como inconstitucional, y fue allí donde se estableció el acatamiento al fallo de amparo, lo cual es suficiente para tener por cumplida la ejecutoria, sin desbordar sus efectos en cuestiones ajenas a la temática de la sentencia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces."..."
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