Petrona Alegría Gallegos y Otros.
Expediente 186/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Petrona Alegría Gallegos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de dos de agosto del año en curso (foja 39), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo, al respecto se provee. Ahora bien, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cúmplase. IV-A
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto en el que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional el trece de junio de dos mil diecinueve, promovido por la quejosa Petrona Alegria Gallegos y otros (fojas 30-34); con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. NOTIFÍQUESE. IVA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, trece de junio de dos mil diecinueve. Visto el informe justificado, que rinden los Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental consistente en copias certificadas del auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, y de las constancias actuariales correspondientes al expediente laboral 126/2019, las que dada su naturaleza en este acto se desahogan. En razón de lo anterior y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia; y, dado que éstas son de estudio preferente y de orden público, se atiende de la siguiente manera: LEY DE AMPARO APLICABLE La presente determinación se emitirá conforme a la Ley de Amparo vigente, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, pues la demanda de amparo se presentó dentro de la vigencia de dicha ley; esto sin perjuicio de que se puedan aplicar jurisprudencias que se refieran a la Ley de Amparo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo SEXTO transitorio del decreto de reforma de dicha ley. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO El tres de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en este juzgado la demanda de amparo promovida por PETRONA ALEGRÍA GALLEGOS, y otros, por propio derecho, contra actos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, que hizo consistir en: La omisión de dictar auto de radicación en el juicio laboral número 126/2019, en relación con la demanda interpuesta por la parte quejosa el quince de marzo de dos mil diecinueve. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, una vez fijados los actos reclamados, es de precisarse que se concreta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. La hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho el Alto Tribunal, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, si en el particular, los peticionarios de garantías como ya se estableció promovieron el presente juicio de amparo señalando como acto reclamado la omisión de dictar auto de radicación en el juicio laboral número 126/2019, en relación con su demanda interpuesta el quince de marzo de dos mil diecinueve. Y del análisis de las documentales que remite la autoridad con el oficio que se acuerda, consistentes en copia copias certificadas del auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, y de las constancias actuariales correspondientes al expediente laboral 126/2019, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2; se advierte que precisamente en el citado proveído de catorce de mayo la responsable radicó la demanda presentada por los quejosos en el juicio laboral de origen, determinando ser competente para conocer del asunto y admitiendo a trámite la misma (foja 25), proveído que fue notificado el treinta siguiente como se advierte a foja 28 En ese sentido, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consistente en que han cesado los efectos del acto reclamado, puesto que para que se actualice la referida causa de improcedencia, es necesario que queden destruidos los efectos del acto reclamado en forma total, como sucedió en la especie y hace que queden las cosas como si nunca se hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o que de haberlo hecho no quede huella, ya que lo que justifica la improcedencia es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos. Lo anterior es así, pues la responsable demostró haber radicado la demanda de los quejosos en el expediente laboral 126/2019, y por lo tanto, subsanado la omisión por la cual instaron este juicio de amparo, quedado destruidos los efectos del acto violatorio de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta aplicable por no ser contraria a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia número 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo II, Procesal Constitucional Primera Parte-SCJ Segunda Parte, del Apéndice de 2011, Novena Época, Materia Común, con número de registro 1002264, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como en lo conducente, en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página: 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esas condiciones, como se adelantó al actualizarse de forma manifiesta e indubitable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Sirve de sustento, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, página 386, bajo el número de registro 184572, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 17). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. IV-A
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos copia del oficio 462/2019, signado por el Jefe de Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, por el que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante diverso 745 de veinticuatro de mayo del año en curso, informa que solicitó con carácter extra urgente a su similar con sede en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, la pieza postal 7060111102525, que ampara el oficio 645, dirigido a la Junta de Arbitraje para los empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con sede en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, tómese nota de lo anterior para los efectos legales consiguientes. Notifíquese. MESA IV-A
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