Petra Zuñiga González
Expediente 355/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 355/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Petra Zuñiga González
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.
- Principal
ÚNICO. SE SOBRESEE
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinte de junio de dos mil diecisiete. Remite copia simple. Se tiene por recibido el escrito firmado por la quejosa Petra Zúñiga González, mediante el cual remite copia simple de la resolución negativa de pensión, asimismo, realiza diversas manifestaciones. En atención a lo anterior, téngase por hechas las manifestaciones que realiza la promovente, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Prueba documental. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase ofrecida la prueba documental que se anexa al escrito de cuenta, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional, y con la misma dese vista las partes para los efectos legales correspondientes. Informes justificados. Por otra parte, visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase al Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Encargado Provisional del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, sin perjuicio de relacionarlos al celebrarse la audiencia constitucional, con su contenido dese vista a las demás partes para su conocimiento y efectos legales a que hay lugar. Domicilio y delegados. Como lo solicitan, se les tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indican en los informes de cuenta, y por designados como delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a los profesionistas que precisan. Pruebas documentales y vista a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse ofrecidas las pruebas documentales que se anexan a los informes justificados de cuenta, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional, y con las mismas dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Tiene aplicación al respecto, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada el 29 de abril de 2016, en el Semanario Judicial de la Federación, en Materia Común, correspondiente a la Décima Época, con Registro 2011561, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CASOS EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR SU NOTIFICACIÓN POR LISTA. Si del informe justificado rendido por la autoridad responsable no se advierte la existencia de un nuevo acto reclamado, de una diversa autoridad no señalada inicialmente por el agraviado o que mediante él se den a conocer los fundamentos y motivos del acto que impugna y alegó desconocer, el Juez de Distrito deberá ordenar su notificación por lista de acuerdos, ya que sólo si se actualiza alguno de los referidos supuestos tendría que efectuarse personalmente porque, de no hacerlo así, se dejaría en estado de indefensión al quejoso, pues no tendría otro momento para impugnar esos aspectos, cobrando aplicación, en ese caso, la fracción I, inciso k), del artículo 26 de la Ley de Amparo, que consigna la facultad del juzgador para hacerlo así cuando lo amerite." Diferimiento. En consecuencia, y dado que aún no transcurren ocho días continuos para que las partes se impongan de dichos informes, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia, que establece: "Novena Época Registro: 191995 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2000 Página: 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Radicación. Se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por Petra Zúñiga González. Creación del expediente. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 355/2017 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Decisión sobre la instancia constitucional. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1ro, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 primer párrafo y 115 de la Ley de Amparo, se admite a tramite la demanda que promueve Petra Zúñiga González, contra actos de las autoridades responsables denominadas: Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad. Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Audiencia constitucional. Con apoyo en el numeral 115 de la legislación en cita, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. V. Intervención a las partes en el juicio de amparo. Quejoso. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio procesal para recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Manuel Sicairos Galindo, Francisco Ernesto Vega Salcido, Ricardo Ramírez de Jesús y Venancio Baltazar Pérez España, en la inteligencia que de la certificación de cuenta se advierte que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a Zuni Areli Castillo López, María Inés González Torres, Norma Angélica López González y Yolanda María Osuna Bogarín, por así haberlo solicitado. Pruebas. De igual manera, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa al escrito de demanda, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En relación a la prueba que denomina documental en vía de informe, dígasele que una vez que rindan los informes las autoridades responsables se proveerá lo conducente. c) Precisión de las autoridades responsables. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligación de la peticionaria de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que las autoridades responsables no existan con las denominaciones que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, hasta antes de la audiencia constitucional, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Autoridad responsable. a) Informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de quince días rindan su informe con justificación, apercibidas que de incumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las autoridades responsables para que en caso de que tengan conocimiento que se actualice alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con esa obligación, se impondrá una multa de treinta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en su caso, remita las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que sirvieron de apoyo para emitirlo, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo, con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de no informar las causas legales o materiales que se los impidan, se les impondrá una multa de cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Tercero interesado. Se hace constar que en el presente asunto se señaló que no existe tercero interesado, y de la revisión de la demanda no se advierte la existencia de alguno. Representación Social. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. VI. Incidente de suspensión. No se ordena la apertura y trámite del incidente de suspensión, en virtud de no haber sido solicitado por la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese y cúmplase.
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