Petra Zamora Romero

Expediente 1185/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1185/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
26/12/2016

Partes del expediente

  • Petra Zamora Romero
  • Isabel Zamora Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia y archívese este expediente como asunto concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de depuración, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento; por lo que, previa digitalización, únicamente deberán conservarse la demanda y sentencia respectivas; asimismo, por cuanto hace al incidente de suspensión, se conservará la resolución interlocutoria, toda vez que la misma fue concedida; ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    R E S U E L V E : PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************por derecho propio, contra el acto que reclamaron del JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LARDIZÁBAL Y URIBE, precisado en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando último de la misma resolución. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, toda vez que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente se encuentra transcurriendo el término para que las partes, se impongan del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LARDIZÁBAL Y URIBE; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las DIEZ HORAS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para su celebración. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J54/2000, sustentadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, abril 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese el escrito del quejoso, Rafael Juárez Castañeda, atento a su contenido, y en atención a que las autoridades responsables, MAGISTRADA ELSA CORDERO MARTÍNEZ, PRESIDENTA, EL PLENO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, ASÍ COMO EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, no cumplieron con el requerimiento que se les formuló mediante proveído de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis; sino por el contrario en contra de dicho proveído, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, interpuso recurso de queja, del cual tocó conocer al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, sin embargo, por ejecutoria de fecha dieciocho de agosto del presente año, se desechó por improcedente dicho recurso; asimismo, tampoco manifestaron sobre el particular, respecto del diverso proveído de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis; no obstante que quedaron legalmente notificados.Consecuentemente, en atención a lo anterior, y a lo considerado en la interlocutoria dictada al resolverse el incidente innominado a efecto de que se precisen o definan los términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo; con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, REQUÍERASE POR ÚLTIMA VEZ, a la MAGISTRADA ELSA CORDERO MARTÍNEZ, PRESIDENTA; PLENO; TESORERA Y CONTRALOR, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, ASÍ COMO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, cumplan con la ejecutoria de amparo, debiendo informar sobre ese cumplimiento, anexando las constancias que los acredite; apercibiéndolos que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que pudiera culminar con la separación de sus puestos y su consignación.Solo en abundamiento, es pertinente hacerles del conocimiento a las autoridades responsables, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193, de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector.Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia visible en la página 11, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Pleno, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso".También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 1902, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:"SENTENCIA DE AMPARO. PARA CONSIDERAR OPORTUNO SU CUMPLIMIENTO Y EVITAR LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA RESPECTIVA, SE REQUIERE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTE SU NUEVA DETERMINACIÓN Y LA COMUNIQUE AL ÓRGANO DE AMPARO DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO POR ÉSTE (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- La sentencia de amparo que requiera de ejecución de acuerdo con la pretensión que en ella se reconozca y la garantía individual o el derecho humano que se haya considerado vulnerado por la autoridad responsable, exige que ésta satisfaga dos requisitos para que se le tenga por cumpliendo oportunamente con la ejecutoria respectiva: que pronuncie su nueva determinación; y, que ésta la comunique al órgano jurisdiccional de amparo, en la inteligencia de que ambos actos deben generarse dentro del término concedido para acatar la sentencia protectora. En esa tesitura, para el cumplimiento oportuno no basta con que la autoridad responsable pronuncie su determinación dentro del citado plazo, sino que es menester que en este propio lapso la comunique al órgano de amparo pues, para que éste conozca aquella decisión, es indispensable que tenga a la vista el documento que motivó su conclusión y, así, pueda proveer si impone o no la multa, acorde con el artículo 193 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013. Por tanto, la circunstancia de que la determinación de cumplimiento presente fecha que se comprenda dentro del término conferido, no impide aplicar la multa, si la constancia respectiva no se recepcionó dentro del citado plazo, puesto que sólo cuando ambos hechos se actualizan dentro de dicha temporalidad, puede concluirse que hay cumplimiento oportuno, lo que genera que el órgano judicial de amparo se abstenga de imponer la referida sanción".Finalmente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1521, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, de la Gaceta, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. INICIADO SU TRÁMITE EN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO PUEDE DECLARARSE SIN MATERIA, AUN CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO INFORME QUE TUVO POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO, YA QUE EN TAL CASO, DEBE RESOLVERSE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LA AUTORIDAD POR EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO.- Si durante el trámite del incidente de inejecución de sentencia, el Juez de Distrito informa al Tribunal Colegiado de Circuito que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo indirecto, ello no da lugar a declarar sin materia el incidente respectivo, pues con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la Ley Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el órgano colegiado debe pronunciarse respecto de si ese cumplimiento extemporáneo es o no justificado. Lo anterior, porque de los referidos artículos se obtiene que las ejecutorias de amparo, por regla general, deben cumplirse en el plazo de tres días, excepto cuando el órgano judicial de amparo haya determinado ampliar dicho término en los casos que la ley lo autoriza; que si la autoridad responsable no cumple con la ejecutoria de amparo indirecto en el plazo fijado, el Juez de Distrito hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para iniciar el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto y la consignación de la autoridad responsable. Una vez recibidos los autos en el órgano colegiado de circuito, éste notificará a las partes, revisará el trámite del Juez de Distrito y dictará la resolución que corresponda, en la cual puede reiterar el incumplimiento, o en su caso, pronunciarse respecto de si el cumplimiento fue extemporáneo e injustificado, para, en cualquiera de ambos casos, remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable, en el supuesto de que se reitere el incumplimiento, o bien, para su consignación ante el Juez de Distrito que corresponda para que resuelva sobre la posible responsabilidad penal, en la hipótesis de que exista un cumplimiento extemporáneo injustificado, pues de conformidad con el citado artículo 195, el cumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, lo que conduce a estimar que debe existir un pronunciamiento acerca de si éste fue o no injustificado".NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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