Petra Velina Vázquez Palma

Expediente 1021/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1021/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Petra Velina Vázquez Palma

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos, el oficio de la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; por medio del cual informa se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto que desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, el cual quedó registrado bajo el número 506/2023, de su índice; de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito de Manuel Galván Espinosa, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja y formula agravios, en contra del auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés que desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. Con fundamento en los artículos 97, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación en el sentido que es cierto el acto reclamado, al que se deberá adjuntar, impresión en duplicado del ocurso de cuenta, además de las copias certificadas conducentes como apoyo del mismo. Remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para la sustanciación del recurso. Asimismo, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE), para que habilite la vinculación electrónica en el presente juicio de amparo, para los efectos a que haya lugar. Sin que haya lugar a requerir a las partes que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el presente juicio de amparo fue desechado. Finalmente, se autoriza al Secretario judicial a firmar el informe correspondiente. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés. recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Petra Velina Vázquez Palma, contra actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad y otra autoridad. En consecuencia, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) con el número 1021/2023 y fórmese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia Común, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa, señala como acto reclamado, lo siguiente: La providencia precautoria de retención de bienes y embargo de cuenta bancaria emitida en el expediente 544/2023, índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, en la que se decretó la inmovilización, bloqueo, congelamiento y/o embargo de su cuenta bancaria con número de tarjeta 4152314084453300, de la Institución Financiera BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. En mérito de lo anterior, se estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto y fracción transcritos, prevén la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Ahora como se destacó, la quejosa reclama providencia precautoria de retención de bienes y embargo de cuenta bancaria emitida en el expediente 544/2023, índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, en la que se decretó la inmovilización, bloqueo, congelamiento y/o embargo de su cuenta bancaria con número de tarjeta 4152314084453300, de la Institución Financiera BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la quejosa de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 525, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002286, cuyo tenor literal es: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. De ahí, que la quejosa está obligada a agotar el recurso de apelación, para combatir el acto reclamado, en términos de los artículos 1339 y 1345 fracción IV, así como 1334 y 1335 del Código Comercio (numerales vigentes al momento de la presentación de solicitud de providencias precautorias), en relación al monto actualizado que disponen: "Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $816,439.97 (Ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. [.] Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. [.] Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." Art. 1,345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: [.] IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo; "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Los preceptos citados establecen un método de impugnabilidad aplicable para toda clase de medidas cautelares como en la especie, que se dictaron en una providencia precautoria; de tal forma que contra la determinación que concede la medida precautoria de retención de bienes y embargo de cuentas bancarias como las que aquí se reclaman, procede el recurso de apelación, en caso de que la cuantía del negocio exceda el importe previsto en el artículo 1339 del Código de Comercio. Medio de impugnación que es de tramitación inmediata en efecto devolutivo, de acuerdo con los ordenamientos aludidos y, por tanto, atendiendo al principio de definitividad, este recurso debe agotarse de manera previa a la promoción del juicio de amparo indirecto. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las medidas de aseguramiento deben sujetarse al principio de definitividad; lo anterior, de acuerdo a los razonamientos establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.) de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s) Común, Civil, con registro digital: 2017693, de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." En efecto, el recurso de apelación es el medio de impugnación idóneo para combatir la determinación que ordena la providencia precautoria de retención de embargo de la cuenta bancaria; por lo que al no haberse agotado este medio de impugnación, es inconcuso que no se satisface el principio de definitividad. Y en todo caso, si la cuantía del procedimiento de origen no excediera de $816,439.97 (Ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 M.N.) por concepto de suerte principal, previsto en el artículo 1339 del Código de Comercio, procedería el recurso de revocación, conforme al diverso numeral 1334, del propio texto legal. Se cita por sus consideraciones la jurisprudencia PC.I.C. J/79 C (10a.) de la Décima Época, sustentada por los Plenos de Circuito de los Tribunales Colegiados del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, Materia Civil, página 1747, Registro digital: 2018338, de contenido siguiente: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LAS SOLICITADAS COMO MEDIDAS PREJUDICIALES EN PROCESOS CAUTELARES DE CUANTÍA MENOR PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. De conformidad con la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 2017, el recurso de revocación es procedente para impugnar la resolución dictada en un proceso cautelar de cuantía menor, que deniegue las providencias solicitadas prejudicialmente. Es verdad que el artículo 1183 del código mencionado prevé solamente la recurribilidad de la resolución que admite la solicitud de providencias cautelares, en tanto que nada dice por cuanto hace a la que las deniega; sin embargo, debe partirse de la base de que en materia de recursos opera la máxima de que, en principio, todas las resoluciones son recurribles, a menos que la ley disponga lo contrario y, en el caso, no existe prohibición sobre el particular, sin que pase inadvertido que respecto al tema de que se trata, el cuerpo de leyes invocado no procedió como lo hizo en el segundo párrafo de su artículo 1153, con relación a los medios preparatorios a juicio, al admitir recurso contra la resolución que deniega la diligencia preparatoria y establecer la irrecurribilidad de la resolución que la concede. No obsta que la medida cautelar anteceda a un juicio oral mercantil, porque aun en tal caso el recurso procede, en atención a que en lo que respecta a las providencias precautorias, el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 1 remite a la regulación del Capítulo (XI, Título Primero, Libro Quinto) que rige a éstas. Dentro de este capítulo, el artículo 1183 genera la aplicación del numeral 1345, fracción IV; ambos prevén el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, pero mientras que el primero de esos preceptos lo circunscribe a la resolución que decreta dichas providencias, el segundo extiende la procedencia a la resolución que recaiga "a las providencias precautorias" en general, sin limitar el recurso al pronunciamiento que las concede, porque para la procedencia de la apelación, el requisito que debe observarse tiene que ver únicamente con la cuantía del negocio, no con el sentido de la resolución. De modo que si la cuantía del proceso cautelar es menor al monto indicado en los artículos 1339 y 1340 del ordenamiento citado, esto conduce a la aplicación del artículo 1334 de la misma codificación en la parte que dispone que los autos que no fueren apelables admiten la revocación." Sin que obste a lo anterior, que aún y cuando la parte quejosa se ostente como tercera extraña por equiparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que en medidas cautelares al no ser actos privativos, no rige la garantía de audiencia previa. Lo anterior es así, pues a través del ejercicio interpretativo y sistemático efectuado a los artículos 107 fracción III, incisos a) y b), 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1168 a 1189 y 1139, 1345, fracción IV y 1345 Bis 1 del Código de Comercio, en contra del auto que dicta una medida precautoria no sólo durante la tramitación de juicios mercantiles sino también de providencias precautorias decretadas de forma previa a la instauración de dichos juicios, se debe observar el principio de definitividad, incluso por la persona en contra de la cual se decreta la medida precautoria como lo es el futuro demandado. Entonces, el futuro demandado no debe ser considerado como tercero extraño por equiparación, tanto es así, que estableció que éste tiene la obligación de agotar recurso ordinario, sin establecer que deba ser notificado previamente de la medida o medidas precautorias, pues consideró que estas tienen como finalidad preservar una situación de hecho existente y pueden decretarse antes de que se inicie el juicio y durante la sustanciación del mismo sin audiencia de parte. De este modo, lo resuelto por la Primera Sala tiene como propósito establecer que el futuro demandado debe observar el principio de definitividad previamente a la instauración del juicio de amparo que promueva contra la resolución que decreta medidas precautorias en su contra, en el procedimiento prejudicial, en razón de que el artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio expresamente prevé el recurso de apelación de tramitación inmediata, en efecto devolutivo (siempre y cuando la sentencia definitiva que deba recaer al juicio sea apelable por razón de cuantía, pues de lo contrario será procedente la revocación). Entonces, válidamente puede concluirse que la persona futura demandada contra quien se decretan de manera prejudicial, no puede tener la calidad de persona extraña a ese procedimiento cautelar, pues tomar otra postura, sería desconocer la naturaleza de las medidas precautorias de retención y sobre todo que éstas se decretan sin previa audiencia. Se invoca al respecto, la jurisprudencia P./J. 21/98 de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, Materia(s): Constitucional, Común, con registro digital: 196727, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Asimismo, la jurisprudencia PC.I.C.J/23 C (11a) de la Undécima Época, del Pleno del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2023, Materia(s): Civil, Común, con registro digital: 2025814, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN FORMA PREVIA A LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA EN CONTRA DE LA CUAL SE DICTAN NO SE ENCUENTRA EXENTA DE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN, SI LA CUANTÍA DEL NEGOCIO LO PERMITE, POR NO UBICARSE EN EL CASO DE EXCEPCIÓN DEL TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias, pues uno de ellos considera que la persona en contra de la cual se decreta una medida precautoria en el procedimiento mercantil prejudicial, tiene la obligación de interponer el recurso de apelación en contra de esa resolución, en forma previa a la promoción del juicio de amparo, pues carecía de la calidad de tercera extraña a juicio, en razón de que fue vinculada al proceso cautelar, por ser la persona contra quien se solicitó la medida, y porque las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición, sino se trata de la "futura demandada"; mientras que el otro tribunal afirma que la afectada con la medida, no tenía la obligación de interponer el recurso ordinario, ante la falta de notificación de las providencias precautorias, pues esa omisión ocasionó el desconocimiento total de la quejosa, lo cual evidenciaba que era una auténtica tercera extraña a juicio, y esa circunstancia la relevaba de interponer el recurso ordinario, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." Máxime que, en el caso, aun cuando la quejosa se pretendiera ostentar como tercera extraña a juicio por equiparación, no le resultaría tal carácter pues tomar otra postura, sería desconocer la naturaleza de las medidas precautorias de retención y sobre todo que éstas se decretan sin previa audiencia. Aunado, que del análisis de la demanda de amparo se desprende que a la quejosa tiene conocimiento de la existencia del expediente 544/2023 del índice del juzgado responsable, en la cual, además refiere le fue impuesta una medida precautoria de retención de bienes y embargo de cuentas bancarias, lo cual corroboró al consultar el expediente electrónico mediante el juicio en línea del Poder Judicial de la Federación de dicho asunto. De ahí que, este órgano jurisdiccional estima que la aquí quejosa no se encuentra frente algún caso de excepción al principio de definitividad de que se trata. En esas condiciones, ante la inobservancia del principio de definitividad, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento legal. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, registro 174737, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. domicilio y autorizados para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Galván Espinosa, Francisco Antonio Lescas y Teresa Lechuga Díaz; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas, toda vez que no se encontró registrada su cedula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF) y Registro Nacional de Profesionistas. Consulta del expediente electrónico. Asimismo, se autoriza a los usuarios MANUELGALVAN, LescasFrancisco, DAFNE99 y TeresaLechuga, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Daniel Lira Gurrión, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.

  4. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas del día diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, atento a las razones que anteceden, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, por medio de lista de acuerdos, misma que se fija en un lugar visible y de fácil acceso al local de este juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, notifico la determinación de cinco de octubre del año en curso, a la parte quejosa, dejando a su disposición en esta secretaría las copias del citado proveído. Doy fe.

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