Petra Valdes Ferreyra
Expediente 1154/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1154/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Petra Valdes Ferreyra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Apoderado y Representante Legal de 5. CFE Distribución Empresa Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, en Veracruz, Veracruz, personalidad que acredita con el documento que acompaña; recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, provéase lo conducente. En atención su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Así también, de conformidad con el numeral 119 de la ley antes citada, se tienen por anunciadas las PRUEBAS DOCUMENTALES adjuntas al informe de cuenta, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, téngasele señalando como domicilio oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto de su solicitud en el sentido de que se le permita la consulta vía internet del expediente electrónico; como lo solicita, se le autoriza dicha consulta vía internet, con los nombres de usuarios "JRUIZANGEL", "VictorCFEDistribución", y "SalvadorRdz", En esas condiciones, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta a la responsable con el nombre de usuario proporcionado, y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite, ello, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-255). SEGUNDO. Trámite. El diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado y, dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito (fojas 255-262). Se agregaron en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 277-288, 291-343, 384-436 y 461-466). Así mismo, en proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda de amparo de la parte quejosa respecto de las autoridades con su denominación correcta, que fueron señaladas en el escrito inicial de demanda: 7. Director de Protección Civil y Bomberos; 8. Jefe Administrativo de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Alvarado, y 9. Coordinador Operativo Municipal de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Alvarado, ambos dependientes y/o adscritas a la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, todos con residencia en Alvarado, Veracruz, y dos nuevos actos reclamados (fojas 353-360). El veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente y suspendió comunicación oficial con las autoridades responsables denominadas: 8. Jefe Administrativo, 9. Coordinador Operativo Municipal, y 10. Coordinador Operativo de Zona Norte, todos de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Alvarado, dependiente y/o adscrita a la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, residentes en Alvarado, Veracruz (foja 373-376). El veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se agregó en autos el informe justificado en ampliación por parte del 7. Director de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Alvarado (fojas 384-436) con el cual se dio vista a la parte quejosa. En treinta de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto de la autoridad 11. ********************, Personal Operativo de Protección Civil de Alvarado, Veracruz, y un nuevo acto reclamado (foja 442-448). Por lo que el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se agregó en autos el informe justificado en ampliación (fojas 461-468) con el cual se dio vista a la parte quejosa. Integrado el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 468-4701) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 468-470). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclama una clausura dictada en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que afecta derechos sustantivos, que lo es el derecho de posesión, pues sostiene la parte quejosa afecta irreparablemente su derecho humano a la libertad de trabajo, industria o comercio que desarrolla dentro del sitio clausurado; actos impugnables en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias que integran la totalidad del presente juicio de amparo, se aprecia que los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, son: De la 1. Secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz (Guadalupe Osorno Maldonado): a) La ilegal clausura de la torre y antena de telecomunicaciones propiedad de la quejosa, instalada sobre el inmueble ubicado en carretera Veracruz-Alvarado km. 52 ejido Alvarado y anexo, en Alvarado, Veracruz. Así como de las autoridades siguientes: 2. Director General de Planeación y Regulación de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (José Ramón Cardona Mendoza) con sede en Xalapa, Veracruz. 3. Ejecutiva de Protección Civil para la Evaluación de Dictámenes de Riesgo de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (Elisa del Carmen Cabrera González) con sede en Xalapa, Veracruz. 4. Jefa de Departamento de Unidades y Programas de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (Martha Denisse García Rodríguez) con sede en Xalapa, Veracruz. 5. Jefa de Departamento de Unidades y Programas de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (Adelina Peña Aranda) con sede en Xalapa, Veracruz. 6. Ejecutiva de Proyectos para la Evaluación de Dictámenes de Riesgo de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (Elisa del Carmen Cabrera González) con sede en Xalapa, Veracruz. 7. Director de Protección Civil del Municipio de Alvarado adscrito a la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, con sede en Alvarado, Veracruz. Autoridades a las que les reclama: a) La imposición de sellos de clausura, colocados en el acceso de la torre y antena de telecomunicaciones propiedad de la quejosa, instalada sobre el inmueble ubicado en carretera Veracruz-Alvarado km. 52 ejido Alvarado y anexo, en Alvarado, Veracruz. b) La ilegal clausura de la torre y antena de telecomunicaciones propiedad de la quejosa, instalada sobre el inmueble ubicado en carretera Veracruz-Alvarado km. 52 ejido Alvarado y anexo, en Alvarado, Veracruz. Asimismo, en ampliación de la demanda de amparo señaló los actos reclamados a la autoridad siguiente señalada como responsable: 7. Director de Protección Civil y Bomberos de Alvarado, Veracruz. a) Acta circunstanciada con número de folio 010, que obra en el expediente administrativo DMPA/02122022/AI, y b) La omisión de notificar el apercibimiento de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, relativo a la acreditación del dictamen emitido por la Dirección Municipal de Protección Civil. Finalmente, en diversa ampliación de la demanda de amparo señaló que a la autoridad y acto siguientes: 11. ********************, Personal Operativo de Protección Civil de Alvarado, Veracruz. a) Practicar la diligencia del acta circunstanciada con número de folio 010, que obra en el expediente administrativo DMPA/02122022/AI, y b) La omisión de notificar la citada acta. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables identificadas con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, puesto que a través del director Jurídico y representante legal de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente los destacados actos reclamados atribuidos (fojas 277-288). Siendo éstos: a) La imposición de sellos de clausura, colocados en el acceso de la torre y antena de telecomunicaciones propiedad de la quejosa, instalada sobre el inmueble ubicado en carretera Veracruz-Alvarado km. 52 ejido Alvarado y anexo, en Alvarado, Veracruz. b) La ilegal clausura de la torre y antena de telecomunicaciones propiedad de la quejosa, instalada sobre el inmueble ubicado en carretera Veracruz-Alvarado km. 52 ejido Alvarado y anexo, en Alvarado, Veracruz. Ello es así, ya que al rendir el correspondiente informe dicho director Jurídico manifestó que esa Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no ha impuesto sellos de clausura en el acceso de la torre de comunicaciones que refiere la parte quejosa, ni ha realizado clausura de la Torre y Antena de Telecomunicaciones propiedad de la quejosa. Que si bien tiene como atribución realizar supervisiones técnicas o visitas de verificación a las empresas, instituciones, organismos y asociaciones privadas y del sector social, de conformidad con lo establecido en el apéndice del Reglamento de la Ley 856 de Protección Civil y la Regulación de Riesgo y Desastres para el Estado de Veracruz, le corresponde vigilar aquellas clasificadas de mediano y alto riesgo, que en dicho apéndice precisa como actividades de bajo riesgo los siguientes numerales 137 (construcción de obras de telecomunicación) 649 (operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas) 650 (operadores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas) 651 (operadores de servicios de telecomunicación vía satélite) y 652 (otros servicios de telecomunicación); por lo que de conformidad con el artículo 47, fracción XIII de dicha ley, es atribución en primera instancia de la Unidad Municipal de Protección Civil del H. Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, realizar las visitas de verificación e implementar las medidas cautelares a las que aluden los artículos 82 y 102 de la Ley 856. En tales condiciones, en el caso, era necesario que la parte quejosa aportara medios de convicción idóneos para acreditar la certeza de los referidos actos, puesto que la carga probatoria se revierte al accionante del amparo cuando las responsables niegan su existencia, debido a que el que afirma tiene la responsabilidad de acreditar los extremos de sus aseveraciones, a partir del principio general de derecho contenido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la legislación de la materia, relativo a que quien afirma está obligado a probar, sin que se actualice alguna de las excepciones a dicho principio. Luego, si la parte quejosa no ofreció alguna probanza idónea que demostrara la existencia de los destacados actos reclamados, lo que le correspondía realizar en razón de la carga de la prueba; con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de dichos actos reclamados a esas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de actos. Enseguida se pasa a la verificación de los actos reclamados a las autoridades responsables, respecto de los cuales se conoció su certeza. En la especie, son ciertos los actos reclamados: De la autoridad 7. Director de Protección Civil y Bomberos de Alvarado, Veracruz. a) Acta circunstanciada con número de folio 010, que obra en el expediente administrativo DMPA/02122022/AI, y b) La omisión de notificar el apercibimiento de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, relativo a la acreditación del dictamen emitido por la Dirección Municipal de Protección Civil. De la autoridad 11. ********************, Personal Operativo de Protección Civil de Alvarado, Veracruz. a) Practicar la diligencia del acta circunstanciada con número de folio 010, que obra en el expediente administrativo DMPA/02122022/AI, y b) La omisión de notificar la citada acta. Lo anterior, porque a pesar que dichas autoridades al rendir sus respectivos informes justificados no refirieron cierta la existencia de dichos actos atribuidos, sin embargo hicieron manifestaciones que evidencian su certeza. En efecto, del contenido de dichos informes justificados se puede advertir lo siguiente: El 7. director de Protección Civil y Bomberos de Alvarado, Veracruz, refirió que esa dirección a su cargo lo que realizó el día dos de diciembre de dos mil veintidós, fue la suspensión de actividades por no acreditar el dictamen (visto bueno) de protección Civil que consiste en: bitácora de mantenimiento, póliza de seguros y responsiva estructural de conformidad con la ley de Protección Civil y la Reducción de Riesgo de desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con el Reglamento de la Ley de Protección Civil y la reducción de riesgos de desastres para el estado de Veracruz. Por su parte la autoridad 11. ********************, Personal Operativo de Protección Civil de Alvarado, Veracruz, informó que en relación al inciso a) se realizó la diligencia con fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, que la misma se realizó bajo la instrucción de su superior jerárquico director de Protección Civil y Bomberos de Alvarado, Veracruz, así como bajo la ley Estatal de Protección Civil Municipal de Alvarado; que por lo que hace al inciso b) que como consta en el acta circunstanciada con número de folio 010 de dos de diciembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo una visita de inspección, que la persona que se encontraba presente se negó a otorgar su nombre, así como a dar alguna información. Por tanto, aun cuando las autoridades responsables no hayan referidos categóricamente de ciertos los actos realizan manifestaciones que evidencian su certeza. Sirve de respaldo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." QUINTO. Procedencia. No se advierte causa de improcedencia ni las partes señalan que se actualice alguna; por tanto, se estudian los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se reproducen en obvio de innecesarias repeticiones. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Regularidad constitucional de los actos reclamados. La parte quejosa en sus conceptos de violación señala que las autoridades responsables violan su derecho humano contenido en los artículos 14 y 16 constitucional, que de manera respectiva establecen que nadie podrá ser privado y molestado en su persona de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política, índica que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Refiere que la arbitraria imposición de clausura sin notificarle el procedimiento realizado ni expresar los razonamientos que la llevaron a dicha conclusión por parte de la autoridad responsable, por lo que carece de los elementos jurídicos y los razonamientos válidos que sustenten su legalidad. Lo anterior es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, por las razones que enseguida se darán. PREMISAS NORMATIVAS A título de premisas que servirán al suscrito juzgador para dar solución al asunto, se esboza lo siguiente. Fundamentación y motivación El artículo 16 de la Constitucional Federal, en su parte conducente, dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente, debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. El primer párrafo del artículo 16 constitucional establece la garantía de legalidad en sentido amplio, al determinar que todo acto de autoridad debe sujetarse al orden jurídico, de ahí que todas las normas formalmente válidas se encuentran protegidas por los mandatos del precepto en análisis. Los elementos que rigen dicha garantía son: a) Mandamiento escrito. Este presupuesto tiene que ver con la forma del acto y consiste en que el mandamiento o la orden de la autoridad, debe hacerse por escrito, además de que debe estar firmado autógrafamente para satisfacer plenamente esta formalidad y entregarse al destinatario copia del mismo, mediante el procedimiento que prevenga la ley, todo ello, a fin de darle a conocer en forma cabal y completa el contenido de la providencia que permita la defensa y su posterior impugnación. En relación a los documentos a través de los cuales se puede notificar una resolución administrativa que lleva implícito un acto de privación, existe el siguiente criterio definido en la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 224525, materia Administrativa, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "FIRMA AUTOGRAFA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. DEBE APARECER EN EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA. Es irrelevante que el original del documento a partir del cual tal vez se haya elaborado la resolución impugnada, tenga firma auténtica de su emisor, ya que el documento entregado a la quejosa contiene simple sello de la rúbrica, lo cual es violatorio de garantías, en razón de que constituye para ella un acto de autoridad que le molesta y priva de sus recursos pues no es el primer ejemplar, sino la copia que le fue entregada el que le agravia y, por ende, éste debe estar revestido de todos y cada uno de los requisitos de validez del caso." Otro aspecto más que se vincula con la subgarantía de mandamiento escrito, es la relativa a que el documento que se notifica debe ser entregado al destinatario para salvaguardar su derecho de defensa como formalidad sine qua non. En este orden de ideas, resulta que cualquier perturbación o molestia que no provenga de un mandamiento escrito, es decir, órdenes verbales, es un acto inconstitucional en sí mismo. b) Autoridad competente. La orden de perturbación debe provenir de autoridad competente. En un primer nivel la Constitución y después las leyes y reglamentos, establecen catálogos de facultades con los que están investidos los órganos del Estado, por lo que la conducta de sus titulares debe ajustarse a las atribuciones respectivas y, de no ser así, los actos resultantes devienen en arbitrarios por exceder del ámbito del Estado de derecho que así lo exige. Al respecto, se invoca la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, XV, página 250, que a la letra dice: "AUTORIDADES. Es un principio general de derecho constitucional, universalmente admitido, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite." Debe precisarse la diferencia entre la competencia constitucional y la jurisdiccional u ordinaria. La competencia constitucional es la capacidad u órbita de facultades que la Constitución confiere a cada uno de los poderes y es precisamente el concepto tutelado por el artículo 16 constitucional. Así lo ha sustentado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página 29, del Semanario Judicial de la Federación, volumen IV, Sexta Época, que dice: "COMPETENCIA CONSTITUCIONAL. La competencia constitucional, o sea la que se refiere a la órbita de atribuciones de los diversos poderes, es la única que está protegida por medio de las garantías individuales." La competencia de la autoridad implica que se satisfagan los siguientes presupuestos: I) Que el órgano del Estado o autoridad que infiera la molestia tenga existencia legal, esto es, que sea una autoridad de jure y no de facto. Su previsión debe ser en ley o reglamento como medios idóneos para crear autoridades. En el seno de la administración pública federal, la existencia de los órganos se establece en la Constitución Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por último, en otras leyes federales, reglamentos interiores de las dependencias y entidades. II) Que las facultades a ejercitar sean expresas y suficientes para realizar el acto de molestia. Estas pueden ser regladas simples, de arbitrio o discrecionales. III) Que el ordenamiento o acuerdo delegatorio de facultades haya sido publicado en el órgano oficial correspondiente. c) Fundamentación. Tercer requisito concurrente de la garantía de legalidad, la fundamentación de la causa legal del procedimiento. El fundamento del acto de molestia es el señalamiento con precisión del precepto legal aplicable al caso, pero todavía más, la cita de los preceptos debe ser íntegra y puntual, esto es, debe incluir la fracción e inciso en caso de que exista duda del numeral que se aplica, todo ello en beneficio de la seguridad jurídica. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas (hasta los criterios jurisprudenciales) aplicables al caso de que se trate, pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en un conflicto o litis que se les plantea. Ello atento a que en las resoluciones jurisdiccionales la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a fin de que el ciudadano pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. Son aplicables a lo hasta aquí dicho, las siguientes jurisprudencia y tesis, respectivamente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Luego, como ya se dijo, el artículo 16 de la Constitución Federal, en términos generales, establece el derecho fundamental de legalidad, cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica, destacando entre los requisitos referidos, que el acto de molestia se encuentre asentado por escrito y, que el mismo se encuentre fundado y motivado. De allí, que existe falta de fundamentación y motivación cuando la autoridad omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que consideró para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis que prevé la norma jurídica. Por su parte el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, establece los elementos y requisitos de validez de los actos administrativos, siendo que: El artículo 7 indica: "Se considerará válido el acto administrativo que contenga los siguientes elementos: I. Que sea emitido por autoridad competente, en términos de las normas aplicables; II. Estar fundado y motivado; III. Que sea expedido sin que en la manifestación de voluntad de la autoridad medie dolo, mala fe o violencia, o que exista error de hecho o de derecho sobre el objeto o fin del acto; IV. Que su objeto sea posible de hecho y esté previsto por la norma aplicable, determinado o determinable y preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar; V. Cumplir con la finalidad de interés público, sin que puedan perseguirse otros fines distintos de los que justifican el acto; (REFORMADA, G.O. 26 DE MAYO DE 2015) VI. Constar por escrito en papel oficial, impreso o digital, o en formato electrónico oficial, salvo el caso de la negativa ficta; (REFORMADA, G.O. 26 DE MAYO DE 2015) VII. Contener firma autógrafa o la firma electrónica certificada de la autoridad cuando la Ley lo permita o lo prevea de esta manera; VIII. Expedirse, en caso de afirmativa ficta, la certificación correspondiente de acuerdo con las normas de este Código, relativas a la terminación del procedimiento administrativo; y IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento administrativo que establezcan las normas aplicables, en lo que no se opongan al presente Código y, en su defecto, por lo dispuesto en este ordenamiento. De igual forma el artículo 8 de dicho ordenamiento menciona: "Son requisitos de validez del acto administrativo escrito, los siguientes: I. Señalar el lugar y la fecha de su emisión. Tratándose de actos administrativos individuales deberá hacerse mención, en la notificación, de la oficina en que se encuentre y pueda ser consultado el expediente respectivo y, en su caso, el nombre del interesado a quien vaya dirigido; II. En el caso de actos administrativos que por disposición legal deban ser notificados personalmente, se hará mención de esta circunstancia en ellos; III. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá mencionarse el término con que se cuenta para interponer el recurso de revocación, así como la autoridad ante la cual debe ser presentado; y IV. Que sea expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documento o nombre completo del destinatario" Por lo que hace a las notificaciones el citado código prevé en los artículos 37 y 38 lo siguiente: "Artículo 37. Las notificaciones se efectuarán, a más tardar, el día hábil siguiente al en que se dicte el acto administrativo o la resolución, y se harán: I. Personalmente a los interesados y por oficio a las autoridades, en su caso, cuando se trate de emplazamientos, citaciones, requerimientos, reposiciones de autos, regularización del procedimiento y demás resoluciones o actos administrativos que puedan ser impugnados. En estos casos, también podrán efectuarse por correo registrado con acuse de recibo.". "Artículo 38. Las notificaciones personales se harán en el domicilio que para tal efecto se haya señalado. Tratándose del procedimiento administrativo, cuando éste se inicie de oficio, las notificaciones se practicarán en el domicilio registrado ante las autoridades. (REFORMADO, G.O. 6 DE ENERO DE 2003) Las notificaciones se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ellos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora fija del día hábil siguiente; de negarse a firmarlo y recibirlo la persona con quien se desarrolla la diligencia, el notificador lo hará constar en el mismo citatorio, y procederá a fijarlo en la puerta o lugar visible del propio domicilio. Si quién haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse a recibirla, se realizará por instructivo que se fijará en la puerta de ese domicilio. En los casos en que el domicilio se encontrare cerrado, la citación o notificación se entenderá con el vecino más cercano, debiéndose fijar una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio. En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple del documento a que se refiere la notificación. El notificador asentará razón de todas y cada una de las circunstancias observadas en la diligencia de notificación. En relación a las sanciones administrativas el código establece en los artículos 153 y 154 lo siguiente: Artículo 153. Cuando se impongan sanciones administrativas, la motivación de la resolución considerará las siguientes circunstancias: I. La gravedad de la infracción en que se incurra; II. Los antecedentes del infractor; III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; IV. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, en su caso; y V. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico, derivado del incumplimiento de obligaciones, si lo hubiere. Artículo 154. Los actos administrativos serán ejecutados por las autoridades en términos de ley, salvo en los casos en que se otorgue legalmente la suspensión. Para la ejecución de los actos, la autoridad deberá notificar a los interesados el mandamiento que la autorice. Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por otra parte cabe mencionar que el artículo 47 fracción XIII de la citada ley, faculta a cada ayuntamiento a establecer una unidad Municipal, a realizar visitas de verificación y de supervisión técnica, y emitir dictámenes técnicos a las empresas, instituciones, organismos y asociaciones privadas y del sector social considerados de bajo riesgo, así como pliegos de recomendaciones en aquellos de riesgo medio de acuerdo con la clasificación que establezcan el Reglamento de la citada Ley, las Normas Oficiales Mexicanas y los Tratados Internacionales aplicables. Asimismo, el artículo 62 establece que las dependencias y entidades del sector público federal ubicadas dentro del territorio del Estado, así como las del sector público estatal y municipal, los propietarios, poseedores, representantes legales o administradores de fábricas, industrias, comercios, oficinas, unidades habitacionales, clubes sociales, deportivos y de servicios, centros educativos, hospitales, teatros, cines, discotecas, sanatorios, terminales y estaciones de transporte de pasajeros y de carga, mercados, plazas comerciales, centrales de abasto, gaseras, estaciones de gas LP para carburación, gasolineras, almacenes y talleres, entre otros sujetos obligados a los que se refiere el artículo 82 de esta Ley y, en general, los inmuebles que por su uso o destino reciban afluencia o concentración masiva de personas deberán contar con una Unidad Interna que formulará y operará el Programa Interno respectivo. Siendo que el artículo 82 de dicho ordenamiento establece que la Secretaría y las Unidades Municipales realizarán supervisiones técnicas y visitas de verificación periódicas a los sujetos obligados, con el fin de corroborar el cumplimiento de las disposiciones de protección civil y la reducción del riesgo de desastres establecidas en dicha Ley y demás ordenamientos aplicables. Y, finalmente el artículo 102 indica que la Secretaría y las Unidades Municipales podrán dictar las medidas cautelares siguientes: I. Suspensión de actividades, si en el ejercicio de sus funciones advirtieran condiciones provocadas por la acción humana, por las que se pusiera en riesgo inminente a la población; y II. Clausura temporal, ante la inobservancia de las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de riesgo y pliegos de recomendaciones, lo que traerá aparejada la emisión del requerimiento correspondiente, cuyo incumplimiento podrá originar la clausura definitiva del lugar. ANTECEDENTES Enseguida se estima conveniente hacer referencia a los antecedentes en torno a los actos reclamados: Mediante oficio presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, el 7. director de Protección Civil y Bomberos de Alvarado, Veracruz, refirió que esa dirección a su cargo lo que realizó el día dos de diciembre de dos mil veintidós, fue la suspensión de actividades de la operadora Sites Mexicanos, sociedad anónima de capital variable, por no acreditar el dictamen (visto bueno) de protección Civil que consiste en: bitácora de mantenimiento, póliza de seguros y responsiva estructural de conformidad con la ley de Protección Civil y la Reducción de Riesgo de desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con el Reglamento de la Ley de Protección Civil y la reducción de riesgos de desastres para el estado de Veracruz, por lo que anexó copias autorizadas de: Notificación de apercibimiento de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós (foja 293). Acta circunstanciada con número de folio 010, expediente ********************, de fecha dos de diciembre de dos mil veintidós (foja 297 a 298). Documentación que presentó la parte quejosa ante la Dirección de Protección Civil, con la finalidad de llevar a cabo los trámites necesarios para tener en orden su documentación: Estudio de verticalidad del sitio Camaronera, dirección Carretera Veracruz-Alvarado Km 52, Poblado Buen País, Alvarado, Veracruz, realizado el veinticinco de abril de dos mil veinte, con reporte fotográfico de la torre instalada en dicho lugar (298 a 302). Oficio con folio ZN0166/2019/TO, signado por el director y subdirector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, dirigido a ********************, en el que se hace constar el término de obra identificada para uso de antena de comunicación y que se registró bajo la licencia de construcción ZN0166/2019, reg. Of. 251318, inmueble que se localiza en calle Morelos, sin número, LS/N Mza, s/n, localidad Centro de Alvarado, Veracruz (foja 303). Nomenclatura de plano, del proyecto Camaronera VE1761, ubicación Carretera Veracruz-Alvarado Km 52, Poblado Buen País, Alvarado, Veracruz, realizado en marzo de dos mil diecinueve (fojas 304, 305). Licencia de construcción N° ZN0166/2019, registro 251313, de fecha de expedición de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y vencimiento veintinueve de marzo de dos mil veinte, de una antena (foja 306). Carátula de póliza de seguros con vigencia al uno de octubre de dos mil veintidós (foja 309). Renovación del contrato de arrendamiento celebrado el uno de octubre de dos mil diecinueve, en la Ciudad de Puebla, Puebla, entre la arrendadora ******************** y el arrendatario ********************, del inmueble localizado en la fracción de terreno de trescientos metros cuadrados ubicado en la parcela 40, el cual corresponde al ubicado en carretera Veracruz-Alvarado, Km 52, Ejido Alvarado, con vigencia al treinta de septiembre de dos mil veinticuatro (foja 310 a 317). Reporte fotográfico de la infraestructura y construcción en el sitio Camaronera (fojas 318 a 329). Resumen de mecánica de suelos en la obra Torre Auto soportada de Telefonía Celular Camaronera VE 1761, Ejido Buen País, Alvarado, Veracruz (fojas 330 a 343). Por su parte la autoridad 11. ********************, Personal Operativo de Protección Civil de Alvarado, Veracruz, informó que en relación al inciso a) se realizó la diligencia con fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, bajo la instrucción de su superior jerárquico director de Protección Civil y Bomberos de Alvarado, Veracruz, así como bajo la Ley Estatal de Protección Civil Municipal de Alvarado; que por lo que hace al inciso b) que como consta en el acta circunstanciada con número de folio 010 de dos de diciembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo una visita de inspección, que la persona que se encontraba presente al momento de la inspección se negó a otorgar su nombre, así como a dar alguna información, anexando a su informe: El acta circunstanciada con número de folio 010, expediente ********************, de fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, en la que hizo constar que se constituyó en la torre de comunicación ubicada en carretera federal 108 km 37+800, del Municipio de Alvarado, Veracruz, entrevistándose con una persona que no quiso proporcionar su nombre al que le solicitó la documentación en materia de protección civil por una antena (torre) de comunicación comentando las personas ahí encontradas que son de Telcel, que ellos ignoran dicha petición, por lo que procedió a la colocación de sello de suspensión de actividades, pidiendo al personal retirarse (fojas 463 a 466). SUBSUNCIÓN De la lectura integral de la demandada de amparo y de las ampliaciones realizadas se advierte que la parte quejosa sostiene la arbitraria imposición de clausura de la torre de telecomunicaciones propiedad de su representada sin notificarle el procedimiento realizado ni expresar los razonamientos que llevaron a la autoridad 7. director de Protección Civil y Bomberos de Alvarado, Veracruz a dicha conclusión, por lo que carece de los elementos jurídicos y los razonamientos válidos que sustenten su legalidad. Que en dicha acta circunstanciada reclamada no se circunstanció hecho alguno que diera lugar a la clausura de la torre de telecomunicaciones, siendo que la parte quejosa no conocía la totalidad de procedimiento puesto que no le fue notificado. Como se anticipó, son fundados dichos argumentos, ya que constituyen violaciones de carácter formal. La abstención total de expresar los razonamientos que relacionen los supuestos de la norma con las circunstancias del caso concreto, o la que sea tan imprecisa que impida al afectado defender sus derechos o cuestionar las pretensiones de la autoridad, lo cual, implica la inconstitucionalidad intrínseca del acto que impide estudiar el fondo o mérito de la pretensión de la autoridad. La actualización de este supuesto al igual que en el caso de la falta de fundamentación, permite recurrir al juicio de garantías sin necesidad de agotar los recursos ordinarios previamente. Ello es así dado que de las constancias que remitió la autoridad responsable no se advierte constancia alguna que permita tener la certeza de que la parte quejosa haya sido legalmente notificada del procedimiento administrativo. Que si bien obra un escrito de notificación de apercibimiento de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, de la dirección de la Unidad Municipal de Protección Civil de Alvarado, Veracruz, éste carece de firma autógrafa de la autoridad que la emite para satisfacer plenamente esta formalidad y entregarse al destinatario copia del mismo, mediante el procedimiento que prevenga la ley, todo ello, a fin de darle a conocer en forma cabal y completa el contenido de la providencia que permita la defensa y su posterior impugnación, dado que dicho documento debe estar revestido de todos y cada uno de los requisitos de validez del caso. La fundamentación y la motivación de la causa legal de cualquier acto, son elementos que deben concurrir necesariamente al ser complementarias y dependientes, pues de faltar cualquiera de ellas el acto es violatorio del artículo 16 constitucional. En efecto, si la autoridad propone como aplicables ciertos preceptos al caso concreto, la motivación viene a ser el juicio que racionalmente demuestra la procedencia de esa regla en especial. La motivación es el argumento que prueba y acredita la pertenencia de ciertos preceptos a un caso particular. Luego, la fundamentación sin motivación es insuficiente y la motivación a su vez, requiere como presupuesto y elemento esencial de la cita de fundamentos. Sirve de apoyo a todas las consideraciones anteriores y al sentido de la presente resolución las tesis que a continuación se reproducen. Tesis número I.3o.C.52 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, visible en la página 1050 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, que es del tener literal siguiente: "ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento." De igual forma, se cita la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, publicada en la página 316 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, del siguiente texto y rubro: "FUNDAMENTACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL ACTO DE AUTORIDAD CORRECTAMENTE FUNDADO, REQUISITO ELEMENTAL ES PRECISAR LOS DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA AUTORIDAD QUE SUSCRIBE EL ACTO DE MOLESTIA. Una clara y objetiva interpretación del concepto "fundamentación" como garantía individual y que es elemento esencial del acto de autoridad, lo es el que se exprese con toda exactitud el carácter con que la autoridad emite el acto de molestia, aparte del dispositivo, acuerdo o decreto que le otorga la legitimación para actuar; requisito que no se cumple cuando en el oficio en que consta la determinación autoritaria sólo contiene en el lugar del suscriptor la leyenda "el Jefe del Departamento" o cualquiera otra similar; es claro que esto es totalmente impreciso y ambiguo y coloca al gobernado en estado de indefensión al no contar con los elementos necesarios para producir su defensa, provocando incertidumbre acerca de si quien emite el acto es efectivamente una autoridad, quién es y si dentro de sus facultades se encuentra la que está ejerciendo en el caso específico, tomando en cuenta que los datos identificatorios de la autoridad que emite el acto de molestia son elementos integrantes de la fundamentación que como garantía individual deben contener todos los actos de autoridad para ser legítimos, fundamentación que desde luego debe constar en el propio documento y no en otro distinto, por lo que al adolecer de tan elemental requisito el gobernado o particular no cuenta con elementos necesarios para producir su defensa y lo coloca en estado de indefensión." Sentado lo anterior, se llega a la conclusión que la autoridad responsable si bien se encuentra facultada para realizar visitas de verificación y de supervisión técnica, y emitir dictámenes técnicos a las empresas, instituciones, organismos y asociaciones privadas y del sector social considerados de bajo riesgo, como se encuentra catalogado el giro de la parte quejosa, realizando supervisiones técnicas y visitas de verificación periódicas a los sujetos obligados, con el fin de corroborar el cumplimiento de las disposiciones de protección civil y la reducción del riesgo de desastres establecidas en dicha Ley y demás ordenamientos aplicables, así como, dictar las medidas cautelares consistentes en suspensión de actividades y clausura temporal, ante la inobservancia de las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de riesgo y pliegos de recomendaciones. Sin embargo, la autoridad responsable debe verificar que su actuar cumpla con los elementos y requisitos de validez de los actos administrativos, que lo es que conste por escrito en papel oficial, con firma autógrafa o firma electrónica certificada de la autoridad, señalando la oficina en que se encuentre el expediente respectivo y pueda ser consultado. Asimismo, la ley prevé que las notificaciones se efectuarán, a más tardar, el día hábil siguiente al en que se dicte el acto administrativo o la resolución, y se harán personalmente a los interesados y por oficio a las autoridades, en su caso, cuando se trate de emplazamientos, citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos administrativos que puedan ser impugnados, realizándose dicha notificación en el domicilio que para tal efecto se haya señalado, lo que en el caso no se advierte. CONCLUSIÓN En esas condiciones, es inconcuso, que los actos reclamados al Director de Protección Civil del Municipio de Alvarado adscrito a la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, con sede en Alvarado, Veracruz, adolecen de la fundamentación y motivación legal que todo acto de autoridad debe contener por mandato constitucional, lo que impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************. Finalmente, es menester precisar que la concesión del amparo comprende los actos que se reclaman a ********************, Personal Operativo de Protección Civil de Alvarado, Veracruz. EFECTOS En consecuencia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia: La responsable Director de Protección Civil del Municipio de Alvarado adscrito a la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, con sede en Alvarado, Veracruz, deje insubsistente el acto reclamado de clausura de la torre de telecomunicación propiedad de la quejosa ubicada en sitio Camaronera, dirección Carretera Veracruz-Alvarado Km 52, Poblado Buen País, Alvarado, Veracruz, y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, purgando los vicios formales que la afectan, en el que fundada y motivadamente, realice el trámite administrativo de visita de inspección notificando a la parte quejosa en el domicilio que haya designado para tal efecto, respetando las formalidades esenciales del procedimiento. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Ante la oposición de la parte quejosa de la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento que se señala la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** por conducto de su apoderado legal ********************contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por las razones apuntadas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a ******************** por conducto de su apoderado legal ********************contra los actos reclamados y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta determinación. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Apoderado Legal de CFE 6. Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, en Veracruz, Veracruz, personalidad que acredita con el documento que acompaña; recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su INFORME PREVIO; por tanto, hágase del conocimiento a las partes, y relaciónese el mismo al celebrarse la audiencia incidental respectiva, como lo establece el artículo 144 de la mencionada ley. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto de su solicitud en el sentido de que se le permita la consulta vía internet del expediente electrónico; como lo solicita, se le autoriza dicha consulta vía internet, con el nombre de usuario christianrfrdzsnz. En esas condiciones, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta a la responsable con el nombre de usuario proporcionado, y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite, ello, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, en relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona la autoridad oficiante, dígasele que no ha lugar a tener por autorizado ese medio alternativo para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Apoderado y Representante Legal de 5. CFE Distribución División de Distribución Oriente de la Comisión Federal de Electricidad, en Veracruz, Veracruz, personalidad que acredita con el documento que acompaña; recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su INFORME PREVIO; por tanto, hágase del conocimiento a las partes, y relaciónese el mismo al celebrarse la audiencia incidental respectiva, como lo establece el artículo 144 de la mencionada ley. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto de su solicitud en el sentido de que se le permita la consulta vía internet del expediente electrónico; como lo solicita, se le autoriza dicha consulta vía internet, con los nombres de usuarios "JRUIZANGEL" "VictorCFEDistribución" y "SalvadorRdz". En esas condiciones, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta a la responsable con el nombre de usuario proporcionado, y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite, ello, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
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