Petra Utrera Duran
Expediente 207/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 207/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Petra Utrera Duran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio y al haber negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción de los mismos; en el entendido de que será con posterioridad al VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otro lado, toda vez que de autos se advierte que obra formado un tomo por separado, instruidos con las constancias que anexó a su informe justificado la autoridad responsable denominada Fiscal Tercero en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial , con sede en esta ciudad; en consecuencia, devuélvanse dichas constancias a la autoridad antes citada para los efectos legales procedentes, sin que haya lugar a requerir el acuse respectivo, toda vez que se contará con la constancia de notificación.
- Principal
Notificación a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en: 1. La omisión del Fiscal Tercero adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en esta ciudad, de solicitar audiencia privada ante el Juez de Control para pedir nueva orden de aprehensión, respecto a los nuevos datos contenidos en la carpeta de investigación 6023/2017, de su índice. Atento a lo anterior, a juicio del suscrito juzgador sobreviene una causa de improcedencia en relación con el acto reclamado precisado en el párrafo que antecede. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En la especie se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos que a continuación se expondrán: El numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El anterior precepto legal establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la causa resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. En ese orden de ideas, es necesario destacar lo establecido en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que preceptúa: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado precepto constitucional, guarda estrecha relación con el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Código Nacional de Procedimientos Penales Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.). XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.). De lo transcrito, se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo, para que en caso de ser procedente, ordene a la autoridad ministerial, subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Por tanto, se advierte que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecieron que las omisiones en las que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el Juez de Control. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual, se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional, y posteriormente, consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, se puede concluir que las omisiones en que incurra el Ministerio Público, dentro de las carpetas de investigación creadas de conformidad con el sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse ante la autoridad jurisdiccional, que en el caso resulta ser el Juez de Control; como se explica a continuación. Los artículos 3, fracción VII, 211 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: (.) VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; (.) Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. (.). Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los preceptos legales transcritos, resulta patente que el Juez de Control es la autoridad jurisdiccional que interviene desde el inicio del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio, así como que el procedimiento penal comienza desde la etapa de la investigación (que a su vez inicia con la presentación de la denuncia ante el ministerio público) y culmina con la etapa de juicio. Además, del artículo 258 transcrito, se desprende que éste establece la existencia de un medio de impugnación, el cual tiene una naturaleza vertical, es decir, que un órgano superior (Juez de Control) y distinto al que se le atribuye la abstención procesal, revisa la legalidad de éste y tiene una tramitación específica en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que la víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento. En ese sentido, si en el presente asunto se señala como acto reclamado la omisión del Fiscal Tercero adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en esta ciudad, de solicitar audiencia privada ante el Juez de Control para pedir nueva orden de aprehensión, respecto a los nuevos datos contenidos en la carpeta de investigación 6023/2017, de su índice; resulta inconcuso que conforme a lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la accionante del juicio de amparo debe acudir ante el Juez de Control a efecto de impugnar las omisiones o actos que a su criterio ha cometido el Fiscal responsable, para que así, el órgano jurisdiccional de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir al Ministerio Público que avoque a las diligencias de investigación a fin de solicitar la audiencia privada para pedir orden de aprehensión, o en su caso, determine lo que en derecho corresponda, y una vez hecho lo anterior, deberá agotar la instancia correspondiente para estar en condiciones de acudir a instar este medio de control constitucional. En efecto, si tanto en la norma fundamental, como en la ordinaria, se establece que la víctima u ofendido debe acudir primeramente ante el Juez de Control para que de ser procedente conmine al agente del Ministerio Público para que realice las diligencias necesarias para la investigación de los hechos delictivos puestos a su consideración, resulta claro que se actualiza la causa de improcedencia en comento, ya que previo a instar el presente juicio de amparo, la promovente debió comparecer ante el Juez de Control correspondiente a impugnar la omisión en que a su consideración incurrió el Fiscal responsable y agotar la segunda instancia. Lo anterior, es acorde a la naturaleza de la nueva figura del Juez de Control, pues como se vio, en el sistema procesal penal acusatorio que impera actualmente en el Estado Mexicano, se introdujo ese órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar desde la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez en que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el ofendido o víctima se encuentre en oportunidad de acudir al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad, y por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control. La anterior determinación encuentra mayor sustento en las jurisprudencias 27/2018 (10a) y 28/2018 (10a), sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las que tal y como se hizo constar en la certificación de cuenta, fueron aprobadas en sesión privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, y que se encuentran pendientes de ser publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, mismas que a letra versan de la siguiente manera: Jurisprudencia 27/2018 (10a.) "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Jurisprudencia 28/2018 (10a.) "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Jurisprudencia que pese a que no han sido publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, pueden ser observadas por el suscrito para fortalecer sus determinaciones desde el momento mismo de su aprobación, lo que en el caso aconteció el veintitrés de mayo pasado; por lo que resulta procedente invocarlas como hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria términos del arábigo 2, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 139/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El análisis sistemático e integrador de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215 a 230 de la Ley de Amparo, 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 19/2013 (*) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite establecer que la jurisprudencia es de aplicación obligatoria a partir del lunes hábil siguiente al día en que la tesis respectiva sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación, en la inteligencia de que si el lunes respectivo es inhábil, será de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente. Tal conclusión atiende a un principio de certeza y seguridad jurídica en tanto reconoce que es hasta la publicación de la jurisprudencia en dicho medio, cuando se tiene un grado de certeza aceptable respecto a su existencia. Lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocarla tomando en cuenta lo previsto en la parte final del artículo 221 de la Ley de Amparo, hipótesis ante la cual el tribunal de amparo deberá verificar su existencia y a partir de ello, bajo los principios de buena fe y confianza legítima, ponderar su aplicación, caso por caso, atendiendo a las características particulares del asunto y tomando en cuenta que la fuerza normativa de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente al máximo y último intérprete de la Constitución." En otro orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; sin embargo, al advertir que en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe de un medio de impugnación innominado, esté es recurrible a través del recurso de apelación, entonces, debe atenderse al principio de definitividad, esto es, antes de promover el juicio de amparo indirecto debe acudirse a la autoridad jurisdiccional competente, y en caso de subsistir esas omisiones o resoluciones, entonces estará en aptitud de instar el juicio de amparo que corresponda. En mérito de lo anteriormente expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Asimismo, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, y del criterio jurisprudencial emitido después de radicado el juicio de amparo en que se actúa; de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Finalmente, agréguese sin mayor proveer el oficio de cuenta, signado por el Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, mediante el que da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de veintinueve de los cursantes, en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa, bajo los argumentos vertidos en los párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente a la quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Fiscal Tercero en la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de siete de mayo de los actuales, informando al efecto que la carpeta de investigación número UIPJ/DXI/F-24/6023/2017, fue enviada al Fiscal de Distrito mediante oficio 901/2018, a fin de que la misma sea remitida para su estudio al Fiscal que corresponda, y determine si es procedente solicitar una nueva orden de aprehensión o no en la aludida carpeta; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico del informe justificado que remitió el Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial, a través del cual informó que le fue reasignada la carpeta de investigación UIPJ/DX1/F-24/60223/2017, por oficio UIPJ/DXI/FD/467/2018, de quince de febrero de esta anualidad, la cual recibió el diecinueve posterior, señalando al efecto que se encontraba integrando la aludida carpeta. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable en justificación de sus actos únicamente se desprende, que después de que le fuera reasignada la carpeta, giró el oficio 633/2018, de cuatro de abril de esta anualidad, en el que le solicitó al Administrador de Causas del Juzgado de Control y Procedimiento Penal y Oral adscrita al Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, le informara si se encontraba radicada solicitud de orden de aprehensión de quince de noviembre de dos mil diecisiete, en contra de ******, por su posible participación en la comisión del delito de Homicidio Doloso Calificado, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de *****, dentro de la carpeta UIPJ/DX1/F-24/60223/2017, y toda vez que el aludido oficio fue entregado a la autoridad requerida el diez de abril siguiente; por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que sea notificada del presente proveído, informe la respuesta que se le otorgó a su petición; además, deberá precisar que actuaciones se encuentran pendientes de desahogar en la carpeta de investigación de mérito, a fin de que esta potestad federal este en aptitud de analizar lo relativo al acto reclamado, ya que la aquí quejosa reclama la omisión de no solicitar al Juez de Control audiencia privada para formular la petición de orden de aprehensión. Lo anterior con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero, acorde a lo señalado en los artículos 237 fracción I y 259 ambos de la Ley de amparo. A fin de dar oportunidad lo anterior, se procede a diferir de oficio la audiencia constitucional fijada para esta fecha y se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Por otro lado, téngase por recibido el pedimento de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual realiza diversa manifestaciones a título de alegatos; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, de la Ley de Amparo, ténganse por hechas sus manifestaciones a título de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en la audiencia constitucional. Respecto a su petición en el sentido de que se le expida copia certificada de la resolución que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, dígasele que deberá solicitarla en el momento procesal oportuno. Finalmente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del presente auto y hágase entrega a la Fiscal Federal adscrita, quien deberá firmar por su recibo en autos para debida constancia.
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