Petra Tamayo Machado
Expediente 473/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Petra Tamayo Machado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA, la sentencia dictada en autos, para todos los efectos legales a que haya lugar, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido.
- Principal
Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo federal.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por*****************, mediante el cual en atención al auto de veintinueve de abril del presente año, pretende aclarar el nombre de la autoridad responsable señalada en el mismo, sin que haya lugar a proveer al respecto, en virtud de que en auto admisorio se tuvo a dicha autorizada solo para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa por así haberlo solicitado, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. Ahora, en el supuesto de que se encontrara autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa. Al respecto ha de decirse, que únicamente tendría facultades para efectos de oír y recibir notificaciones en nombre de la parte quejosa, así como para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de sus derechos. Sin embargo, el artículo 12 de la Ley de la Materia no faculta a dicho autorizado a realizar cualquier acto en nombre de éste, como en el caso, aclarar la denominación de la autoridad responsable, habida cuenta que ello recae en aspectos que indudablemente modifican la litis constitucional planteada inicialmente; en razón de que esta actuación depende de una de las normas regulatorias del juicio protector de derechos fundamentales, en específico, del principio de instancia de parte agraviada a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Amparo. Efectivamente, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo, exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, salvo los casos de excepción expresamente regulados por la ley, entonces, la aclaración de la denominación de la autoridad responsable, en el caso que nos ocupa, también debe contar con firma autógrafa de la parte quejosa o su apoderado legal, sin que ésta pueda ser sustituida por el autorizado para atender procesalmente el juicio de amparo, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su aclaración, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de los interesados e influyen en la configuración de la litis constitucional. Al respecto se cita, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II, página 530, registro 1002556, que dice: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." En tales condiciones, se estimaría como se dijo en el supuesto de que se encontrara autorizada en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, que carece de legitimación para aclarar la denominación de la autoridad responsable, entonces no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada previsto por el artículo 6o. de la Ley de Amparo; por tanto, no se podría tomar en consideración lo planteado, pues, en su caso, quien tendría la obligación de aclarar las denominaciones de la autoridad responsable, es la parte promovente del amparo, quien acudió a esta instancia constitucional por su propio derecho.
- Principal
Agréguese a los presentes autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe justificado rendido por la Administradora de la Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Región Centro del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Asimismo, glósese la razón actuarial de veintitrés de abril del presente año, en donde la Actuaria de la adscripción, hace constar la imposibilidad que le asistió para notificar el auto admisorio de diecinueve de abril de este año, a la autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda, bajo la denominación: Director de la Policía de Investigación Criminal en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. En virtud de que fue informada que no existe con esa denominación; en consecuencia, con fundamento en la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2021029, bajo el rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR." REQUERIMIENTO REQUIÉRASE a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, corrija o aclare el nombre de la citada autoridad señalada como responsable. APERCIBIDA que en caso de no hacerlo o no probar que dicha autoridad sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se declarará su inexistencia, se suspenderá toda comunicación con ella y en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación.
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