Petra Salazar Castillo

Expediente 560/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
560/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Petra Salazar Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y testimonio del fallo señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Acúsese recibo del testimonio de la ejecutoria que el Segundo Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito dictó en el recurso de revisión 235/2020 de su estadística, así como del original del juicio de amparo 560/2020del índice de este Juzgado de Distrito y dos tomos de pruebas. Del contenido de esa resolución constitucional se advierte que el Tribunal de Alzada revocó la sentencia recurrida y negó el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante de amparo; por tanto, dicha circunstancia hágase del conocimiento a las partes. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó en el juicio, siendo revocada por el Tribunal de Alzada, quien negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, conforme a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General, en relación con lo dispuesto por el capítulo siete, punto "7.2" del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en este juicio, el testimonio del Tribunal de Alzada y esta determinación. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de este expediente. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Glósese a los autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación citado. Finalmente, toda vez que carece de objeto que sigan en la secretaría de este juzgado los cuadernos de pruebas formados con motivo del informe justificado que rindió la autoridad responsable; en tales condiciones, devuélvansele los mismos. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil veinte. Respecto al primer oficio señalado en la cuenta, agréguese al expediente en que se actúa y téngase al secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito informando que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en este asunto, quedando registrado con el progresivo 235/2020; por tanto, este órgano queda enterado de esa determinación. Por otro lado, agréguese el escrito de ** y en relación a su contenido, se provee: 1) Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene a de ** por su propio derecho, apersonándose a este juicio de amparo; 2) Haciendo el señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones y teniéndose por autorizados para tales efectos a las personas que refiere; 3) Proporcionando dos correos electrónicos que en caso de ser necesario, únicamente se utilizarán para entablar comunicación entre órgano jurisdiccional y la citada parte procesal; y, 4) Realizando diversas manifestaciones en relación a los agravios que la parte quejosa expresó al interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio, señalando como pruebas todo lo actuado en el juicio de amparo 560/2020 y anexos; por tanto, con copia certificada del citado ocurso, remítase al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito para los efectos legales que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual, la quejosa Petra Salazar Castillo interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito por el cual se interpone recurso de revisión contra el fallo emitido en este juicio de amparo y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original y copia del escrito de agravios, el cuaderno principal y los tomos de pruebas al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias más relevantes del trámite de este asunto, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio se encuentra integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3º de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. Finalmente, se tiene al impetrante reiterando el domicilio para recibir notificaciones y sus autorizados, así como el señalamiento de un correo electrónico y número telefónico, el cual es únicamente como medio de contacto con este órgano jurisdiccional. Notifíquese; personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercera interesada.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 560/2020, promovido por **, en contra de actos de los magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. ANTECEDENTES De acuerdo a los hechos relatados por la parte quejosa y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que ante el Juzgado Primero de lo Civil de Salina Cruz, Oaxaca, se tramitó el expediente civil **, relativo al juicio sumario de desahucio promovido por Hortencia Guadalupe Justo Hernández, en contra de la impetrante de amparo, respecto al inmueble ubicado en la calle **, número **, colonia *. En ese juicio, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete se dictó sentencia condenatoria, siendo confirmada por los magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca civil **, mediante resolución de veintidós de marzo de esa misma anualidad. De igual forma, que ante el Juzgado Primero de lo Civil de Salina Cruz, Oaxaca, se encuentra radicado el expediente civil **, respecto al juicio sumario civil sobre terminación de contrato de arrendamiento, así como la desocupación y entrega del inmueble materia de la litis en el diverso **, en contra de la quejosa; en donde también ésta fue condenada -mediante sentencia dictada el quince de marzo de dos mil diecisiete- por lo cual, impugnó dicha resolución, estando pendiente de resolver por parte de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, en el toca *. El siete de junio de dos mil diecisiete y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, la quejosa promovió diversos juicios en contra de la aquí tercera interesada, encontrándose radicados con los progresivos * y * de la estadística del Juzgado Primero de lo Civil de Salina Cruz, Oaxaca, estando actualmente en trámite. En el primero de ellos, controvierte la nulidad absoluta de la escritura pública de compraventa de uno de marzo de dos mil catorce, celebrado ante el notario público treinta y cinco en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; y en el segundo, la inexistencia e invalidez del contrato de arrendamiento de cuatro de abril de dos mil catorce, celebrado entre la quejosa y la tercera interesada. Mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil dieciocho, la impetrante de amparo promovió ante el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, incidente de acumulación de autos en el juicio 210/2014 al considerar que existe conexidad de la causa con los diversos expedientes 212/2015, 105/2017 y 48/2018, siendo declarado improcedente la excepción de conexidad de la causa en resolución de veinte de agosto de dos mil diecinueve. Inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la que mediante resolución de treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictada en el toca civil 326/2019, confirmó aquélla. [Determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia] TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Como se anticipó en la audiencia constitucional, la quejosa promovió demanda de amparo directo ante la autoridad responsable, siendo turnada al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito. En acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito declinó competencia para conocer de la demanda al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, al considerar que el amparo directo no es la vía correcta para combatir el acto reclamado. Por tanto, a esa demanda le correspondió conocer por razón al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien a su vez, en acuerdo de diez de septiembre del año en curso, declinó competencia a favor de este órgano jurisdiccional por previo conocimiento. En determinación de treinta de septiembre del año en curso, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del asunto y la radicó con el consecutivo 560/2020; otorgó intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el asunto que nos concierne, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable el acto siguiente: Autoridad responsable Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca Resolución de treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictado en el toca civil 326/2019 de su estadística. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Es cierto el acto reprochado a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, debido a que así lo reconoció al rendir su informe justificado, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia del acto que le fue atribuido a dicho ente público. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, dicha certeza se corrobora con la documental que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado, consistente en los autos originales del toca civil ** de su índice, la cual se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su numeral 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. PROCEDENCIA Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, puesto que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial II.1o.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya tenido por cierto el acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, con el número de registro 394239, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En ese orden, este órgano jurisdiccional determina que en relación con el acto reclamado consistente en la resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en el toca civil 326/2019, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca [por el que confirmó la resolución emitida por la juez de lo Civil de Salina Cruz, Oaxaca, en el expediente 210/2014, en el sentido de declarar improcedente la excepción de conexidad de la causa promovida por la quejosa] se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por las consideraciones que se expondrán. Los citados preceptos legales, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) determinó los alcances de la improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, en donde se estableció sustancialmente que para ser calificados como "actos de imposible reparación", sus consecuencias "deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva" que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que "debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables". Esa interpretación se dedujo de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: (I) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que "el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente", aun antes del dictado del fallo definitivo; y, (II) La segunda, en el sentido de que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta "antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, a partir de la Ley de Amparo de dos mil trece, se puntualizó el carácter excepcional de la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos dictados dentro de juicio y, en concordancia con ello, el Pleno al interpretar el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, resolvió de forma tajante la improcedencia del juicio respecto de actos que sólo causen afectaciones adjetivas, como en los casos en los que no se impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente o se trate de afectaciones que dependen de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Aplicando el anterior criterio jurisprudencial al presente asunto, cabe concluir que la confirmación de la declaratoria de improcedencia de la excepción de conexidad no es una violación procesal reclamable en amparo indirecto por no tener una ejecución de imposible reparación. En efecto, la excepción de conexidad es la petición formulada por la parte demandada para que el juicio promovido por el actor se acumule a otro juicio (diverso de aquél pero conexo) con el objeto de que ambos juicios sean resueltos en una sola sentencia. La petición de acumulación por conexidad, en rigor, no constituye una excepción procesal, ya que a través de ella no se denuncia la falta o incumplimiento de un presupuesto procesal o bien alguna irregularidad en la constitución de la relación procesal, sino que solamente se solicita al Juez la acumulación de dos procesos, a través de los cuales se sustancian litigios conexos para que sean resueltos en una sola sentencia. Por ello, debe considerarse que el desechamiento y/o negativa de tal excepción sólo afecta derechos adjetivos o procesales y no así algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales. Resulta claro que la resolución que confirma el desechamiento de la excepción de conexidad no puede ser considerada como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, debido a que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con el desechamiento de la excepción de conexidad. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 12/94 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, número 77, mayo de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 205464, de rubro y texto: "CONEXIDAD. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCION QUE CONFIRMA EL DESECHAMIENTO DE TAL EXCEPCION. La resolución que confirma el desechamiento de la excepción de conexidad, es decir, de la petición formulada por la parte demandada para que el juicio promovido por el actor se acumule a otro juicio (diverso de aquél pero conexo) con el objeto de que ambos juicios sean resueltos en una sola sentencia, no es impugnable en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata y directa la afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino sólo la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que pueden ser reparados si el afectado obtiene sentencia favorable en cuanto al fondo del asunto. La conclusión precedente no significa que, por exclusión, sea procedente el amparo directo contra tal violación procedimental, pues tanto el amparo directo como el indirecto tienen sus propias reglas de procedencia, de manera tal que la improcedencia de una vía no puede determinar, por exclusión, la procedencia de la otra, máxime si se toma en consideración que no todas las violaciones procedimentales son impugnables en amparo, ya sea directo o indirecto, sino sólo aquellas que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que ejemplificativamente enumeran los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo (amparo directo), o bien que tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio (amparo indirecto)." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 32/2016 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, del Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2013364, del tenor siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." En ese contexto, se puede apreciar que la resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en el toca civil 326/2019, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca [por el que confirmó la resolución emitida por la juez de lo Civil de Salina Cruz, Oaxaca, en el expediente 210/2014 en el sentido de declarar improcedente la excepción de conexidad de la causa promovida por la quejosa] únicamente tiene efectos intraprocesales que pueden o no trascender al resultado del fallo definitivo. Ello, pues como se ha expuesto, no solo constituye una violación formal que afecte los derechos sustantivos en forma irreparable a la promovente, sino una violación procesal que puede impugnarse a través del juicio de amparo directo que se haga valer en contra de la sentencia definitiva en el juicio de origen, si la violación adjetiva hubiese trascendido al resultado del fallo. Por ende, retomando lo estatuido por el Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 32/2016 (10a.), la decisión que se tome en el procedimiento, respecto a la conexidad planteada -para acumular o no diversos juicios- si bien puede afectar derechos de las partes, estos no son de carácter sustantivo, pues se trata de derechos adjetivos reconocidos a las partes no por la Constitución sino por normas ordinarias, por tanto, cualquier violación cometida derivada de la excepción de conexidad planteada, afecta sólo al procedimiento y a los derechos procesales de las partes, pero no transgrede derechos sustantivos. DECISIÓN En mérito de lo anterior, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por consiguiente, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley invocada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo antes analizado, al actualizarse una causal de improcedencia, ello impide analizar los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues el sentido del fallo no sólo obliga a ello sino que veda la posibilidad para realizarlo, pues de lo contrario tal proceder sería incongruente, debido a que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo. Apoya lo dicho, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En otro aspecto, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el representante social adscrito y el Defensor Público Federal del quejoso, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Esto es debido a que conforme a la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por **, por propio derecho, contra el acto reclamado y la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese.

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