Petra Rodríguez Gónzalez
Expediente 22/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 22/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Petra Rodríguez Gónzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de marzo de dos mil veintidós. Oficio. Glósense a los autos los oficios y anexos provenientes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante los cuales da cumplimiento a lo requerido en auto de quince de marzo de dos mil veintidós, y en cuanto a su contenido, se acuerda lo siguiente: Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexan dichas autoridades, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. También, del estudio integral de la demanda de derechos humanos y constancias que integran este juicio de derechos, se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ? La omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora de dictar el acuerdo de admisión de pruebas en el expediente laboral 568/2020 de su índice. Al respecto, de la constancia mencionada en segundo término, este Juzgado Federal, de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, mismo que a letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando aun existiendo el acto reclamado hay una imposibilidad jurídica para que pueda surtir sus efectos legales o materiales por la extinción de su materia u objeto. Así las cosas, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (siete de enero de dos mil veintidós) y hasta la data en que se emite la presente determinación el acto reclamado subsiste, pues la junta responsable no ha dictado el auto de admisión de pruebas en el expediente laboral de origen, como se aprecia del informe justificado que remitió dicha junta el pasado tres de febrero, donde anexó constancia de auto de veintisiete de enero del año que transcurre dictado en el consabido juicio arbitral, donde declinó competencia a favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Posteriormente, el antedicho tribunal, informa que, el juicio declinado será llevado bajo el control 229/2018 de su índice, el veintitrés de febrero del año actual, previo admitir la citada demanda, al considerar que la demanda de origen no reúne los requisitos establecidos en el artículo 114 de la Ley del Servicio Civil, otorgó a la parte actora un plazo de cinco días hábiles para subsanar dichas irregularidades. Ahora bien, aunque no ha manifestado expresamente sí aceptó la competencia del multicitado juicio laboral de origen, lo cierto es que, el quince del presente mes y año, al haber subsanado la parte actora lo señalado en el párrafo precedente, admitió el asunto, por consiguiente, es inconcuso que ha aceptado la competencia. Por tanto, el acto reclamado en este juicio de amparo no podrá surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, atento al estado procesal en que actualmente se encuentra el asunto de la junta responsable. Afirmación que se corrobora en lo mencionado en el aludido auto de quince de marzo anterior, dictado en el expediente 229/2018. Cabe precisar que en caso de inconformidad con dicha actuación, la parte aquí quejosa está en aptitud de promover el medio de defensa que estime pertinente, pues el acto omisivo aquí reclamado ha dejado de tener efecto en el juicio laboral de origen. En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el arábigo 63, fracción V, de la legislación en cita, por lo que hace al acto omisivo reclamado a la autoridad responsable. Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el órgano jurisdiccional, resuelve abstenerse de analizar la violación de derechos humanos imputadas por la parte quejosa a las autoridades responsables y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa -once horas con doce minutos del dieciocho de abril del año en curso-. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, quince de marzo de dos mil veintidós. Sin mayor determinación (registro 2882). Agréguese sin mayor determinación el oficio remitido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que la constancia que anexa se tuvo por recibida el pasado dieciséis de febrero de dos mil veintidós, y se acordó lo conducente en dicho auto. Oficio (registro 3445). Por otra parte, glósese a los autos el oficio y anexo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual, pretende dar contestación al requerimiento efectuado en auto de uno de marzo del presente año, en el sentido de que informara sobre la aceptación de la competencia del juicio laboral 568/2020 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Lo anterior, en virtud de que en el oficio de cuenta manifiesta, que por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, al considerar que la demanda de origen no reúne los requisitos establecidos en el artículo 114 de la Ley del Servicio Civil, otorgó a la parte actora un plazo de cinco días hábiles para subsanar dichas irregularidades. Posteriormente, notificó dicho auto el cuatro de marzo siguiente, como se advierte de los anexos que remite. En ese orden de ideas, y para estar en posibilidad de proveer lo conducente, requiérase al citado tribunal para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este juzgado lo determinado acerca de la aceptación de la competencia del consabido juicio laboral 568/2020. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se les impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional, y se señalan para su celebración, las once horas con doce minutos del dieciocho de abril de dos mil veintidós. Notifíquese; y por oficio al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, uno de marzo de dos mil veintidós. Escrito. Agréguense a los autos el escrito y anexos de cuenta que suscribe la autorizada de la parte quejosa, por medio del cual hace diversas manifestaciones y ofrece medios de convicción; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que vierte en su escrito en los términos que indica y tómense en consideración en la etapa respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Oficio. Por otro lado, glósese a los autos el oficio proveniente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual, da contestación al requerimiento efectuado en auto de dieciséis de febrero del presente año, en relación con que informara si aceptó o no la competencia del juicio laboral 568/2020 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Luego, la autoridad oficiante manifiesta que, al considerar que la demanda de origen no reúne los requisitos establecidos en el artículo 114 de la Ley del Servicio Civil, otorgó a la parte actora un plazo de cinco días hábiles para subsanar dichas irregularidades. En ese orden de ideas, y para estar en posibilidad de proveer lo conducente, requiérase al citado tribunal para que en el plazo de tres días, contados a partir de que haya fenecido el plazo señalado en el párrafo precedente, informe a este juzgado lo determinado acerca de la aceptación de la competencia del consabido juicio laboral 568/2020. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se les impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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