Petra Isabel González García
Expediente 947/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Petra Isabel González García
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se aprecia que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de diecinueve de agosto del año en curso; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Ahora, de autos se advierte que no obran documentos originales a los que se refiere el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; sin embargo, requiérase a la parte quejosa para que en un plazo de noventa días comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que, en copia certificada, ofreció en el presente asunto, apercibida que de no hacerlo en el referido plazo, dichos documentos serán destruidos. En esa tesitura, la quejosa se encuentra en aptitud de generar su cita con la finalidad de que se le proporcione un Código QR para su ingreso a las instalaciones y así poder recoger los documentos que aportó en el presente juicio de amparo, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por ***, contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: Ordenadora: Titular de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, o sus siglas (U.S.E.T.); Secretaria de Educación Pública del Estado de Tlaxcala. Ejecutoras: Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, o sus siglas (U.S.E.T.) y/o de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, o sus siglas (S.E.P.E.); Directora de Educación Primaria de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, o sus siglas (U.S.E.T.) y/o de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, o sus siglas (S.E.P.E.). Actos reclamados: La orden para que el ***, sea rezonificado administrativamente, sin emplazar, notificar y/o hacerlo del conocimiento, ya sea en forma verbal o escrita, a la quejosa, así como su ejecución. Al respecto, se provee: Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En este orden de ideas, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. A su vez, el artículo 5º, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, establece que para los efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conforme a lo anterior, se debe verificar si en el caso concreto el acto reclamado constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Así, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo deben reunirse las cualidades siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. De esta manera, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En conclusión, es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquel ente de hecho o de derecho que, con apoyo en una norma jurídica, emite actos unilaterales que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular, dentro de una relación de supra a subordinación, siendo nota distintiva y determinante para identificar a una autoridad para efectos del amparo la relativa a que exista una relación de supra a subordinación. Estas relaciones, se regulan por el derecho público que prevé los procedimientos para resolver los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, el procedimiento contencioso-administrativo en el ámbito ordinario; mientras que, en el ámbito constitucional, destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tal motivo, la Constitución contiene una serie de derechos fundamentales como limitaciones frente a la actuación de los órganos del Estado, ya que impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, de tal suerte que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley prevé los procedimientos o juicios ordinarios necesarios para resolverlas. La nota distintiva de estas relaciones es que las partes se colocan en el mismo plano, de tal suerte que los actos que surjan son de naturaleza particular y, por ende, el amparo resulta improcedente. De ahí que, el concepto de autoridad para efectos del amparo por regla general excluye los actos de particulares, siempre y cuando estos no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, respecto de los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que este excepcionalmente resulta procedente contra actos de particulares. En el caso particular, la parte promovente se duele de la supuesta orden para que el ***, sea rezonificado administrativamente, sin haberla emplazado, notificado y/ hecho de su conocimiento, ya sea en forma verbal o escrita, así como su ejecución; no obstante, de la normativa aplicable, esto es, tanto la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, así como los reglamentos interiores de la Secretaría de Educación Pública del Estado y de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, se desprende que éstas, tienen por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento, facultades y obligaciones de las unidades administrativas que conforman tanto la Secretaría de Educación Pública del Estado (S.E.P.E.), como la Unidad de Servicios Educativos del Estado(U.S.E.T.). Tareas que materialmente están conferidas conforme al artículo Cuarto del Decreto número 158 por el que se crea la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 21 de mayo de 1992, a una Junta de Gobierno, con una Dirección General y con la estructura orgánica siguiente: I. Dirección de Educación Básica; II. Dirección de Educación Primaria; III. Dirección de Educación Física; IV. Dirección de Planeación Educativa; V. Dirección de Educación Terminal; VI. Dirección de Relaciones Laborales; VII. Dirección de Administración y Finanzas; y VIII. Departamento de Asuntos Jurídicos , las cuales, a su vez, contarán con personal técnico y administrativo que requieran para el cumplimiento y el ejercicio de sus atribuciones. En ese contexto, dichas relaciones de trabajo, que surgen con motivo de estos procedimientos con las autoridades de educación básica, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados (servidor público-Estado), se regirán por la legislación laboral aplicable. Bajo esa línea argumentativa, si los actos que en esta vía se combaten derivan de un proceso de organización administrativa para el funcionamiento de las zonas escolares que conforman el ***, es incuestionable que no le reviste la característica de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo sino que tiene su origen y efectos en una determinación que se circunscribe exclusivamente al plano laboral y administrativo. Por tanto, la conducta desplegada por quienes la quejosa señala como autoridades responsables, no genera ninguna determinación que sea posible de cuestionarse a través del juicio de amparo por no constituir actos de autoridad susceptibles de ser analizados en esta instancia porque deriva del vínculo jurídico existente entre ella y la Unidad de Servicios Educativos del Estado, sectorizada a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, en su carácter de patrón o empleador, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de los tribunales del trabajo; de ahí que en la emisión de estos actos no se actúa con potestad de imperio. Por tanto, las latentes acciones en el procedimiento de organización y rezonificación administrativa, atento a los argumentos expuestos en este fallo y con apoyo en el criterio de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, son considerados como actos derivados de una relación de coordinación (Estado patrón-trabajador frente a la dependencia pública), esto es, del nexo laboral de los agremiados que representa la parte quejosa con el Estado, acorde con el marco jurídico que la define. De modo que los posibles vicios que la justiciable pudiera atribuirles a los actos reclamados, no cambian o transforman la naturaleza de la relación obrera de coordinación, ni la convierten en una de supra a subordinación, para dar lugar a un acto de autoridad. En tales condiciones, al estar en presencia de actos que no se reclaman a las autoridades responsables en su calidad de órganos del Estado en una relación de supra-subordinación; sino en un plano de coordinación, al tratarse de los empleadores de la quejosa en su carácter de *** del Sector de Educación Primaria 04, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda presentada por ***. Toda vez que la parte quejosa lo solicita expresamente, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve.
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