Petra Espinoza Valdes
Expediente 736/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 25 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 22/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Petra Espinoza Valdes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual desahoga la vista que se le dio en auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Mesa II, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, a la ejecutoria de amparo. Asimismo, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, pues la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida conforme lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo . En efecto, es preciso fijar los efectos de la sentencia, que se transcriben a continuación: ".1. Proceda de manera inmediata a realizar todos los actos tendientes para la integración total de la averiguación previa; gestione y tome las medidas necesarias para hacer cumplir sus requerimientos y continúe de manera constante y exhaustiva con la práctica de la investigación correspondiente para allegarse de las pruebas y elementos de convicción con respecto al acreditamiento del cuerpo del delito y a la probable responsabilidad de quienes fueron señalados como responsables, si en su caso faltasen, de conformidad a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal; y, 2. Hecho lo anterior, determine sobre el ejercicio o no de la acción penal, o bien, proceda a acordar lo que en su caso, conforme a derecho corresponda; lo anterior, dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación que declare ejecutoriado el presente fallo constitucional .". Enseguida, se procede a reseñar los antecedentes que se desprenden de autos sobre el cumplimiento al fallo protector: El dieciséis de marzo de dos mil dieciséis (fojas 109 y 110), se recibió ante la oficialía de partes de este Juzgado, el oficio 28/2016 signado por el Agente del Ministerio Público de la Mesa II, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, a través del cual comunicó que el once de enero de dos mil dieciséis, emitió vista de no ejercicio de la acción penal, dentro de la averiguación previa penal 486/2015-M2, anexando copia certificada del oficio 43/2016 dirigido al Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual le solicita determinar en definitiva la vista de no ejercicio de la acción penal; lo anterior, se reservó acordar lo conducente hasta que causara ejecutoria la sentencia de amparo. El doce de abril del presente año (fojas 129 y 130), causó ejecutoria la sentencia y se dio se le dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera respecto a vista de no ejercicio de acción penal señalada en el párrafo anterior; acuerdo que se le notificó por medio de lista, el trece de abril del año que transcurre (foja 132). Luego, el veintinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 133 a 135), dado que este órgano jurisdiccional estimó que aún no se encontraban cumplidos en su totalidad los efectos para los cuales fue concedido el amparo, se solicitó al Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Saltillo, remitiera copia certificada de la resolución definitiva de la vista de no ejercicio de acción penal emitida por el Agente del Ministerio Público de la Mesa II, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, dentro de la averiguación previa penal 486/2015-M2. El treinta y uno de mayo del presente año (foja 151), se tuvo al Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, remitiendo copia certificada de la determinación definitiva de veinticinco del mismo mes y año, dentro del expediente en revisión número 7/2016, en la que declaró infundada la vista de no ejercicio de la acción penal emitida por el Agente del Ministerio Público de la Mesa II, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, dentro de la averiguación previa penal 486/2015-M2, ordenándole lo siguiente: 1. Recabara diversas probanzas, dándole un plazo de treinta y cinco días naturales para ello. 2. En el mismo plazo, de resultar procedente, ejercite la acción penal ante el Órgano Jurisdiccional, informándole el destino de la misma; o, 3. Emita nueva vista de inejercicio, debidamente fundada y motivada, que deberá enviar a esa Subprocuraduría para su revisión. Con lo anterior se le dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera respecto a la resolución definitiva emitida por el Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad; acuerdo que se le notificó por medio de lista, el uno de junio del año que transcurre (foja 152). En el escrito de cuenta, el autorizado de la quejosa desahoga la vista solicitando que se requiera al Agente del Ministerio Público responsable, se pronuncie sobre el ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa 486/2015. Las anteriores constancias tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor. Ahora bien, de la confrontación de lo anterior, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo, están cumplidos, ya que la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público de la Mesa II, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, el once de enero del año en curso, dentro de los autos de la Averiguación Previa 486/2015-M2, determinó no ejercer acción penal. Resolución que fue declarada infundada por el Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Por tanto, es evidente que se cumplió con el núcleo esencial que motivó la concesión del amparo otorgado; sin que sea técnico que este Juzgado Federal se ocupe de la legalidad de lo resuelto con posterioridad al no haber sido materia de la litis. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro 165807, la cual establece: *** No es óbice para llegar a esa conclusión, la manifestación realizada por el autorizado de la quejosa, en el sentido de que se requiera al Agente del Ministerio Público con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se pronuncie sobre el ejercicio de la acción penal, porque dicha solicitud no es consecuencia de la concesión del amparo, dado que el Ministerio Público se pronunció en ese sentido el once de enero del presente año, sino que lo solicitado lo hace depender del mandamiento realizado por el Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en la resolución de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis; sin embargo, lo sustentado en ésta última no fue materia de ese juicio de amparo, razón por la cual tiene expedito su derecho para hacerlo valer como en derecho estime corresponda. En ese orden de ideas, se estima cumplida la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, de conformidad con el cuarto párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo; archívese este juicio de amparo, y háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno. Toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de destrucción, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado. Finalmente al resultar innecesaria la permanencia en este Juzgado, del legajo que motivó la apertura del tomo I de pruebas relativo al presente juicio (foja 58), devuélvase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Mesa II, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, quien lo allegó como complemento a su informe justificado.
- Principal
Visto lo cuenta; agréguese a los autos el oficio SCJC-1373/2016, que remite el Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad, mediante el cual informa que el veinticinco de mayo del presente año, se resolvió en definitiva la averiguación previa 486/2015-M2, en donde el Agente del Ministerio Público de la Mesa II, con sede en Sabinas, Coahuila, había emitido vista de no ejercicio de la acción penal, declarándose infundada; remitiendo copia certificada de la aludida resolución. Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Ante ello, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga; corriéndosele traslado con copia del anexo remitido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, pues la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean efectivamente acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En efecto, es preciso fijar los efectos de la sentencia, que se transcriben a continuación: ".1. Proceda de manera inmediata a realizar todos los actos tendientes para la integración total de la averiguación previa; gestione y tome las medidas necesarias para hacer cumplir sus requerimientos y continúe de manera constante y exhaustiva con la práctica de la investigación correspondiente para allegarse de las pruebas y elementos de convicción con respecto al acreditamiento del cuerpo del delito y a la probable responsabilidad de quienes fueron señalados como responsables, si en su caso faltasen, de conformidad a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal; y, 2. Hecho lo anterior, determine sobre el ejercicio o no de la acción penal, o bien, proceda a acordar lo que en su caso, conforme a derecho corresponda; lo anterior, dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación que declare ejecutoriado el presente fallo constitucional .". Enseguida, se procede a reseñar los antecedentes que se desprenden de autos sobre el cumplimiento al fallo protector: El dieciséis de marzo de dos mil dieciséis (fojas 109 y 110), se recibió ante la oficialía de partes de este Juzgado, el oficio 28/2016, signado por el Agente del Ministerio Público de la Mesa II, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, a través del cual comunicó que el once de enero de dos mil dieciséis, emitió vista de no ejercicio de la acción penal, dentro de la averiguación previa penal 486/2015-M2, instruida en contra de ****** y ******(aquí terceros interesados), por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Obstrucción a la Justicia por Entorpecimiento de la Investigación o Proceso Penal mediante Ocultación, Alteración o Destrucción de Indicios o Evidencias Agravado por la calidad de Servidor Público, Obstrucción a la Justicia por Entorpecimiento de la Investigación o Proceso Penal mediante Falsedad Agravado por la calidad de Servidor Público y Observación a la Justicia por Omisión de Denuncia, anexando copia certificada del oficio 43/2016, dirigido al Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con el cual solicita determinar en definitiva la vista de no ejercicio de la acción penal; ante ello, se reservó acordar lo conducente, hasta que causara ejecutoria la sentencia de amparo. Posteriormente, el doce de abril del presente año (fojas 129 y 130), causó ejecutoria la sentencia terminada de engrosar el quince de febrero de dos mil dieciséis (fojas 84 a 98), dándosele vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; acuerdo que se le notificó por medio de lista, el trece siguiente (foja 132) sin que hubiera manifestado nada al respecto. Las anteriores constancias tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor. Ahora bien, de la confrontación de lo anterior, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo, no se encuentran cumplidos en su totalidad, pues si bien la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Mesa II, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, el once de enero de dos mil dieciséis, remitió al Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, la vista de no ejercicio de la acción penal, dentro de la averiguación previa penal 486/2015-M2, para que la determinara en definitiva; sin embargo, no obra en autos esta última determinación. Por tal razon, requiérase al Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita a este juzgado la resolución definitiva de la vista de no ejercicio de la acción penal, dentro de la averiguación previa 486/2015-M2, del índice de Agente del Ministerio Público de la Mesa II, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del artículo 258 de la ley de la materia. Apoyan lo anterior, los siguientes criterios: Jurisprudencia CLXXIV/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 163/97, el veintitrés de octubre del dos mil, del rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Jurisprudencia 58/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y cuatro, del tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, de rubro y texto siguiente: "******* A su vez, se le informa que el cumplimiento de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo, es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes; por tanto, deberá realizar todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que el artículo 193 de la ley de la materia dispone que las normas establecidas para el cumplimiento de las sentencias de amparo, serán aplicables cuando se retarde el cumplimento de la ejecutoria. Se invoca además en apoyo de lo anterior, la tesis pronunciada por la extinguida Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y ocho, Cuarta Parte, materia Común, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: ********* Así como la diversa tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento setenta y nueve, Tercera Parte, materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, la cual establece: ******* Lo anterior, para que este órgano de control constitucional se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre la cuestión del cumplimiento al fallo protector.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia terminada de engrosar el quince de febrero de dos mil dieciséis (fojas 84 a 98), en la que se resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Petra Espinoza Valdés, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución.". Por ende, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de diecisiete de marzo del presente año (foja 113), se reservó acordar respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Mesa II, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, a la sentencia de amparadora, la cual fue concedida para los siguientes efectos: ".1. Proceda de manera inmediata a realizar todos los actos tendientes para la integración total de la averiguación previa; gestione y tome las medidas necesarias para hacer cumplir sus requerimientos y continúe de manera constante y exhaustiva con la práctica de la investigación correspondiente para allegarse de las pruebas y elementos de convicción con respecto al acreditamiento del cuerpo del delito y a la probable responsabilidad de quienes fueron señalados como responsables, si en su caso faltasen, de conformidad a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal; y, 2. Hecho lo anterior, determine sobre el ejercicio o no de la acción penal, o bien, proceda a acordar lo que en su caso, conforme a derecho corresponda; lo anterior, dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación que declare ejecutoriado el presente fallo constitucional .". Ante ello, dése vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con el cumplimiento efectuado por la autoridad mencionada; lo anterior de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.
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