Petra de Dios Alquisira
Expediente 1562/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1562/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Petra de Dios Alquisira
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE PROCEDE A NOTIFICAR EL ACUERDO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADO POR EL JUEZ DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA, A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS, QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por la quejosa ****, quien se ostenta como Sindico del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, mediante el cual subsana la prevención formulada en auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete; por tanto este Órgano Jurisdiccional se pronuncia al respecto Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, todos de la citada ley En el presente caso, la parte quejosa, señala como actos reclamados los siguientes: "La resolución de fecha 01 de septiembre del año dos mil diecisiete, *** En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracciones IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: La primera regla consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del País, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y, La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de amparo. Esto es así, pues a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de amparo. Ahora bien, de una lectura integral de la demanda de amparo, se advierte claramente que los actos de molestia provienen de un procedimiento civil que se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, en el que la parte quejosa es la Institución demandada en el juicio de origen y ya fue condenada en ese procedimiento; por tanto, resulta conveniente citar el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que en la parte conducente establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Luego, si en el caso, los actos de molestia consiste en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de uno de septiembre de dos mil diecisiete, en los autos del expediente 254/2013, a través del cual trabó formal embargo, respecto de la cuenta bancaria, número 65505976128 de la institución bancaria BANCO SANTANDER (MÉXICO) INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, y que aduce el promovente, se encuentra a nombre del Ayuntamiento Constitucional de Jonacatepec, Morelos, por la suma de $****, así como la resolución y oficio de uno de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, en los autos del expediente antes mencionado, por el cual ordena asegurar la cuenta bancaria mencionada anteriormente; es claro que la demanda de amparo que nos ocupa deviene improcedente. Ello es así, ya que no se ubica en la hipótesis de procedencia que se menciona en párrafos precedentes, de acuerdo con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de la Materia, pues no se promueve contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente y tampoco está en la hipótesis del segundo párrafo de la citada fracción, que establece: "en los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". No obsta que el quejoso aduzca que nos encontramos frente al último acto de ejecución de sentencia firme (foja 07), puesto que como se estableció en el párrafo que antecede, éstos son aquellos en las que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, lo cual no acontece en el caso que nos ocupa. Además, tampoco puede decirse que se debe interpretar la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo a la de la diversa fracción V del mismo artículo y ordenamiento legal, es decir, que el embargo de cuentas bancarias en ejecución de sentencia es la excepción a la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no debe esperarse a que se dicte el último acto dentro de dicha fase del proceso. Esto es así pues debe decirse que si bien es cierto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece (fracciones que son equivalentes a las IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente) al contener, en esencia, la misma norma jurídica; determinó al resolver la contradicción de tesis 215/2009, que podía operar la excepción para la procedencia del amparo indirecto en la hipótesis de que el acto de autoridad dictado en ejecución de sentencia, no fuera el último de dicha fase del proceso, en tratándose de actos que afecten materialmente derechos sustantivos, siempre que sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues en ese caso, resultarían dichos actos irreparablemente ejecutados. ***. No se cuestiona en el particular, que el derecho a disponer el ayuntamiento recurrente de su patrimonio sea un derecho sustantivo e incluso que el acto del embargo lo afecte materialmente, pues ese es el fin de dicho acto privativo; sin embargo, la regla de procedencia del juicio de amparo en estudio, no se limita a que en el caso se afecte materialmente un derecho sustantivo en un acto dictado en un proceso de ejecución de sentencia, sino que además, dicha afectación debe ser ajena a la cosa juzgada, condición que no toma en consideración la parte recurrente para fundar su agravio, por lo que hace una incorrecta interpretación del criterio citado. Al respecto cabe mencionar la diferencia que existe entre las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto previstas en las fracciones IV y V del artículo 107. En la primera se refiere a que procede en contra de actos fuera de juicio o después de que éste concluyó y lo condiciona a que el amparo se promueva en contra de la última resolución de dicha fase ejecutiva o de remate, ello con la intención de que el juicio de amparo no entorpezca o retrase irracionalmente el cumplimiento de las sentencias de que se traten, pues ello es cuestión de orden público e interés social y que brinda seguridad jurídica. La fracción V por su parte, establece la procedencia del amparo en contra de actos dictados dentro del juicio, es decir, cuando aún no existe sentencia, que afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso, que pudiera derivar en su indefensión y que trascendieran irreparablemente en el fallo. Como puede verse, la diferencia que existe entre ambas hipótesis, descansa en que, en la establecida en la fracción IV del artículo 107, con base en la cual se desechó la demanda de amparo de la recurrente, es que se trata de la procedencia del juicio cuando ya existe cosa juzgada; es decir, cuando ya es verdad legal el contenido de la sentencia y es obligatoria para las partes al haber sido oídas y vencidas en juicio, y sólo requiere de su ejecución para materializar el derecho que dicho fallo haya constituido en favor de alguna de las partes; por ello, el legislador, con intención de salvaguardar la seguridad jurídica y el orden público que genera la institución de la cosa juzgada, limitó la procedencia del juicio de amparo al último acto dictado en la fase ejecutiva de la sentencia, precisamente porque lo que se quiere es el cumplimiento del fallo. Por esta razón, la interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las hipótesis de procedencia del juicio de amparo en análisis, condicionó para que operara la regla de excepción que pretende hacer valer la recurrente, a que el acto además de afectar materialmente sus derechos sustantivos, fuera ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural. Ahora bien, en el particular del propio escrito de demanda, se puede advertir que el ayuntamiento quejoso y recurrente, fue condenado en un juicio civil al pago de pesos, fue requerido de pago, y ante la negativa, se ordenó el embargo de cuentas bancarias a su nombre para garantizar el adeudo; de donde se desprende que dichos actos no son ajenos a la cosa juzgada, es decir, a la verdad legal establecida en una sentencia civil que lo condenó al pago de pesos, en donde, el acto privativo del embargo, constituye un medio para garantizar el adeudo y que esta jurídicamente legitimado, precisamente por la falta de cumplimiento voluntario de la sentencia. Por tanto y toda vez que los actos impugnados no se tratan de actos definitivos para los efectos de la procedencia del juicio de amparo; en consecuencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción IV, y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. N.P.
- Principal
SE PREVIENE LA DEMANDA DE AMPARO...NP.
- Principal
CITATORIO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 27, FRACCIÓN I, INCISO B)DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL DICE: SE PREVIENE LA DEMANDA DE AMPARO...NP.
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