Petra Cuapa Escalona
Expediente 593/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 08/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Petra Cuapa Escalona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 593/2021-III. Puebla, Puebla, ocho de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformó contra el auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido; por tanto se ordena su archivo. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6 fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, la cual deberá acontecer dentro de los noventa día siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se concedió el amparo. INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Toda vez que en auto de doce de agosto del año en curso, se ordenó la devolución al juez responsable del cuaderno auxiliar I (relativo a la copia certificada de la causa penal 25/2000); de ahí que resulta innecesario emitir algún pronunciamiento. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello una vez realizada la depuración del expediente. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIÓN EN LOS LIBROS DE GOBIERNO. Se ordena a la Analista Jurídico SISE que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 593/2021 Puebla, Puebla, tres de septiembre de dos mil veintiuno. ESTADO PROCESAL De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinte de agosto de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, relativas al cumplimiento dado al fallo protector de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, dictado por este órgano de control constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable1, si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues sería infructuoso para la parte quejosa obtener el amparo y la protección de la Justicia Federal, cuando la ejecución no cumple con todos y cada uno de los fines precisados en la sentencia -a través de sus efectos-2. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que en realidad solo se materializa hasta su fiel ejecución3. Bajo esa premisa, se advierte materializado el derecho de justicia completa previsto en los numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de * , pues de acuerdo con las constancias de autos, se advierte que la autoridad, actuó conforme a los efectos esgrimidos en la ejecutoria de amparo. En primera, el doce de agosto de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia en la que se concedió el amparo a la quejosa y se requirió el cumplimiento al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que: "(.) En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo, que se invocan por las razones expuestas en el punto considerativo que antecede, se concede el amparo a la quejosa para el efecto de que dentro del plazo de tres días contados desde que le sea notificado el auto por el que cause ejecutoria esta sentencia, el Juez Cuarto de lo Penal del distrito judicial de Puebla, efectúe lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veinte de mayo de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal *contra *; 2. Emita una nueva determinación donde resuelva la situación jurídica de aquélla, donde reiterará lo relativo a la prescripción de la acción penal ejercida por el agente del ministerio público contra *, por el delito de lesiones tumultuarias, previsto y sancionado por los artículos 305, 306 fracción I, 318 y 319 del Código de Defensa Social para el Estado cometido en agravio de ; 3. Al abordar el estudio relativo al cuerpo del delito de homicidio calificado, con libertad de jurisdicción podrá reiterar lo relativo a las pruebas de cargo y descargo recabadas en la indagatoria, así como el valor jurídico concedido pero deberá indicar cuáles pruebas en particular y en lo colectivo, bajo la luz de los criterios generales de la lógica y la racionalidad corroboran cada uno de los elementos del cuerpo del delito así como de las hipótesis que actualizan la calificativa de ventaja, las cuales deberá citar textualmente; para ello deberá especificar las circunstancias de ejecución del hecho atribuido conforme el caudal probatorio obtenido; debiendo fundar y motivar su decisión. 4. En cuanto a la probable responsabilidad de la quejosa, también con libertad de jurisdicción deberá precisar la intervención que de manera concreta se le atribuye como autora material y como instigadora en términos del contenido del artículo 21 fracciones I y II del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla y deberá valorar las pruebas idóneas de donde se desprenda el señalamiento de *, tanto en lo individual como en lo colectivo, debiendo fundar y motivar su decisión. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que la autoridad responsable deba resolver la situación jurídica de la quejosa en determinado sentido, pues el objetivo de la concesión radica en que subsane las deficiencias advertidas en esta resolución, con base en los elementos de convicción sometidos a su conocimiento. Por último, se hace extensiva la concesión del amparo a la autoridad responsable ejecutora Director del Centro Penitenciario de Puebla, ya que no se le reclamó acto alguno por vicios propios, por lo que debe quedar a la espera de la nueva determinación que emita el juez encargado de la referida causa." Ahora, de autos se advierte que el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en acatamiento a la sentencia de protección de derechos, y para resarcir las violaciones perpetradas contra la parte quejosa, dentro de los autos de la causa penal * el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, emitido contra la quejosa *, y en su lugar, emitió el nuevo auto de plazo constitucional, para ello y adjuntó copia certificada de dicha determinación. Ahora, de la nueva determinación emitida por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: 1) Dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el veinte de mayo de dos mil veintiuno. 2) Reiteró la prescripción de la acción penal ejercida por el agente de ministerio público, en favor de * respecto del delito de lesiones tumultuarias, ilícito previsto y sancionado por los artículos 305 y 306 fracción I, 318 y 319 del Código de Defensa Social del Estado vigente en la época de la comisión del delito, en agravio de * 3) En cuanto al estudio del cuerpo del delito de homicidio calificado reiteró las pruebas de cargo y descargo recabadas en la indagatoria, las cuales valoró de manera individual como en lo colectivo; especificó las circunstancias de tiempo, lugar y modo o ejecución del delito; además citó y analizó las hipótesis relativas a la calificativa de ventaja, prevista en el artículo 326 del Código de Defensa Social para el Estado, estableciendo que solo quedaban colmadas las referidas en las fracciones II, III y IV. 4) Respecto de la probable responsabilidad de la quejosa valoró cada una de las pruebas tanto en lo individual como en lo colectivo, así como precisó que la intervención concreta de la indiciada eran como autora material y como instigadora en términos del contenido del artículo 21 fracciones I y II del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, al considerar que fue una de las personas que detuvo a la víctima cuando pretendía huir e indujo a * para que privara de la vida al sujeto pasivo. Luego, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, dictó auto de formal prisión o preventiva en contra de * , por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado previsto y sancionado por los artículos 312, 313 fracción I incisos a) y b), 323 y 326 fracciones II, III y IV en relación con los artículos 13 y 21 fracciones I y II del Código de Defensa Social para el Estado, vigente al momento de cometerse el ilícito, en agravio de quien en vida llevara el nombre de * . Por su parte, la autoridad responsable encargado del despacho de la Dirección del Centro Penitenciario de Puebla, en cumplimiento al fallo protector dictado en este juicio, informó haber efectuado las anotaciones correspondientes en el expediente único de la quejosa. Como se ve, el cumplimiento de las autoridades responsables se traducen en una restitución del derecho de justicia completa previsto en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos indicados en la sentencia terminada de engrosar el veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Ahora, la quejosa mediante escrito presentado en este juzgado el treinta de agosto del año en curso, adujo que la sentencia de amparo no se encontraba cumplida debido a que: 1) El juez del fuero común hizo caso omiso a lo señalado en la sentencia y dictó un nuevo auto de formal prisión basado solamente en múltiples entrevistas contradictorias, en señalamientos incongruentes y en el frágil argumento que por supuestamente estar en el lugar de los hechos tuvo una probable participación en los hechos delictivos que se le imputan, sin fundamento, motivación, análisis y lógica. 2) Sin tener elementos de prueba que lo sostengan más allá de testimoniales incongruentes que lo único que prueban es que los testigos se encontraban aleccionados al momento de presentar sus denuncias y que, de acuerdo a lo dicho por los propios testigos, la acción cometida fue la de supuestamente estar en el lugar de los hechos y gritar en conjunto con otras personas, porque no existe un solo testigo que pueda señalar concreta e individualmente su actuar en la fecha de los hechos, ya que siempre se hace mención que se le encontró con otras personas gritando. 3) Que de acuerdo a los testigos, todos los ahí presentes gritaban al unísono y en coordinación palabras que incitaban a la violencia, mismas que por cierto, son contradictorias entre los propios testigos. 4) Que el hecho de que una persona exprese un propósito, fin u objetivo, no necesariamente significa que se llevará a cabo como un "llamado a la acción" y acatado en su cabalidad por terceros quienes pueden decidir de forma autónoma realizar o no alguna acción. 5) Que el juez de la causa penal no tomó en consideración los lineamientos de la sentencia de amparo para determinar la especificidad y corroboración realizando una valoración idónea de las pruebas. 6) Que el juez responsable, emite una resolución sin determinar de forma precisa la conducta que le atribuye ni el grado de participación. Al respecto debe indicarse que en la sentencia de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se indicó a la autoridad responsable dejara insubsistente la determinación de veinte de mayo de dos mil veintiuno reclamada; en su lugar, debía emitir otra resolución, en donde reiterara lo relativo a la prescripción de la acción penal ejercida por el agente del ministerio público contra *, por el delito de lesiones tumultuarias. Luego, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, abordara el estudio relativo al cuerpo del delito de homicidio calificado, y valorara las pruebas tanto en lo particular como de manera colectiva, bajo la luz de los criterios generales de la lógica y la racionalidad, a fin de corroborar cada uno de los elementos del cuerpo del delito así como de las hipótesis que actualizan la calificativa de ventaja, además de especificar las circunstancias de ejecución del hecho atribuido conforme el caudal probatorio obtenido. Así mismo, se le indicó que en cuanto a la probable responsabilidad, con libertad de jurisdicción, de forma fundada y motivada, precisara la intervención atribuida a la quejosa como autora material y como instigadora en términos del contenido del artículo 21 fracciones I y II del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla y valorara las pruebas idóneas tanto en lo individual como en lo colectivo. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que la autoridad responsable deba resolver la situación jurídica de la quejosa en determinado sentido, pues el objetivo de la concesión radica en que subsane las deficiencias advertidas en esta resolución, con base en los elementos de convicción sometidos a su conocimiento; luego, con plenitud de jurisdicción, de forma fundada y motivada dictara la determinación correspondiente. Esto es, no se le indicó a la responsable que debía fallar en determinado sentido, ni el valor probatorio que debía otorgar a las pruebas recabadas en la indagatoria, pues se le otorgó plenitud de jurisdicción para ello, pero debía cumplir con el requisito de fundamentación y motivación para respetar los derechos de legalidad y seguridad jurídica. Así, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que una vez valoradas todas y cada una de las pruebas que obran en la averiguación previa, decidió emitir en la causa penal * auto de formal prisión contra la aquí quejosa, por la comisión del delito de homicidio calificado; lo que implica que el juez responsable actuó con plenitud de jurisdicción para arribar a tal conclusión, lo cual satisface los efectos para los cuales fue concedido el presente juicio de amparo. De esa forma, si el juez responsable concluyó en dictar auto de formal prisión en contra de la quejosa, fue debido al resultado que obtuvo del estudio de las probanzas allegadas a la indagatoria y con la libertad de jurisdicción con que contó para ello. Por lo que, en este cumplimiento de ejecutoria de amparo, esta autoridad federal no está facultada para analizar el fondo de la determinación adoptada por el juez responsable, porque ello no fue materia de la concesión del amparo. En tales condiciones, la determinación de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se estima apegada los efectos de la sentencia de amparo, pues la nueva resolución fue emitida por la responsable con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, además de forma congruente y con los requisitos formales de todo acto de autoridad. Pues la responsable señaló los fundamentos legales que estimó aplicables, así como los razonamientos lógico jurídicos para justificarlo (fundamentación y motivación) lo que además realizó de forma congruente. Entonces, como se observa de los párrafos que anteceden, la autoridad responsable se apegó a los lineamientos que se determinaron en la sentencia dictada, pues la concesión del amparo fue para el efecto de que se dejara insubsistente el auto de formal prisión de veinte de mayo de dos mil veintiuno y en su lugar, emitiera otra resolución, en donde una vez valoradas las probanzas recabadas en la indagatoria y con plenitud de jurisdicción, de forma fundada y motivada emitiera una nueva determinación, con base en el resultado obtenido en los elementos de convicción sometidos a su conocimiento, pues no se le ordenó que debía resolver en determinado sentido; y así se advierte de la nueva resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, al otorgarle a la responsable plenitud de jurisdicción para resolver, deviene en un amplio margen de apreciación otorgado a aquél, a efecto de que resolviera el asunto en cuestión. Con independencia de lo anterior, expuso de forma fundada y motivada, conforme lo extraído de las pruebas ofrecidas en la causa penal, las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución de los hechos que propiciaron el deceso de la víctima de homicidio calificado, además expuso de forma razonada porqué solo quedaban satisfechas las calificativas previstas en las fracciones II, III y IV del 326 del Código de Defensa Social para el Estado y contrario a lo referido por la quejosa, indicó porqué la consideró como autora material y como instigadora en términos del contenido del artículo 21 fracciones I y II del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, al estimar que fue una de las personas que detuvo a la víctima cuando pretendía huir e indujo a * para que privara de la vida al sujeto pasivo, lo que indicia que el juez responsable sí estableció la conducta atribuida. Por tanto, es infundado lo expresado por la quejosa respecto a que el juez responsable dejó de dar cumplimiento a lo ordenado por esta juzgadora, pues de las constancias allegadas y analizadas en este proveído, se aprecia que ésta dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia de todo lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina tener por cumplida la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Por tanto, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que esté en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Pero, si la parte quejosa o la parte tercera interesada, insistieran en estar inconformes con la presente determinación de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, se les hace de su conocimiento que tienen derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuentan con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), puntualizo: a) El doce de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió la protección federal. b) El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo dentro la causa penal * c) El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno se recibió en este juzgado el oficio mediante el cual la responsable cumplió la sentencia de amparo. d) En esta data (tres de septiembre de dos mil veintiuno) se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de forma electrónica al agente del ministerio público adscrito a este juzgado y de forma personal a la parte quejosa (en el domicilio señalado en autos); a los terceros interesados (por lista); por oficio a las autoridades responsables y al fiscal tercero interesado; cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. JUICIO DE AMPARO 593/2021 Puebla, Puebla, tres de septiembre de dos mil veintiuno. ESTADO PROCESAL De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinte de agosto de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, relativas al cumplimiento dado al fallo protector de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, dictado por este órgano de control constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable1, si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues sería infructuoso para la parte quejosa obtener el amparo y la protección de la Justicia Federal, cuando la ejecución no cumple con todos y cada uno de los fines precisados en la sentencia -a través de sus efectos-2. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que en realidad solo se materializa hasta su fiel ejecución3. Bajo esa premisa, se advierte materializado el derecho de justicia completa previsto en los numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de * , pues de acuerdo con las constancias de autos, se advierte que la autoridad, actuó conforme a los efectos esgrimidos en la ejecutoria de amparo. En primera, el doce de agosto de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia en la que se concedió el amparo a la quejosa y se requirió el cumplimiento al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que: "(.) En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo, que se invocan por las razones expuestas en el punto considerativo que antecede, se concede el amparo a la quejosa para el efecto de que dentro del plazo de tres días contados desde que le sea notificado el auto por el que cause ejecutoria esta sentencia, el Juez Cuarto de lo Penal del distrito judicial de Puebla, efectúe lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veinte de mayo de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal *contra *; 2. Emita una nueva determinación donde resuelva la situación jurídica de aquélla, donde reiterará lo relativo a la prescripción de la acción penal ejercida por el agente del ministerio público contra *, por el delito de lesiones tumultuarias, previsto y sancionado por los artículos 305, 306 fracción I, 318 y 319 del Código de Defensa Social para el Estado cometido en agravio de ; 3. Al abordar el estudio relativo al cuerpo del delito de homicidio calificado, con libertad de jurisdicción podrá reiterar lo relativo a las pruebas de cargo y descargo recabadas en la indagatoria, así como el valor jurídico concedido pero deberá indicar cuáles pruebas en particular y en lo colectivo, bajo la luz de los criterios generales de la lógica y la racionalidad corroboran cada uno de los elementos del cuerpo del delito así como de las hipótesis que actualizan la calificativa de ventaja, las cuales deberá citar textualmente; para ello deberá especificar las circunstancias de ejecución del hecho atribuido conforme el caudal probatorio obtenido; debiendo fundar y motivar su decisión. 4. En cuanto a la probable responsabilidad de la quejosa, también con libertad de jurisdicción deberá precisar la intervención que de manera concreta se le atribuye como autora material y como instigadora en términos del contenido del artículo 21 fracciones I y II del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla y deberá valorar las pruebas idóneas de donde se desprenda el señalamiento de *, tanto en lo individual como en lo colectivo, debiendo fundar y motivar su decisión. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que la autoridad responsable deba resolver la situación jurídica de la quejosa en determinado sentido, pues el objetivo de la concesión radica en que subsane las deficiencias advertidas en esta resolución, con base en los elementos de convicción sometidos a su conocimiento. Por último, se hace extensiva la concesión del amparo a la autoridad responsable ejecutora Director del Centro Penitenciario de Puebla, ya que no se le reclamó acto alguno por vicios propios, por lo que debe quedar a la espera de la nueva determinación que emita el juez encargado de la referida causa." Ahora, de autos se advierte que el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en acatamiento a la sentencia de protección de derechos, y para resarcir las violaciones perpetradas contra la parte quejosa, dentro de los autos de la causa penal * el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, emitido contra la quejosa *, y en su lugar, emitió el nuevo auto de plazo constitucional, para ello y adjuntó copia certificada de dicha determinación. Ahora, de la nueva determinación emitida por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: 1) Dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el veinte de mayo de dos mil veintiuno. 2) Reiteró la prescripción de la acción penal ejercida por el agente de ministerio público, en favor de * respecto del delito de lesiones tumultuarias, ilícito previsto y sancionado por los artículos 305 y 306 fracción I, 318 y 319 del Código de Defensa Social del Estado vigente en la época de la comisión del delito, en agravio de * 3) En cuanto al estudio del cuerpo del delito de homicidio calificado reiteró las pruebas de cargo y descargo recabadas en la indagatoria, las cuales valoró de manera individual como en lo colectivo; especificó las circunstancias de tiempo, lugar y modo o ejecución del delito; además citó y analizó las hipótesis relativas a la calificativa de ventaja, prevista en el artículo 326 del Código de Defensa Social para el Estado, estableciendo que solo quedaban colmadas las referidas en las fracciones II, III y IV. 4) Respecto de la probable responsabilidad de la quejosa valoró cada una de las pruebas tanto en lo individual como en lo colectivo, así como precisó que la intervención concreta de la indiciada eran como autora material y como instigadora en términos del contenido del artículo 21 fracciones I y II del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, al considerar que fue una de las personas que detuvo a la víctima cuando pretendía huir e indujo a * para que privara de la vida al sujeto pasivo. Luego, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, dictó auto de formal prisión o preventiva en contra de * , por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado previsto y sancionado por los artículos 312, 313 fracción I incisos a) y b), 323 y 326 fracciones II, III y IV en relación con los artículos 13 y 21 fracciones I y II del Código de Defensa Social para el Estado, vigente al momento de cometerse el ilícito, en agravio de quien en vida llevara el nombre de * . Por su parte, la autoridad responsable encargado del despacho de la Dirección del Centro Penitenciario de Puebla, en cumplimiento al fallo protector dictado en este juicio, informó haber efectuado las anotaciones correspondientes en el expediente único de la quejosa. Como se ve, el cumplimiento de las autoridades responsables se traducen en una restitución del derecho de justicia completa previsto en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos indicados en la sentencia terminada de engrosar el veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Ahora, la quejosa mediante escrito presentado en este juzgado el treinta de agosto del año en curso, adujo que la sentencia de amparo no se encontraba cumplida debido a que: 1) El juez del fuero común hizo caso omiso a lo señalado en la sentencia y dictó un nuevo auto de formal prisión basado solamente en múltiples entrevistas contradictorias, en señalamientos incongruentes y en el frágil argumento que por supuestamente estar en el lugar de los hechos tuvo una probable participación en los hechos delictivos que se le imputan, sin fundamento, motivación, análisis y lógica. 2) Sin tener elementos de prueba que lo sostengan más allá de testimoniales incongruentes que lo único que prueban es que los testigos se encontraban aleccionados al momento de presentar sus denuncias y que, de acuerdo a lo dicho por los propios testigos, la acción cometida fue la de supuestamente estar en el lugar de los hechos y gritar en conjunto con otras personas, porque no existe un solo testigo que pueda señalar concreta e individualmente su actuar en la fecha de los hechos, ya que siempre se hace mención que se le encontró con otras personas gritando. 3) Que de acuerdo a los testigos, todos los ahí presentes gritaban al unísono y en coordinación palabras que incitaban a la violencia, mismas que por cierto, son contradictorias entre los propios testigos. 4) Que el hecho de que una persona exprese un propósito, fin u objetivo, no necesariamente significa que se llevará a cabo como un "llamado a la acción" y acatado en su cabalidad por terceros quienes pueden decidir de forma autónoma realizar o no alguna acción. 5) Que el juez de la causa penal no tomó en consideración los lineamientos de la sentencia de amparo para determinar la especificidad y corroboración realizando una valoración idónea de las pruebas. 6) Que el juez responsable, emite una resolución sin determinar de forma precisa la conducta que le atribuye ni el grado de participación. Al respecto debe indicarse que en la sentencia de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se indicó a la autoridad responsable dejara insubsistente la determinación de veinte de mayo de dos mil veintiuno reclamada; en su lugar, debía emitir otra resolución, en donde reiterara lo relativo a la prescripción de la acción penal ejercida por el agente del ministerio público contra *, por el delito de lesiones tumultuarias. Luego, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, abordara el estudio relativo al cuerpo del delito de homicidio calificado, y valorara las pruebas tanto en lo particular como de manera colectiva, bajo la luz de los criterios generales de la lógica y la racionalidad, a fin de corroborar cada uno de los elementos del cuerpo del delito así como de las hipótesis que actualizan la calificativa de ventaja, además de especificar las circunstancias de ejecución del hecho atribuido conforme el caudal probatorio obtenido. Así mismo, se le indicó que en cuanto a la probable responsabilidad, con libertad de jurisdicción, de forma fundada y motivada, precisara la intervención atribuida a la quejosa como autora material y como instigadora en términos del contenido del artículo 21 fracciones I y II del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla y valorara las pruebas idóneas tanto en lo individual como en lo colectivo. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que la autoridad responsable deba resolver la situación jurídica de la quejosa en determinado sentido, pues el objetivo de la concesión radica en que subsane las deficiencias advertidas en esta resolución, con base en los elementos de convicción sometidos a su conocimiento; luego, con plenitud de jurisdicción, de forma fundada y motivada dictara la determinación correspondiente. Esto es, no se le indicó a la responsable que debía fallar en determinado sentido, ni el valor probatorio que debía otorgar a las pruebas recabadas en la indagatoria, pues se le otorgó plenitud de jurisdicción para ello, pero debía cumplir con el requisito de fundamentación y motivación para respetar los derechos de legalidad y seguridad jurídica. Así, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que una vez valoradas todas y cada una de las pruebas que obran en la averiguación previa, decidió emitir en la causa penal * auto de formal prisión contra la aquí quejosa, por la comisión del delito de homicidio calificado; lo que implica que el juez responsable actuó con plenitud de jurisdicción para arribar a tal conclusión, lo cual satisface los efectos para los cuales fue concedido el presente juicio de amparo. De esa forma, si el juez responsable concluyó en dictar auto de formal prisión en contra de la quejosa, fue debido al resultado que obtuvo del estudio de las probanzas allegadas a la indagatoria y con la libertad de jurisdicción con que contó para ello. Por lo que, en este cumplimiento de ejecutoria de amparo, esta autoridad federal no está facultada para analizar el fondo de la determinación adoptada por el juez responsable, porque ello no fue materia de la concesión del amparo. En tales condiciones, la determinación de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se estima apegada los efectos de la sentencia de amparo, pues la nueva resolución fue emitida por la responsable con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, además de forma congruente y con los requisitos formales de todo acto de autoridad. Pues la responsable señaló los fundamentos legales que estimó aplicables, así como los razonamientos lógico jurídicos para justificarlo (fundamentación y motivación) lo que además realizó de forma congruente. Entonces, como se observa de los párrafos que anteceden, la autoridad responsable se apegó a los lineamientos que se determinaron en la sentencia dictada, pues la concesión del amparo fue para el efecto de que se dejara insubsistente el auto de formal prisión de veinte de mayo de dos mil veintiuno y en su lugar, emitiera otra resolución, en donde una vez valoradas las probanzas recabadas en la indagatoria y con plenitud de jurisdicción, de forma fundada y motivada emitiera una nueva determinación, con base en el resultado obtenido en los elementos de convicción sometidos a su conocimiento, pues no se le ordenó que debía resolver en determinado sentido; y así se advierte de la nueva resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, al otorgarle a la responsable plenitud de jurisdicción para resolver, deviene en un amplio margen de apreciación otorgado a aquél, a efecto de que resolviera el asunto en cuestión. Con independencia de lo anterior, expuso de forma fundada y motivada, conforme lo extraído de las pruebas ofrecidas en la causa penal, las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución de los hechos que propiciaron el deceso de la víctima de homicidio calificado, además expuso de forma razonada porqué solo quedaban satisfechas las calificativas previstas en las fracciones II, III y IV del 326 del Código de Defensa Social para el Estado y contrario a lo referido por la quejosa, indicó porqué la consideró como autora material y como instigadora en términos del contenido del artículo 21 fracciones I y II del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, al estimar que fue una de las personas que detuvo a la víctima cuando pretendía huir e indujo a * para que privara de la vida al sujeto pasivo, lo que indicia que el juez responsable sí estableció la conducta atribuida. Por tanto, es infundado lo expresado por la quejosa respecto a que el juez responsable dejó de dar cumplimiento a lo ordenado por esta juzgadora, pues de las constancias allegadas y analizadas en este proveído, se aprecia que ésta dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia de todo lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina tener por cumplida la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Por tanto, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que esté en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Pero, si la parte quejosa o la parte tercera interesada, insistieran en estar inconformes con la presente determinación de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, se les hace de su conocimiento que tienen derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuentan con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), puntualizo: a) El doce de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió la protección federal. b) El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo dentro la causa penal * c) El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno se recibió en este juzgado el oficio mediante el cual la responsable cumplió la sentencia de amparo. d) En esta data (tres de septiembre de dos mil veintiuno) se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de forma electrónica al agente del ministerio público adscrito a este juzgado y de forma personal a la parte quejosa (en el domicilio señalado en autos); a los terceros interesados (por lista); por oficio a las autoridades responsables y al fiscal tercero interesado; cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 593/2021 Puebla, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el ocurso de la quejosa Petra Cuapa Escalona, por el cual desahoga la vista que le fue concedida en auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, en donde realiza las manifestaciones que de dicho escrito se desprenden en relación al cumplimiento del fallo protector, mismas que serán tomadas en consideración en el momento en el que este juzgado de distrito determine si dicha ejecutoria ha sido acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento, y se provea lo conducente en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes
- Pedro Velazquez Ramos375/2022
- Pedro Veles Torres1381/2017
- Pedro Verona Valera705/2023
- Perla Lizbeth Castillo Guerrero173/2022
- Perla Lizbeth Castillo Guerrero141/2022
- Petra Alicia Castillo Chávez943/2018
- Petra Cuapa Escalona916/2021
- PETRA TORRES AGUIRRE y Otros.606/2019
- PETRONILO MERCADO FLORES y Otros.491/2019
- Piedad Cuevas Perez593/2023
- Piedad Minerva Zenteno Fuentes533/2022
- Piedad Minerva Zenteno Fuentes727/2019