Petra Chávez Cardona

Expediente 914/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
914/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Petra Chávez Cardona
  • Petra Chávez Cardona y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por *** , en su carácter de apoderado legal de 1) ***, 2) ***, 3) ***, 4) ***, 5) ***, 6) ***, 7) ***, 8) ***, 9) ***, 10) *** y 11) ***, (única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma y envío de oficios. Finalmente, se autoriza al actuario, firme los oficios derivados de este juicio, y en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de forma presencial, los remita al correo electrónico autorizado, o bien, vía fax, correo ordinario o estafeta, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En caso de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado.

  2. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cuarenta y tres minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 914/2022, el juez Víctor Manuel Jaimes Morelos, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de la licenciada Dulce María Cruz Ramírez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia personal o virtual de alguna de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria dio lectura a la demanda y demás constancias de autos e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta; asimismo, certifica: Que durante la tramitación de este juicio de amparo, ninguna de las partes hizo manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenido en los artículos 6, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acto continuo el Juez acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes en este juicio de amparo, no se opusieron a la publicación de sus datos personales, resuélvase lo conducente al dictarse la sentencia. A continuación, abierto el período probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba documental las copias que acompañó tanto la parte quejosa, como la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a su informe justificado. Por lo que se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en este acto se tiene por recibidas las documentales relacionada en líneas anteriores; las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, conforme al criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo circuito, de rubro: "DOCUMENTOS OFRECIDOS COMO PRUEBA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE ACORDARSE SU ADMISIÓN O DESECHAMIENTO EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y NO ANTES". Enseguida, se abre el período de alegatos, en el que se hace constar que únicamente la parte tercera interesada los formuló (folio 11682), y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado no presentó pedimento; se tiene por efectuada la relación que antecede para los efectos legales conducentes, con lo cual se ordena cerrar este período, y, se procede a emitir la siguiente sentencia. VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 914/2022, que promovió Petra Chávez Cardona por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el cuatro de agosto de dos mil veintidós, y recibida en este órgano *****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. A quien le reclama: El acuerdo de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente laboral 282/2007 (4). Actos que estimó violatorios de los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo quedando registrada en el libro de gobierno con el número 914/2022; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se citó a las partes para la audiencia constitucional que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 59/2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecinueve; por tratarse de un asunto de naturaleza de trabajo, que corresponde a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Previamente, por técnica jurídica y con la finalidad de analizar con propiedad el tema jurídico que nos ocupa, es imperativo precisar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de determinar lo pedido por el quejoso y así poder resolver, analizando en su integridad la demanda constitucional, y la información que obra en el expediente en que se actúa, tal como lo establece la tesis número P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril 2004, materia común, página 255, con número de registro 181810, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este contexto, debe indicarse que el acto reclamado en esta vía lo constituye: El acuerdo de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente laboral 282/2007 (4), por la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable: Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto que se les reclama. CUARTO. Improcedencia. Previo al estudio del fondo de este asunto, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, este Juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". El artículo transcrito con antelación, consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el de definitividad, el cual consiste en que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, esto es, contra los que ya no proceda recurso, juicio o medio de defensa alguno por el que puedan ser revocados, modificados o confirmados; asimismo, dicho precepto consagra las excepciones que operan tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. De lo anterior, se colige que previamente a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, la solicitante de amparo debe agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal que sea procedente conforme a las leyes que rijan los actos y que pueda producir como efecto su modificación, revocación o nulidad. En la especie, se advierte claramente que el presente juicio resulta improcedente en términos del citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; ya que de conformidad con el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, la ejecución de los laudos corresponde a los presidentes de las juntas, y contra los actos de los presidentes y actuarios en ejecución de los laudos procede el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la ley laboral. El numeral aludido dispone: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." En efecto, previamente al amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso establecido en el dispositivo 849 de la Ley Federal del Trabajo, lo que no hizo si se está a sus propias manifestaciones en la demanda y si se atiende a que el juicio de amparo, como juicio extraordinario, únicamente procede respecto de aquellos actos contra los que no exista recurso alguno o medio de defensa, cuya substanciación pueda dar lugar a la modificación, revocación o anulación; y en el caso, era procedente ante la junta del conocimiento, el recurso de revisión de los actos de ejecución en términos del numeral en cita, y del diverso 850, fracción I, de la aludida ley, el cual no fue interpuesto. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de dos mil dos, página 374, número de registro 186133, del texto siguiente: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." De igual forma, en la parte conducente, la jurisprudencia 2a./J. 52/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1681, número de registro 2017028, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Resulta, aplicable al caso, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, número de registro 187016, que dispone lo siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Aunada a que la parte quejosa no se encontraba en alguno de los supuestos de excepción, previsto en la norma, esto es, no es tercera ajena a esa contienda y tampoco se ubica en la hipótesis de actos violatorios del artículo 22 Constitucional, porque el juicio de origen es un juicio laboral, ergo, no aplica al caso alguna de las excepciones al principio de definitividad. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XVIII ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. QUINTO. Oposición a los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 79 de la nueva Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ****, en su carácter de apoderado legal de ****, contra las autoridades y por el acto que quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia y en los términos de los considerandos tercero y cuarto que anteceden. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Auxiliar de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por el que en cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta y uno de agosto pasado, remite copia certificada del auto de uno de septiembre del año en curso; con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. En esas circunstancias, a fin de no dejar a las partes en estado de indefensión, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y se señalan las nueve horas con cuarenta y tres minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 1449, con registro digital 184700, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS." Notifíquese por lista electrónica."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por el cual rinde informe justificado. Con el contenido del informe y anexo de cuenta, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. De la misma manera, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase a la citada autoridad ofreciendo como prueba documental de su parte, las copias certificadas que acompañó a su informe, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. En otro contexto, del referido informe se advierte que la parte perdidosa Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), por conducto de su apoderada legal, interpuso recurso de revisión contra el proveído de veinte de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, a efecto de dictar una sentencia apegado a derecho, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, solicítese a la mencionada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio que se le envíe, remita a este órgano jurisdiccional, copia certificada del acuerdo recaído a ese recurso, en su caso de la resolución pronunciada e informe el estado actual del mencionado recurso; apercibido que de no cumplir con lo anterior, o no informar el impedimento legal o material que tuviera para ello, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se reservó en acordar el escrito de la licenciada ***, quien se ostenta como apoderada y representante legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), personalidad que dice tener reconocida en los autos del expediente laboral 282/2007 (4) del índice de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, hasta en tanto obrara el informe justificado por la mencionada responsable, lo que en el caso, ya aconteció; por lo que se provee: I. Se le tiene apersonándose al presente juicio de amparo con el carácter de tercera interesada. II. Por otra parte, se tiene a la citada parte señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, por encontrarse registrada cédula profesional en su favor, en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho; y, a los restantes únicamente para oír y recibir notificaciones, por no encontrase en el citado registro. III. En otro orden, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos en este juicio de amparo; lo cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. IV. Asimismo, respecto a la prueba instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que refiere, ténganse por anunciadas, sin que haya lugar a perfeccionarlas, ya que derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos; por lo que, prácticamente no tienen desahogo, es decir, que no tienen vida propia; como así lo ilustra la tesis aislada XX. 305 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, registrada con el número 209572, visible en la página 291, tomo XV, Enero de 1995, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Notifíquese por lista electrónica.

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