Petra Castro Hernández y Otros.

Expediente 387/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
387/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Petra Castro Hernández y Otros.
  • Petra Castro Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que sobresee fuera de audiencia ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el alegato ministerial de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, con relación a las copias fotostáticas que solicita de la sentencia que se dicte en su momento; dígasele que ello deberá instarlo una vez que se emita la misma, a fin de que éste órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de agendar una cita con la finalidad de que se le expidan las reproducción referidas; lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual indica el procedimiento para las visitas al órgano correspondiente a través del módulo denominado "Agenda de Visitas". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado para lo cual remite diversas copias certificadas relativas al juicio laboral 259/2011. Sin que haya lugar a otorgar vista a las partes en razón de lo acordado a continuación. Ahora bien, previo al análisis de las constancias que remite la responsable, es necesario destacar que la parte quejosa hizo consistir esencialmente su acto reclamado en el siguiente: La omisión de dictar las medidas eficaces y fijar el procedimiento de ejecución a seguir para el cumplimiento del laudo. La negativa de vincular al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y Congreso del Estado de Guerrero. Ahora bien, las constancias remitidas por la responsable a las que este órgano jurisdiccional les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de las que se advierte que ha cesado en sus efectos el acto reclamado, consistente en la omisión destacada con antelación, traducida en la falta de acuerdo de la promoción de diecisiete de febrero de dos mil veinte dentro del juicio laboral 259/2011; por tanto, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, el que esto resuelve procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde. Sobre el tema, se puede observar que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Improcedencia que en el caso cobra vida jurídica, toda vez que al momento de acudir a la instancia constitucional en dieciocho de abril de dos mil veintidós, la parte quejosa reclamó en esencia lo siguiente: La omisión de dictar las medidas eficaces y fijar el procedimiento de ejecución a seguir para el cumplimiento del laudo, así como la negativa de vincular al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y Congreso del Estado de Guerrero, traducida en la falta de acuerdo de la promoción de diecisiete de febrero de dos mil veinte dentro del juicio laboral 259/2011. Lo cual resulta de lo contenido en la demanda de amparo y sus anexos, así como de las documentales que remite la autoridad responsable, de lo que se advierte que la actora aquí quejosa mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, solicitó dictar las medidas eficaces y fijar el procedimiento de ejecución a seguir para el cumplimiento del laudo, así como la negativa de vincular al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y Congreso del Estado de Guerrero, dentro del juicio laboral 259/2011, sin que al momento de promover el presente juicio de amparo la responsable haya emitido el acuerdo correspondiente. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Presidenta del tribunal laboral, se advierte que el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, acordó el escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte dentro del juicio laboral de origen; cuya omisión se dolía en esta vía constitucional la parte quejosa. En esa tesitura, tomando en cuenta que la demanda de amparo se tiene que interpretar en su totalidad, adminiculando las constancias que remita la autoridad responsable en su informe justificado; se tiene que, la omisión que reclamó la quejosa de la autoridad responsable dentro del juicio laboral 259/2011, ya fue atendida mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós; petición que fue emitida en forma favorable, esto es, realizó lo siguiente: Determinó requerir al Ayuntamiento demandado el cumplimiento del laudo, realizando el apercibimiento de ley correspondiente. Asimismo, vinculó al cumplimiento del laudo de manera conjunta a la Gobernador del Estado; Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; al Presidente y al Tesorero o Secretario de Finanzas, del Municipio demandado, así como al Congreso del Estado de Guerrero, a fin de que en las esferas de su competencia, realicen todos y cada uno de los actos necesarios, encaminados a cumplir con el laudo emitido por la autoridad responsable. Asimismo, estableció las obligaciones de la Gobernadora del Estado de Guerrero, consisten en girar instrucciones a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para que realice las acciones pertinentes a fin de que pueda ser cumplido el laudo. Así como del Presidente y Tesorero o Secretario de Finanzas, del Municipio demandado, quienes deberán realizar las gestiones necesarias a fin de generar recursos o pedir la ampliación de su presupuesto o solicitar préstamo e ingresar a su presupuesto de egresos conforme al artículo 146 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para el pago del laudo. Luego, también estableció que el Congreso del Estado de Guerrero, deberá proveer lo necesario a fin de que el presupuesto de egresos del ente demandado se apruebe a la brevedad posible. Finalmente, apercibió a todas las autoridades, tanto a la demandada como a las vinculadas en términos de ley. Con lo anterior, se advierte que la afectación reclamada en el presente juicio ha sido colmada en su totalidad, cesando los efectos del acto reclamado. Causal de improcedencia que evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los aquí agraviados que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que para el caso sea procedente esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para entrar al estudio del auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen, toda vez que el análisis del acto reclamado debe realizarse en función de la etapa procesal en que se sitúa el procedimiento laboral de origen, en estricto respeto al principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias, y en ese sentido, debe tenerse como tal en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la omisión antes destacada. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada avalada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia analizada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de lo que se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible celebrar en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, rinda su informe justificado, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. En tal virtud, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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