Petra Castro Hernández
Expediente 1009/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero
- Petra Castro Hernández
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificadas de las cédulas de notificación realizada a las partes contendientes del juicio natural dl acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 259/2011; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Sin que haya lugar a otorgar vista a las partes con las constancias remitidas, en razón de que las mismas no se establecieron como parte de los efectos de la sentencia de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de diez de enero de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con lo anterior, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 46-52); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: El Tribunal responsable, dentro del plazo establecido en el artículo 91, Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, emita el acuerdo correspondiente, sobre la procedencia o no, de lo solicitado por la quejosa, en los escritos que le fueron presentados el siete, quince y veintidós de agosto del año en curso, dentro del expediente natural 259/2011, tomando en consideración, el estado que guarde actualmente, el juicio de amparo 684/2018, del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Hecho lo anterior, de inmediato deberán informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional). Asimismo, se hace de su conocimiento que, ante la contumacia para cumplir la ejecutoria, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Sin que sea óbice que no se cuenta con la constancia del tercero interesado relativa a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, toda vez que al haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal por violación al artículo 17 constitucional; dicho tercero interesado no cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión que establece la Ley de Amparo, lo anterior sirve de apoyo la tesis XXI.2º.C.T.8 K (10a.) con registro 2015213, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. EL TERCERO INTERESADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. De la interpretación sistemática de los artículos 5o., 81, fracción I, inciso e), 82, 87, primer párrafo y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se colige que el recurso de revisión sólo puede interponerlo la parte a quien causa perjuicio la sentencia definitiva que se impugna. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 77/2015 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESTE RECURSO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO ADEMÁS, DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LE AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL.", sostuvo que los recursos son medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada para poder obtener la modificación o revocación de una resolución, por lo que la legitimación para impugnarla y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia deriva no sólo de la calidad de parte en el juicio de amparo, sino además, de que la resolución combatida cause agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio o, en su caso, porque cuente con la representación legal de aquél. Así, el tercero interesado tiene, en términos generales, un interés opuesto al del quejoso y, le resulta jurídicamente conveniente que subsista el acto reclamado; por ende, la determinación que concede el amparo, podría estimarse que lo legitima para interponer la revisión. Sin embargo, eso no sucede cuando se reclama la violación al derecho fundamental de pronta administración de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, cuya titularidad corresponde al quejoso, de tal suerte que la sentencia que concedió el amparo por tal motivo, no causa al tercero interesado un agravio personal y directo, necesario para su impugnación, en razón de que la ejecutoria debe cumplirse por la autoridad responsable, sin que ello tenga alguna incidencia en su esfera jurídica; de ahí que carezca de legitimación para interponer el recurso citado".
- Principal
Glósese a los autos el escrito firmado por *******, en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, personalidad que acredita con las documentales que anexa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocida dicha personalidad. Entonces, en atención a su contenido, téngase a la parte tercera interesada apersonándose al presente juicio. Por otra parte, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica para tal efecto; sin perjuicio de que la misma dada su calidad parte tercera interesada, se harán conforme a las reglas establecidas en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como sus autorizados en términos amplios a Juan Miguel Terrazas Cuevas, Carlos Roberto Valencia Gutiérrez y Abigail Ojeda Texta, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. De igual forma, se tienen como sus autorizados únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que indica en su escrito de cuenta, toda vez que no cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por tanto, no gozarán de las facultades que tiene el autorizado en términos amplios. Finalmente, no ha lugar acordar de conformidad en relación a los alegatos y las pruebas que vierte en su escrito de cuenta, en virtud que en veintiséis de octubre de dos mil dieciocho (foja 46 a 52) se resolvió el presente juico de amparo.
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