Petra Castañón Hernández
Expediente 400/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 400/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 07/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Petra Castañón Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de agosto de dos mil veintitrés. ADMITE RECURSO DE REVISIÓN. Agréguese únicamente a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se remitieron los autos originales del juicio de amparo VII-400/2023, e informa que ese Tribunal Superior, en proveído de tres de agosto de dos mil veintitrés, admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Petra Castañón Hernández, contra la sentencia de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dentro del juicio de amparo en cita; formándose el amparo en revisión administrativa número 274/2023, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. SE ORDENA REMITIR AL TRIBUNAL COLEGIADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte mediante proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer la quejosa******************** contra de la sentencia con engrose de veintidós de junio de dos mil veintitrés, así como que la totalidad de las partes dentro del presente expediente, han sido notificadas de dicha determinación y de la tramitación del medio de impugnación de que se trata; en consecuencia, mediante atento oficio, se ordena remitir el presente expediente, escrito original de agravios y copia correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con José Sierra Ortiz Secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, diez de julio de dos mil veintitrés. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN. Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa Petra Castañón Hernández; atento a su contenido, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de junio de dos mil veintitrés; por lo tanto, distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de agravios; y en su oportunidad, remítase el presente expediente, el original del escrito de agravios y la copia correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. No pasa inadvertido para quien provee, que a través de sus escrito de cuenta, la recurrente aduce interponer recurso de apelación; sin embargo, del propio escrito se desprende que funda su petición en el artículo 81 de la Ley de Amparo, que prevé el recurso de revisión; circunstancia que de igual manera se desprende de agravios que acompaña a su ocurso; de ahí que válidamente puede considerarse que se trata de un simple error al momento de su redacción. SE ORDENA NOTIFICAR SENTENCIA. En otro tenor, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se desprende que se omitió recabar el oficio para notificar a las autoridades responsables Jesús Guzmán O., y Fernando Guzmán, Inspectores de la Dirección de Mercados y Plazas de la Secretaría de Servicios Municipales, con sede en esta ciudad, el contenido de la sentencia dictada en autos Consecuentemente, atendiendo a la omisión aducida, recábense los oficios correspondientes para los efectos precisados en el párrafo anterior Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con José Sierra Ortiz Secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintitrés. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 400/2023-VII, promovido por Petra Castañón Hernández contra el acto de la Dirección de Mercados y Plazas de la Secretaría de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido el tres de abril siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Petra Castañón Hernández compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la Dirección de Mercados y Plazas de la Secretaría de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán; en los términos siguientes: "III.- Acto Reclamado. El acta de Visita de Inspección y Requerimiento de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintitrés emitido por la Dirección de Mercados y Plazas del H. Ayuntamiento de Morelia a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.". En ese ocurso, la promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diverso 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el numeral 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica. SEGUNDO. Radicación y prevención. Mediante auto de cuatro de abril del año en curso, este órgano jurisdiccional de amparo radicó el asunto bajo el expediente número 400/2023-VI, y determinó prevenir a la promovente para que aclarara diversas inconsistencias de su libelo. Dicho requerimiento lo atendió oportunamente en los términos de su escrito de once siguiente.1 TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Así, en proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, requirió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Asimismo, mediante acuerdo de nueve de mayo del actual, reconoció el carácter de tercera interesada a Bertha Betzabé Baeza Camarena, en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó y efectuó su emplazamiento para los efectos legales conducentes.2 Finalmente, el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional correspondiente al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es 1 Foja 26 del expediente en que se actúa. 2 Foja 87. legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto materialmente administrativo cuyos efectos se materializan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal tiene jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". 3 De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.".4 En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado en este juicio constitucional es el siguiente: ? El acta de visita de inspección y requerimiento número 0751 de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual se le solicita a la aquí quejosa que desocupe el local número 27 del Mercado Independencia de esta ciudad, toda vez que no cuenta con licencia a su nombre para ejercer el comercio en dicho lugar. 3 Época: Novena Época; Registro: 181810; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIX, Abril de 2004; Materia(s): Común; Tesis: P. VI/2004; Página: 255. 4 Época: Novena Época; Registro: 192097; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 40/2000; Página: 32. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto antes precisado, ya que en su informe la autoridad responsable así lo aceptó.5 Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.".6 Además, la certeza de que se habla se corrobora con la copia cotejada de la citada acta número 0751, de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés,7 que fue exhibida por la responsable como sustento de su informe justificado y que a su vez fue aportada por la quejosa en copia certificada.8 Documentales a las que se concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticadas por una autoridad y por un fedatario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes. Se destacan los siguientes que se obtienen de las constancias allegadas al sumario y las manifestaciones vertidas por las partes: 1. El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, expidió a 5 Fojas 53 a 58. 6 Época: Quinta Época; Registro: 1002815; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto; Materia(s): Común; Tesis: 749; Página: 830. 7 Foja 64. 8 Foja 35. favor de Jorge Flores Castañón, licencia de funcionamiento del género "A" con número 45962 y folio 3644, para ejercer el comercio de giro "Ropa y bonetería" en el local número 27 de la explanada Andrés del Rio del Mercado Independencia. 9 2. El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, Petra Castañón Hernández y Jorge Flores Castañón -madre e hijo, respectivamente- celebraron un convenio de cesión de derechos a título gratuito, sobre dicha licencia de funcionamiento, el que fue ratificado por los suscribientes, en cuanto a su contenido y firmas, el veintinueve de enero de dos mil veinte, ante el Notario Público número 182 en el Estado.10 3. Jorge Flores Castañón falleció el veintidós de abril de dos mil veinte; y, según lo asentado en su acta de defunción, su cónyuge fue Bertha Betzabe Baeza Camarena. 11 4. En escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintidós, ante el Director de Mercados y Plazas del Municipio, Petra Castañón Hernández exhibió copia cotejada del anterior convenio y solicitó que se le expidiera licencia de funcionamiento a su favor sobre el local 27. 12 5. A lo anterior recayó el oficio número 148/2023, de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el que se le informó que los artículos 34, fracción I, y 41 del Reglamento para las Centrales de Abasto, Mercados Públicos Municipales, Plazas Comerciales y 9 Foja 13. 10 Fojas 14 a 19. 11 Foja 34. 12 Foja 31. Comercio en la Vía Pública del Municipio de Morelia, Michoacán, prohíben el traspaso y cesión de puestos y licencias; motivo por el cual, se le indicó que debería de estarse al procedimiento establecido para obtener los derechos de licencia, en términos del artículo 42 del citado reglamento.13 6. Inconforme, el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, Castañón Hernández interpuso recurso de revisión en sede administrativa ante la propia autoridad oficiante, el que previo cumplimiento de prevención formulado, -según lo indicado por la quejosa-, fue admitido a trámite, sin que hasta el momento de la presentación de la demanda de amparo que originó este juicio, se hubiere resuelto dicho medio de impugnación.14 7. El dos de marzo de dos mil veintitrés, el Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, expidió a favor de Bertha Betzabe Baeza Camarena, licencia de funcionamiento del género "A" con número 45962 y folio 10468, para ejercer el comercio de giro "Ropa y bonetería" en el local número 27 de la explanada Andrés del Rio del Mercado Independencia. 15 Ello en atención a la petición previamente formulada por dicha persona, en la que toralmente señaló ser esposa del finado Jorge Flores Castañón, titular de la licencia del local en cita, y expuso diversos problemas suscitados con suegra Petra Castañón Hernández por el uso del establecimiento.16 13 Foja 30. 14 Fojas 32 y 33. 15 Foja 59. 16 Foja 62. 8. El dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, los Inspectores de la Dirección de Mercado y Plazas se constituyeron en el local número 27 del Mercado Independencia, a fin de requerir a Petra Castañón Hernández para que desocupara el establecimiento, toda vez que no cuenta con licencia a su nombre para ejercer el comercio en dicho lugar.17 Esta última actuación constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La tercera interesada argumenta que la quejosa no acreditó contar con licencia municipal de funcionamiento, respecto del local comercial número 27 del Mercado Independencia [sobre el que ella sí tiene un derecho reconocido], y que el convenio de cesión de derechos que presenta carece de valor probatorio porque su objeto es ilícito [al no estar permitida la cesión por la ley]; por lo que aduce la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Dicho planteamiento de inejercitabilidad es fundado. Los preceptos en cita son del contenido siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". De las porciones normativas transcritas, se obtiene que el juicio constitucional se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la Constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico), o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias.".18 Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se 18 Época: Décima Época; Registro: 2006503; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III; Materia(s): Común, Civil; Tesis: I.13o.C.12 C (10a.); Página: 2040. toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.".19 Esto quiere decir que para solicitar el amparo el justiciable debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a)Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b)Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c)Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d)Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus 19 Registro digital: 170500; Instancia: Primera Sala; Novena Época; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 168/2007; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225; Tipo: Jurisprudencia. bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio constitucional, existe interés jurídico cuando el peticionario acredite fehacientemente una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos). En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.".20 20 Época: Décima Época; Registro: 2004501; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3; Materia(s): Común; Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.); Página: 1854. Como se observa, en el decir de la Segunda Sala, las condicionantes para demostrar el interés jurídico son: a)La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b)Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Luego, para el caso que nos ocupa es relevante tener presente lo previsto en el "Capítulo VI De las licencias" del Reglamento para las Centrales de Abasto, Mercados Públicos Municipales, Plazas Comerciales y Comercio en la Vía Pública para el municipio de Morelia, Michoacán, que es del tenor siguiente: "CAPÍTULO VI DE LAS LICENCIAS Artículo 37. Todos los locales y bodegas de las centrales de abasto, mercados y plazas comerciales, para ejercer debidamente sus actividades, deberán contar con su Licencia de funcionamiento vigente, autorizada por la Secretaría del Ayuntamiento. Artículo 38. Para obtener la Licencia de funcionamiento además de los requisitos establecidos en el Reglamento de Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicio, deberán presentar lo siguiente: I. Autorización de la Dirección de Mercados, sobre el giro comercial y la ubicación del establecimiento; y, II. Autorización sanitaria o tarjeta de Salud, tratándose de comerciantes que para el ejercicio de sus actividades requieran dicha autorización de la Secretaria salud del Gobierno del Estado. Artículo 39. El Secretario del Ayuntamiento resolverá negando o concediendo la licencia de que se trate, a través de la Autoridad competente, dentro de los quince días siguientes a la fecha de recibo de la solicitud. Artículo 40. Todas las licencias que expida el Secretario del Ayuntamiento, deberán ser revalidadas durante el primer trimestre de cada año. La falta de revalidación se sancionará con la clausura del establecimiento de que se trate. Artículo 41. Queda prohibido el traspaso de puestos y licencias para el ejercicio del comercio. La violación a esta disposición será sancionada por la Autoridad Municipal correspondiente, con la clausura del negocio. Para el cambio de giro de una licencia, se requiere dictamen de procedencia emitido por la Dirección de Mercados, tomando en consideración el estudio que se realice con respecto al orden y distribución de productos en los mercados, plazas comerciales municipales y centrales de abasto, previa solicitud del comerciante Artículo 42. En los casos de fallecimiento o declaración de ausencia comprobada del titular de la licencia, la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento, dará preferencia para el otorgamiento de nuevas licencias a los descendientes en primer grado.". Lo anterior quiere decir que solamente la voluntad administrativa de la autoridad municipal es la que reconoce derechos a favor de particulares para ejercer actos de comercio en locales y bodegas de las centrales de abasto, mercados y plazas. Esto a través de la respectiva licencia de funcionamiento, la que deberá ser revalidada consecutivamente el primer trimestre de cada año. Ello, en la inteligencia de que se trata de una prerrogativa personalísima y, entonces, queda prohibido el traspaso de los derechos consignados en el título relativo; y, que para el caso de fallecimiento o ausencia comprobada del titular, se dará preferencia para el otorgamiento de una nueva licencia a los descendientes en primer grado. Ahora bien, se recuerda que la quejosa comparece a esta instancia en defensa de sus derechos humanos en contra de la visita de inspección y requerimiento número 0751 de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual se le solicita que desocupe el local número 27 del Mercado Independencia de esta ciudad, toda vez que no cuenta con licencia a su nombre para ejercer el comercio en dicho lugar. Ello bajo el argumento toral de que su finado hijo, titular de la licencia, le cedió los derechos del local de que se trata, por lo que en su momento solicitó a la autoridad municipal le expidiera una nueva licencia a su favor, siendo que la negativa de esa petición se encuentra pendiente de resolver, al haber intentado un medio ordinario de defensa. Así las cosas, para acreditar el interés jurídico con que acciona en esta instancia constitucional, conforme a lo expuesto, la quejosa allegó las siguientes documentales en copia cotejada -con excepción de la última enumerada-: 1. Oficio número 148/2023, de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, signado por el Director de Mercados y Plazas. 2. Acuse de recibo del escrito elevado ante dicha autoridad el trece de febrero de dos mil veintidós. 3. Acuse de recibo del recurso de revisión interpuesto el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. 4. Acta de defunción de Jorge Flores Castañón. 5. Acta de visita de inspección y requerimiento número 0751 de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. 6. Licencia municipal de funcionamiento del género "A" con número 45962 y folio 3644, para ejercer el comercio de giro "Ropa y bonetería" en el local número 27 de la explanada Andrés del Rio del Mercado Independencia, a nombre del extinto Jorge Flores Castañón. 7. Contrato de cesión de derechos de la anterior licencia de funcionamiento, fechado el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. 8. Ratificación de ese convenio ante el Notario Público número 182 en el Estado, en data veintinueve de enero de dos mil veinte, a la que se anexaron las identificaciones de los comparecientes; y, 9. Copia simple del acuse del escrito de cumplimiento de prevención sobre el recurso de revisión interpuesto en sede administrativa, previamente enunciado. Documentales que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Sin embargo, de ese cúmulo probatorio no se desprende la existencia de alguna licencia de funcionamiento vigente otorgada a la aquí quejosa, sobre el local comercial número 27 del de la explanada Andrés del Rio del Mercado Independencia, cuya desocupación se requiere. Por el contrario, de la enunciada en primer término se colige que acudió ante la autoridad municipal para que se le expidiera una nueva licencia a su favor sobre el citado local, virtud de la cesión de derechos que convino con su fijado hijo; sin embargo, dicha petición le fue negada precisamente por encontrarse prohibida tal cesión, en el artículo 34, fracción I, del Reglamento para las Centrales de Abasto, Mercados Públicos Municipales, Plazas Comerciales y Comercio en la Vía Pública para el municipio de Morelia, Michoacán.21 De modo que, hasta el momento, no existe algún derecho reconocido vigente a favor de la peticionaria de derechos fundamentales sobre la actividad comercial desplegada en el local número 27 del de la explanada Andrés del Rio del Mercado 21 "ARTÍCULO 34. Queda estrictamente prohibido lo siguiente: I. Arrendar, subarrendar, ceder o permitir la posesión total o parcial de los locales o espacios comerciales o mezanines, a terceras personas;." Independencia. Máxime que está demostrado en este juicio constitucional que Bertha Betzabe Baeza Camarena, aquí tercera interesada, cuenta con licencia de funcionamiento del género "A" con número 45962 y folio 10468, para ejercer el comercio de giro "Ropa y bonetería" en dicho establecimiento. Sin que pasen inadvertidas las diversas documentales que en su momento fueron requeridas por este Juzgado Federal a la autoridad responsable, consistentes en diversas constancias sobre la licencia de funcionamiento otorgada a la aquí quejosa, respecto del local número 39 del de la explanada Andrés del Rio del Mercado Independencia. Pues es claro que se trata de un establecimiento distinto por el cual se acude a esta instancia constitucional. Entonces, esta Potestad Federal arriba a la conclusión de que la aquí quejosa no cuenta con interés jurídico para accionar, por lo que se evidencia la actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis siguiente: "LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE GIRO MERCANTIL REGLAMENTADO. LA SIMPLE EXHIBICIÓN DEL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AQUÉLLA ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme al artículo 2, fracción XXII, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, las licencias de funcionamiento son susceptibles de transmitirse mediante traspaso. Por otra parte, los numerales 30 y 46 de la citada ley disponen, respectivamente, que el adquirente debe solicitar a la autoridad competente, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se efectúe el traspaso, la expedición de la licencia correspondiente a su nombre, y que los titulares que hubieren realizado una declaración de apertura tienen la obligación de notificar del traspaso a la delegación correspondiente. En ese tenor, los referidos preceptos no consignan una simple formalidad administrativa, sino un requisito de validez para que la cesión de derechos produzca efectos frente a terceros, ya que sólo la autoridad administrativa competente está facultada para expedir la licencia de mérito, siempre y cuando se colmen plenamente los requisitos legalmente previstos. Por consiguiente, la simple exhibición del contrato de cesión de derechos de la licencia de funcionamiento de un giro mercantil reglamentado no demuestra contar con un derecho legítimo sobre ésta y, por tanto, es insuficiente para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, pues debe demostrarse haber cumplido con las disposiciones mencionadas.".22 A mayor abundamiento debe precisarse que la quejosa tampoco cuenta con interés legítimo para accionar, pues aun cuando pudiera aducir una situación particular frente al acto reclamado -al ser cesionaria de derechos- lo cierto es que el convenio relativo no está regulado en el reglamento de la materia, de modo que no puede generar prerrogativas que beneficien a la justiciable en este juicio constitucional. A más de que aun cuando aduzca ser madre 22 Registro digital: 167904; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Novena Época; Materias(s): Administrativa; Tesis: I.7o.A.609 A; Fuente: Semanario; Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 1901; Tipo: Aislada. del finado, con algún derecho de preferencia sobre el uso del local comercial,23 lo cierto es que ya existe pronunciamiento de la voluntad administrativa sobre el otorgamiento de la licencia de funcionamiento a favor de la aquí tercera interesada, lo que en este juicio de amparo no constituye el acto reclamado. Corolario a lo anterior debe aclararse que el juicio de amparo no protege la simpe posesión o tenencia, sino que ésta debe encontrarse fundada en un justo título que reconozca el derecho real sobre un determinado bien. Lo anterior en términos de la jurisprudencia 1/2002, de rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica 23 Vid. artículo 42 del Reglamento para las Centrales de Abasto, Mercados Públicos Municipales, Plazas Comerciales y Comercio en la Vía Pública. presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.".24 Tales consideraciones son directrices para considerar que si la quejosa detenta alguna posesión derivada sobre el local número 27 multicitado, debió demostrar que cuenta con el reconocimiento de ese derecho por la voluntad administrativa municipal, a través de la licencia de funcionamiento respectiva a su nombre, según quedó expuesto, sin que se hubiere demostrado ese extremo; de ahí que se reitere la causal de improcedencia evidenciada. 24 Registro digital: 187733; Instancia: Pleno; Novena Época; Materias(s): Civil; Tesis: P./J. 1/2002; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 5; Tipo: Jurisprudencia. En consecuencia, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por lo que a dichos actos se refiere. Toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación relacionados por aquellos actos reclamados. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado.".25 No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados por la parte tercera interesada, en virtud de que no forman parte de la litis constitucional, máxime que ahí no se invoca la actualización de diversa causal de improcedencia que amerite algún pronunciamiento. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". 25 Época: Octava Época; Registro: 220705; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo IX, Enero de 1992; Materia(s): Común; Tesis: V.2o. J/15; Página: 115. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Petra Castañón Hernández, en contra del acto y autoridad precisados, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy veintidós de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.-
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